El gesto de Milei con la CGT que resultó un alivio para Moyano
Se excluyó de la reforma laboral un artículo clave para el financiamiento de los gremios; Camioneros tiene a su obra social con una deuda que llegaría los US$20 millones
Nicolás Balinotti.
Miguel Ángel Pichetto llamó el martes por teléfono a José Luis Lingeri para advertirle la maniobra. “Los van a cagar con la reforma, avisa a los muchachos. Metieron lo del DNU”. Lingeri, de inmediato, alertó con un mensaje de Whatsapp a sus colegas de la mesa chica de la CGT.
El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal se había enterado que Julio Cordero, el secretario de Trabajo que fue el histórico abogado del Grupo Techint hasta hace un mes y medio, había colado furtivamente en la letra chica de la nueva “ley de bases” 58 artículos para modificar la legislación laboral. Se trataba de casi todos los puntos conflictivos que había impugnado la CGT cuando presentó en diciembre un amparo en la Corte Suprema contra el mega decreto de Javier Milei.
De los 58 artículos, quedaron finalmente 16, tras la amenaza de los bloques opositores dialoguistas de no acompañar la iniciativa enviada desde el Poder Ejecutivo. Entre los puntos excluidos, estuvo el relativo a “la cuota solidaria”, un atajo al que suelen recurrir los sindicatos para financiar de manera alternativa sus organizaciones y las obras sociales. Es el artículo que más le preocupaba a Hugo Antonio Moyano, el histórico jefe de los camioneros.
A través de “la cuota solidaria”, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no, y que es pactada con los empresarios en los convenios colectivos, Moyano logra mantener por ahora a flote a la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca).
Consiguió ese aporte hace 11 meses y lo pudo revalidar recientemente, en el último acuerdo salarial homologado, a pesar de las objeciones del ministro de Economía, Luis Caputo. En el caso de Camioneros, son $10.000 mensuales por trabajador que van directo a la obra social. Un ingreso extra de $1900 millones si se tiene en cuenta la cantidad de afiliados.
Moyano destrabó su paritaria en persona, cara a cara con Santiago Caputo, asesor de Milei, y Guillermo Francos, el ministro del Interior. Ambos funcionarios libertarios también se involucraron de manera directa para cumplir los pedidos de la CGT para limitar los alcances del proyecto de reforma laboral, según reconstruyó la nacion a partir de fuentes oficiales y sindicales. Ahora, la negociación que se abrió entre los gremios y el Gobierno es por el paro general del 9 de mayo. ¿Se puede suspender? “Se debatirá en la mesa chica?”, confesó un jerárquico de la central obrera que juega en tándem con el sector de “los Gordos” (grandes gremios de servicios).
La obra social para Moyano fue la viga maestra de los negocios de su imperio desde hace por lo menos dos décadas. Liliana Esther Zulet, la esposa del patriarca de 80 años, fue la mentora del holding de empresas que orbitan alrededor de Camioneros y que encadenaron ganancias extraordinarias durante años a pesar de tener a un solo cliente: el gremio. Ese panorama dio ahora un vuelco porque Oschoca se debate entre la convocatoria de acreedores, la quiebra o prolongar su existencia a través de la asistencia de fondos que le destina el sindicato, con todas las complicaciones contables que ello implica.
La administración del fondo de comercio de la obra social de camioneros la tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Zulet y en cuyo directorio están Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, dos hijos que tiene de otros matrimonios antes de casarse con el jefe camionero.
Iarai no pagó los aportes patronales del primer trimestre del año y no está ajena al descalabro financiero. La propia Zulet se puso al frente de las gestiones con los médicos para evitar que renuncien en tropa ante la demora en los pagos y la falta de actualización salarial. En el Sanatorio Antártida, como el de San Justo, ambas propiedades del gremio y exhibidas como clínicas modelo y de alta complejidad, los servicios comenzaron a interrumpirse y la atención de pacientes dejó de ser diaria.
La deuda de Oschoca solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza casi los $11.500 millones, según las planillas a las que accedió la nacion. Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda en base a la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $20.000 millones de pesos, según fuentes sindicales. Unos 20.000.000 dólabonaerense res a valor del mercado blue.
“El Antártida es un sanatorio grande, equipado. Si no está en permanente funcionamiento no hay manera de cubrir los costos. Ese sanatorio se lo comió vivo a Moyano”, intenta justificar la crisis de Oschoca un dirigente sindical que conoce en detalle los valores del servicio de la salud.
Una pequeña porción de la deuda acumulada Moyano se la pretende facturar a Axel Kicillof. Es por que en el Antártida, que está situado en el barrio porteño de Caballito, se contrató a sueldo en pandemia a mil profesionales para montar 330 camas de cuidados intensivos con el fin de reforzar el sistema sanitario por el coronavirus. Disputas peronistas aún sin saldar.
En el país existen hoy unas 290 obras sociales y solo entre 40 y 50 de ellas dan cobertura a casi todo el sistema y no serían deficitarias, según coincidieron dos fuentes del sector. La Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo que administra los fondos y supervisa el funcionamiento de las obras sociales, está hoy al mando de Gabriel González Oriolo, un administrador de empresas que fue gerente de sistemas de la prepaga Osde.
Oriolo congeló el vínculo con los gremios y el jueves pasado, por intermedio del Boletín Oficial, les informó sobre un nuevo recorte en un subsidio. Los gremialistas perdieron influencia en la SSS a pesar de que Oriolo habría recurrido a exgerentes del PAMI de la gestión kirchnerista para cubrir áreas clave, como la gerencia económica y financiera.
Déficit y rebelión
El derrumbe de la obra social de camioneros como negocio, sumado a la falta de atención y recursos, que se dificulta aún más por el aumento de los costos, abrió un debate interno en el clan Moyano. Ya no les cierra seguir solventado a la prestadora médica con dinero ni propiedades del sindicato. No solo les dejó de redituar económicamente, sino que se complica el argumento contable, ya que son entidades con cuits diferentes por lo que cualquier operación podría quedar bajo sospecha ante una mera inspección de la AFIP o de la SSS.
Pablo Moyano, el número dos del sindicato y el hijo mayor de Hugo, fue uno de los primeros en criticar la gestión de Zulet. Su enfrentamiento viene desde hace años y ya ni siquiera se hablan. La tensión también alcanza a su vínculo con sus hermanos, sobre todo con Facundo y Jerónimo, con los que mantiene grandes diferencias.
Los coletazos de la crisis en la obra social comienzan a tener impacto en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que reúne a 24 gremios de la actividad de todo el país y que Moyano tiene en un puño desde 1992.
Surgen por primera vez en décadas focos insurgentes que ponen a prueba su liderazgo. El fallo de la Corte Suprema que avaló la desafiliación del gremio de Santa Fe, que lidera el opositor Sergio Aladio, marcó un fuerte precedente. También la escisión en Córdoba de los recolectores de residuos, que crearon su propio gremio de la mano de Mauricio Saillen. En Jujuy y Tucumán emergieron dos sindicatos de camioneros alternativos con simple inscripción como un desafío y sucedió algo similar en Chaco, donde ya habría tres agrupaciones. Moyano conserva todavía intacto el poder y la verticalidad, pero se abre un inmenso interrogante sobre lo que pasaría cuando ya no esté más.
Aladio, un dirigente de 52 años de Arroyo Seco que se formó gremialmente en camioneros bajo el ala de Abel Beroiz, histórico tesorero de Moyano que fue asesinado en 2007, busca ahora diferenciarse por completo y hasta se posiciona para un eventual recambio a pesar de haberse retirado de la Federación Nacional.
Tras el aval de la Corte Suprema, Aladio avanzó en una reforma del convenio colectivo 40/89 que rige en el transporte automotor de cargas. Promueve la creación de un fondo de cese laboral exclusivo para los camioneros santafecinos que se nutriría del aporte del 3% mensual por parte de los empresarios. A ese fondo, que generaría interéses, se recurriría para afrontar parte del pago de una eventual indemnización.
“La indemnización se mantiene como lo establece la ley. El 3% del sueldo que hoy los empresarios lo destinan a la Federación Nacional [es decir, a Moyano] se destinaría ahora un fondo que servirá para hacer frente a las eventuales indenmizaciones, como si fuera un fondo solidario. Es diferente al de la Uocra porque no reemplaza a la indemnización. En Santa Fe hay 4650 empresas de transporte y el 92 por ciento de ellas no tienen más de cinco empleados. Esto es atractivo para generar más empleo y proteger a las pymes del sector. No hay quita de derechos”, explicó Aladio la iniciativa.
La reforma del convenio, que se aplicaría exclusivamente en Santa Fe pero que Aladio aspira a que se expanda a otras provincias, deberá ser antes homologada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. El expediente original fue presentado durante la gestión peronista de Raquel “Kelly” Olmos, en noviembre del año pasado. Hoy, seis meses después, Cordero tiene la documentación frenada. Tal vez se trate de otro gesto de conciliación con Moyano
Directivos de la CGT al ingresar a la casa rosada para debatir la reforma laboral
La eliminación de la “cuota solidaria” de la reforma laboral fue a pedido de la CGT
La obra social de Moyano se mantiene hoy gracias a ese aporte
La prestadora podría quebrar o llamar a una convocatoria de acreedores
Santiago Caputo y Francos, los nexos del Presidente con los sindicatos
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Analizan eximir a las universidades de pagar la luz
La Secretaría de Educación explora alternativas antes de la reunión con los rectores, el martes próximo; intentan despolitizar el conflicto, conseguir más partidas y auditar gastos
Miguel Ángel Pichetto llamó el martes por teléfono a José Luis Lingeri para advertirle la maniobra. “Los van a cagar con la reforma, avisa a los muchachos. Metieron lo del DNU”. Lingeri, de inmediato, alertó con un mensaje de Whatsapp a sus colegas de la mesa chica de la CGT.
El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal se había enterado que Julio Cordero, el secretario de Trabajo que fue el histórico abogado del Grupo Techint hasta hace un mes y medio, había colado furtivamente en la letra chica de la nueva “ley de bases” 58 artículos para modificar la legislación laboral. Se trataba de casi todos los puntos conflictivos que había impugnado la CGT cuando presentó en diciembre un amparo en la Corte Suprema contra el mega decreto de Javier Milei.
De los 58 artículos, quedaron finalmente 16, tras la amenaza de los bloques opositores dialoguistas de no acompañar la iniciativa enviada desde el Poder Ejecutivo. Entre los puntos excluidos, estuvo el relativo a “la cuota solidaria”, un atajo al que suelen recurrir los sindicatos para financiar de manera alternativa sus organizaciones y las obras sociales. Es el artículo que más le preocupaba a Hugo Antonio Moyano, el histórico jefe de los camioneros.
A través de “la cuota solidaria”, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no, y que es pactada con los empresarios en los convenios colectivos, Moyano logra mantener por ahora a flote a la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca).
Consiguió ese aporte hace 11 meses y lo pudo revalidar recientemente, en el último acuerdo salarial homologado, a pesar de las objeciones del ministro de Economía, Luis Caputo. En el caso de Camioneros, son $10.000 mensuales por trabajador que van directo a la obra social. Un ingreso extra de $1900 millones si se tiene en cuenta la cantidad de afiliados.
Moyano destrabó su paritaria en persona, cara a cara con Santiago Caputo, asesor de Milei, y Guillermo Francos, el ministro del Interior. Ambos funcionarios libertarios también se involucraron de manera directa para cumplir los pedidos de la CGT para limitar los alcances del proyecto de reforma laboral, según reconstruyó la nacion a partir de fuentes oficiales y sindicales. Ahora, la negociación que se abrió entre los gremios y el Gobierno es por el paro general del 9 de mayo. ¿Se puede suspender? “Se debatirá en la mesa chica?”, confesó un jerárquico de la central obrera que juega en tándem con el sector de “los Gordos” (grandes gremios de servicios).
La obra social para Moyano fue la viga maestra de los negocios de su imperio desde hace por lo menos dos décadas. Liliana Esther Zulet, la esposa del patriarca de 80 años, fue la mentora del holding de empresas que orbitan alrededor de Camioneros y que encadenaron ganancias extraordinarias durante años a pesar de tener a un solo cliente: el gremio. Ese panorama dio ahora un vuelco porque Oschoca se debate entre la convocatoria de acreedores, la quiebra o prolongar su existencia a través de la asistencia de fondos que le destina el sindicato, con todas las complicaciones contables que ello implica.
La administración del fondo de comercio de la obra social de camioneros la tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Zulet y en cuyo directorio están Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, dos hijos que tiene de otros matrimonios antes de casarse con el jefe camionero.
Iarai no pagó los aportes patronales del primer trimestre del año y no está ajena al descalabro financiero. La propia Zulet se puso al frente de las gestiones con los médicos para evitar que renuncien en tropa ante la demora en los pagos y la falta de actualización salarial. En el Sanatorio Antártida, como el de San Justo, ambas propiedades del gremio y exhibidas como clínicas modelo y de alta complejidad, los servicios comenzaron a interrumpirse y la atención de pacientes dejó de ser diaria.
La deuda de Oschoca solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza casi los $11.500 millones, según las planillas a las que accedió la nacion. Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda en base a la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $20.000 millones de pesos, según fuentes sindicales. Unos 20.000.000 dólabonaerense res a valor del mercado blue.
“El Antártida es un sanatorio grande, equipado. Si no está en permanente funcionamiento no hay manera de cubrir los costos. Ese sanatorio se lo comió vivo a Moyano”, intenta justificar la crisis de Oschoca un dirigente sindical que conoce en detalle los valores del servicio de la salud.
Una pequeña porción de la deuda acumulada Moyano se la pretende facturar a Axel Kicillof. Es por que en el Antártida, que está situado en el barrio porteño de Caballito, se contrató a sueldo en pandemia a mil profesionales para montar 330 camas de cuidados intensivos con el fin de reforzar el sistema sanitario por el coronavirus. Disputas peronistas aún sin saldar.
En el país existen hoy unas 290 obras sociales y solo entre 40 y 50 de ellas dan cobertura a casi todo el sistema y no serían deficitarias, según coincidieron dos fuentes del sector. La Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo que administra los fondos y supervisa el funcionamiento de las obras sociales, está hoy al mando de Gabriel González Oriolo, un administrador de empresas que fue gerente de sistemas de la prepaga Osde.
Oriolo congeló el vínculo con los gremios y el jueves pasado, por intermedio del Boletín Oficial, les informó sobre un nuevo recorte en un subsidio. Los gremialistas perdieron influencia en la SSS a pesar de que Oriolo habría recurrido a exgerentes del PAMI de la gestión kirchnerista para cubrir áreas clave, como la gerencia económica y financiera.
Déficit y rebelión
El derrumbe de la obra social de camioneros como negocio, sumado a la falta de atención y recursos, que se dificulta aún más por el aumento de los costos, abrió un debate interno en el clan Moyano. Ya no les cierra seguir solventado a la prestadora médica con dinero ni propiedades del sindicato. No solo les dejó de redituar económicamente, sino que se complica el argumento contable, ya que son entidades con cuits diferentes por lo que cualquier operación podría quedar bajo sospecha ante una mera inspección de la AFIP o de la SSS.
Pablo Moyano, el número dos del sindicato y el hijo mayor de Hugo, fue uno de los primeros en criticar la gestión de Zulet. Su enfrentamiento viene desde hace años y ya ni siquiera se hablan. La tensión también alcanza a su vínculo con sus hermanos, sobre todo con Facundo y Jerónimo, con los que mantiene grandes diferencias.
Los coletazos de la crisis en la obra social comienzan a tener impacto en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que reúne a 24 gremios de la actividad de todo el país y que Moyano tiene en un puño desde 1992.
Surgen por primera vez en décadas focos insurgentes que ponen a prueba su liderazgo. El fallo de la Corte Suprema que avaló la desafiliación del gremio de Santa Fe, que lidera el opositor Sergio Aladio, marcó un fuerte precedente. También la escisión en Córdoba de los recolectores de residuos, que crearon su propio gremio de la mano de Mauricio Saillen. En Jujuy y Tucumán emergieron dos sindicatos de camioneros alternativos con simple inscripción como un desafío y sucedió algo similar en Chaco, donde ya habría tres agrupaciones. Moyano conserva todavía intacto el poder y la verticalidad, pero se abre un inmenso interrogante sobre lo que pasaría cuando ya no esté más.
Aladio, un dirigente de 52 años de Arroyo Seco que se formó gremialmente en camioneros bajo el ala de Abel Beroiz, histórico tesorero de Moyano que fue asesinado en 2007, busca ahora diferenciarse por completo y hasta se posiciona para un eventual recambio a pesar de haberse retirado de la Federación Nacional.
Tras el aval de la Corte Suprema, Aladio avanzó en una reforma del convenio colectivo 40/89 que rige en el transporte automotor de cargas. Promueve la creación de un fondo de cese laboral exclusivo para los camioneros santafecinos que se nutriría del aporte del 3% mensual por parte de los empresarios. A ese fondo, que generaría interéses, se recurriría para afrontar parte del pago de una eventual indemnización.
“La indemnización se mantiene como lo establece la ley. El 3% del sueldo que hoy los empresarios lo destinan a la Federación Nacional [es decir, a Moyano] se destinaría ahora un fondo que servirá para hacer frente a las eventuales indenmizaciones, como si fuera un fondo solidario. Es diferente al de la Uocra porque no reemplaza a la indemnización. En Santa Fe hay 4650 empresas de transporte y el 92 por ciento de ellas no tienen más de cinco empleados. Esto es atractivo para generar más empleo y proteger a las pymes del sector. No hay quita de derechos”, explicó Aladio la iniciativa.
La reforma del convenio, que se aplicaría exclusivamente en Santa Fe pero que Aladio aspira a que se expanda a otras provincias, deberá ser antes homologada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. El expediente original fue presentado durante la gestión peronista de Raquel “Kelly” Olmos, en noviembre del año pasado. Hoy, seis meses después, Cordero tiene la documentación frenada. Tal vez se trate de otro gesto de conciliación con Moyano
Directivos de la CGT al ingresar a la casa rosada para debatir la reforma laboral
La eliminación de la “cuota solidaria” de la reforma laboral fue a pedido de la CGT
La obra social de Moyano se mantiene hoy gracias a ese aporte
La prestadora podría quebrar o llamar a una convocatoria de acreedores
Santiago Caputo y Francos, los nexos del Presidente con los sindicatos
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Analizan eximir a las universidades de pagar la luz
La Secretaría de Educación explora alternativas antes de la reunión con los rectores, el martes próximo; intentan despolitizar el conflicto, conseguir más partidas y auditar gastos
Evangelina Himitian 
Pettovello y Torrendell llevarán ahora adelante la negociación con las universidades
El Gobierno explora alternativas para allanar la negociación del martes próximo con las universidades por el recorte presupuestario. En la Secretaría de Educación señalaron que el Estado podría hacerse cargo del pago de las tarifas de luz, uno de los gastos más importantes, según el reclamo de los rectores expresado en la marcha del martes último.
Las negociaciones ya empezaron. Si bien hasta ahora el Secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, tenía diálogo fluido con los rectores de las universidades nacionales, en realidad era en la Casa Rosada, en el despacho del ministro de Economía, Luis Caputo, donde se decidía si había fondos o no para actualizar el presupuesto universitario, que languidecía. Así lo consignaron fuentes cercanas al secretario.
Fue en la cartera de Economía donde se decidió otorgar un incremento del 70% para gastos de funcionamiento, y otros 70% más tarde, lo mismo que para las partidas de los hospitales universitarios. Ahora las cosas serán distintas, dicen en el Gobierno, tras la masividad de la marcha para reclamar más fondos. La necesidad de bajar la confrontación, y de despolitizar el conflicto y llevarlo a un plano técnico llevó a la decisión de que ahora las negociaciones las conduzcan la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y Torrendell. Claro que confían en que haya otra respuesta distinta a la monocorde “no hay plata”, cuando advierten que están frente a un problema latente.
La ministra se reunió ayer con la Secretaría Legal y Técnica y con Jefatura de Gabinete para negociar más fondos y estudiar cómo implementan la auditoría de la Sindicatura General de la Nación, para analizar el presupuesto universitario. El martes próximo se reunirán Pettovello y Torrendell con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y van a conformar las primeras comisiones. Más allá del clima enrarecido posmarcha del martes pasado, cuando se movilizaron más de 400.000 personas, es probable que el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Álvarez, no esté presente.
En el encuentro anterior que tuvieron con los rectores, a comienzo de este mes, varios responsables de las casas de altos estudios le dijeron a Torrendell y a Álvarez que jugaban al policía bueno y al policía malo, cuando el primero, con sus modos amables, les pedía que revisaran si tenían gastos superfluos que recortar en un contexto de escasez. En cambio, Álvarez, tomó la palabra, apuntó contra el adoctrinamiento y las universidades “flojas de papeles”, e hizo que las caras de los rectores, durante el diálogo se trasformaran completamente.
Lo que Torrendell les va a pedir, según se supo, es que se negocie, pero que a partir de ahora se vuelvan a encender las luces de todas las facultades. Que el mensaje fue efectivo, que a nivel comunicacional llegó y caló hondo, pero que no más. “Si, realmente como plantean los rectores alguna facultad recibe una cuenta astronómica y no pudiera pagarlo de los gastos de funcionamiento, ya les hicimos saber y lo vamos a reiterar, que nos pueden hacer llegar la factura y desde la Secretaría de Educación se va a pagar. De ninguna manera, se puede permitir que se corte la luz a una institución educativa, decir eso es una mentira o agitar el miedo en la población”, señalaron fuentes cercanas al secretario de Educación.
Hace unos días, una amiga de la hija de un funcionario relató cómo a la noche, el subsuelo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires se había vuelto una boca de lobo, por el que había que transitar solo con la linterna del celular.
¿Cuál es el plan? “No tiene que haber ningún recorte. Economía nos tiene que habilitar más partidas. Para esto no aplica la motosierra. En el presupuesto universitario hay que usar bisturí”, apuntaron.
¿Qué buscará cortar ese bisturí? Desde la Secretaría explican lo que ya se repitió varias veces: que el 90% del presupuesto de las universidades se destina al pago de salarios, que están muy abajo con la inflación. No se buscará recortes en ese punto, al contrario, se negociará con Economía y en paritarias, aumentos acordes a la inflación. Los gastos de funcionamiento implican el 5% del presupuesto. Lo que se relaciona con pagos de luz, gas y otros gastos de mantenimiento no está en discusión, se explicó. Es más, se espera que para la segunda mitad del año se logren nuevos aumentos, similares a los dos de 70% que se otorgaron. Sí apuntarán a que los rectores informen a las autoridades en detalle cuáles son los servicios tercerizados. Y desde la Secretaría de Educación ponen el ejemplo de que cuando llegaron al gobierno, en esa cartera había contratado un call center que no existía y al que se le pagaban 14 millones de pesos por mes. Y que se dio de baja.
“Tenemos que salir de la discusión política para centrarnos en lo educativo y lo técnico. Así como lo hicimos con la educación básica, que aunque atraviesa uno de los momentos más difíciles desde 2001 en cuanto a restricción de presupuesto, hoy se está trabajando activamente con el Consejo Federal de Educación, en un plan de alfabetización”, indicaron desde la Secretaría de Educación. De hecho, pasado mañana se reunirán para que cada provincia presente el suyo. Torrendell comenta a sus colaboradores que no está estresado, que sabe que su suerte se juega día a día. Pero dice que él funciona mejor bajo presión.
¿En qué se mal gasta el dinero de las universidades? Desde la Secretaría quieren saber, y probablemente ese será el foco de las auditorías y las consultas con los rectores, de qué se compone ese otro 5% del presupuesto que figura como “gastos bajo la línea”.
El concepto se refiere a lo que queda por debajo del presupuesto original y se compone de programas específicos. “Pueden ser bien aplicados o discrecionales, hoy no sabemos cómo se compone ese gasto. Tenemos que saberlo, porque es allí, lo mismo que en el rubro servicios tercerizados, donde se puede dinero a intereses contrarios o particulares. Tenemos que investigarlo. Esa puede ser la puerta de entrada de grandes negocios, pero hay que usar el bisturí y no la motosierra”, señalaron desde la Secretaría.
El Gobierno explora alternativas para allanar la negociación del martes próximo con las universidades por el recorte presupuestario. En la Secretaría de Educación señalaron que el Estado podría hacerse cargo del pago de las tarifas de luz, uno de los gastos más importantes, según el reclamo de los rectores expresado en la marcha del martes último.
Las negociaciones ya empezaron. Si bien hasta ahora el Secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, tenía diálogo fluido con los rectores de las universidades nacionales, en realidad era en la Casa Rosada, en el despacho del ministro de Economía, Luis Caputo, donde se decidía si había fondos o no para actualizar el presupuesto universitario, que languidecía. Así lo consignaron fuentes cercanas al secretario.
Fue en la cartera de Economía donde se decidió otorgar un incremento del 70% para gastos de funcionamiento, y otros 70% más tarde, lo mismo que para las partidas de los hospitales universitarios. Ahora las cosas serán distintas, dicen en el Gobierno, tras la masividad de la marcha para reclamar más fondos. La necesidad de bajar la confrontación, y de despolitizar el conflicto y llevarlo a un plano técnico llevó a la decisión de que ahora las negociaciones las conduzcan la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y Torrendell. Claro que confían en que haya otra respuesta distinta a la monocorde “no hay plata”, cuando advierten que están frente a un problema latente.
La ministra se reunió ayer con la Secretaría Legal y Técnica y con Jefatura de Gabinete para negociar más fondos y estudiar cómo implementan la auditoría de la Sindicatura General de la Nación, para analizar el presupuesto universitario. El martes próximo se reunirán Pettovello y Torrendell con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y van a conformar las primeras comisiones. Más allá del clima enrarecido posmarcha del martes pasado, cuando se movilizaron más de 400.000 personas, es probable que el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Álvarez, no esté presente.
En el encuentro anterior que tuvieron con los rectores, a comienzo de este mes, varios responsables de las casas de altos estudios le dijeron a Torrendell y a Álvarez que jugaban al policía bueno y al policía malo, cuando el primero, con sus modos amables, les pedía que revisaran si tenían gastos superfluos que recortar en un contexto de escasez. En cambio, Álvarez, tomó la palabra, apuntó contra el adoctrinamiento y las universidades “flojas de papeles”, e hizo que las caras de los rectores, durante el diálogo se trasformaran completamente.
Lo que Torrendell les va a pedir, según se supo, es que se negocie, pero que a partir de ahora se vuelvan a encender las luces de todas las facultades. Que el mensaje fue efectivo, que a nivel comunicacional llegó y caló hondo, pero que no más. “Si, realmente como plantean los rectores alguna facultad recibe una cuenta astronómica y no pudiera pagarlo de los gastos de funcionamiento, ya les hicimos saber y lo vamos a reiterar, que nos pueden hacer llegar la factura y desde la Secretaría de Educación se va a pagar. De ninguna manera, se puede permitir que se corte la luz a una institución educativa, decir eso es una mentira o agitar el miedo en la población”, señalaron fuentes cercanas al secretario de Educación.
Hace unos días, una amiga de la hija de un funcionario relató cómo a la noche, el subsuelo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires se había vuelto una boca de lobo, por el que había que transitar solo con la linterna del celular.
¿Cuál es el plan? “No tiene que haber ningún recorte. Economía nos tiene que habilitar más partidas. Para esto no aplica la motosierra. En el presupuesto universitario hay que usar bisturí”, apuntaron.
¿Qué buscará cortar ese bisturí? Desde la Secretaría explican lo que ya se repitió varias veces: que el 90% del presupuesto de las universidades se destina al pago de salarios, que están muy abajo con la inflación. No se buscará recortes en ese punto, al contrario, se negociará con Economía y en paritarias, aumentos acordes a la inflación. Los gastos de funcionamiento implican el 5% del presupuesto. Lo que se relaciona con pagos de luz, gas y otros gastos de mantenimiento no está en discusión, se explicó. Es más, se espera que para la segunda mitad del año se logren nuevos aumentos, similares a los dos de 70% que se otorgaron. Sí apuntarán a que los rectores informen a las autoridades en detalle cuáles son los servicios tercerizados. Y desde la Secretaría de Educación ponen el ejemplo de que cuando llegaron al gobierno, en esa cartera había contratado un call center que no existía y al que se le pagaban 14 millones de pesos por mes. Y que se dio de baja.
“Tenemos que salir de la discusión política para centrarnos en lo educativo y lo técnico. Así como lo hicimos con la educación básica, que aunque atraviesa uno de los momentos más difíciles desde 2001 en cuanto a restricción de presupuesto, hoy se está trabajando activamente con el Consejo Federal de Educación, en un plan de alfabetización”, indicaron desde la Secretaría de Educación. De hecho, pasado mañana se reunirán para que cada provincia presente el suyo. Torrendell comenta a sus colaboradores que no está estresado, que sabe que su suerte se juega día a día. Pero dice que él funciona mejor bajo presión.
¿En qué se mal gasta el dinero de las universidades? Desde la Secretaría quieren saber, y probablemente ese será el foco de las auditorías y las consultas con los rectores, de qué se compone ese otro 5% del presupuesto que figura como “gastos bajo la línea”.
El concepto se refiere a lo que queda por debajo del presupuesto original y se compone de programas específicos. “Pueden ser bien aplicados o discrecionales, hoy no sabemos cómo se compone ese gasto. Tenemos que saberlo, porque es allí, lo mismo que en el rubro servicios tercerizados, donde se puede dinero a intereses contrarios o particulares. Tenemos que investigarlo. Esa puede ser la puerta de entrada de grandes negocios, pero hay que usar el bisturí y no la motosierra”, señalaron desde la Secretaría.
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