La oposición activó un desafío al Gobierno por las jubilaciones
Con matices, insisten en una recomposición de los haberes superior a lo que dispuso el decreto de Milei
Delfina Celichini
Gabriela Brower de Koning presidió la comisión
La oposición dio el primer paso para condicionar al Gobierno en la mejora de la recomposición de los haberes jubilatorios. Con matices, los diputados de la UCR, Hacemos Coalición Federal, Unión por la Patria (UP) y la izquierda dictaminaron ayer iniciativas que buscan compensar los sueldos previsionales contando la inflación de enero pasado. Si bien el presidente Javier Milei alivió parcialmente esa pérdida con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274/2024, a estos espacios no les resultó suficiente, y buscarán, además, fijar un haber mínimo para el sector pasivo.
La discusión tuvo lugar en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, donde se firmaron cuatro despachos diferentes: el de mayoría, que llevó 13 firmas del kirchnerismo; otro con siete avales por parte de los diputados del radicalismo junto a los referentes del bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto; un tercero avalado por un voto del Frente de Izquierda, y el presentado por La Libertad Avanza (LLA), que cuenta con cuatro diputados, apoyando el decreto presidencial.
Los diputados de Pro no adhirieron a ningún dictamen. Salvo la propuesta del oficialismo, todas apuntan a aumentar la compensación de los haberes por encima del 12,5%, porcentaje dispuesto por la administración libertaria.
La UCR y el bloque de Pichetto definieron en su texto que la canasta básica total debe ser el piso mínimo del haber jubilatorio, que ronda los $220.000. El kirchnerismo, en tanto, quiere que el mínimo sea el actual, de alrededor de $170.000, más el bono de $70.000.
Respecto del porcentaje de empalme de las fórmulas de actualización, los bloques dialoguistas apuntan a que sea del 20,6%, correspondiente a la inflación de enero. Por su parte, UP trabaja para que, además del incremento de precios del primer mes del año, también se contemple la licuación previa, y buscan que llegue al 30%.
En cuanto a la fórmula de movilidad, el bloque presidido por Rodrigo de Loredo definió que sea a través del índice de precios al consumidor (IPC). No obstante, pretende que si la variación de los salarios (por el índice Ripte) es superior a la variación del IPC, se contemple en el incremento previsional.
Sobre este punto, la bancada liderada por Germán Martínez apunta a que las jubilaciones se actualicen por inflación a modo de adelanto de la fórmula trimestral, que continuaría vigente. Es decir que en marzo, junio, septiembre y diciembre se podrían comparar, bajo este esquema, los aumentos otorgados por inflación con lo que hubiera dado la fórmula jubilatoria, que contempla a la recaudación tributaria de la Anses y el Ripte. En caso de que la fórmula implique un aumento mayor, se otorgará la diferencia.
Rechazo
En cuanto al desdoblamiento del pago de haberes previsionales dispuesto por el Gobierno, toda la oposición lo rechaza y busca impedir que esto se repita en el futuro.
Sobre las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Anses, la UCR propone utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para cancelar los stock de deuda acumulados –después de la auditoría correspondiente–, y pagar a los jubilados que ya obtuvieron una sentencia favorable, que son alrededor de 80.000. En tanto, UP prevé un mecanismo que garantice tanto la actualización como el pago de los anticipos mensuales de las transferencias previstas para compensar a las cajas jubilatorias provinciales.
Durante el debate, referentes de la oposición resaltaron los puntos en común y prepararon el terreno para sumar fuerzas en pos de una mejora para los jubilados. Fue el caso del diputado kirchnerista Itai Hagman, quien destacó que “hay voluntad compartida de recomponer las jubilaciones y garantizar que no queden relegadas del proyecto económico”. Y avisó: “Seguimos abiertos a la conversación”.
En la misma línea se expresó De Loredo, quien señaló: “La licuadora que aplicó el gobierno nacional, que podó más del 35% los haberes a nuestros viejos, podría haber sido obtenido si se prescindía del régimen especial a la industria de Tierra del Fuego. Si la pregunta es si se puede lograr estos objetivos fiscales sin el recorte a los jubilados, sí, se puede”. Por último, subrayó: “Pretendemos hacer esto con el que sea, con quien quiera acompañarnos”.
El oficialismo intentará frenar la avanzada opositora en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert. El diputado incorporado recientemente al bloque libertario podría postergar el debate para evitar que las iniciativas lleguen al recinto.
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Moyano cede y Economía avala la suba de salarios
Caputo rechazaba cerrar dos subas de 25% y 20%; se bajó a 15% y 9% y la diferencia se cobrará en forma de suma fija
Hugo Moyano, secretario general de camioneros
El Gobierno homologó ayer el acuerdo salarial del sindicato de camioneros. El acuerdo redujo los porcentajes que pretendía Hugo Moyano para alinearlos con los deseos del ministro de Economía, Luis Caputo. El aumento acordado representa un 24%: 15% para marzo y 9% para abril. Moyano pretendía 45% . La diferencia será abonada a través de una suma fija, por fuera del salario.
A casi dos meses del acuerdo salarial entre el Sindicato de Camioneros y las dos federaciones empresarias del sector, la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, homologó finalmente ayer el trato en un acuerdo que incluyó una rebaja de porcentajes con respecto a la propuesta original, para alinearla con los deseos del ministro de Economía, Luis Caputo, que en su intento de moderar las paritarias rechazaba el entendimiento original.
El pacto homologado incluye un aumento del 15% para marzo y 9% para abril, en lugar de los dos tramos de 25% y 20%, que totalizaban un 45% y que no aceptaba el titular del Palacio de Hacienda. El porcentaje que el gremio de Hugo Moyano cedió, no obstante, llegará a los bolsillos de los camioneros en forma de suma fija (en dos pagos), por lo que no irá al salario básico.
El apretón de manos entre los Moyano y las autoridades de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) se había concretado en febrero, pero recién ayer se convalidó la suba. La demora oficial se dio principalmente por dos razones: el rechazo de Caputo a habilitar aumentos por encima del 10% para abril por considerar que dinamizan la inflación en un contexto de desaceleramiento de los precios y debido a cuatro impugnaciones de empresarios a un ítem del acuerdo salarial en lo relativo a un aporte de $10.000 por trabajador para la obra social.
Las conversaciones de Cordero con Moyano en los últimos días allanaron el acuerdo a cambio de que Camioneros, en los próximos meses, tome en cuenta la inflación futura, como pretende el Ministerio de Economía. El acuerdo que se firmó se extiende hasta el 31 de mayo, con una nueva reunión pautada para junio.
El aumento de 45% por bimestre al que apostaban los afiliados al gremio de Moyano tiene que ver con que en diciembre, cuando la inflación mensual fue de 25,5%, no hubo recomposición salarial.
Desde la llegada de Cordero a Trabajo en reemplazo de Omar Yasin, a quien Milei responsabilizó sin argumentos de la polémica por el aumento de los sueldos de sus ministros y el Poder Ejecutivo, se agilizaron las homologaciones de paritarias. Incluso, algunos de los tratos salariales convalidados superaban los porcentajes pretendidos por Caputo, pero se trataron para enero y febrero. Tal fue el caso de la UOM, para su rama metalúrgica, que anudó un 42%, o el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), que logró un 45% para enero y febrero, pero aceptó pactar incrementos del 10% para marzo y del 4% para abril, en sintonía con las previsiones inflacionarias descendentes.
Las tensiones previas
La homologación de las paritarias está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. Dentro de esa cartera se encuentra la Secretaría de Trabajo, que recientemente cambió de manos, con la salida de Omar Yasin y la llegada de Cordero, un abogado ligado al Grupo Techint. Junto a Yasin también se alejó de su cargo Mariana Hortal Sueldo, número dos de la secretaría.
Cordero llegó al puesto y buscó acelerar la homologación del acuerdo paritario del Sindicato de Comercio, que conduce Armando Cavalieri, que establece un aumento del 17,6% y fue pactado en febrero. El líder mercantil tomó distancia de la postura combativa que muestra la conducción de la CGT, que ya convocó al segundo paro general en la gestión del presidente Javier Milei, y cultiva un canal de diálogo con Pettovello.
El área de la Secretaría de Trabajo encargada de la homologación de las paritarias sufrió bajas de empleados producto de los despidos de estatales que decidió el Gobierno. Fueron despedidas unas 26 personas.
La tensión por la paritaria de los camioneros fue en aumento. Moyano amenazó con un paro del sindicato, en caso de que naufragara la homologación. Finalmente, la convalidación del pacto llegó sin que el gremio activara una huelga del sector. No obstante, el acuerdo se alcanzó ya con un paro general de la CGT (en la que Pablo Moyano es uno de los líderes) lanzado para el 9 de mayo, que sería la segunda medida de fuerza de ese tipo de la central obrera desde que el presidente Javier Milei asumió su cargo.
La oposición dio el primer paso para condicionar al Gobierno en la mejora de la recomposición de los haberes jubilatorios. Con matices, los diputados de la UCR, Hacemos Coalición Federal, Unión por la Patria (UP) y la izquierda dictaminaron ayer iniciativas que buscan compensar los sueldos previsionales contando la inflación de enero pasado. Si bien el presidente Javier Milei alivió parcialmente esa pérdida con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274/2024, a estos espacios no les resultó suficiente, y buscarán, además, fijar un haber mínimo para el sector pasivo.
La discusión tuvo lugar en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, donde se firmaron cuatro despachos diferentes: el de mayoría, que llevó 13 firmas del kirchnerismo; otro con siete avales por parte de los diputados del radicalismo junto a los referentes del bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto; un tercero avalado por un voto del Frente de Izquierda, y el presentado por La Libertad Avanza (LLA), que cuenta con cuatro diputados, apoyando el decreto presidencial.
Los diputados de Pro no adhirieron a ningún dictamen. Salvo la propuesta del oficialismo, todas apuntan a aumentar la compensación de los haberes por encima del 12,5%, porcentaje dispuesto por la administración libertaria.
La UCR y el bloque de Pichetto definieron en su texto que la canasta básica total debe ser el piso mínimo del haber jubilatorio, que ronda los $220.000. El kirchnerismo, en tanto, quiere que el mínimo sea el actual, de alrededor de $170.000, más el bono de $70.000.
Respecto del porcentaje de empalme de las fórmulas de actualización, los bloques dialoguistas apuntan a que sea del 20,6%, correspondiente a la inflación de enero. Por su parte, UP trabaja para que, además del incremento de precios del primer mes del año, también se contemple la licuación previa, y buscan que llegue al 30%.
En cuanto a la fórmula de movilidad, el bloque presidido por Rodrigo de Loredo definió que sea a través del índice de precios al consumidor (IPC). No obstante, pretende que si la variación de los salarios (por el índice Ripte) es superior a la variación del IPC, se contemple en el incremento previsional.
Sobre este punto, la bancada liderada por Germán Martínez apunta a que las jubilaciones se actualicen por inflación a modo de adelanto de la fórmula trimestral, que continuaría vigente. Es decir que en marzo, junio, septiembre y diciembre se podrían comparar, bajo este esquema, los aumentos otorgados por inflación con lo que hubiera dado la fórmula jubilatoria, que contempla a la recaudación tributaria de la Anses y el Ripte. En caso de que la fórmula implique un aumento mayor, se otorgará la diferencia.
Rechazo
En cuanto al desdoblamiento del pago de haberes previsionales dispuesto por el Gobierno, toda la oposición lo rechaza y busca impedir que esto se repita en el futuro.
Sobre las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Anses, la UCR propone utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para cancelar los stock de deuda acumulados –después de la auditoría correspondiente–, y pagar a los jubilados que ya obtuvieron una sentencia favorable, que son alrededor de 80.000. En tanto, UP prevé un mecanismo que garantice tanto la actualización como el pago de los anticipos mensuales de las transferencias previstas para compensar a las cajas jubilatorias provinciales.
Durante el debate, referentes de la oposición resaltaron los puntos en común y prepararon el terreno para sumar fuerzas en pos de una mejora para los jubilados. Fue el caso del diputado kirchnerista Itai Hagman, quien destacó que “hay voluntad compartida de recomponer las jubilaciones y garantizar que no queden relegadas del proyecto económico”. Y avisó: “Seguimos abiertos a la conversación”.
En la misma línea se expresó De Loredo, quien señaló: “La licuadora que aplicó el gobierno nacional, que podó más del 35% los haberes a nuestros viejos, podría haber sido obtenido si se prescindía del régimen especial a la industria de Tierra del Fuego. Si la pregunta es si se puede lograr estos objetivos fiscales sin el recorte a los jubilados, sí, se puede”. Por último, subrayó: “Pretendemos hacer esto con el que sea, con quien quiera acompañarnos”.
El oficialismo intentará frenar la avanzada opositora en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert. El diputado incorporado recientemente al bloque libertario podría postergar el debate para evitar que las iniciativas lleguen al recinto.
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Moyano cede y Economía avala la suba de salarios
Caputo rechazaba cerrar dos subas de 25% y 20%; se bajó a 15% y 9% y la diferencia se cobrará en forma de suma fija
El Gobierno homologó ayer el acuerdo salarial del sindicato de camioneros. El acuerdo redujo los porcentajes que pretendía Hugo Moyano para alinearlos con los deseos del ministro de Economía, Luis Caputo. El aumento acordado representa un 24%: 15% para marzo y 9% para abril. Moyano pretendía 45% . La diferencia será abonada a través de una suma fija, por fuera del salario.
A casi dos meses del acuerdo salarial entre el Sindicato de Camioneros y las dos federaciones empresarias del sector, la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, homologó finalmente ayer el trato en un acuerdo que incluyó una rebaja de porcentajes con respecto a la propuesta original, para alinearla con los deseos del ministro de Economía, Luis Caputo, que en su intento de moderar las paritarias rechazaba el entendimiento original.
El pacto homologado incluye un aumento del 15% para marzo y 9% para abril, en lugar de los dos tramos de 25% y 20%, que totalizaban un 45% y que no aceptaba el titular del Palacio de Hacienda. El porcentaje que el gremio de Hugo Moyano cedió, no obstante, llegará a los bolsillos de los camioneros en forma de suma fija (en dos pagos), por lo que no irá al salario básico.
El apretón de manos entre los Moyano y las autoridades de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) se había concretado en febrero, pero recién ayer se convalidó la suba. La demora oficial se dio principalmente por dos razones: el rechazo de Caputo a habilitar aumentos por encima del 10% para abril por considerar que dinamizan la inflación en un contexto de desaceleramiento de los precios y debido a cuatro impugnaciones de empresarios a un ítem del acuerdo salarial en lo relativo a un aporte de $10.000 por trabajador para la obra social.
Las conversaciones de Cordero con Moyano en los últimos días allanaron el acuerdo a cambio de que Camioneros, en los próximos meses, tome en cuenta la inflación futura, como pretende el Ministerio de Economía. El acuerdo que se firmó se extiende hasta el 31 de mayo, con una nueva reunión pautada para junio.
El aumento de 45% por bimestre al que apostaban los afiliados al gremio de Moyano tiene que ver con que en diciembre, cuando la inflación mensual fue de 25,5%, no hubo recomposición salarial.
Desde la llegada de Cordero a Trabajo en reemplazo de Omar Yasin, a quien Milei responsabilizó sin argumentos de la polémica por el aumento de los sueldos de sus ministros y el Poder Ejecutivo, se agilizaron las homologaciones de paritarias. Incluso, algunos de los tratos salariales convalidados superaban los porcentajes pretendidos por Caputo, pero se trataron para enero y febrero. Tal fue el caso de la UOM, para su rama metalúrgica, que anudó un 42%, o el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), que logró un 45% para enero y febrero, pero aceptó pactar incrementos del 10% para marzo y del 4% para abril, en sintonía con las previsiones inflacionarias descendentes.
Las tensiones previas
La homologación de las paritarias está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. Dentro de esa cartera se encuentra la Secretaría de Trabajo, que recientemente cambió de manos, con la salida de Omar Yasin y la llegada de Cordero, un abogado ligado al Grupo Techint. Junto a Yasin también se alejó de su cargo Mariana Hortal Sueldo, número dos de la secretaría.
Cordero llegó al puesto y buscó acelerar la homologación del acuerdo paritario del Sindicato de Comercio, que conduce Armando Cavalieri, que establece un aumento del 17,6% y fue pactado en febrero. El líder mercantil tomó distancia de la postura combativa que muestra la conducción de la CGT, que ya convocó al segundo paro general en la gestión del presidente Javier Milei, y cultiva un canal de diálogo con Pettovello.
El área de la Secretaría de Trabajo encargada de la homologación de las paritarias sufrió bajas de empleados producto de los despidos de estatales que decidió el Gobierno. Fueron despedidas unas 26 personas.
La tensión por la paritaria de los camioneros fue en aumento. Moyano amenazó con un paro del sindicato, en caso de que naufragara la homologación. Finalmente, la convalidación del pacto llegó sin que el gremio activara una huelga del sector. No obstante, el acuerdo se alcanzó ya con un paro general de la CGT (en la que Pablo Moyano es uno de los líderes) lanzado para el 9 de mayo, que sería la segunda medida de fuerza de ese tipo de la central obrera desde que el presidente Javier Milei asumió su cargo.
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