Para Irán, es “ilegal” el pedido contra su ministro
La Justicia había reclamado la captura de Ahmad Vahidi
Irán consideró “ilegal” la orden de captura solicitada por la Argentina contra el ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi, por su presunta implicación en el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos.
La república islámica “condenó enérgicamente la reiteración de solicitudes ilegales basadas en mentiras por parte de algunos jueces argentinos sobre ciudadanos iraníes por la causa AMIA”, expresó en un comunicado el portavoz de la cancillería en Teherán, Nasser Kanani.
El Gobierno reclamó anteayer la detención internacional de los responsables del atentado a la AMIA, que hace casi 30 años provocó la muerte de 85 personas, “y continúan en sus puestos de poder con total impunidad”.
“Este individuo actualmente integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka en estos días”, señala el comunicado de la dependencia que dirige Diana Mondino, quien hizo la petición, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Sin embargo el presidente iraní, Ebrahim Raisi, prosiguió ayer su viaje a Sri Lanka pero sin Vahidi, quien lo había acompañado en su visita de Estado de tres días a Pakistán, la primera etapa de esa gira internacional.
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Los nexos entre los hermanos Lijo, la Aduana y la causa de los contenedores
En 2018, Alfredo Lijo constituyó una sociedad con Alejandro Omar Lucano, verificador aduanero y cuñado de la actual directora del organismo, Rosana Lodovico
Camila Dolabjian
Ariel Lijo, juez federal y candidato a la Corte Suprema
A partir de la semana pasada, en la que el Gobierno cumplió con el requisito de publicación en el Boletín Oficial de sus candidatos para la Corte Suprema, se inició un período de impugnaciones. Algunas de ellas, de acuerdo con averiguaciones se centrarán en las sospechas que rondan a Ariel Lijo por enriquecimiento ilícito.
El magistrado del fuero penal ya fue investigado por este delito, junto con su hermano Alfredo “Freddy” Lijo, en una causa en la que fue sobreseído por Julián Ercolini en 2021, sin ningún imputado indagado en la instrucción y, según la opinión de los denunciantes, con poca profundización sobre las relaciones comerciales de los Lijo y algunos de sus socios.
Una de las sociedades de los Lijo cobra especial vigencia en este momento. En 2018, Alfredo Lijo creó junto con Alejandro Omar Lucano, un funcionario de la Aduana, una empresa con sede fiscal en uno de los domicilios del primero, en Puerto Madero. El objeto de Frekual SA era amplio: incluía actividades inmobiliarias, incluidas la compraventa de propiedades, loteo, desarrollo de proyectos y prestación de servicios de alquiler; construcción de inmuebles y constitución de prendas, y también actividades financieras como otorgamiento de préstamos, y negociación de títulos y fideicomisos, entre otros instrumentos.
Se constituyó con un capital inicial de $3 millones, unos US$146.000 al dólar blue de ese entonces.
Lucano se desempeñaba como verificador de la Aduana de Buenos Aires y era un personaje muy conocido en el ámbito. Su esposa era Alejandra Marta Lodovico, también empleada del organismo y hermana de Rosana Lodovico. Esta última era, en ese entonces, la directora de Aduanas en el aeropuerto de Ezeiza, uno de los puestos más importantes por el control de los couriers que ingresan al país por vía aérea. Lodovico ascendió en la escalera jerárquica.
Durante la gestión de Guillermo Michel como director general de Aduanas –muy cercano a Ricardo Echegaray y colocado allí por Sergio Massa–, fue promovida al cargo de subdirectora de Operaciones Metropolitanas, el segundo puesto de mayor rango.
Con el cambio de gobierno, y la llegada de Javier Milei a la presidencia, Michel delegó en Lodovico el cargo de directora general de Aduanas. Su cuñado y socio de Lijo, Lucano, junto con los mencionados, son considerados una “familia aduanera”.
La megacausa
Al momento de la constitución de Frekual, Lucano ya había estado involucrado en la causa 529/2016, según fuentes cercanas a los denunciantes originales y a documentación que surge de otros informes de organismos públicos. Se trata de una megadenuncia por contrabando en la que fueron procesadas más de 100 personas por maniobras que involucraron a empresarios y funcionarios públicos: la mafia de los contenedores.
Ese proceso, que comenzó con una denuncia de la Aduana entonces a cargo de Juan José Gómez Centurión, recayó en el juzgado de Marcelo Aguinsky, del fuero penal económico.
En los expedientes de acceso público no figura el estado procesal de Lucano, aunque fuentes judiciales aseguraron que en el período que incumbe a la causa (a partir de 2014) no estuvo imputado y no fue parte de la investigación.
En paralelo, durante los meses subsiguientes se añadieron otras denuncias asociadas a esta causa, una de las cuales fue hecha por el Ministerio de Seguridad, en ese entonces a cargo de Patricia Bullrich.
Se remitieron audios que habrían sido obtenidos anónimamente al juzgado que salió sorteado: el de Ariel Lijo.
Lucano fue uno de los denunciados y apuntados por las escuchas ilegales aportadas como prueba en el proceso, en el que el implicado de mayor impacto era Gómez Centurión, jefe de la Aduana durante la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri, quien finalmente no fue acusado en ese expediente.
De acuerdo con una fuente conocedora de la causa, en las conversaciones investigadas por la Justicia se mencionaba a Lucano como un contacto operativo para “hacer pasar” las mercaderías con declaración irregular.
A los dos meses, Lijo se excusó, tras considerar que no había suficientes indicios de asociación ilícita y que se trataba de un posible delito de contrabando en el que habría funcionarios de interés, por lo que remitió la causa a Aguinsky.
Elisa Carrió, en otra denuncia que realizó vinculada a la megacausa, puntualizó: “Sergio González, Scasso y su vinculación con [Jorge] Lambiris. Todos estos que, junto con el fallecido Damián Sierra, como a partir del rol que tenía [Edgardo] Paolucci en Ezeiza, permitían que Jaime Stiuso operara en dicha aduana con absoluta tranquilidad. El jefe de la bodega de Courier sería Alejandro Lucano”.
El “uruguayo” Lambiris es el empresario dueño de depósitos fiscales e investigado en el pasado por contrabando que saltó a la fama por el viaje a Río de Janeiro –por el que pagó US$80.000– que compartió en 2013 con el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray. El nexo que acercó a Lambiris y Echegaray fue Michel.
En Frekual fueron designados presidente y directora suplente Alejandro Lionel Villa y Melisa Eleonora Gómez Fernández, respectivamente.
Ambos forman parte de los entramados de Alfredo Lijo. La segunda es conocida como la secretaria del hermano del juez, empleada de otra de las sociedades vinculadas con él, Finaig Consultores, y autorizada para operar sus cuentas en el exterior.
En particular, una en España en la que se detectaron transferencias por millones de dólares.
Frekual fue disuelta el 24 de mayo del año pasado, por una decisión de asamblea tomada en mayo de 2022.
El liquidador fue, justamente, Villa, su presidente.
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Duro rechazo al juez de abogados afines a Milei
Advirtieron que Lijo “no reúne las condiciones éticas y morales” para integrar la Corte Suprema
La candidatura del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema recibió otro fuerte rechazo, ayer, de los abogados reunidos en el colectivo Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica Asociación Civil, quienes advirtieron que el postulante de Javier Milei “no reúne las condiciones éticas y morales”. Por cuerda separada, otro conjunto de entidades le exigieron al Gobierno que retire las candidaturas de Lijo y Manuel García-Mansilla, tras advertir que ninguno “cumple con las condiciones de idoneidad y compromiso con los derechos humanos” requeridas para el tribunal.
A través de una carta al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, firmada por José María Soaje Pinto, Elena R. Genise, Pedro Pablo Pusineri, Guillermo Jesús Fanego y Luis Alberto López, Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica apela a su identificación “sin cortapisas” con Milei, pero, al mismo tiempo, destaca “fervientemente” su oposición a Lijo, “por carecer de las virtudes éticas y morales necesarias en este momento de recuperación nacional y reconstrucción de los valores que hicieron grande a la nación”.
El grupo de abogados inicia su rechazo a Lijo remarcando que el juez federal se desempeñó “alejándose de la imparcialidad” y “siempre más próximo” a quienes impulsaron causas por delitos de lesa humanidad contra “integrantes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad por las acciones llevadas a cabo contra el terrorismo subversivo”.
Luego de destacar la postulación de García-Mansilla, “un catedrático que enaltecería al desprestigiado máximo tribunal”, los abogados alertan a Milei que “el empecinamiento a la designación de Lijo sería parte de una negociación espuria contraria al programa político que la inmensa mayoría de la población eligió para cambiar los destinos sombríos de la patria”.
Luego de señalar que la Corte no requiere de “miembros adictos”, sino de “sujetos convencidos de que han que restaurar valores morales a la sociedad a la que han corrompido sin imponer obligaciones”, el grupo afirma que la falta de seguridad jurídica del país “se agravaría” con Lijo en el máximo tribunal, y cierra con un mensaje a Milei: “Rogando a las fuerzas del cielo que ayuden al Sr. Presidente a recapacitar sobre su decisión y evitar una nueva frustración”.
Desde la otra orilla del pensamiento, seis entidades académicas y profesionales le exigieron al Presidente que retire ambas candidaturas, tras reafirmar que “para integrar la Corte se requieren idoneidad y compromiso con los derechos humanos”. El documento es firmando por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y la Unión de Usuarios y Consumidores.
“Resulta esencial que la Corte esté integrada por personas cuya trayectoria refleje probada idoneidad e independencia, así como un fuerte compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos. Desafortunadamente, ni Lijo ni García-Mansilla satisfacen ese estándar”, señalaron las entidades.
A partir de la semana pasada, en la que el Gobierno cumplió con el requisito de publicación en el Boletín Oficial de sus candidatos para la Corte Suprema, se inició un período de impugnaciones. Algunas de ellas, de acuerdo con averiguaciones se centrarán en las sospechas que rondan a Ariel Lijo por enriquecimiento ilícito.
El magistrado del fuero penal ya fue investigado por este delito, junto con su hermano Alfredo “Freddy” Lijo, en una causa en la que fue sobreseído por Julián Ercolini en 2021, sin ningún imputado indagado en la instrucción y, según la opinión de los denunciantes, con poca profundización sobre las relaciones comerciales de los Lijo y algunos de sus socios.
Una de las sociedades de los Lijo cobra especial vigencia en este momento. En 2018, Alfredo Lijo creó junto con Alejandro Omar Lucano, un funcionario de la Aduana, una empresa con sede fiscal en uno de los domicilios del primero, en Puerto Madero. El objeto de Frekual SA era amplio: incluía actividades inmobiliarias, incluidas la compraventa de propiedades, loteo, desarrollo de proyectos y prestación de servicios de alquiler; construcción de inmuebles y constitución de prendas, y también actividades financieras como otorgamiento de préstamos, y negociación de títulos y fideicomisos, entre otros instrumentos.
Se constituyó con un capital inicial de $3 millones, unos US$146.000 al dólar blue de ese entonces.
Lucano se desempeñaba como verificador de la Aduana de Buenos Aires y era un personaje muy conocido en el ámbito. Su esposa era Alejandra Marta Lodovico, también empleada del organismo y hermana de Rosana Lodovico. Esta última era, en ese entonces, la directora de Aduanas en el aeropuerto de Ezeiza, uno de los puestos más importantes por el control de los couriers que ingresan al país por vía aérea. Lodovico ascendió en la escalera jerárquica.
Durante la gestión de Guillermo Michel como director general de Aduanas –muy cercano a Ricardo Echegaray y colocado allí por Sergio Massa–, fue promovida al cargo de subdirectora de Operaciones Metropolitanas, el segundo puesto de mayor rango.
Con el cambio de gobierno, y la llegada de Javier Milei a la presidencia, Michel delegó en Lodovico el cargo de directora general de Aduanas. Su cuñado y socio de Lijo, Lucano, junto con los mencionados, son considerados una “familia aduanera”.
La megacausa
Al momento de la constitución de Frekual, Lucano ya había estado involucrado en la causa 529/2016, según fuentes cercanas a los denunciantes originales y a documentación que surge de otros informes de organismos públicos. Se trata de una megadenuncia por contrabando en la que fueron procesadas más de 100 personas por maniobras que involucraron a empresarios y funcionarios públicos: la mafia de los contenedores.
Ese proceso, que comenzó con una denuncia de la Aduana entonces a cargo de Juan José Gómez Centurión, recayó en el juzgado de Marcelo Aguinsky, del fuero penal económico.
En los expedientes de acceso público no figura el estado procesal de Lucano, aunque fuentes judiciales aseguraron que en el período que incumbe a la causa (a partir de 2014) no estuvo imputado y no fue parte de la investigación.
En paralelo, durante los meses subsiguientes se añadieron otras denuncias asociadas a esta causa, una de las cuales fue hecha por el Ministerio de Seguridad, en ese entonces a cargo de Patricia Bullrich.
Se remitieron audios que habrían sido obtenidos anónimamente al juzgado que salió sorteado: el de Ariel Lijo.
Lucano fue uno de los denunciados y apuntados por las escuchas ilegales aportadas como prueba en el proceso, en el que el implicado de mayor impacto era Gómez Centurión, jefe de la Aduana durante la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri, quien finalmente no fue acusado en ese expediente.
De acuerdo con una fuente conocedora de la causa, en las conversaciones investigadas por la Justicia se mencionaba a Lucano como un contacto operativo para “hacer pasar” las mercaderías con declaración irregular.
A los dos meses, Lijo se excusó, tras considerar que no había suficientes indicios de asociación ilícita y que se trataba de un posible delito de contrabando en el que habría funcionarios de interés, por lo que remitió la causa a Aguinsky.
Elisa Carrió, en otra denuncia que realizó vinculada a la megacausa, puntualizó: “Sergio González, Scasso y su vinculación con [Jorge] Lambiris. Todos estos que, junto con el fallecido Damián Sierra, como a partir del rol que tenía [Edgardo] Paolucci en Ezeiza, permitían que Jaime Stiuso operara en dicha aduana con absoluta tranquilidad. El jefe de la bodega de Courier sería Alejandro Lucano”.
El “uruguayo” Lambiris es el empresario dueño de depósitos fiscales e investigado en el pasado por contrabando que saltó a la fama por el viaje a Río de Janeiro –por el que pagó US$80.000– que compartió en 2013 con el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray. El nexo que acercó a Lambiris y Echegaray fue Michel.
En Frekual fueron designados presidente y directora suplente Alejandro Lionel Villa y Melisa Eleonora Gómez Fernández, respectivamente.
Ambos forman parte de los entramados de Alfredo Lijo. La segunda es conocida como la secretaria del hermano del juez, empleada de otra de las sociedades vinculadas con él, Finaig Consultores, y autorizada para operar sus cuentas en el exterior.
En particular, una en España en la que se detectaron transferencias por millones de dólares.
Frekual fue disuelta el 24 de mayo del año pasado, por una decisión de asamblea tomada en mayo de 2022.
El liquidador fue, justamente, Villa, su presidente.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Duro rechazo al juez de abogados afines a Milei
Advirtieron que Lijo “no reúne las condiciones éticas y morales” para integrar la Corte Suprema
La candidatura del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema recibió otro fuerte rechazo, ayer, de los abogados reunidos en el colectivo Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica Asociación Civil, quienes advirtieron que el postulante de Javier Milei “no reúne las condiciones éticas y morales”. Por cuerda separada, otro conjunto de entidades le exigieron al Gobierno que retire las candidaturas de Lijo y Manuel García-Mansilla, tras advertir que ninguno “cumple con las condiciones de idoneidad y compromiso con los derechos humanos” requeridas para el tribunal.
A través de una carta al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, firmada por José María Soaje Pinto, Elena R. Genise, Pedro Pablo Pusineri, Guillermo Jesús Fanego y Luis Alberto López, Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica apela a su identificación “sin cortapisas” con Milei, pero, al mismo tiempo, destaca “fervientemente” su oposición a Lijo, “por carecer de las virtudes éticas y morales necesarias en este momento de recuperación nacional y reconstrucción de los valores que hicieron grande a la nación”.
El grupo de abogados inicia su rechazo a Lijo remarcando que el juez federal se desempeñó “alejándose de la imparcialidad” y “siempre más próximo” a quienes impulsaron causas por delitos de lesa humanidad contra “integrantes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad por las acciones llevadas a cabo contra el terrorismo subversivo”.
Luego de destacar la postulación de García-Mansilla, “un catedrático que enaltecería al desprestigiado máximo tribunal”, los abogados alertan a Milei que “el empecinamiento a la designación de Lijo sería parte de una negociación espuria contraria al programa político que la inmensa mayoría de la población eligió para cambiar los destinos sombríos de la patria”.
Luego de señalar que la Corte no requiere de “miembros adictos”, sino de “sujetos convencidos de que han que restaurar valores morales a la sociedad a la que han corrompido sin imponer obligaciones”, el grupo afirma que la falta de seguridad jurídica del país “se agravaría” con Lijo en el máximo tribunal, y cierra con un mensaje a Milei: “Rogando a las fuerzas del cielo que ayuden al Sr. Presidente a recapacitar sobre su decisión y evitar una nueva frustración”.
Desde la otra orilla del pensamiento, seis entidades académicas y profesionales le exigieron al Presidente que retire ambas candidaturas, tras reafirmar que “para integrar la Corte se requieren idoneidad y compromiso con los derechos humanos”. El documento es firmando por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y la Unión de Usuarios y Consumidores.
“Resulta esencial que la Corte esté integrada por personas cuya trayectoria refleje probada idoneidad e independencia, así como un fuerte compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos. Desafortunadamente, ni Lijo ni García-Mansilla satisfacen ese estándar”, señalaron las entidades.
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