lunes, 22 de abril de 2024

INFORMALIDAD Y PRECARIEDAD Y AJZENMAN Y LOPEZ BOO


Reforma laboral: ¿qué cambios pueden mejorar la realidad del mundo del trabajo en la Argentina?
Según un informe, menos de un tercio del total de los ocupados está alcanzado por la normativa general que rige para los contratos laborales; el escenario en el que, una vez más, se da el debate por cambios legislativos muestra una alta fragilidad
Joaquín Lanfranchi
En los últimos años, la informalidad y otras formas de trabajaron ganaron protagonismo en desmedro del empleo asalariado formal en empresas privadas

Alta informalidad, salarios en caída libre y una legislación laboral que, según no pocos advierten, está cada vez más alejada de la realidad. La lista de factores que agravan la crisis del mapa del trabajo en la Argentina se completa con un largo etcétera que es compartido, en líneas generales, por empresarios, sindicalistas, expertos laboralistas y referentes de la política. Sin embargo, la antesala del debate sobre la nueva versión de la Ley de Bases que difundió el Gobierno sugiere que, una vez más, podría pasar de largo la oportunidad de concretar una reforma laboral o, al menos, de actualizar normativas para incentivar el trabajo registrado.
Los datos son contundentes y reflejan que, en la práctica, son finalmente minoría los trabajadores que están alcanzados por la legislación actual. La informalidad laboral llega a casi del 36% de los asalariados y a más de la mitad del conjunto de ocupados si se considera al universo total de trabajadores bajo relación de dependencia más los cuentapropistas, según cifras que surgen de analizar la Encuesta Permanente de Hogares del Indec y que describe un informe del Instituto Di Tella.
Al mismo tiempo, solo el 31% de los ocupados son asalariados registrados que trabajan en empresas privadas; es decir, están alcanzados por las normativas generales que rigen para los contratos laborales, según las conclusiones de un informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). Ese estudio proyecta que hay 20 millones de ocupados en el país (la EPH abarca un grupo de centros urbanos, integrado por el Área Metropolitana de Buenos Aires, las capitales provinciales y algunas ciudades como Mar del Plata, Rosario o Río Cuarto, y, por eso, la estimación es que hay 13,5 millones de ocupados solo en esas jurisdicciones).
“Los datos sugieren que no solo es urgente actualizar la legislación laboral, sino también que debería haber menos resistencias a hacerlo”, expresa el reporte de Idesa. Y agrega: “Las inercias y el conservadurismo generalmente se amparan en la irrenunciabilidad de las conquistas logradas con el tiempo de las que gozan los asalariados registrados actuales. Pero las evidencias están mostrando que éstos son solo una minoría. La mayoría de los trabajadores son monotributistas o asalariados o cuentapropistas no registrados”, se advierte.

trabajo informal

Aun con ese panorama, las condiciones para discutir la reforma laboral en el Congreso parecen no estar dadas. Tras el acuerdo inicial al que habían arribado el Gobierno y dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) para llegar a una versión “ligth” de propuesta de reforma, el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), presidido por Rodrigo de Loredo, logró incluir el polémico punto sobre la eliminación de los aportes sindicales obligatorios y los fondos de las obras sociales, lo que desató la furia de la entidad gremial, complicando el trámite en el Poder Legislativo.
Hasta entonces, los acuerdos habían girado en torno de la reducción de la carga fiscal sobre el empleo; la derogación de artículos y leyes que fomentan la litigiosidad; la creación de un fondo de cese laboral como mecanismo sustitutivo de indemnización; medidas de protección contra el despido por discriminación; facilidades para el registro laboral, y la extensión del período de prueba a seis meses, sin derecho a indemnización, aunque sí con obligación de preaviso. Pero la reincorporación del ítem que impacta de lleno en el financiamiento de los sindicatos volvió a empantanar un debate necesario y, a esta altura, ineludible.
La mirada de los expertos
Los especialistas consultados afirman que varios factores explican el actual escenario de fragilidad laboral. Jorge Colina, presidente de Idesa, afirma: “Hemos llegado a esta situación por el estancamiento económico y, además, por la legislación laboral. Las dos cosas se retroalimentan, porque si no hay crecimiento económico no puede haber aumento del empleo formal; pero, a la vez, si hubiera crecimiento, entonces con estas leyes laborales tampoco crecería la registración, es decir, se generarían menos empleos de los que podrían crearse con una normativa más moderna”.
En Idesa sostienen que la economía argentina no ha crecido en los últimos diez años. Según el Ministerio de Economía, en el cuarto trimestre de 2023 el PBI fue de $280 billones, monto similar al del cuarto trimestre de 2013 que –ajustado por inflación– fue de $282 billones. “Como la población crece a razón de aproximadamente 1% por año, en una década, el PBI per cápita cayó 10%. Ante semejante retroceso productivo no sorprenden la caída de los ingresos reales y el deterioro en las condiciones de vida de la mayor parte de la población”, dicen los analistas de Idesa.
Históricamente, la construcción es uno de los sectores con mayores índices de informalidad
Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista e investigador del centro de estudios Fundar, considera: “Entre las razones que explican el trabajo asalariado no registrado se encuentran la inestabilidad macroeconómica, la informalidad económica de buena parte de las empresas, las dificultades del sector privado para sobreponerse a las crisis y la evasión”.
También señala que hay una combinación de factores Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones y Estudios Latinoamericanos (FIEL). Entre ellos, afirma, están los costos de la mano de obra y los niveles de productividad y crecimiento. “El costo laboral pone un umbral para poder trabajar en la formalidad. Si no se logran cubrir los costos de producción, entonces no producís o trabajás en negro. Si la productividad de la mano de obra es alta, aun con costos laborales altos es posible producir en blanco. Pero si tenés altos costos y baja productividad, hay más chances de evadir y de trabajar informalmente, lo que termina en empleo informal”.
Según Susmel, a esos aspectos apuntaba la versión inicial del capítulo laboral del DNU 70/2023 frenado por la Justicia. “Si baja la litigiosidad se reduce el costo de la mano de obra, al tiempo que si bajan los aportes a los sindicatos se puede reasignar empleo; es decir, al reducir los costos y permitir que las empresas trabajen en blanco, eso puede bajar la informalidad”. No obstante, la economista también sostiene que la “burocracia estatal” y la carga impositiva son temas a considerar.
En la opinión de Ottaviano, los costos laborales no son una variable suficientemente representativa; según analiza, la presión impositiva se corresponde con gravámenes que no son del sistema laboral, como el IVA, que a su juicio explica gran parte de la evasión en la economía, algo que deriva en la falta de registro de los trabajadores. “La afirmación de que la presión impositiva en la Argentina es especialmente alta se extrapola a las contribuciones patronales, cuando en verdad la informalidad no se explica por eso, por los costos de contratación, ni menos aún por los costos de despido”, afirma el abogado.
Los asalariados registrados que están en empresas privadas son el 31% de los ocupados, según un informe de la consultora Idesa
Y agrega: “La reducción de los costos de despido que se sugiere con el sistema propuesto del fondo de cese laboral, solo provocaría mayor rotación y flexibilidad en el despido, mayor temporalidad laboral, lo mismo que se conseguiría con la ampliación del periodo de prueba”. Y ese efecto, al que define como una mayor “volatilidad de la contratación y el despido”, no contribuye a expandir la economía. “No se crean necesariamente puestos de trabajo, sino que se contrata y se desvincula más rápidamente”, concluye.
La reducción de la informalidad requiere, además de un contexto macroeconómico estable, medidas que apuntalen tanto la creación de nuevos empleos formales como la registración de los asalariados que operan en la ilegalidad.
La economista Roxana Maurizio, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet) y consultora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostiene: “Las medidas deben ser integrales e incluir políticas productivas, de acceso al crédito, a la tecnología y a los mercados, entre otras destinadas a aumentar la productividad, la eficiencia y la formalización de las pequeñas empresas”. Para la experta, ese tipo de políticas pueden funcionar, porque “el incremento de la productividad genera una mayor capacidad contributiva por parte de los empleadores, o bien porque la registración es una condición explícita para acceder a las ventajas que ofrecen algunos programas”. En este sentido, Maurizio subraya que “la ilegalidad laboral suele ser parte de la cadena de evasión impositiva por parte de los empleadores”.
Por otro lado, la especialista afirma que también hay que “fortalecer la inspección laboral”, y puntualiza que alrededor de un cuarto de la informalidad se concentra en establecimientos de entre 6 y 40 ocupados.
¿Oportunidad perdida?
Aunque se trata de un debate transversal para todo el mercado laboral, serán los tiempos de la política y, en particular, la estrategia y la flexibilidad que adopte el oficialismo las variables que determinen si se dan las condiciones para consensuar una reforma laboral “moderna” que promueva el trabajo formal, tal como indica el séptimo punto del Pacto de Mayo.
Aun con un sistema de incentivos, el trabajo doméstico es mayormente informal
Sin embargo, el acuerdo inicial con la CGT y posterior puesta en jaque, tras la intervención de la UCR en la Cámara baja, que a su vez puso de relieve las internas con sus propios correligionarios del Senado –cuya propuesta había pasado el visto bueno de los dirigentes gremiales–, dificultan pensar que la reforma laboral prospere, incluso en los puntos en lo que existe cierto consenso.
“Se necesita mucha más idoneidad técnica y pericia política que la demostrada hasta ahora. Los cambios que encara el Gobierno están bien intencionados, así como los objetivos, pero introducirlos mediante un DNU iba a implicar problemas ante la justicia”, afirma Colina. Y asegura: “Hay voluntad en gran parte del Congreso para sacar la reforma laboral, pero si el oficialismo se pone en una posición inflexible, en la que no quiere que le toquen ni una coma, el proyecto no va a salir”.
Maurizio dice no estar segura de que haya un acuerdo sobre el diagnóstico de la situación laboral. “Si bien hay acuerdo respecto del impacto presente y futuro de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de trabajo, me parece que hay distintas miradas, por ejemplo, respecto de los factores asociados, de las causas y de las características de la informalidad laboral”. Y de eso se deriva, advierte, que haya visiones diferentes respecto de las políticas que ayudarían a aliviar el problema.
“La reforma laboral propuesta por el Gobierno parte del supuesto de que, empeorando las condiciones laborales de quienes están protegidos, se crearía empleo, se podría incluir a más personas o se mejorarían las condiciones de trabajo –dice Ottaviano–. Es una contradicción en sí misma, y además, no se incluyen aspectos modernos. Cada uno de los puntos laborales del DNU los podemos encontrar en reformas que ya se aplicaron en nuestro país (1976, 1991, 1995, 2000) y fracasaron”. Y concluye: “Una reforma requeriría un debate más amplio y consensuado”.

Voces. La visión de diferentes analistas

Jorge Colina Idesa

“Llegamos a esta situación por el estancamiento económico y por la legislación laboral; ambas cosas se retroalimentan”

Roxana Maurizio Uba/conicet - OIT


“Las medidas deben ser integrales e incluir políticas productivas, de acceso al crédito, a la tecnología y a los mercados, entre otras”

Juan Manuel Ottaviano Fundar

“La reducción de los costos de despido solo provocaría mayor rotación, lo mismo que se conseguiría con la ampliación del período de prueba”

Nuria Susmel FIEL

“Si la productividad es alta, aun con costos laborales altos es posible producir en blanco; si hay baja productividad, hay más chances de evasión”


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Ajzenman y Lopez Boo: “Entender de qué forma tomamos decisiones es fundamental para que el diseño de las políticas”
Los economistas son autores del libro La ciencia de los detalles, que brinda ejemplos para mostrar la importancia de analizar el contexto y las características de la población antes de aplicar estrategias públicas, con el objetivo de que sean lo más eficientes posibles
Sofía Diamante
Florencia Lopez Boo, una de las autoras del libro La ciencia de los detalles
Hace unas semanas falleció el académico israelí-estadounidense Daniel Kahneman, conocido mundialmente por ser el psicólogo ganador del premio Nobel de Economía, que dio el puntapié inicial para desarrollar el campo de la economía del comportamiento, junto con Amos Tversky. Si bien sus primeras publicaciones académicas ya tienen 45 años, todavía se trata de una disciplina que no está masivamente incorporada en la forma de pensar políticas públicas en la región.
La economía del comportamiento se encarga de “humanizar” los tradicionales modelos económicos, que parten de la creencia de que todas las personas son racionales en su toma de decisiones y buscan siempre maximizar su bienestar económico.
“La forma en la cual los economistas solemos modelar a las personas como seres hiperracionales (Homo Economicus) va a evolucionar a algo más alineado con la idea conceptual de Kahneman y Tversky: hombres y mujeres que tenemos sesgos, que nos equivocamos en cómo pensamos, cómo percibimos y cómo tomamos decisiones. En personas más parecidas al Homo Sapiens. Entender mejor cómo tomamos decisiones los seres humanos no es otra cosa que eso: usar supuestos más realistas en nuestros modelos económicos”, dicen los economistas Nicolás Ajzenman y Florencia LOpez Boo, en el libro que escribieron sobre este tema, La ciencia de los detalles: herramientas simples para mejorar tu comportamiento y el de la sociedad.
A lo largo de ocho capítulos, los economistas brindan una variedad de ejemplos que muestran cómo con cambiar la manera en que se implementa una política pública, su resultado puede ser mucho más eficiente. Por ejemplo, a veces no alcanza con solo entregar de manera gratuita un suplemento con hierro y micronutrientes para combatir la anemia en un país, sino que también hace falta enviar un recordatorio a las familias para que tomen el hierro y explicar variar veces sus beneficios.
“La economía del comportamiento hace la diferencia en la última milla. Los detalles importan”, dicen los autores del libro, en una entrevista 
“Entender de qué forma tomamos decisiones los seres humanos es fundamental para que el diseño de nuestras políticas sea, al menos, un poco más efectivo”, agregan.
–Ustedes cuentan en el libro que la economía del comportamiento atraviesa un desafío: ¿cómo hacer que determinados experimentos en el campo puedan ser fácilmente replicados en otros contextos para implementar políticas públicas?
–Ajzenman: Me da la impresión de que siempre va a ser necesario testear y entender el contexto, antes de tomar una medida. Esto es válido no solo para la economía del comportamiento, sino para todo. Es cierto que hay regularidades, pero finalmente hay cosas que funcionan mejor en ciertos contextos y cosas que funcionan mejor en otros. Por otro lado, los patrones refieren a sesgos en un sentido abstracto, en el sentido de que, si uno tiene cierto tipo de sesgo, vas a reaccionar de esta forma, pero no es obvio que tenga ese tipo de sesgo. No es una cosa de la condición humana que todo el mundo tiene lo mismo al mismo tiempo, con lo cual creo que va a ser necesario seguir testeando. Obviamente que es muy útil saber por dónde ir y hacerlo de una forma estructurada, que es lo que intentamos mostrar en el libro. No es que se implementa un recetario, pero sí se entiende por dónde puede estar el problema y no se empieza de cero.
–Lopez Boo: Voy a dar un ejemplo que vimos en la pandemia. Al principio, cuando no había vacunas, lo único que había que hacer era cuidarse, usar el barbijo y aplicar el distanciamiento. Ahí veíamos que muchos de los economistas del comportamiento en Europa y en Estados Unidos apelaban al deber cívico. Hay una cosa de las normas sociales, que cambian entre las culturas. Ahí es donde vale la pena hacer estas investigaciones, que son un poco caras, pero que valen la pena. Haciendo una investigación en Europa se dieron cuenta que, cuando apelaban a que es tu deber quedarte en tu casa, cuidarte, usar el barbijo y no estar con ancianos para no propagar el virus, funcionaba mejor que apelar a otros temas, como cuidate por tus hijos o por otras cosas. Cuando hicimos el mismo estudio en países de América Latina, con Joaquín Navajas, veíamos que el deber cívico no funcionaba con estas poblaciones. Lo que funcionaba mejor era el cuidado de sus familias: decir no lo hagas por vos, hacelo por los que te rodean, por tu comunidad. Imaginemos todos los ministerios de salud pública que en ese momento estaban saliendo con baterías de campañas de información: apelar a un mensaje X versus un Y cambiaba totalmente. Es muy marginal, es un épsilon, pero eran cambios bien grandes de apelar a determinadas normas sociales o más culturales. Eso requiere investigación. No es que cada vez que se implementa un proyecto haya que hacer un estudio antropológico, pero sí hay que leer lo que otros han aprendido, y eso es lo que está bueno del libro, lo interdisciplinario. Somos economistas, leamos lo que dicen sociólogos, psicólogos de la conducta, sobre cómo la gente toma las decisiones, porque ahí vamos a entender mejor cómo diseñar políticas.
–Ustedes muestran en un montón de ejemplos cómo, a veces, cambiando un pequeño detalle se define el éxito o no de una política pública. ¿El Estado está capacitado para hacer ese tipo de análisis o eso funciona mejor cuando se pide el asesoramiento de bancos de desarrollo, como el Banco Mundial o el BID?
–Lopez Boo: En los países del hemisferio norte ya llevan 20 años con estas ideas, desde David Cameron en Inglaterra, o la administración de Barack Obama en Estados Unidos. Esto llegó bastante más tarde al hemisferio sur, y ahí es donde el Banco Mundial y el BID tuvieron un rol en ser embajadores de estas ideas, que no son boutique o la última moda, sino que aportan a la eficiencia del gasto público. Hacen que el peso invertido valga más y tenga un retorno de mayor impacto. Por eso es que en el BID hemos apoyado la implementación de Unidades de Ciencias del Comportamiento. De hecho, las primeras de América Latina a nivel gubernamental fueron en la Argentina y en Uruguay. Pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer para que estas ideas se expandan en la región.
Nicolás Ajzenman, coautor del libro La ciencia de los detalles

–Ajzenman: Un punto que intentamos enfatizar en el libro es que el gasto o la inversión en esto no es muy grande, sino que solo se necesitan algunas personas pensando en lo que ya existe. No es que se necesita un presupuesto para [saber cómo] construir una escuela; tal vez es necesario un par de personas que te digan cómo hacerla. El costo adicional es muy bajo, porque precisamente la idea es no meterse con cosas demasiado estructurales.
–Da la sensación de que el sector privado aplica este tipo de investigaciones en sus estrategias de marketing o hacen focus groups y que sobre la base de esos resultados implementan sus campañas publicitarias.
–Lopez Boo: El sector privado está 20 pasos adelante del sector público en el uso de estas metodologías y ya empleó, no sé si economistas del comportamiento, pero sí especialistas de comportamientos sociales que saben de toma de decisiones y de la psicología de las personas. Eso que el sector privado tiene hace tantísimos años, en el sector público recién con este nacimiento del Behavioural Insights Team de Inglaterra y lo de Obama empezó a ser usado. No me queda tan claro por qué fue más lenta la adopción. Mi sensación es que el sector público tendría que tener una batería de economistas del comportamiento, porque estos especialistas de marketing que trabajan en el sector privado tienen como objetivo vender, y no necesariamente mejorar la vida de la gente. En cambio, en el sector público hay un doble objetivo. El sector público incorpora políticas.
–Ajzenman: Hay empresas que tienen sectores de comportamiento específicamente, como el BBVA, en España, o Google. Sin duda también las empresas privadas de salud tienen gente específicamente trabajando con economistas del comportamiento.
–Hay dos universidades privadas, Di Tella y San Andrés, que lanzaron sus carreras de comportamiento. ¿Creen que se vienen más de estas alternativas de estudio?
–Lopez Boo: A mí me encanta que estén surgiendo estas cosas en la Argentina. Me parece buenísimo. Me hubiera encantado tener esta disciplina en la universidad a nivel de grado o maestría. Esta es una disciplina que es relativamente joven. Me parece que hay tantos eventos que no parecen seguir el homo economicus, que tenerla en la currícula me parece clave. Me parece que es un avance de la disciplina económica, que a veces es medio estructurada. En los países del norte ya está incorporado.
–Ajzenman: No veo estas carreras como un sustituto de la economía, sino como algo un poco diferente. No me gusta usar la palabra irracional, porque creo que los modelos económicos funcionan bastante bien. La economía tiene un método que es muy bueno y que es bastante único, bastante estructurado. Me parece que la forma en la que pienso la economía del comportamiento no es para suplantar nada, sino para complementar lo que ya existe.
–¿Creen que a un país como la Argentina, que en los últimos años quedó rezagada con relación a otros países, esta forma de implementar políticas públicas puede ayudarlo a hacer un catch-up más rápido, o no necesariamente?
–Lopez Boo: Trabajo con los gobiernos de toda la región, inclusive el de la Argentina. Y hacemos trabajos con temas de primera infancia. Analizamos las visitas prenatales para las embarazadas, los controles de salud para el niño de cero a dos años. En general pasa que existe el centro de salud, la escuela y la campaña para explicar que es importante vacunar a tus hijos porque les salva la vida, y que son importantes los controles prenatales, porque si no el chico nace cinco semanas antes y un parto prematuro genera secuelas de por vida y genera costos para el sector salud. En la Argentina, un servicio natal cuesta US$200 por día. Por eso, un gobierno quiere que la embarazada llegue lo más cerca de estar a término que se pueda. Hay una cantidad de cosas referidas a decisiones que nos preguntamos. ¿Por qué no vino la embarazada? ¿Por qué el papá no trajo a este chico a la escuela? ¿Por qué no se toma la presión el que tiene más de 50 años, que se puede morir de un infarto? Cuando la política pública ya existe, esta parte vinculada más con la decisión individual no resuelve los problemas de la Argentina, que son más macros y van por otro lado, pero sí pueden ayudar en la última milla. La economía del comportamiento no es la solución radical, pero puede hacer una gran diferencia en políticas específicas.
–Ajzenman: Hay sociedades a las que les gusta que los Estados sean más grandes o que sean más chicos. Para eso se vota. Pero una vez que se elige una forma de gobierno, la pregunta que nos hacemos es cómo hacer para que cada peso que gastamos funcione lo mejor posible. No lo veo como una invitación a que los gobiernos intervengan más, sino como una invitación a que, con lo que deciden hacer, entiendan mejor cómo la gente toma decisiones, y de esa manera, maximicen el efecto que tiene cada peso que gastan. Me da la impresión de que en el gobierno actual hay como cierto estigma hasta discursivo sobre lo que hace el Estado, que termina opacando cualquier discusión interesante sobre cómo hacerlo mejor. Un poco la invitación del libro es que si el Estado existe y queremos que haga cosas, hay ciertas herramientas que lo ayudan a entender mejor cómo la gente va a reaccionar ante las distintas políticas públicas. Esto vale para todo. Si finalmente se quiere reemplazar el sistema de financiación de la educación por vouchers, hay un montón de herramientas de economía de comportamiento que van a ayudar a que ese sistema funcione mejor.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA

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