EXPRESIÓN, CONTACTOS ,CORRUPCIÓN

Un periodista que investigó a Urribarri revela que lo acusan con una “denuncia increíble”
Enz fue denunciado por el exgobernador de Entre Ríos, condenado por corrupción, por una supuesta mesa judicialEl exgobernador Sergio Urribarri
Daniel Enz es periodista de investigación desde hace 34 años. En todo este tiempo publicó revelaciones que pusieron en jaque a narcotraficantes, policías y políticos; entre ellos, al exgobernador de Entre Ríos el kirchnerista Sergio Urribarri, condenado por corrupción.
Ahora, en un intento de eludir la cárcel, el exgobernador denunció al periodista.
“La denuncia es increíble”, dijo
Enz, que la interpretó como una “última movida” estratégica del exgobernador, sobre quien pesa una condena a ocho años de prisión.
“Urribarri y [Fernando] Burlando, su abogado, están muy preocupados porque está muy cerca de confirmarse la sentencia que lo llevaría a purgar cárcel”, dijo Enz a la nacion.
“Me acusan de una persecución. Hace 34 años que hacemos periodismo en Análisis, hemos hecho muchas denuncias que terminaron en condena”, relató el periodista.
A su vez, Enz detalló: “En total fueron más de 500 denuncias periodísticas sobre temas diferentes y en más de 10% de los casos se abrieron causas penales. Siempre hicimos solo periodismo. Nada más”.
Enz dirige Análisis Digital, una revista que se convirtió en el primer sitio web periodístico de Entre Ríos.
Entre esas denuncias están las que motivaron la apertura de la causa penal por la que Urribarri fue condenado.
El exgobernador de Entre Ríos y su abogado Burlando se presentaron en los tribunales federales porteños.
Allí, acusaron a Enz de haber participado de una supuesta persecución judicial junto con jueces de distintas instancias, fiscales y la intendenta de Paraná, Rosario Romero.
El exgobernador pidió incluso que la Justicia accediera al listado de las “llamadas entrantes y salientes” de Enz, así como de los demás denunciados.
“Esta medida me parece un absurdo y una violación del secreto profesional, pero tampoco me preocupa mucho. No tengo las relaciones que ellos dicen. Yo no tengo vínculo con ningún fiscal ni juez, no conozco sus casas, no voy a la Casa de Gobierno desde 1990, tampoco voy a Tribunales, mantengo distancia”, relató el periodista.
Enz es autor de 17 libros de periodismo de investigación y fue distinguido por su trabajo en el país y el extranjero.
Dos años atrás, la Academia Nacional de Periodismo lo galardonó con el premio Pluma de Honor, junto a Robert Cox y Elisabetta Piqué.
La estrategia del exgobernador
Urribarri fue condenado a ocho años de cárcel, pena que fue confirmada el año pasado por la Cámara de Casación de Entre Ríos, que también ratificó su inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Ahora, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia acaba de rechazarle a Urribarri el planteo para ir a la Corte Suprema y al exgobernador no le quedan más instancias recursivas.
Puede apelar nuevamente ante la Corte provincial, pero con pocas chances de que su estrategia funcione.
La estrategia de Burlando consiste en cuestionar la actuación de la Justicia provincial para, de este modo, evitar la detención de su cliente.
Según el abogado, “existe una seria amenaza a la libertad personal” de Urribarri “que no puede ser neutralizada en el mismo fuero de donde provienen los acusados [en alusión a quienes impulsaron las investigaciones en su contra]”.
Anteayer, Burlando anunció en una conferencia de prensa que había presentado un escrito en los tribunales federales porteños para dar cuenta de una supuesta “mesa judicial” que habría montado una especie de complot contra el exgobernador.
La denuncia quedó radicada en la fiscalía de Guillermo Marijuan, que, según informó Burlando, ya le tomó declaración a Urribarri.
“Yo no puedo decir que Urribarri tenga un odio personal hacia mí ni nada de eso. Creo que es una última movida para evitar el pronto envío a la cárcel”, dijo Enz, que relató que en Análisis investigan a Urribarri desde mediados de los 90.
“Ya entonces manejaba dinero público en forma irregular. Las causas se iniciaron a partir de Análisis, pero yo no manejo la Justicia. No sé qué pasa después de nuestras publicaciones”.
El caso por el que Urribarri está condenado reunió cuatro casos de delitos de corrupción por pagos indebidos a allegados a Urribarri y familiares directos.

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Investigan si Fernández llamó a empresarios por los seguros
El juez Julián Ercolini pidió un informe sobre las comunicaciones entre las líneas del exmandatario y los demás imputados en la causa por presunta estafa al Estado

Candela IniAlberto Fernández, en problemas con la Justicia
La Justicia Federal analizará las comunicaciones del expresidente Alberto Fernández para determinar qué grado de responsabilidad tuvo en la supuesta estafa al Estado con contrataciones millonarias de aseguradoras por parte de distintas dependencias públicas durante su gobierno.
El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer a la mañana realizar un informe de entrecruzamiento de llamadas entre todos los imputados en la causa que investiga la trama de contrataciones, según confirmaron fuentes judiciales  En esta causa, Ercolini ya pidió la inhibición de bienes de Alberto Fernández y los demás imputados y dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil sobre sus cuentas.
Serán analizadas, según dispuso el magistrado, las comunicaciones del expresidente, así como también las de su histórica secretaria María Canteros y las de su amigo Héctor Martínez Sosa, pareja de Canteros y sospechado por los contratos que tuvo con el Estado. Según la acusación, Canteros se comunicaba por teléfono con varios exfuncionarios para pedirles que contrataran, desde las dependencias estatales que conducían, las pólizas que intermediaba Martínez Sosa.
La medida alcanzará también a los exfuncionarios de Nación Seguros Alberto Pagliano, Mauro Tanos y Federico Eufemio, y a todos los empresarios del mundo del seguro que son investigados en este expediente, como Pablo Torres García, entre otros. Tanos y Eufemio fueron imputados por tener presuntos nexos con las empresas algunas de las aseguradoras implicadas en las maniobras. Son al menos 40 las líneas telefónicas que las autoridades judiciales examinarán para determinar qué grado de intercambio tuvieron entre sí.
Según reconstruyó se les solicitó a las empresas telefónicas que informen sobre las comunicaciones de los abonados que están imputados en esta causa judicial, desde el 1º de diciembre de 2019 hasta ayer. Se incluye en pedido a las compañías telefónicas de que informen sobre las llamadas entrantes y salientes de los abonados, así como también los mensajes de texto y el uso de datos móviles.
Además se dio intervención a una división de la Policía Federal Argentina, que deberá peritar los teléfonos celulares secuestrados en los allanamientos. Esta medida implicará el análisis del material extraíble de los teléfonos celulares así como también de las computadoras y tablets o demás dispositivos que hayan sido secuestrados en los domicilios de los imputados y en las empresas allanadas.
Según un documento elaborado por la Sigen que tienen los funcionarios judiciales, Bachellier SA
–vinculada a Martínez Sosa–, Castello Mercuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores y Torres García Brokers, fueron las empresas más beneficiadas por las contrataciones investigadas, y el monto de las comisiones asciende, al menos, a los $3453 millones, a valores nominales. El Ministerio de Seguridad y la Gendarmería Nacional contrataron a Bachellier SA, una de las sociedades satélites de Martínez Sosa. La póliza de la Anses, en cambio, fue intermediada por la firma San Ignacio e intervino en ese contrato la empresa de Pablo Torres García –también imputado en esta causa–, TG Brokers. Esas dos fueron las pólizas más costosas.
Sus directivos y socios quedaron bajo la lupa judicial no solo por la información recibida por la justicia en materia de contrataciones y comisiones sino por algunos movimientos ocurridos cuando las sedes de las compañías fueron allanadas.
Pese a las imputaciones, que ya tuvieron consecuencias concretas sobre varios de los implicados como fueron las inhibiciones de sus bienes, el expresidente todavía no designó de manera formal a quien lo defienda en esta causa.
El fiscal del caso es Carlos Rívolo, quien pidió darle intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco, para profundizar las líneas de investigación relacionadas con los patrimonios de los imputados y así dilucidar si se realizaron, en el marco de la compleja trama, maniobras de lavado.

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Caso Chocolate: los Albini intentan correr a la fiscal Lacki
Un cambio en la estrategia de dos de los principales acusados de haber nombrado “ñoquis” para defraudar al Estado

Hugo Alconada Mon

Claudio Albini busca cambiar el sentido de la investigación
En un giro sorpresivo, dos de los tres detenidos en el caso Chocolate pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias esta semana, tras varios meses de silencio. Pero lo plantearon con condiciones. Reclamaron que los escuche el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio, tras acusar a la fiscal que instruye la investigación de falta de objetividad y de vulnerar el “debido proceso legal” y sus derechos de defensa.
El planteo del subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, el concejal platense y apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa Facundo Albini, derivó en la apertura de un incidente de recusación de la fiscal Betina Lacki, quien reaccionó de inmediato. Antes de fijar una fecha para las indagatorias, le requirió al juez que resuelva si debe continuar al frente de la pesquisa o dar un paso al costado.
En un escrito de tres páginas, los Albini cargaron contra Lacki. Estimaron que la presencia del juez Atencio en sus declaraciones resulta indispensable para contar con un “contralor jurisdiccional” del proceder de la fiscal, aunque afirmaron que no buscarían apartarla, sino garantizar su defensa en el expediente en que están acusados de integrar una asociación ilícita que habría defraudado al Estado bonaerense por al menos $800 millones.
El planteo de los Albini llegó tras un cambio en la defensa. Maximiliano Rusconi asumió el patrocinio, junto a los letrados Gabriel Palmeiro y Martín Villar. De alto perfil, Rusconi acumuló varias defensas sensibles. De Carlos Menem al acusado en el “caso Nisman” Diego Lagomarsino
recurrieron a sus servicios, al igual que el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el presunto testaferro de la familia Kirchner Lázaro Báez.
El pedido de ampliación de indagatorias llegó, además, días después de que Pablo Parente, director de Personal de la Legislatura –y superior teórico inmediato de Claudio Albini–, dejó varios flancos abiertos. En particular, al analizar los legajos administrativos de algunos de los 48 presuntos empleados de la Cámara de Diputados cuyas tarjetas de débito operaba Chocolate Rigau cuando lo detuvieron. No logró explicar los faltantes y contradicciones obrantes en los legajos que la Legislatura envió a los tribunales platenses.
Los Albini fueron, sin embargo, más allá de criticar a la fiscal Lacki. Pidieron, también, declarar de manera presencial, en vez de recurrir a algún canal virtual. Afirmaron que así lo ameritan sus “circunstancias personales, la naturaleza de esta causa y, también, el estado de salud” que los aqueja, tras “tanto tiempo de detención”.
Tanto el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense como su hijo llevan cinco meses detenidos en la Alcaldía Departamental Roberto Pettinato, en las afueras de La Plata, en tanto que Julio “Chocolate” Rigau permanece en una celda desde el 15 de octubre, tras su primera detención, que fue el 9 de septiembre, y un intervalo de tres semanas en libertad.
La detención de Chocolate Rigau provocó un efecto dominó que sacó a la luz prácticas delictivas comunes a varios espacios políticos. Con el paso de las semanas quedaron bajo la lupa Hugo Muguerza y su pareja, Josefina Ortellado, quienes operaban como “chocolates” para
Pro y el radicalismo, como también el peronista Hugo Alberto Sini. Los Albini tienen sus prisiones preventivas confirmadas, lo mismo que Chocolate Rigau, y todo indica que continuarán detenidos hasta el juicio oral. Buscan ahora revertir esa situación con nulidades o alegando razones de salud.
“Solicitamos que se arbitren los medios necesarios a efectos de que su traslado sea efectuado por comisión especial del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense”, pidieron Rusconi, Palmeiro y Villar, planteo que ahora quedó en manos de la fiscal Lacki y el juez Atencio, quien considera que alguien, por encima de los Albini, urdió la trama delictiva y continúa oculto.
Atencio planteó que no le resultaba “razonable presumir” que la jefatura de la banda “pudiera reducirse a un empleado de categoría inferior, a un subdirector de un área ajena al manejo de las contrataciones [en alusión a Claudio Albini]”.
Para el magistrado, “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control” de aquellos que otorgaban contrataban a quienes, sin prestar servicio, alguno recibían cobertura médica y beneficio jubilatorio “a cambio de la millonaria recaudación de lo que lamentablemente se naturaliza como la ‘plata de la política’”.

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