Para tres prepagas, “es descabellado” devolver el dinero
Swiss Medical, Medicus y Sancor Salud rechazaron en la Justicia los argumentos oficiales
Ignacio Grimaldi
Comercio obligó a siete prepagas a recalcular sus precios desde diciembre pasado
Tres compañías de medicina prepaga se presentaron ayer en la Justicia, rechazaron recalcular las cuotas que cobraron a sus clientes desde diciembre pasado y consideraron que “es descabellado” devolver el dinero que, según denunció el Gobierno, se cobró en exceso a sus afiliados por subas “desproporcionadas”.
Las empresas que decidieron apelar la medida cautelar en la que el Gobierno las denuncia por supuesta cartelización son Swiss Medical, Sancor Salud y Medicus.
El enfrentamiento entre el Gobierno y las prepagas sumó un nuevo capítulo con cuestionamientos cruzados y deja en vilo, a merced de la Justicia, a los millones de afiliados que esperan la devolución del dinero por los aumentos que el Ejecutivo consideró abusivos. Tres empresas de medicina privada rechazaron modificar aumentos, así como también devolver el dinero.
Swiss Medical, Sancor Salud y Medicus realizaron presentaciones judiciales ante el Juzgado 9 de la Cámara Federal, Civil y Comercial. La semana pasada, el Gobierno había presentado allí una cautelar para calcular alzas de las cuotas según la inflación y acordar un mecanismo para la devolución del dinero que las prepagas habrían cobrado en exceso entre enero y abril.
“No es cierto”, sostuvo Sancor Salud en respuesta a la acusación de conducta abusiva. El documento de Swiss Medical combinó aspectos económicos con una reconstrucción del accionar oficial, al que le adjudicó un “giro dramático”.
“No parecía importarle verificar o analizar la razonabilidad del aumento”, indicó la defensa de Claudio Belocopitt. Esta afirmación hace referencia a una presentación de la prepaga con fecha del 1° de febrero de este año en la que habría solicitado a la Superintendencia de Servicios de Salud “verificar y validar” el aumento del 40% que aplicó en la cuota de enero.
Según citó Swiss Medical en su presentación judicial, el organismo que depende del Ministerio de Salud se habría excusado de tomar alguna determinación al respecto. “No resulta procedente, toda vez que el Organismo no es autoridad de aplicación para verificar y, en consecuencia, validar el aumento que pudiera haber aplicado sobre las cuotas de sus afiliados en el mes de enero de 2024”, habría dicho en aquel entonces.
Consultó a la Superintendencia de Servicios de Salud sobre este presunto cambio de postura del organismo y desde el mismo contestaron que si bien no valida ni autoriza precios, su función es la de fiscalizar para garantizar la libre competencia del mercado. Así, justificó su conducta posterior.
La presentación de Sancor Salud cuestionó a la Superintendencia de Servicios de Salud. Rechazó que el organismo pueda tener alguna injerencia en la determinación de las cuotas de las empresas. Además, alegó que sus alzas habrían respetado el principio de “razonabilidad”. Informó que el Consejo Directivo de la Mutual habría fijado las cuotas con sustento “en la estructura de costos” y los afiliados habrían sido notificados de ello.
Por otra parte, la presentación de Belocopitt incluyó variables económicas para argumentar que sería “descabellado” devolver el dinero a los afiliados. Describió que las empresas sufrían un “desfasaje previo como consecuencia de políticas económicas restrictivas excesivamente regulatorias”. En este sentido, fuentes del Gobierno habían señalado, con anterioridad a la respuesta judicial de las prepagas, que fueron las propias compañías las que habían acordado dichas políticas con la gestión anterior.
“Notable retraso ”. Así calificó Swiss Medical a la evolución del valor de su cuota en comparación a la inflación. De hecho, Sancor Salud también habló de un “proceso inflacionario” del que los servicios de salud no están exentos. La empresa de Belocopitt adjuntó un cuadro en el que señaló que mientras en los últimos cuatro años la inflación habría acumulado 1147%, el valor de su cuota habría subido 667%. Con estos números, justificó su rechazo a devolver el dinero porque, según su postura, “los aumentos no logran cubrir ese atraso”.
El Gobierno había propuesto que las prepagas devuelvan el dinero entre junio y diciembre, repartido en cuotas iguales. Según describieron varios representantes del sector privado de la salud, las compañías consideran “inviable” el reembolso. La administración de Javier Milei descree esto. Incluso, estimó que las prepagas habrían tenido otro tipo de rédito. Indicaron que antes de la desregulación dictada en el “megadecreto” de diciembre, la norma indicaba que las empresas debían transferir el 90% del dinero recaudado a los prestadores (clínicas, sanatorios, institutos de diagnóstico). Pero luego, según una muestra analizada por el Ejecutivo, “la mayoría” transfirió menos, “casi todas alrededor del 80%”, con pagos a 90 y 120 días, en promedio.
La Justicia, en definitiva, deberá decidir si exigirá a las prepagas que devuelvan el dinero y, a su vez, fijar que sus aumentos no puedan superar al avance de la inflación.
También esta semana el Gobierno había ampliado su cautelar. En la versión original había incluido a OSDE, Swiss Medical, Omint, Galeno, Medicus, Accord Salud, Hospital Italiano, Medifé, Sancor, Medicina Esencial, Prevención Salud, Hominis, Avalian, Federada Salud, SIPSSA, OS Pasteur, Jerárquicos Salud y Met Córdoba. Ahora también sumó a Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Grupo DDM SA y Circulo Médico de Lomas de Zamora.
Más allá de lo que dirima el Juzgado 9° de la Cámara Federal, Civil y Comercial, en mayo un grupo de prepagas debería ajustar el valor de sus cuotas, tal como determinó la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía en medio de un expediente administrativo por supuesta colusión (cartelización). En rigor, el Gobierno obligó a siete empresas a recalcular los valores desde diciembre último con un tope máximo de aumento regido por la inflación. Esto aplica para Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. Según respondieron a las consultas , todavía no definieron cómo recalibrarán sus facturas. En principio, lo dispuesto por el Ejecutivo estará vigente por seis meses.
En el ámbito de la Secretaría de Industria y Comercio, donde se desempeña la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que desarrolla la investigación por supuesta colusión, la Coalición Cívica también amplió la cantidad de prepagas denunciadas. La nueva presentación ante la CNDC solicita una investigación referida al comportamiento que, con respecto a sus precios, adoptaron Medicus, el Hospital Italiano, la Obra Social de Dirección de Sanidad Luis Pasteur, Hominis (Fundación Sanatorio Güemes), Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Accord Salud, Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud, Asociación Mutual Sancor, Prevención Salud.
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Ganancias: extienden un trámite clave a la espera de una ley
Se prorrogará hasta el 31 de mayo la posibilidad de cargar el formulario Siradig correspondiente al año pasado
Tres compañías de medicina prepaga se presentaron ayer en la Justicia, rechazaron recalcular las cuotas que cobraron a sus clientes desde diciembre pasado y consideraron que “es descabellado” devolver el dinero que, según denunció el Gobierno, se cobró en exceso a sus afiliados por subas “desproporcionadas”.
Las empresas que decidieron apelar la medida cautelar en la que el Gobierno las denuncia por supuesta cartelización son Swiss Medical, Sancor Salud y Medicus.
El enfrentamiento entre el Gobierno y las prepagas sumó un nuevo capítulo con cuestionamientos cruzados y deja en vilo, a merced de la Justicia, a los millones de afiliados que esperan la devolución del dinero por los aumentos que el Ejecutivo consideró abusivos. Tres empresas de medicina privada rechazaron modificar aumentos, así como también devolver el dinero.
Swiss Medical, Sancor Salud y Medicus realizaron presentaciones judiciales ante el Juzgado 9 de la Cámara Federal, Civil y Comercial. La semana pasada, el Gobierno había presentado allí una cautelar para calcular alzas de las cuotas según la inflación y acordar un mecanismo para la devolución del dinero que las prepagas habrían cobrado en exceso entre enero y abril.
“No es cierto”, sostuvo Sancor Salud en respuesta a la acusación de conducta abusiva. El documento de Swiss Medical combinó aspectos económicos con una reconstrucción del accionar oficial, al que le adjudicó un “giro dramático”.
“No parecía importarle verificar o analizar la razonabilidad del aumento”, indicó la defensa de Claudio Belocopitt. Esta afirmación hace referencia a una presentación de la prepaga con fecha del 1° de febrero de este año en la que habría solicitado a la Superintendencia de Servicios de Salud “verificar y validar” el aumento del 40% que aplicó en la cuota de enero.
Según citó Swiss Medical en su presentación judicial, el organismo que depende del Ministerio de Salud se habría excusado de tomar alguna determinación al respecto. “No resulta procedente, toda vez que el Organismo no es autoridad de aplicación para verificar y, en consecuencia, validar el aumento que pudiera haber aplicado sobre las cuotas de sus afiliados en el mes de enero de 2024”, habría dicho en aquel entonces.
Consultó a la Superintendencia de Servicios de Salud sobre este presunto cambio de postura del organismo y desde el mismo contestaron que si bien no valida ni autoriza precios, su función es la de fiscalizar para garantizar la libre competencia del mercado. Así, justificó su conducta posterior.
La presentación de Sancor Salud cuestionó a la Superintendencia de Servicios de Salud. Rechazó que el organismo pueda tener alguna injerencia en la determinación de las cuotas de las empresas. Además, alegó que sus alzas habrían respetado el principio de “razonabilidad”. Informó que el Consejo Directivo de la Mutual habría fijado las cuotas con sustento “en la estructura de costos” y los afiliados habrían sido notificados de ello.
Por otra parte, la presentación de Belocopitt incluyó variables económicas para argumentar que sería “descabellado” devolver el dinero a los afiliados. Describió que las empresas sufrían un “desfasaje previo como consecuencia de políticas económicas restrictivas excesivamente regulatorias”. En este sentido, fuentes del Gobierno habían señalado, con anterioridad a la respuesta judicial de las prepagas, que fueron las propias compañías las que habían acordado dichas políticas con la gestión anterior.
“Notable retraso ”. Así calificó Swiss Medical a la evolución del valor de su cuota en comparación a la inflación. De hecho, Sancor Salud también habló de un “proceso inflacionario” del que los servicios de salud no están exentos. La empresa de Belocopitt adjuntó un cuadro en el que señaló que mientras en los últimos cuatro años la inflación habría acumulado 1147%, el valor de su cuota habría subido 667%. Con estos números, justificó su rechazo a devolver el dinero porque, según su postura, “los aumentos no logran cubrir ese atraso”.
El Gobierno había propuesto que las prepagas devuelvan el dinero entre junio y diciembre, repartido en cuotas iguales. Según describieron varios representantes del sector privado de la salud, las compañías consideran “inviable” el reembolso. La administración de Javier Milei descree esto. Incluso, estimó que las prepagas habrían tenido otro tipo de rédito. Indicaron que antes de la desregulación dictada en el “megadecreto” de diciembre, la norma indicaba que las empresas debían transferir el 90% del dinero recaudado a los prestadores (clínicas, sanatorios, institutos de diagnóstico). Pero luego, según una muestra analizada por el Ejecutivo, “la mayoría” transfirió menos, “casi todas alrededor del 80%”, con pagos a 90 y 120 días, en promedio.
La Justicia, en definitiva, deberá decidir si exigirá a las prepagas que devuelvan el dinero y, a su vez, fijar que sus aumentos no puedan superar al avance de la inflación.
También esta semana el Gobierno había ampliado su cautelar. En la versión original había incluido a OSDE, Swiss Medical, Omint, Galeno, Medicus, Accord Salud, Hospital Italiano, Medifé, Sancor, Medicina Esencial, Prevención Salud, Hominis, Avalian, Federada Salud, SIPSSA, OS Pasteur, Jerárquicos Salud y Met Córdoba. Ahora también sumó a Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Grupo DDM SA y Circulo Médico de Lomas de Zamora.
Más allá de lo que dirima el Juzgado 9° de la Cámara Federal, Civil y Comercial, en mayo un grupo de prepagas debería ajustar el valor de sus cuotas, tal como determinó la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía en medio de un expediente administrativo por supuesta colusión (cartelización). En rigor, el Gobierno obligó a siete empresas a recalcular los valores desde diciembre último con un tope máximo de aumento regido por la inflación. Esto aplica para Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. Según respondieron a las consultas , todavía no definieron cómo recalibrarán sus facturas. En principio, lo dispuesto por el Ejecutivo estará vigente por seis meses.
En el ámbito de la Secretaría de Industria y Comercio, donde se desempeña la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que desarrolla la investigación por supuesta colusión, la Coalición Cívica también amplió la cantidad de prepagas denunciadas. La nueva presentación ante la CNDC solicita una investigación referida al comportamiento que, con respecto a sus precios, adoptaron Medicus, el Hospital Italiano, la Obra Social de Dirección de Sanidad Luis Pasteur, Hominis (Fundación Sanatorio Güemes), Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Accord Salud, Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud, Asociación Mutual Sancor, Prevención Salud.
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Ganancias: extienden un trámite clave a la espera de una ley
Se prorrogará hasta el 31 de mayo la posibilidad de cargar el formulario Siradig correspondiente al año pasado
Silvia Stang
La AFIP prorrogará nuevamente el plazo para que los asalariados y jubilados que en 2023 estuvieron alcanzados por Ganancias completen la declaración llamada Siradig-Trabajador correspondiente a ese año. En ese formulario se informan las deducciones por familiares a cargo o por ciertos gastos, los pagos a cuenta (como las percepciones por compras de moneda extranjera o pagadas en moneda extranjera) y las situaciones de pluriempleo.
La extensión del plazo se hará porque aún no se aprobó en el Congreso la ratificación de modificaciones hechas el año pasado en el esquema impositivo. Si no hay una norma legislativa sobre el tema, al hacerse la liquidación final del impuesto correspondiente a 2023 surgirán saldos a favor del fisco; es decir, muchas personas deberían saldar deudas por Ganancias del año pasado y, por eso, sufrirían descuentos de sus ingresos.
El período habilitado para cargar datos se extenderá hasta el 31 de mayo, según dijeron fuentes cercanas al Gobierno. De la novedad, además, fueron informadas ya las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, según confirmó su presidenta, la contadora Gabriela Russo.
Originalmente, el plazo para completar el Siradig iba a finalizar el 31 de marzo. Pero unos días antes de esa fecha se resolvió extender el período hasta el 30 de abril. Ahora, al seguir la situación igual que entonces (la falta la aprobación de una ley), volverá a disponerse una prórroga.
Más allá de los motivos, al retrasarse la liquidación definitiva del tributo por los ingresos de 2023, también se sigue demorando la devolución de los importes pagados, en concepto de percepciones, en las operaciones de compra de moneda extranjera en el mercado oficial, y de adquisición de bienes y servicios en el exterior o en moneda extranjera. Las compensaciones por los importes retenidos en 2023, en el caso de los asalariados que estuvieron alcanzados por Ganancias, llegarán con los salarios de junio, que se cobrarán en los primeros días de julio. La demora provoca, lógicamente, que los importes pierdan cada vez más poder adquisitivo.
Cuando se estableció la primera extensión del plazo, en los considerandos de la resolución de la AFIP se mencionó una situación sobre la cual se advierte desde hace meses y que sigue igual que a fines de marzo: está pendiente la aprobación de una ley para que algunos de los cambios hechos en Ganancias en 2023 (decididos por el gobierno anterior en el marco de la campaña electoral) no terminen provocando, al hacerse la liquidación definitiva de 2023, deudas de las personas con el fisco.
Concretamente, los decretos 415 y 427 dispusieron que la AFIP actualizarían los valores de una tabla para el cálculo de cuánto descontar de los ingresos en concepto de Ganancias. Esos reajustes fueron hechos, pero no se modificaron los números para determinar el importe del tributo propiamente dicho (más allá de los descuentos de los salarios o de los haberes). Para eso hace falta una ley.
Así, se logró que de los sueldos gravados se descontara mucho menos que antes por Ganancias a quienes siguieron alcanzados tras las últimas subas del piso salarial para tributar, pero no se dispuso la reducción del impuesto, porque para modificar la tabla con ese efecto se requiere la aprobación de una ley. Esa situación deriva en la existencia de saldos a favor del fisco, que se evidenciarían al hacerse la liquidación final del tributo por 2023lapa.
AUTOS: LA AFIP ELIMINÓ EL CETA
La AFIP anunció ayer en un comunicado enviado a los medios que eliminó la utilización del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) exigido para las operaciones de transferencia de vehículos automotores y motovehículos usados, lo que, estimaron, “permite agilizar la operatoria de transferencia e inscripción de dichos bienes, atento a que el organismo cuenta con la información suficiente para asegurar la correcta declaración de los contribuyentes”. Actualmente, el organismo es conducido por Florencia Misrahi.
La AFIP prorrogará nuevamente el plazo para que los asalariados y jubilados que en 2023 estuvieron alcanzados por Ganancias completen la declaración llamada Siradig-Trabajador correspondiente a ese año. En ese formulario se informan las deducciones por familiares a cargo o por ciertos gastos, los pagos a cuenta (como las percepciones por compras de moneda extranjera o pagadas en moneda extranjera) y las situaciones de pluriempleo.
La extensión del plazo se hará porque aún no se aprobó en el Congreso la ratificación de modificaciones hechas el año pasado en el esquema impositivo. Si no hay una norma legislativa sobre el tema, al hacerse la liquidación final del impuesto correspondiente a 2023 surgirán saldos a favor del fisco; es decir, muchas personas deberían saldar deudas por Ganancias del año pasado y, por eso, sufrirían descuentos de sus ingresos.
El período habilitado para cargar datos se extenderá hasta el 31 de mayo, según dijeron fuentes cercanas al Gobierno. De la novedad, además, fueron informadas ya las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, según confirmó su presidenta, la contadora Gabriela Russo.
Originalmente, el plazo para completar el Siradig iba a finalizar el 31 de marzo. Pero unos días antes de esa fecha se resolvió extender el período hasta el 30 de abril. Ahora, al seguir la situación igual que entonces (la falta la aprobación de una ley), volverá a disponerse una prórroga.
Más allá de los motivos, al retrasarse la liquidación definitiva del tributo por los ingresos de 2023, también se sigue demorando la devolución de los importes pagados, en concepto de percepciones, en las operaciones de compra de moneda extranjera en el mercado oficial, y de adquisición de bienes y servicios en el exterior o en moneda extranjera. Las compensaciones por los importes retenidos en 2023, en el caso de los asalariados que estuvieron alcanzados por Ganancias, llegarán con los salarios de junio, que se cobrarán en los primeros días de julio. La demora provoca, lógicamente, que los importes pierdan cada vez más poder adquisitivo.
Cuando se estableció la primera extensión del plazo, en los considerandos de la resolución de la AFIP se mencionó una situación sobre la cual se advierte desde hace meses y que sigue igual que a fines de marzo: está pendiente la aprobación de una ley para que algunos de los cambios hechos en Ganancias en 2023 (decididos por el gobierno anterior en el marco de la campaña electoral) no terminen provocando, al hacerse la liquidación definitiva de 2023, deudas de las personas con el fisco.
Concretamente, los decretos 415 y 427 dispusieron que la AFIP actualizarían los valores de una tabla para el cálculo de cuánto descontar de los ingresos en concepto de Ganancias. Esos reajustes fueron hechos, pero no se modificaron los números para determinar el importe del tributo propiamente dicho (más allá de los descuentos de los salarios o de los haberes). Para eso hace falta una ley.
Así, se logró que de los sueldos gravados se descontara mucho menos que antes por Ganancias a quienes siguieron alcanzados tras las últimas subas del piso salarial para tributar, pero no se dispuso la reducción del impuesto, porque para modificar la tabla con ese efecto se requiere la aprobación de una ley. Esa situación deriva en la existencia de saldos a favor del fisco, que se evidenciarían al hacerse la liquidación final del tributo por 2023lapa.
AUTOS: LA AFIP ELIMINÓ EL CETA
La AFIP anunció ayer en un comunicado enviado a los medios que eliminó la utilización del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) exigido para las operaciones de transferencia de vehículos automotores y motovehículos usados, lo que, estimaron, “permite agilizar la operatoria de transferencia e inscripción de dichos bienes, atento a que el organismo cuenta con la información suficiente para asegurar la correcta declaración de los contribuyentes”. Actualmente, el organismo es conducido por Florencia Misrahi.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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