NARCOTRÁFICO

El traficante que controló la frontera enfrenta el juicio más temido
A 17 años del asesinato de la comerciante Liliana Ledesma y luego de fracasar los intentos de postergar el debate oral, el Patrón del Norte es juzgado como instigador del homicidio

Gustavo CarabajalDelfín Castedo fue detenido en julio de 2016, en Ituzaingó
Durante más de quince años los hermanos Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo Castedo, alias Hula, dominaron el tráfico de cocaína en la frontera entre Salta y Bolivia. Ese poder se cimentó en protección política y judicial y en el miedo que impusieron con los homicidios de aquellos que se atrevieron a denunciarlos.
Una de las víctimas de los líderes de dicha organización delictiva, según la investigación del Ministerio Público de Salta, fue la comerciante Liliana Ledesma, asesinada en septiembre de 2006, en Salvador Mazza. Los hermanos Castedo comenzaron a ser juzgados en los últimos días como presuntos autores intelectuales del homicidio que puso al descubierto los vínculos entre la banda narco y un integrante del poder político de Salta.
Delfín Castedo había sido apresado en julio de 2016 cuando salía de un restaurante situado a pocos metros del cruce del Acceso Oeste y Martín Fierro, en Ituzaingó. De no haber sido por la intervención de los efectivos de la Gendarmería que lo detuvieron en ese momento, el sumario judicial por el homicidio de Ledesma habría prescripto y él narcotraficante hubiera quedado libre de esa acusación.
Con la indagatoria de Castedo se interrumpió el plazo de prescripción y así, los jefes de una de las mayores bandas de narcotraficantes de la Argentina llegaron al juicio oral por el homicidio de la comerciante que los había denunciado.
El Tribunal de Orán que comenzó a juzgar a los hermanos Castedo está integrado por los jueces de la Sala I, Edgardo Laurenci, como presidente; Raúl Fernando López y Claudio Alejandro Parisi, como vocales. En las primeras audiencias se presentaron los lineamientos de la acusación y declararon algunos testigos, entre los que figuraban familiares y amigos de la víctima.
En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la fiscal Claudia Carreras. Mientras que la querella es representada por el abogado David Leiva.
Ambos sospechosos están acusados haber instigado el homiciacusados dio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas y encubrimiento, de Ledesma, quien se había animado a denunciar su presunta complicidad con su principal aliado político, el diputado provincial salteño, Ernesto Aparicio.
Ledesma era la esposa de Gilberto “Gili” Villagómez, un supuesto narco boliviano asesinado de diez balazos en diciembre de 1999. Ledesma denunció que a su esposo lo mataron porque le reclamó una deuda al fallecido diputado provincial Ernesto Aparicio, vinculado con Castedo. La comerciante fue asesinada de siete puñaladas en 2006.
Cuatro años después un tribunal condenó a prisión perpetua a María Gabriela Aparicio, hermana del legislador provincial, y a otros seis imputados por el homicidio de Ledesma. Por este asesinato también fue procesado Hula Castedo, hermano de Delfín.
Este último imputado comparte abogado con Alejandro Maurín, el presidente del Consejo Deliberante de Salvador Mazza, detenido en febrero de 2016, acusado de integrar una banda que llevaba 287 kilos de cocaína.
La droga fue hallada en un camión Mercedes Benz que perteneció al diputado Aparicio, el aliado político de Castedo. Por ese caso fueron condenados el mencionado Maurín, quien le había comprado el camión al fallecido Aparicio.
El inicio del juicio oral contra los hermanos Castedo por su presunta responsabilidad en el homicidio de Ledesma había sido postergado en tres oportunidades, debido a que el abogado que los representa había pedido que los acusados estuvieran presentes en la sala de audiencias. Los señalados jefes del clan Castedo están detenidos en el penal de Ezeiza.
Los integrantes de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán se opusieron al pedido de la defensa de los debido a que resultaba muy peligroso el traslado de los hermanos narco desde el penal federal de Ezeiza hasta la mencionada ciudad salteña, donde no se cuentan con las instalaciones adecuadas para alojar a presos que requieren de máxima seguridad.
Por ese motivo, los jueces habían ordenado que los acusados participen del debate a través de algunas de las plataformas telemáticas. Pero la defensa presentó tres recursos ante dicha resolución. Aunque hace dos meses, la decisión del Tribunal de Juicio quedó firme y el debate comenzó con los acusados en la cárcel federal de Ezeiza.
Dominio territorial
Hasta julio de 2016, Delfín Castedo era un fantasma al que le adjudicaban ser propietario de más de 60.000 hectáreas en la frontera caliente del narcotráfico, tanto en la Argentina y como en Bolivia, que le permitían cruzar miles de kilos de cocaína sin control.
Castedo dominó el tráfico de drogas y construyó un imperio que lo llevó a convertirse en el narcotraficante más importante de la Argentina y en el mayor proveedor de droga de las principales organizaciones criminales de Rosario, del Gran Buenos Aires y en el extranjero. Los investigadores afirman que sus cargamentos llevan como marca personal un relieve con la figura de un delfín.
Para la Justicia federal, el clan Castedo, llegó a mandar 4000 kilos de cocaína por mes a Europa. Castedo supo ganarse el miedo de aquellos que podían delatarlo. Solo unos pocos colaboradores cercanos conocían su rostro, pero todos los vecinos de la fronteriza ciudad de Salvador Mazza, en Salta, le temían.
La expansión de la organización criminal por la que fue, finalmente, condenado en diciembre pasado, sustentó el alias con el que era conocido Delfín Castedo: el Patrón del Norte.
Si eventualmente, al final del juicio oral por el homicidio de Ledesma, el Tribunal de Juicio de Orán, dictara un veredicto condenatorio, sería la segunda sentencia en su contra que recibiría Delfín Castedo. En diciembre pasado el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta lo condenó a 16 años de cárcel como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de dicha actividad.
La investigación que terminó con la condena por tráfico de drogas contra Castedo y su clan había sido impulsada por los fiscales federales José Luis Bruno, Eduardo Villalba y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Salta, Federico Santiago Díaz, Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz también condenaron a Raúl Hula Castedo, supuesto encargado de conseguir cocaína en Santa Cruz de la Sierra– y al martillero público Eduardo Torino a nueve años de prisión como miembros de la asociación ilícita.

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NARCOTRÁFICO, MUERTE DE UNA MULA EN SALTA Y DOS INTENTOS DE TRÁFICO

Drogas: solo el 8% de las causas llega a juicio
Se abren más casos por tenencia que por comercialización

Daniel GalloSe abrieron en Buenos Aires 71.447 expedientes por drogas en 2021, pero se descartó la mayoría
En Buenos Aires se anulan antes de llegar a juicio el 92% de los casos que se inician por drogas. Ocho de cada diez expedientes se cierran, directamente, por errores procesales, según datos del Ministerio Público Fiscal bonaerense. A nivel federal, la tendencia estadística marca que, en 2022, los casos por tenencia para consumo personal alcanzaron 47% de las causas en todo el país, mientras que solo 34% fue por venta de drogas.
El poder de fuego narco se expone cada vez más en Rosario. Y en el conurbano también. Sin embargo, ese crecimiento visible de la violencia alrededor de la venta minorista de drogas no parece encontrar una reacción gubernamental para contener y hacer retroceder esa amenaza social. Todo lo contrario. Por más que se eleven los números de operativos y arrestos, las cifras oficiales muestran una realidad: involuciona la lucha contra el narcomenudeo, ese segmento delictivo que importa a los vecinos porque no se trata de empresas fantasmas de contrabando, sino bandas criminales que están arraigadas en barrios. Los procedimientos apuntan más a los consumidores que a los vendedores y la mayoría de las causas quedan sin resolución.
En Buenos Aires, por ejemplo, solo llega a juicio el ocho por ciento de los expedientes abiertos por infracciones a la ley 23.737.
Es un número demasiado grande de causas el que queda en el camino. Según la información del Ministerio Público Fiscal bonaerense, en ese distrito se abrieron 71.447 casos en 2021 por delitos vinculados con drogas. El 56 por ciento de esas investigaciones fueron por comercialización de sustancias prohibidas. Esa provincia fue la primera en adherir a la ley de desfederalización parcial de la lucha contra el narcotráfico –promulgada en 2005 por impulso de Buenos Aires–, por lo que sus tribunales y su policía tienen jurisdicción para tratar la venta minorista de drogas. El llamado narcomenudeo, ya consignado. Pero los allanamientos y arrestos no derivan en condenas. Y el circuito narco sigue intacto.
De esas 71.447 investigaciones, el 80 por ciento se archivó por el artículo 268 del Código Procesal bonaerense. “La Investigación Penal Preparatoria podrá ser iniciada por denuncia, por el Ministerio Público Fiscal o por la policía. Cuando la inicie el Ministerio Público Fiscal, contará con la colaboración de la policía, la cual deberá cumplir las órdenes que aquel le imparta. Si la investigación comenzara por iniciativa de la policía, esta comunicará al fiscal actuante, quien ejercerá el control e impartirá instrucciones. En caso que a juicio del fiscal no hubiere prueba suficiente sobre la existencia del hecho o la autoría de él, podrá proceder al archivo de las actuaciones”, se define en ese artículo. Y eso ocurre con ocho de cada diez causas, no solo se frenan los procesos, sino que directamente se dejan de investigar por el riesgo de que el caso quede anulado en un juicio por pruebas mal recolectadas por la policía en el comienzo de la instrucción.
Otro 12 por ciento de las causas iniciadas por la Justicia bonaerense queda bloqueado por desestimarse la denuncia. Solo avanza el ocho por ciento. Por eso también se mantiene casi fija la cantidad de detenidos por delitos vinculados a las drogas. Hace años que esa cifra en Buenos Aires ronda los 7500 internos. Lo que no es poco. Tampoco mucho.
En comparación, habría que considerar que la Justicia Federal imputó en los últimos cinco años a 51.852 personas por infracciones a la ley 23.737. Esa cifra corresponde a los datos de todo el país, sin contar los procesamientos dictados por los tribunales provinciales donde rige la desfederalización de la ley de drogas, situación en la que están el ya consignado caso de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Salta, Santiago del Estero y Córdoba. Esos 51.852 acusados representan una cifra alta si se mira el número aislado. En contexto, la realidad vuelve a ser diferente.
El 61 por ciento de esos 51.852 imputados en todo el país en causas de drogas entre 2018 y 2022 no llegará a un juicio, ya que se trata de personas acusadas por la tenencia de cantidades de drogas ilegales que avala la presunción de que correspondería a un consumo personal. Y esa situación no es penalizada. Así lo definió la Corte Suprema en el llamado fallo Arriola. Pero no puede un policía en la calle tomar esa decisión, así que ante la presencia de sustancias ilícitas, se decomisa la droga y se abre un proceso penal contra el infractor. El caso no prosperará al apelarse a la decisión de despenalizar la tenencia para consumo personal tomada por el máximo tribunal en 2009. Sin embargo, la tendencia estadística señala que aumentan los casos de intervención judicial por consumo personal y bajan los expedientes por venta de drogas.
La tenencia de drogas para consumo personal fue despenalizada por la Corte Suprema en una causa que se inició en enero de 2006 en Rosario, con el arresto de consumidores de drogas, que portaban pocos cigarrillos caseros armados con marihuana. Fue llamado fallo Arriola por su carátula, pero esa investigación tuvo en su origen arrestos y decomisos de drogas tanto de vendedores como de compradores. Los consumidores condenados en primera instancia apelaron el fallo. Y lograron revertir la sentencia. Por entonces, la violencia del narcomenudeo aún no golpeaba con récord de muertes en Rosario. Los asesinatos treparon en estos 17 años y las bandas narco alcanzaron en esa ciudad un nivel alarmante. Pero poco cambió a nivel judicial. Aún tiene más peso la persecución a los consumidores.
El 55 por ciento de las causas que se iniciaron por drogas en la Justicia Federal de Rosario en 2022 fueron por tenencia simple y para consumo personal. Son 1434 expedientes judiciales que no tendrán ningún destino en el fuero penal. Situaciones similares se observan en el comportamiento de tribunales federales en todo el país. La involución es visible en los datos oficiales.
Involución estadística
En 2018 la Justicia Federal abrió 18.832 expedientes vinculados con infracciones a la ley 23.737. El 55 por ciento fue por casos de comercialización de drogas y el 35 por ciento por casos de tenencia para consumo personal. Otro 10 por ciento es una mezcla de infracciones, especialmente tenencia simple. El peso estadístico de casos de venta se desinfla desde ese momento hasta llegar al 34 por ciento establecido en 2022. En cambio, la proporción de causas contra consumidores crece hasta llegar al actual 47 por ciento del total de los casos por la ley de drogas.
Solo en 2017 se había logrado que las causas contra el narcomenudeo (11.373 expedientes) duplicasen los casos abiertos por tenencia para consumo (5501); las cifras actuales, en cambio, parecen volver al nivel de 2011, cuando los 9686 procedimientos por tenencia para consumo personal superaban a las 7912 investigaciones por venta o tráfico de drogas.
Los datos parecerían evidenciar que nada cambió en la persecución penal del narcomenudeo, pese al aumento del volumen de la venta de drogas que se visualiza con claridad en los datos oficiales de consumo de sustancias psicoactivas: se duplicó el consumo de cocaína entre 2010 y 2017, período en el que se triplicó el consumo adolescente de marihuana, según definieron las encuestas nacionales realizadas por la Sedronar.
El foco del aparato de prevención de seguridad parece colocado en la interceptación de la tenencia para consumo personal. Una situación que, como se consignó, no llegará a un juicio por tratarse de una conducta despenalizada.
Uno de los problemas que se visualizan a partir de los datos judiciales tiene que ver con un vacío legal para definir los casos de tenencia para consumo personal. Nada lo define. Solo el criterio de cada fiscal o juez. Y eso puede ser un riesgo. Nada bueno puede salir de leyes que dejan en manos de subjetividad personal a bandas que obtienen $10.000.000 cada día por la venta de drogas. Así lo estableció la investigación contra el narco conocido como Chaki Chan, que se hace llamar el Patrón de La Matanza. La ley 23.737 no define qué peso o cantidad debe ser considerado como tenencia para consumo personal.
Vacíos legales, causas que se archivan por fallos procesales, foco puesto en los consumidores, la arquitectura antidrogas en la Argentina construyó un fuerte que se desmorona nada más que con una piedra.

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Juzgan a un remisero por la muerte de una “mula” del narcotráfico
La mujer murió al romperse una de las 74 cápsulas con cocaína que había ingerido para ser utilizada como transporte humano de algo menos de un kilo de esa sustancia
Ministerio Público Fiscal....La fiscalía solicitó que el imputado por descartar el cuerpo de la víctima sea considerado coautor de homicidio
Murió en una casa de Salta luego de largas horas en las que, atravesada por el dolor físico, el miedo y la desesperanza, sufría por todo lo que podría ser y ya no sería, y le escribía a su hija mensajes de texto para despedirse y darle “consejos” para continuar su vida sin ella. Joven, y pobre, la mujer se había transformado en un mero instrumento del narcotráfico, una “mula”, un ser humano fungible a cambio de una suma ínfima para un negocio millonario. Había ingerido 74 cápsulas, cada una con unos 10 gramos de cocaína; una de ellas estalló en su estómago, con un efecto devastador, letal cuando la atención no es inmediata y en un centro especializado. Eso, efectivamente, fue lo que pasó: quienes la habían contratado para que transportara la droga en sus entrañas ni siquiera la llevaron a un hospital. E incluso le negaron un final mínimamente digno: los narcos que la habían usado desecharon su cadáver a la vera de una ruta.
Hace poco más de un año ocurrió este caso, una tragedia más como consecuencia del narcotráfico, con varios cabos que siguen sueltos. Ahora, la Justicia Federal envió a juicio oral a Andrés Ángel Gutiérrez, el remisero que trasladó a la víctima a la casa en la que la atrapó la muerte y, luego, llevó su cuerpo hasta el lugar donde fue abandonado.
Sigue prófuga la mujer que había cooptado a la víctima y tampoco se determinó quién era el proveedor del estupefaciente o quién lo recibiría para su posterior distribución.
“Esta mujer tiene un nombre, tenía una madre y también una hija, la cual esperaba por su mamá y que, lejos de verla llegar, solo recibió de ella sus últimos consejos a través de mensajes por el celular”, resaltó el fiscal general Eduardo José Villalba, de la Procuraduría de narcocriminalidad del noroeste Argentino (Procunar noa), según reveló el Ministerio Público en su portal informativo.
Villalba, con el acompañamiento de los auxiliares Mariana Gamba cremaschi y Jorge Viltes Monier, mostró una foto del hallazgo del cadáver de la víctima y afirmó que ese era “el final de la historia del delito de tráfico de estupefacientes, el que riñe con la dignidad humana, como en este caso, en el que la mujer aparece instrumentalizada para transportar cápsulas de cocaína en el interior de su cuerpo”.
luego, consideró que Gutiérrez debía responder ante la Justicia como coautor de “homicidio agravado criminis causae [para ocultar otro delito] en concurso real con encubrimiento de transporte de estupefacientes” o, alternativamente, por el delito de encubrimiento agravado.
El juez federal de Revisión luis Renato Rabbi Baldi cabanillas firmó el auto de elevación a juicio.
En la audiencia de control de Acusación, la Procunar noa detalló que el 21 de junio de 2022, a las 8.44, fue encontrado el cuerpo de la víctima a la vera de la ruta provincial 26. Explicó que la mujer había muerto como consecuencia de la apertura de una de las 74 cápsulas que tenía en sus entrañas, el equivalente a 749 gramos de cocaína. Villalba resaltó que, ante el derrame de una dosis masiva de cocaína en el interior de su organismo, que requería atención especializada y urgentísima, “la víctima no fue llevada siquiera a un hospital, ya que murió en una casa por el estallido de esas cápsulas y que su cuerpo fue arrojado a la ruta para ocultar el delito”.
Villalba sostuvo que “la víctima, por su estado de vulnerabilidad, era utilizada por otra mujer (actualmente prófuga) para traer la droga desde la localidad fronteriza de Profesor Salvador Mazza hasta Salta capital y, luego, a la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña”.
El mortal recorrido
De la investigación fiscal surge que “el 19 de junio de 2022 ambas estaban camino a chaco cuando en la localidad de Metán la víctima comenzó a sentirse mal, lo que habría llevado a que desistieran de seguir con el viaje”.
En ese contexto, la encargada del traslado llamó a Gutiérrez para que fuera a buscarlas a la localidad de General Güemes, a unos 100 kilómetros de distancia. Pero finalmente el punto de encuentro fue la terminal de ómnibus de Salta. A las 23.25 del 19 de junio de 2022, el remisero llevó a su jefa y a la mujer que se retorcía de dolor a una casa alquilada en el macrocentro de la capital provincial. Parte de esos movimientos pudieron ser reconstruidos a partir de imágenes de las cámaras del centro de Video vigilancia de la Policía de Salta.luego –según los investigadores–, Gutiérrez partió para cumplir otro encargo de su jefa: buscar a una persona que debía prestarle asistencia a la “mula” en riesgo de vida.
Esa persona, en cuanto llegó al refugio, advirtió que la situación era crítica y dijo que debían llevar a la paciente a un hospital. Eso no pasó. la mañana siguiente, la mujer murió como consecuencia de la sobredosis masiva e irreversible.
Poco después, su cuerpo exánime fue arrojado a la vera de la ruta 26, que une el estadio Padre Ernesto Martearena y la localidad de El ceibalito, al sur de la capital de la provincia.

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Detectaron en Ezeiza dos intentos de tráfico de cocaína
Se trata de mujeres que tenían previsto viajar a Europa y que llevaban la droga dentro de sus cuerpos

Gabriel Di Nicola
A. S. F. llegó al Aeropuerto internacional de Ezeiza para viajar a Barcelona, España, en un vuelo de la línea aérea level. Pero nunca llegó a subirse al avión. cuando estaba por embarcar fue entrevistada por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). la joven, de 20 años y domiciliada en el barrio de Villa del Parque, respondió de forma “incongruente” y “dubitativa”. Poco después quedaría internada y detenida: las imágenes del escáner de rayos X revelaron la “presencia de cuerpos extraños en el organismo”. Ella misma confesó que llevaba “un paquete introducido por vía vaginal”. Eran 78 cápsulas con cocaína. la chica era, efectivamente, una “mula” de una banda narco.
la secuencia ocurrió el sábado 29 de julio. la joven estuvo varios días internada en el Hospital Zonal General de Agudos Doctor Alberto Antranik Eurnekian, de Ezeiza, hasta que pudo evacuar todas las cápsulas.
luego fue trasladada por la PSA a los tribunales de la Avenida de los inmigrantes 1950, en Retiro, para prestar declaración indagatoria ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. En el expediente, el Ministerio Público está representado por el fiscal Emilio Guerberoff. “la joven se negó a declarar. También se negó a aportar la clave de su teléfono celular, un iphone de Apple”, dijo a la nacion una fuente judicial.
Según fuentes de la investigación, todo comenzó el sábado 29 de julio, a las 9.13 en el hall público de la Terminal A del Aeropuerto internacional de Ezeiza cuando uniformados de la PSA, junto con personal de la Dirección General de Aduanas (DGA), se acercaron a una pasajera que estaba por embarcar en el vuelo ib 2602 con destino a Barcelona, España.
la pasajera, una joven que hasta su detención vivía en Villa del Parque y que cumplió 20 años en abril pasado, respondió de forma “dubitativa” las consultas de los uniformados y del personal aduanero.
“Se decidió convocar a dos testigos y se le realizó un control corporal, no invasivo, mediante un equipo de rayos x denominado Body Scan. El operador del equipo técnico visualizó una imagen dudosa en cuanto a la posible presencia de cuerpos extraños en el organismo”, explicó a la nacion una fuente de la investigación.
Ese aparato fue usado nuevamente anteayer para detectar a otras dos “mulas”, que habían ingerido cápsulas con 946 gramos de cocaína y 823 gramos de esa sustancia, respectivamente. Ambas mujeres tenían pasajes para volar a Roma, en el vuelo de iberia 6844. Esa causa quedó en manos del juez penal en lo económico Juan Pedro Galván Greenway.
Pero en el caso de la “mula” detectada el 29 de julio, la imagen del Body Scan no fue clara, por lo que la PSA se comunicó con funcionarios del Juzgado en lo Penal Económico n° 6, a cargo del juez Aguinsky, que estaba de turno hasta el lunes pasado. “El juez Aguinsky dispuso que se realizara una requisa sobre la pasajera, detectándose que presentaba, en su zona genital interna [sic], elementos extraños, manifestando espontáneamente, que transportaba un paquete introducido vía vaginal”.
los informantes agregaron que “en el hospital los médicos confirmaron la presencia de cuerpos extraños introducidos vía vaginal y en el sistema digestivo de la pasajera”.
Sorpresa familiar
Tras la detención de la “mula”, el juez Aguinsky ordenó un allanamiento en la casa de la sospechosa, en Villa del Parque. El procedimiento tuvo resultado negativo, no se pudo hallar nada de importancia para la investigación. “la familia de la imputada se enteró de que la joven estaba detenida cuando la PSA llegó al domicilio. Pensaban que estaba en vuelo hacia Barcelona”, dijo a la nacion una calificada fuente de la causa.
Aguinsky, con casi 30 años de experiencia en el fuero en lo penal económico, tuvo varias causas que comenzaron con la detención de una “mula” y terminaron con la identificación de los eslabones superiores de las organizaciones criminales. Así pasó en el expediente que comenzó en junio de 2015 cuando la PSA detuvo a cinco “mulas” en Ezeiza. los sospechosos estaban por abordar el vuelo UX 042 de Air Europa a España. llevaban entre todos cuatro kilos de cocaína. En ese expediente, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal María Gabriela Ruiz Morales.
los funcionarios judiciales y los detectives de la PSA no se conformaron con la detención de las “mulas”: durante diez meses tejieron una paciente investigación y, en marzo de 2018, el Tribunal oral en lo Penal Económico (TOPE) n° 3, integrado por los magistrados luis losada, Karina Perilli y luis imas, condenó a diez sospechosos, entre ellos, al ciudadano mexicano Rodrigo Pozas iturbe, como integrantes de una asociación ilícita transnacional que traficaba cocaína a Europa.

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NARCOTRÁFICO

La mayoría de las causas de drogas en Rosario tiene que ver con el consumo personal
El 55 por ciento de los expedientes iniciados el año pasado en la Justicia Federal no tendrá otro destino que el archivo, ya que se trata de una tenencia despenalizada
Germán de los SantosPocas causas apuntan en Rosario a vendedores de drogas
ROSARIO.– El 55 por ciento de las causas de drogas que se iniciaron en la Justicia Federal de Rosario en 2022 fueron por tenencia simple y para consumo personal. Son 1434 expedientes judiciales que no tendrán ningún destino en el fuero penal, pero que sirven para alimentar las estadísticas de los operativos de seguridad. De las 2604 causas que se abrieron por sustancias psicoactivas ilegales, el 41 por ciento es por el artículo 5 de la ley 23.337 que penaliza “el comercio o la tenencia para la comercialización”.
El 62 por ciento de esas causas se abrieron por intervención de las fuerzas federales en Rosario, donde desde abril de 2014 en ocho oportunidades se reforzó el accionar con agentes de Gendarmería. Solo el 15 por ciento de esos expedientes se originó por operativos de la policía santafesina. El 63 por ciento de las causas que engloba la tenencia se gestó a partir de “operativos de prevención”. Es decir, en la calle.
Como en la provincia de Santa Fe no está desfederalizada la lucha contra el narcomenudeo, algo que ocurre en ambos distritos de la región metropolitana, la Justicia Federal de Rosario absorbe en su mayoría causas menores, donde no hay un futuro en la investigación criminal si no se profundiza en la cadena de comercialización. Ocurrió que en causas que comenzaron con un operativo contra un búnker de venta de cocaína, luego se avanzó hacia arriba en la cadena de comercialización y esa investigación terminó con la detención de Delfín Zacarías en 2013, con una de las mayores cocinas de cocaína del país. Pero son excepciones a la regla.
La contracara de esta situación es que en la Justicia Federal de Rosario no hay una sola condena por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Recién esta semana comenzará el primer juicio, que será, justamente, contra el narco Delfín Zacarías, condenado en 2018 a 16 años de prisión por la fabricación de cocaína y el tráfico de esa sustancia.
Hasta esta semana, cuando se designaron 27 cargos para fiscales auxiliares en Santa Fe, de los cuales 15 estarán destinados a Rosario –os nuevos representantes del Ministerio Público ocuparán sus puestos desde el próximo 1° de agosto–, el panorama era desolador en la Justicia Federal. Solo existen tres fiscalías para investigar una cantidad de causas que aumentan en promedio por año un 16 por ciento, según datos de la Procuración General de la Nación.
Según se desprende de la información oficial publicada por el Consejo de la Magistratura, de los 28 cargos de jueces federales de la jurisdicción actualmente hay dos jueces federales cuyo nombramiento depende de que el Presidente envíe a su candidato al Senado, para que la Cámara alta analice darle acuerdo, y otros cuatro jueces federales cuyos pliegos fueron enviados al Senado y nunca fueron tratados. Además, hay otras tres vacantes, cuyos concursos se están tramitando en el Consejo de la Magistratura.
La tendencia de 2022, último dato estadístico del Ministerio Público, es probable que se revierta en 2023, porque la acción de las fuerzas federales a partir de ese año fue más intensa con respecto al secuestro de volúmenes más importantes de droga.
Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre enero y abril de este año se secuestraron en Rosario 470 kilos de cocaína.
Esa cantidad de estupefaciente incautado en cuatro meses supera a lo que se secuestró en todo 2021, cuando la cantidad de droga confiscada llegó a 416 kilos.
Rosario, de acuerdo con los datos aportados por la cartera de Seguridad de la Nación, absorbe el 97 por ciento de los del total de sustancias prohibidas incautadas en la provincia de Santa Fe, lo que marca que el foco de las investigaciones se puso en esta ciudad, atravesada por una violencia endémica. Los datos sirven para mostrar cómo se mueve este mercado clandestino, que está regido por una violencia endémica que provocó que en el 2022 la cifra de homicidios batiera un récord y alcanzara los 288 asesinatos. La mayoría de la droga secuestrada, por el relevamiento que hizo 
pertenece a distintos eslabones cion de la banda Los Monos.
El 18 de marzo se secuestraron 22 kilos de cocaína a un miembro de la banda Los Monos, que operaba en la provincia de Buenos Aires. La investigación, iniciada ocho meses antes, se precipitó al advertir los pesquisas que la banda tenía planeado transportar un cargamento de droga desde Buenos Aires a Rosario, a través de dos autos. Los vehículos, un Ford Focus y un Toyota Etios, fueron interceptados en la autopista Buenos Aires-Rosario a la altura de la localidad de Ramallo con 22 kilos de cocaína y sus cuatro ocupantes quedaron detenidos.
De acuerdo com la investigación, la banda era conducida por Leo Rey, quien “ejercía la regencia de distribución de estupefacientes en el barrio de Vía Honda, dominado por Máximo Cantero, alias El Viejo, padre del líder de Los Monos.
La estadística de los últimos tres años tiene una particularidad para realizar la comparación entre los distintos periodos. El año en que más droga se secuestró fue 2022. Ese año la estadística “se rompe” con el secuestro el 26 de agosto de ese año de casi 1600 kilos de cocaína que estaban acopiados en un galpón en Empalme Graneros, camuflados en bolsones de soja procesada que iba a ser embarcada en Terminal Puerto Rosario y tenía como destino final Dubái.
La conexión internacional
En la investigación se detectó que la organización que operaba ese cargamento era internacional, con sede en Colombia. A fines de mayo pasado fue detenido en España Álvaro Antonio Ramírez Duque, un hombre de 56 años de nacionalidad colombiana, acusado de ser el líder de una organización narco que quiso enviar ese cargamento de 1600 kilos de cocaína de Rosario a Dubái en agosto de 2022. Antes había sido apresado en Dubái Gabriel Jaime Londoño Rojas, otro miembro de esta banda que usaba a Rosario como plataforma de salida de la cocaína, de la cual se desconoce su origen.
La tendencia que aportan las estadísticas sobre el tipo de persecución penal en el fuero federal cambió a lo largo de la última década. Por ejemplo, en 2013, año que podría establecerse como un mojón en lo que se denomina la guerra narco en Rosario –ese año se cometieron 264 homicidios, que fueron superados pro primera vez por los 288 asesinatos registrados durante 2022– se abrieron en Rosario 1437 causas por estupefacientes. El 23 por ciento fue por el artículo 14. Es decir, por tenencia para consumo personal, mientras que un 78 por ciento fue por comercialización.
La tenencia de drogas para consumo personal fue despenalizada por la Corte Suprema en el llamado fallo Arriola, causa que se inició en enero de 2016 en esta ciudad, con el arresto de consumidores de drogas, que portaban pocos cigarrillos caseros armados con marihuana.
A pesar de que en 2014 desembarcaron en Rosario 3400 gendarmes en el marco del operativo liderado por Sergio Berni la cantidad de causas no subió. Se abrieron entre enero de ese año y 2015 1411 expedientes por drogas, de las cuales el 78 por ciento fue por comercio o tenencia. Y el 18 por ciento fue solo por tenencia.
Durante la gestión de Patricia Bullrich, cuando se produjo el arribo de un nuevo contingente de fuerzas federales, tras las masivas marchas de lo que se denominó Rosario Sangra, tampoco se aprecia en las estadísticas un incremento de las causas judiciales por drogas. Entre enero de 2017 y 2018, cuando se produjo una pequeña baja de los homicidios en Rosario de 180 en 2015 a 162 al año siguiente, se originaron en el fuero federal 1397 causas por drogas. De ese total, el mayor número fue por comercio y tenencia: el 83 por ciento.ß
El 63 por ciento de los casos se abrieron a partir de operativos de prevención callejeros
La participación de la policía provincial frente al delito de la venta de sustancias psicoactivas ilegales es limitada, ya que solo alcanza al 15 por ciento de las causas

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NARCOTRÁFICO

Un peruano controlaba desde el penal de Ezeiza el envío de drogas a Rosario y el conurbano
narcotráfico. El piloto de avión Julio Rodríguez Granthon, detenido hace cuatro años, manejaba la organización desde su celda a través de celulares que cambiaba cada 15 días
Germán de los SantosEl organigrama de la banda del peruano Rodríguez Granthon
ROSARIO.– Desde la cárcel federal de Ezeiza, el narco y expiloto de aviación peruano Julio Rodríguez Granthon controla los sofisticados engranajes de una maquinaria de lavado de dinero y de tráfico de drogas que excede el mapa santafesino, ya que se detectaron contactos con Corrientes y el conurbano.
A partir del secuestro de 567 kilos de marihuana, en los que se identificó a Ricardo Piris, yerno del exintendente de Itatí Roger Terán, como uno de los proveedores de cannabis proveniente de Paraguay, una investigación encabezada por fiscales federales de Rosario y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) logró identificar cómo funcionaba la organización liderada desde el penal federal a través de comunicaciones que mantenía con los miembros de la banda por medio de celulares que cambiaba cada 15 días, para evitar indiscreciones.
Rodríguez Granthon, expiloto de aviación nacido en Callao, Perú, creció de manera vertiginosa en los últimos tres años desde las prisiones en las que estuvo alojado, entre ellas Piñero, en Santa Fe, y Marcos Paz y Ezeiza, penales federales situados en la provincia de Buenos Aires.
El Peruano, que fue proveedor de Los Monos y tuvo negocios con el archirrival de los Cantero, Esteban Lindor Alvarado, ya fue condenado dos veces y está acusado de haber participado del asesinato del exconcejal Eduardo Trasante.
A pesar de las sentencias y las investigaciones en contra de Rodríguez Granthon, se comprueba que su red criminal y económica sigue funcionando intacta.
Según señalaron fuentes judiciales, la investigación comenzó en agosto de 2022, cuando llegaron a las autoridades informaciones que indicaban que un preso en Ezeiza que tenía “protección de la policía de Santa Fe” traficaba “merca” y usaba en la prisión celulares “que cambia cada 15 días”.
En una requisa en Ezeiza se incautó en la celda de Rodríguez Granthon un teléfono móvil que aportó información sobre los movimientos de la organización. El 29 de mayo pasado, en un galpón de la localidad de Funes, en las afueras de Rosario, se secuestraron 567 kilos de marihuana; hasta allí los había transportado Ricardo Piris, quien ya había sido condenado en el marco de la megacausa de la “narcopolítica” que se centró en la actividad de tráfico en Itatí, donde su suegro fue intendente.
A partir de la “caída” de este cargamento, la investigación profundizó los lazos y develó las maniobras que orquestaba Rodríguez Granthon desde la cárcel de Ezeiza.
Uno de los nexos más importantes del narco peruano con el exterior estaba en La Reja, Moreno; en esa localidad bonaerense vivía Facundo Pérez, alias Jirafa, uno de los principales alfiles de Rodríguez Granthon, que se habría encargado de la distribución de la droga y de operaciones de lavado de dinero.
En las últimas horas, la Policía Federal arrestó a 12 sospechosos, entre ellos, al Jirafa, que se ocultaba en una quinta alquilada hace tres meses.
Calificadas fuentes de la Federal situaron a Pérez como mano derecha de Rodríguez Granthon y lo definieron como el “máximo encargado de la organización en el exterior, quien daba órdenes para la entrega de drogas y las cobranzas y quien llevaba las cuentas” de la empresa criminal.
De la investigación participó un grupo de elite del Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, a cargo del comisario inspector Pablo Carcacci, quien ayer, junto con el jefe de la fuerza, comisario general Juan Carlos Hernández, y el comisario general Alejandro Ñamandú, que conduce la Superintendencia de Investigaciones Federales, dieron, en una conferencia de prensa, detalles de los operativos que terminaron con las detenciones de los sospechosos.
Los federales destacaron el trabajo del fiscal federal de Rosario Claudio Kishimoto y el fiscal federal Diego Iglesias, de la Procunar.
Además del Jirafa Pérez, fue detenido un venezolano al que definieron como el “financista” de la organización criminal desbaratada.
Eufemismos
En la causa se estableció que esta banda había trasladado un cargamento de 200 kilos de cocaína que tenía como destino la ciudad de Rosario y el Gran Buenos Aires, donde la droga se distribuía entre diferentes facciones de otros grupos narco. Este cargamento habría arribado a la Argentina en julio del año pasado, y los investigadores advirtieron que, en ese momento, en las comunicaciones telefónicas, los miembros de la organización hacían referencia a la llegada de “200 pollos”.
Según consta en la causa, el 7 de julio del año pasado, desde el penal de Ezeiza, Rodríguez Granthon le indicó a Pérez el cronograma de reparto de la droga. Le envió una foto de una lista donde figuraban “50 Toro, 40 Rodrigo, 30 Reina, 15 Marta, Mario 10, Fede 10, Chulo 10”.
Camiones, casas y bulones
Otro punto importante de la investigación está relacionado con el dinero proveniente del narcotráfico que se usa para camuflarlo a través de actividades lícitas. Pero, además, un capítulo importante es cómo este grupo criminal obtenía dólares para adquirir la droga que luego comercializaba.
En este capítulo aparecen como un engranaje clave las maniobras que realiza Noel Ramos, quien posee “una tarea primordial”: comprar dólares blue para adquirir la droga que viene del extranjero. En noviembre de 2021, Rodríguez Granthon fue procesado en una causa por narcotráfico en Rosario, donde se descubrió que este narco, cada semana, compraba el equivalente en dólares de unos 32 millones de pesos en una “cueva” financiera manejada por Gustavo Shanahan, expresidente de Terminal Puerto de Rosario.
También se detectó, en esta nueva investigación, que Rodríguez Granthon tenía una red de lavado de dinero que incluía la compra de camiones para una empresa de transporte que maneja su familia y de propiedades en ciudades cercanas a Rosario, como Alvear, Roldán y Funes. Llamó la atención que las actividades de blanqueo se enfocaran en el rubro ferretería.
Rodríguez Granthon apareció como un jefe narco de importancia en el mapa narco de Rosario hace cuatro años, tras el operativo Coronas Blancas, que era el sello que tenían los panes de cocaína que el narcoaviador había ingresado al país.
El Peruano era, entonces, proveedor de cocaína de Ariel “Guille” Cantero y de su padre, Máximo, El Viejo, líderes de Los Monos.
Desde la cárcel de Piñero, donde estaba preso en ese momento –luego fue trasladado a Marcos Paz y después a Ezeiza–, impartía órdenes para que sus socios distribuyeran cocaína en varias zonas de Rosario. Entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019 el grupo sufrió un fuerte golpe luego de que efectivos de la División Antidrogas Rosario de la Federal realizaran múltiples allanamientos y detuvieran a siete personas, a las que les secuestraron 15 kilos de cocaína y mucho dinero: 5 millones de pesos y más de 100.000 dólares. Esa era la cantidad de droga que se distribuía por semana en Rosario, según los investigadores.
Aunque, en el juicio, el fiscal federal Federico Reynares Solari mencionó la conexión entre el Peruano y Guille Cantero, la causa se conoció como “expediente Manrresa”. Es que uno de los condenados fue Claudio Manrresa, un licenciado en Seguridad e Higiene de 49 años señalado como uno de los colaboradores de Eric Masini, el proveedor de la cocaína. El Tribunal Oral Federal 3 condenó en agosto de 2021 a 12 años de prisión al Peruano como organizador del tráfico de droga.
El otro hecho en el que Rodríguez Granthon está acusado es el crimen del exconcejal Transante. Se cree que el Peruano planeó el crimen desde el pabellón Nº 9 de la Unidad Penal Nº 11. La fiscalía de Rosario pidió que lo condenen a prisión perpetua.
El exedil, que era pastor evangélico, fue ejecutado el 14 de julio de 2020; dos sicarios entraron en su casa y le dispararon en una mano y en la cabeza delante de Carolina Leones, pareja de la víctima.
Trasante fue elegido concejal en 2017; se había convertido en un referente social al reclamar justicia por los crímenes de dos de sus hijos. Jeremías fue asesinado junto a dos amigos –Claudio Suárez, y Adrián Rodríguez– el 1º de enero de 2012, por miembros de una banda narco liderada por Sergio Rodríguez, que fue condenado a 32 años de prisión. El 2 de febrero de 2014 fue asesinado Jairo, de 17 años, otro hijo del pastor, a la salida de un boliche.
A fines de 2018, Trasante renunció a su banca por un problema de supuesta violencia de género, aunque nunca quedó claro qué ocurrió. Por su historia relacionada con la búsqueda de justicia por la muerte violenta de sus dos hijos, el crimen del exedil provocó conmoción en Rosario, pero hasta ahora no se sabe cuál fue el móvil del crimen
El secuestro de 567 kilos de cannabis, en mayo pasado, develó las maniobras
La Policía Federal arrestó a 12 sospechosos, entre ellos, al Jirafa Pérez
La banda habló de la llegada de “200 pollos” para referirse a 200 kilos de cocaína

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NARCOTRÁFICO

Viaje, música y narcotráfico: cinco años de cárcel para el DJ austríaco detenido con casi 8 kilos de éxtasis en la valija
Alexander Rosdobutko, de 40 años, fue encontrado culpable de contrabando agravado por tratarse de estupefacientes
Gabriel Di Nicola
Alexander Rosdobutko, el DJ condenado
Alexander Rosdobutko, el DJ y productor de música independiente conocido como Astralex, detenido en febrero pasado en el aeropuerto internacional de Ezeiza con casi ocho kilos de MDMA en polvo, metanfetamina suficiente como para producir más de 30.000 pastillas de éxtasis, fue condenado a cinco años de prisión. La Justicia lo consideró culpable del delito de contrabando agravado por tratarse de estupefacientes que, por su cantidad, estaban inequívocamente destinados a su comercialización, en grado de tentativa.
Según informaron fuentes judiciales, el fallo fue dictado por el juez Jorge Zabala, del Tribunal en lo Penal Económico (TOPE) N°3. “Ha quedado demostrado que Rosdobutko intentó ingresar en el país con una sustancia estupefaciente, que arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza proveniente de la ciudad de Ámsterdam, y que llevaba oculta la sustancia ilícita acondicionada en el interior de su equipaje despachado a bodega”, afirmó el magistrado en la sentencia.
La imagen de la valija del DJ cuando pasó por el escáner de la Aduana
En abril pasado, al presentar el requerimiento de elevación a juicio del expediente, el fiscal Emilio Guerberoff había explicado: “La sustancia estupefaciente secuestrada se ocultó debajo de un doble fondo de la valija que se había despachado por bodega. Estaba acondicionada en el interior de tres paquetes. Lo expuesto permite sostener el despliegue de una maniobra tendiente a burlar el control del personal preventor apostado en el aeropuerto internacional de Ezeiza”.
El DJ austríaco, de 40 años, fue detenido el 14 de febrero pasado, poco después de que el vuelo 701 de KLM aterrizara en el aeropuerto internacional de Ezeiza, proveniente de Países Bajos.
El análisis de la información disponible en forma anticipada había marcado al pasajero en cuestión como un ‘caso de riesgo’, a partir de indicadores como el país de procedencia, la edad y la cantidad de valijas”, precisó oportunamente la Dirección General de Aduanas (DGA).
Según se desprende del expediente judicial, los 7,760 kilos de MDMA estaban acondicionados en tres paquetes hallados en un doble fondo de la valija de tela negra marca Airtex París, propiedad del músico.
“En efecto, de la lectura del acta labrada por los preventores surge que la sustancia recién se avistó a partir de la inspección practicada sobre los paquetes en cuestión, los cuales no pudieron ser advertidos hasta que se requisó el equipaje del detenido, es decir, una vez que se desarmara la valija y se quitara el forro que cubría el interior de la misma”, sostuvo el fiscal Guerberoff en el citado dictamen.
Ese 14 de febrero pasado, en la cinta de equipajes N°8 del sector de arribos de la Terminal A, personal de la Sección Unidad de Apoyo Operativo Metropolitano de la División Investigaciones Narcotráfico Metropolitana del Departamento de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Dirección General de Aduanas se acercó al DJ y le pidió identificarse.
Tras entregar sus datos, Rosdobutko acompañó al personal aduanero al escáner para un control sobre su equipaje. Cuando se le preguntó si tenía mercadería para declarar, Rosdobutko respondió que no.
“Previa autorización del tribunal, el personal preventor procedió, en primer lugar, a la apertura y revisión de la valija, en la que se pudo advertir, en su interior, la existencia de tres paquetes en el fondo del equipaje. Por tal motivo, el personal actuante comenzó a separar el forro interno, encontrándose una planchuela rígida conformada en madera, que fue extraída, pudiéndose advertir debajo de la misma la existencia de tres paquetes envueltos en cinta de embalar color marrón. Se realizó un pequeño corte en uno de ellos, elegido al azar, surgiendo una sustancia pulverulenta blanca, la que sometida a un reactivo específico de MDMA arrojó resultado positivo”, reza el expediente judicial.
El DJ condenado a cinco años de prisión
Astralex, en consecuencia, quedó detenido a disposición del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. En la indagatoria hizo uso de su derecho a no declarar.
En marzo pasado, Aguinsky procesó con prisión preventiva al DJ y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 50.000.000 de pesos.
“Rosdobutko vino al país por poco tiempo y, en principio, al solo efecto de ingresar al país la sustancia estupefaciente secuestrada, la cual se puede concluir, por su cantidad, que sería comercializada”, sostuvo el juez Aguinsky al fundamentar el procesamiento.
Rosdobutko tenía pasaje para irse de la Argentina el 19 de febrero pasado –cinco días después de su llegada–, pero solo contaba con reserva para una sola noche en un hotel del barrio porteño de Monserrat.
“El vuelo de regreso a Ámsterdam estaba previsto para el día 19 de febrero, según el itinerario de vuelo. Rosdobutko solo había reservado un día de hotel, no surgiendo de las constancias de autos en dónde se iba a hospedar el resto de los días o si participarían terceras personas en la conducta bajo análisis. Es dable destacar que Rosdobutko, tal como él lo manifestó, se dedica a la música, como productor artístico independiente, por lo que no se podría descartar que la sustancia estupefaciente que intentara ingresar en el país fuera a ser luego comercializada en los festejos a llevarse a cabo en los feriados de carnaval”, afirmó el juez Aguinsky al procesar al sospechoso.
Según explicó en su momento la Aduana en un comunicado de prensa, “teniendo en cuenta la pureza y la cantidad de la droga secuestrada, se podrían haber producido más de 31.000 pastillas de éxtasis. En el mercado local, el estupefaciente en cuestión puede valer US$45.000 por kilo y cerca de US$15 por pastilla”.
La investigación del intento de contrabando del éxtasis no terminaría con la elevación a juicio. El fiscal Guerberoff solicitó que formen actuaciones por separado. Todavía “está pendiente la extracción de datos de los teléfonos celulares” del sospechoso. Los investigadores esperan que del análisis de los aparatos móviles surja información de los destinatarios de la carga que le fue secuestrada a Astralex.
Sobre este punto, en la sentencia, el juez Zabala sostuvo: “Con respecto a los celulares secuestrados, toda vez que surge de autos que continúa pendiente de resolución, la medida de la toma de contenido de los mismos y el posterior análisis de la información hallada, corresponde poner a exclusiva disposición del juzgado instructor, en virtud de las actuaciones por separado que allí tramitan”.

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NARCOTRÁFICO

De la Argentina a Australia, un barco cargado de drog
narcotráfico. Había 900 kg de cocaína en un buque cerealero
Germán de los SantosMarinetraffic.coMEl ST Pinot, el 9 de abril pasado, cuando navegaba por el Paraná hacia Timbúes
ROSARIO.– La Policía Federal de Australia secuestró 900 kilos de cocaína en un importante puerto del oeste de la nación oceánica. Antes de llegar a la costa de Perth con casi una tonelada de droga en la bodega, el buque granelero pasó por dos terminales de la Argentina: una en Timbúes, en el Gran Rosario, y la otra en La Plata, Buenos Aires. Pero, además, el barco, de bandera de Islas Marshall, estuvo fondeado dos días en el río Paraná con el buque Petrobras 75. Por eso, la Prefectura y la Aduana investigan dónde se pudo “contaminar” la carga con el enorme cargamento de estupefacientes. No descartan que haya sido en Montevideo, en la Hidrovía o en alta mar.
Es poco usual que los narcotraficantes usen ese tipo de embarcaciones que poseen bodegas para granos para el tráfico de drogas. Generalmente, utilizan buques que cargan contenedores, donde se usa la modalidad rip-off –conocida también como “gancho ciego”– para introducir la droga, método que consiste en violar los precintos de los contenedores, contaminar la carga y colocar precintos nuevos después del control en Aduana.
Este miércoles a la tarde, la Policía Federal de Australia informó a la Dirección General de Aduana y a la Prefectura Naval argentinas del hallazgo de 900 kilos de cocaína en el buque ST Pinot, que había cargado granos en una terminal de Timbúes, que está bajo jurisdicción de la Aduana de San Lorenzo.
Las primeras sospechas se enfocaron en que en esa localidad de las afueras de Rosario se había cargado el estupefaciente. Agentes de la Aduana revisaron las cámaras de seguridad de la planta de Renova, que se encuentra en Timbúes, una de las más modernas del complejo agroexportador, y no encontraron evidencias de que allí se haya cargado la cocaína en la bodega del buque. La reacción de los investigadores fue rápida para descartar de plano que en esa terminal del complejo agroexportador se había contaminado la carga de granos.
El sinuoso derrotero del buque
El buque ST Pinot llegó a la terminal de Renova el 9 de abril pasado a las 23.14, según los registros de tráfico marítimo. La embarcación fue cargada con granos en ese puerto hasta el 16 de abril a las 8.19. En ese lapso en que el carguero de bandera de las Islas Marshall estuvo amarrado en esa terminal no se encontraron evidencias de que la droga haya sido embarcada, según dijeron a la fuentes de la Aduana.Luego de dejar el puerto de Timbúes, el buque navegó algo menos de una hora hasta que fondeó en algún punto del río Paraná; los registros de tráfico marítimo arrojan que estuvo junto al Petrobras 75, que es un “buque de apoyo de alta mar”, una plataforma de almacenamiento flotante que puede ser usada como “puerto offshore”. El Petrobras 75 está “posicionado en la costa este de América del Sur desde hace 47 días”. Es decir, desde el 16 de abril. Y, justamente, el ST Pinot “arribó” al Petrobras 75 (que opera bajo bandera de Liberia) ese día a las 9.17, y “partió” a las 10.34 del 19 de abril. Actualmente, está en el Atlántico, frente a las costas de Brasil, al este de Santos (uno de los principales puertos del mundo) y al sur de Angra dos Reis, en Río de Janeiro.
El ST Pinot partió hacia el estuario del Río de la Plata y al día siguiente, el 20 de abril, a las 10.43, llegó al puerto de la capital bonaerense, donde estuvo hasta el 22 a las 15.25 (en teoría, repostando combustible). Desde allí zarpó para cruzar el Atlántico hacia el este, hasta que el 25 de mayo a las 10.23 recaló en el puerto de Fremantle, en el oeste de Australia, bañado por las aguas del océano Índico. En ese lugar se descubrió que el barco granelero estaba “contaminado” con 900 kilos de cocaína. Tras el operativo, el buque fue movido algo más al sur, y actualmente está amarrado en el puerto de Kwinana.
Fuentes de la investigación señalaron que buscan algún indicio sobre dónde se pudo cargar la cocaína. Así como la opción del Petrobras 75 sigue sobre la mesa de la pesquisa, tampoco se descartan que la droga haya sido embarcada en el puerto de Montevideo, donde el ST Pinot estuvo antes de arribar a Timbúes
La conexión colombiana
El hallazgo de la droga generó preocupación porque hay antecedentes de que en Rosario se realizaron contrabandos de droga durante el año pasado. Esas operaciones estuvieron a cargo de un cartel colombiano. La información de este caso que se conoció este jueves es que el origen de la investigación también proviene de Colombia
El año pasado se detectó que un cartel colombiano operaba en Rosario, con sigilo y con el apoyo de gente de Buenos Aires, que ajustaban la logística local. La semana pasada fue detenido en España uno de los arquitectos principales de los cargamentos de cocaína –más de 3000 kilos–, que una parte salió del puerto rosarino y otra fue incautada en la ciudad. Interpol detuvo en Madrid al colombiano Álvaro Antonio Ramírez Duque. Sobre él pesaba una orden de captura internacional firmada por el juez federal de Zárate-Campana Adrián González Charvay.
En diciembre pasado ya había sido detenido en Dubái el socio de Gabriel Jaime Londoño Rojas, cuando pretendía ingresar a ese país en momentos en que se realizaba el Mundial de Qatar. Una de las sospechas es que la cocaína que se secuestró en Rosario y otra parte en el puerto de Santos, Brasil, sería destinada al Medio Oriente durante el mundial.
Según la información de la Policía Federal a la que accedió la nacion, estos “altos jefes colombianos” estuvieron de paso en la Argentina entre mayo y julio del año pasado, coordinando la operatoria con la rama argentina de la organización transnacional para, luego, retornar a su país. Desde el momento de su llegada a Ezeiza, los colombianos fueron monitoreados por efectivos encubiertos de la Policía Federal”
Londoño Rojas y Ramírez Duque son dos de los tres colombianos que coordinaron el envío de 1658 kilogramos de cocaína desde Rosario hacia Dubái, pero antes de que se concretara el despacho de la droga por el puerto de Rosario, el cargamento fue secuestrado en un galpón del barrio Empalme Graneros. Se sospechaba que otro cargamento similar, que salió de la terminal rosarina y fue secuestrado en los puertos de Santos y Róterdam (Países Bajos) tenía el mismo destino y pertenecía a la misma organización.
Entre el 21 de junio y el 31 de agosto hubo en Rosario 3092 kilos de cocaína, un cargamento que cambiaba su lugar de escondite, a la espera de una salida a Europa. Ese cargamento fantasma, que muy pocos sabían que se embarcaría por la Terminal Puerto Rosario (TPR) tenía dueño:los colombianos Londoño Rojas y Ramírez Duque, engranajes claves de un cartel transnacional que había puesto el ojo en este punto de la Hidrovía para sacar la droga. Su socio, Newson Cheung Sabogal, sigue prófugo.

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NARCOTRÁFICO

La caída de Los Marolas, el clan que creció a fuerza de disparos en la villa 1-11-14
Los investigadores aseguran que la ahora desarticulada banda criminal fue responsable de la muerte de Nayla Torrilla, la menor de cuatro años asesinada en febrero
Fabián Marelli GendarmeríaEl operativo de la Gendarmería se desarrolló en una zona compleja para el trabajo de las fuerzas de seguridad
Dos investigaciones independientes, una de la Justicia nacional, otra de una fiscalía porteña, avanzaron y concluyeron en el mismo punto: el polígono sur del Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, conocido como la villa 1-11-14, dominado a sangre y fuego por Los Marolas, un clan familiar que controla un ejército de soldados que venden droga al menudeo, sirven de red de alerta temprana ante la llegada de uniformados y mantienen a raya a cualquier banda que quiera disputarles sus dominios, justo detrás del estadio de San Lorenzo, en el Bajo Flores.
Ese sector fue, esta semana, escenario de un megaoperativo del que participaron más de 500 gendarmes y que tuvo 39 allanamientos y 24 detenidos, entre ellos, la mayoría de los miembros de la organización, incluido uno de los hijos del líder de la gavilla, que había logrado escaparse por los techos y que fue encontrado escondido debajo de una cama de una casa vecina.
El apellido González; la casa de la escalera caracol de la calle 10, en el entorno enmarcado por las avenidas Bonorino y Riestra y la calle Charrúa, y las torres recostadas sobre la calle Ana María Janer, donde se erige la reurbanización del viejo asentamiento, con la avenida Perito Moreno a sus espaldas, son nombres y lugares que se repiten en los expedientes. En esas causas se describen movimientos de narcomenudeo, amenazas a vecinos a los que los narcos les usurpan casas o departamentos –para venderlos, para acopiar drogas o para vivir– y violentos ataques a organizaciones rivales.
En uno de esos enfrentamientos, el 7 de febrero pasado, segaron la vida de Nayla Naomi Torrilla, que tenía solo 4 años y fue alcanzada en el tórax por uno de los 32 disparos de calibre 9 milímetros que se cruzaron las bandas en Bonorino y calle 10. Ese crimen expuso el drama de las víctimas inocentes y el estado de terror en el que viven miles de familias en ese enclave del sur de la ciudad.
“En el lugar trabajan los Marolas; serían tres hermanos y su padre, que tienen bajo su mando la actividad de venta de drogas, comercializa en este sector (torre 8, calle Bonorino entre Riestra y Calle 10) y en la calle 10, entre Bonorino y pasaje sin nombre, posee diferentes personas que trabajan para ellos, comentan que son muy violentos y portan armas de fuego en todo momento”, dice uno de los informes incorporados a la causa que impulsó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) conformado por la Procuraduría de Criminalidad (Procunar), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias; la titular de la Fiscalía Nacional N°43, Silvia Russi, y la fiscal coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (Ufeide) del Ministerio Público de la Ciudad, Cecilia Amil Martín.
Ese informe también señaló que la casa con la escalera caracol situada en un pasaje sin nombre entre las calles 10 y Janer “pertenece a Cynthia Paola Vergara, que no reside allí, sino en la localidad de Virrey del Pino, toda vez que posee un pedido de captura”. Agregaron que hay personas que “cuidan sus cosas” y comercializan estupefacientes en un pasillo al lado de la casa.
En el corazón de ese enclave está el núcleo de la banda. Concretamente, en el 1E de la Torre 4 de Bonorino 2234, donde viven Sandro Gustavo González, alias “el intendente”, cabecilla del clan, y María Laura Benítez, su pareja, la que controla a los soldaditos y recauda el producto de la venta de droga al menudeo, a pesar de que el 23 de septiembre de 2021 fue condenada a dos años de prisión en suspenso por tenencia simple de estupefacientes (esa vez le secuestraron 2,2 kilos de marihuana y 306 gramos de cocaína).
Repartida en otros edificios de Bonorino y Janer (las torres 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8), está la segunda línea: los hijos del “intendente” y la “contadora”: Agustín, Jonathan, Jessica, María Belén (y su pareja, Lucas Walter Ruiz), Adrián y Gustavo Damián (y su mujer, Ingrid Rojas), que regentean los búnkeres de Los Marola y controlan a los soldaditos, amenazan a vecinos para usurparles las casas para usarlas como búnkeres e intimidan a bandas rivales.
Los propios vecinos, que en febrero, cuando mataron a Nayla, contaron la situación de terror que viven bajo el férreo y violento dominio territorial de Los Marolas, señalaron que “el intendente” y al menos tres de sus hijos eran los principales operadores de la banda, “quienes se dedican a la comercialización de estupefacientes en la zona, sobre todo en la Torre 8”.
Búsqueda y captura
En las tareas desplegadas por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (Uesprojud) Cinturón Sur, de la Gendarmería Nacional Argentina, se puede apreciar una completa descripción del accionar de la organización criminal conocida como Los Marolas en su conjunto. Así lo suscribieron: “Realizan actividades ilícitas en el barrio 1-11-14 de esta ciudad, vinculadas a la toma de inmuebles a la fuerza mediante coacción verbal, agresión física y/o exhibición de armas de fuego, narcotráfico y/o narcomenudeo, portación y/o acopio de armas de fuego”.
Esas actividades ya habían comenzado a ser reportadas en 2017 por el personal de la Gendarmería que cumplía tareas preventivas en la villa 1-11-14. Reza el expediente que esos efectivos “tomaron conocimiento por vecinos y por innumerables hechos delictivos de que dentro del barrio existe un grupo de personas conocidas como Los Marolas que se dedican a la venta de drogas, robos y amenazas a vecinos para usurpar sus viviendas”.
Al pedir las detenciones, la fiscal Amil Martín describió que Los Marolas despliegan “un accionar delictivo, por demás violento, donde se emplean armas de fuego, amenazas y coacción para poder imponerse en el territorio” y que “dicho dominio territorial permite que puedan desplegar sus conductas vinculadas al narcomenudeo sin mayores sobresaltos”. Así es como lo hacen: “Por un lado, se imponen en el lugar y, por el otro, se apoderan de inmuebles de vecinos del lugar mediante amenazas y el uso de armas de fuego, generando un irremediable temor en los habitantes del lugar”.
Finalmente, el pasado martes, con las primeras luces del día, más de medio millar de gendarmes con equipos tácticos y tanquetas de irrupción inundaron los pasillos del Barrio Padre Ricciardelli. Realizaron el registro simultáneo de 39 domicilios de la villa relacionados con la banda que, según la Justicia, usurpaba viviendas a través del amedrentamiento, la violencia física y las amenazas con armas de fuego, para venderlas en provecho propio o para instalar búnkeres de drogas en el terreno bajo su control.
Gendarmes, en los accesos a la villa 1-11-14

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NARCOTRÁFICO

Importante decomiso de droga: la Aduana secuestró un camión que cruzaba la Triple Frontera con 60 litros de ketamina
La carga detectada en el paso fronterizo tiene un valor de 620.000 dólares. Más allá de operaciones fraudulentas de comercio exterior por la brecha cambiaria, el fisco refuerza controles por delitos como narcotráfico y contrabando de armas

La Aduana realizó este fin de semana un decomiso récord en una zona caliente: un camión intentaba atravesar la Triple Frontera, que une a la Argentina con Brasil y Paraguay, con un cargamento de ketamina de 60 litros dentro de bidones.
El operativo realizado en el Paso Fronterizo Internacional Posadas - Encarnación resultó en la detención del conductor del vehículo, que se dirigía hacia Uruguay. Según calcularon fuentes de Aduana, el valor estimado de la droga secuestrada asciende a USD 622.500. Al chofer, un hombre de nacionalidad paraguaya, podría caberle una pena de 16 años de prisión.
El protocolo de ese paso fronterizo sostiene que la totalidad de los medios de transporte de cargas que ingresan a la Argentina deben ser controlados por medio de scanners. Tras una serie de imágenes que llamaron la atención de los agentes, el control físico del vehículo encontró una llamativa cantidad de bidones, en una variedad de tamaños.
Los inspectores de la Aduana consultaron al conductor qué traían esos contenedores. El chofer aseguró que sólo contenían agua para consumo personal. De todas formas, los agentes registraron que los envases no dejaban de ser curiosos: por un lado, varios no tenían marcas ni rótulos y, por otro, en general poseían tapa a rosca.
Aduana secuestró un cargamento de ketamina en la Triple Frontera
Los agentes aduaneros terminaron por abrir los bidones y detectaron de inmediato que emanaban un olor extraño, aunque sutil, y el agua no parecía cristalina. El puesto de control sometió el líquido a tests de campo y, en efecto, dieron positivo de ketamina, un tranquilizante de caballos con efecto alucinógeno en humanos. Aunque suele venderse como polvo, también se comercializa en forma líquida y está generalmente asociada a las fiestas electrónicas, indicó Aduana.
“Así, la Aduana dio aviso al Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la Dra. María Verónica Skanata, quien instruyó el secuestro de los estupefacientes, la retención del medio de transporte y la detención del chofer. Se contabilizaron nada menos que 60 litros de la sustancia, cuyo valor estimado asciende a nada menos que USD 622.500. Por la maniobra delictiva, en el marco del artículo 866 del Código Aduanero, al chofer podría caberle una pena de 16 años de prisión”, indicó el fisco en un comunicado.
Drogas, armas, personas
El activismo y la inteligencia aduanera apunta en gran medida a evitar la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de importaciones, prácticas que florecen en mercados cambiarios como el actual, con amplias brechas cambiarias entre el dólar “oficial” y cotizaciones de tipo financiero. En ese cometido, sin embargo, la Aduana detectó últimamente una buena cantidad de operaciones asociadas al tráfico de drogas, de armas e incluso de personas.
Por caso, a mediados de abril en el paso de Uspallata, en Mendoza, controles de revisión de medios de transporte de importación permitieron detectar a dos personas de nacionalidad colombiana tapados con colchas entre el contenedor y la tapa del camión.
Hace algunas semanas un control de frontera detectó el ingreso ilegal de dos personas colombianas desde Chile
El martes pasado el Juzgado Federal de Gualeguaychú ordenó la incineración de los 2.072 kilos de marihuana que habían sido interceptadas en un camión que circulaba por la localidad con destino a la Ciudad de Buenos Aires. El chofer tenía documentación apócrifa. “Este procedimiento da un cierre definitivo a la causa y muestra de manera concreta los resultados de un procedimiento exitoso donde trabajaron de manera conjunto las fuerzas de seguridad, la Aduana-Afip y la Justicia Federal”, dijo entonces Guillermo Michel, el titular de la Aduana.
Y el jueves pasado la Aduana evitó el contrabando de municiones y armas de fuego en la “frontera seca” de Misiones, en procedimientos realizados en el marco de las facultades del artículo 123 del Código Aduanero, con la intervención de agentes especializados que secuestraron encomiendas en la localidad de Bernardo de Irigoyen. Equipos de rx determinaron que las encomiendas contenían municiones.
La posterior intervención del juez federal de Sáenz Peña, Ricardo Mianovich, quien autorizó la apertura, confirmó que se trataba de 250 cartuchos para escopetas calibre 20; 200 balas calibre 38; 100 balas calibre 32; 50 balas calibre 380, que fueron incautadas y puestas a disposición del juzgado.
El accionar de la Aduana en la “frontera seca” es estratégica, porque las condiciones geográficas facilitan el contrabando por pasos no habilitados. En ese caso, por ejemplo, se presume que el destino final de esta mercadería podía ser la República del Brasil. En marzo, además, la Aduana había detectado otros dos envíos de armas por $875.000 entre pistolas y municiones, valor que podría hasta triplicarse en el mercado ilegal.

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NARCOTRÁFICO

Por primera vez, la Justicia recuperó en un paraíso fiscal dinero de la venta de drogas
Luego de una gestión judicial y diplomática de cuatro años fueron inmovilizados y repatriados fondos de una cuenta de Carlos Salvatore, que había sido condenado en la causa Carbón Blanco
Germán de los Santos


ROSARIO.– La Justicia argentina logró por primera vez recuperar de una cuenta abierta en un paraíso fiscal el dinero originado en la venta de drogas. Así se consiguió inmovilizar primero y repatriar –en parte– después US$900.000 que un narco argentino –el fallecido abogado Carlos Salvatore– había depositado en el sector financiero de la Isla de Man, territorio de la corona británica en el mar de Irlanda.
Así lo confirmó a la nacion el fiscal federal Federico Carniel, quien durante cuatro años tramitó, en medio de una espesa burocracia diplomática, el decomiso de los fondos que Salvatore había obtenido con el narcotráfico y luego depositado en un paraíso fiscal europeo. El objetivo era que parte de ese dinero regresase a la Argentina. Como ocurre en esa clase de casos, la mitad del dinero quedará en el país donde se depositaron los fondos y la otra mitad retornará a la Argentina.
Salvatore, quien junto al exrepresentante de jugadores de fútbol Patricio Gorosito, también fallecido, lideró una organización que enviaba cargamentos de cocaína desde los puertos de Rosario y Buenos Aires a Europa, decidió dar refugio a parte de sus bienes en uno de los paraísos financieros que utilizan los millonarios de Portugal, el país donde iba la droga que traficaba desde puertos argentinos.
Salvatore murió de un paro cardíaco en mayo de 2018, en el Hospital Argerich. El Tribunal Oral Federal de Resistencia le había impuesto 21 años de cárcel por exportar 1200 kilos de cocaína entre 2011 y 2012 desde Quitilipi, Chaco, hacia España en bolsas de carbón vegetal. En septiembre de 2020, el Estado anunció el remate de una mansión de Belgrano R valuada en US$2.300.000, que le fue decomisada a Salvatore, condenado como jefe de un cartel del narcotráfico en una causa por drogas que se conoció como Carbón Blanco.
El 21 de abril de 2020, el Tribunal Oral Federal de la capital chaqueña dispuso el decomiso de los bienes provenientes de esa causa. La medida fue ordenada tras el pedido del fiscal Carniel, de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
En ese caso se juzgó a la organización liderada por Salvatore, que disponía de una red de sociedades comerciales y propiedades donde invertía las ganancias producidas por el contrabando de cocaína a Europa. En ese expediente se ordenó la “disposición transitoria y/o su inscripción de los bienes en los registros correspondientes a nombre del Estado nacional”.
A partir del juicio por lavado de dinero, en el que fueron condenados engranajes claves de la banda narco, Carniel empezó los trámites para recuperar el dinero que el abogado narco había depositado, tras una serie de intermediaciones, en la Isla de Man.
En el juicio se pudo probar que todos los negocios e inversiones de la organización fueron realizados con ganancias provenientes del tráfico transnacional de estupefacientes, puntualmente, de la exportación de aproximadamente cuatro toneladas de cocaína de alta pureza con destino a Europa. Durante 2015, parte de los hechos delictivos vinculados al contrabando de estupefacientes fueron debatidos en juicio oral que concluyó con la condena de pena de 21 años de prisión a Salvatore.
Durante la etapa final del juicio oral, en enero de 2019, a partir de información proporcionada por la Unidad de Información Financiera (UIF) –con base en fuentes de información internacional– se tomó conocimiento de la existencia de US$908.642,73 depositados en una entidad financiera de Isla de Man, que estaban asociados a un producto financiero de titularidad de Silvia Valles y Carlos Alberto Salvatore, quienes antes del fallecimiento de este último y con el objeto de eludir acciones de recupero, lo habrían transferido a Sergio Daniel Salomone mediante una simulación.
El 25 de enero de 2019, el tribunal ordenó una medida cautelar sobre ese saldo por considerar que provenía de las actividades ilícitas desplegadas por la organización criminal juzgada en el caso. Un mes después las autoridades de la Isla de Man dictaron la inmovilización de los fondos de la cuenta y el 22 de septiembre de 2020 un tribunal emitió orden de decomiso sobre dicho activo.
El próximo paso, mediante la solicitud de asistencia jurídica internacional librada el 14 de diciembre de 2020, fue requerir a las autoridades de Isla de Man la ejecución de la orden de decomiso y repatriación de US$908.642,73 depositados en una cuenta registrada en Old Mutual International (anteriormente Royal Skandia Life Assurance Limited) por ser el producto ilícito del accionar de una organización criminal condenada en la Argentina por lavado de activos provenientes del narcotráfico transnacional.
Las autoridades diplomáticas argentinas iniciaron negociaciones de reparto de los fondos decomisados, a cuyo efecto la Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac) proporcionó los argumentos para poder repatriar los fondos.
Luego de un intercambio entre las autoridades encargadas de la negociación en el marco del Acuerdo de División de Bienes, Isla de Man propuso la devolución de un 50 por ciento de los activos decomisados.
“A lo largo de un extenso período de tiempo (al menos, desde el año 2004 hasta 2015), la organización llevó a cabo un proceso de reciclaje de activos provenientes del tráfico transfronterizo de estupefacientes. Estas maniobras de blanqueo de capitales, múltiples y sistemáticas, fueron realizadas a través de inversiones en los rubros más diversos (inmobiliario, construcción, automotor, cinematografía, gastronomía y financiero, entre otros), y mediante el diseño de una sofisticada red societaria y financiera”, señaló el fiscal federal Carniel.

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El decomiso de 20.655 pastillas de éxtasis expuso una nueva ruta
Aumentaron en los últimos meses las incautaciones de sustancias sintéticas en controles de tránsito
gendarmería...La droga fue incautada en Corrientes
Una mujer fue detenida durante un control de tránsito en una ruta de Corrientes cuando llevaba escondidos en una valija y un bolso más de cuatro kilos de cocaína y 20.655 pastillas de éxtasis, según informaron fuentes de la Gendarmería Nacional. El cargamento de drogas sintéticas está valuado en US$310.000, ya que en el mercado local cada unidad de MDMA se comercializa a 15 dólares.
Ese operativo se concretó en los últimos días cuando personal de la Sección Vial Paso de Los Libres del Escuadrón 7 se encontraba apostado sobre la ruta nacional N° 14, en la localidad correntina de Tapebicuá, y, en el marco de un control vial, procedió a inspeccionar un ómnibus de larga distancia que venía desde la ciudad misionera de Puerto Iguazú y tenía como destino la Terminal de Ómnibus de Retiro.
Según los voceros, durante el registro de la bodega del vehículo de transporte de pasajeros, los gendarmes fueron alertados por el peso excesivo de una valija que no coincidía con las dimensiones de esta, por lo que solicitaron al conductor del ómnibus que identificara al propietario de la maleta.
Así constataron que se trataba de una mujer, que llevaba también un bolso de mano. Ante testigos, los gendarmes procedieron a la apertura de ambos equipajes, donde hallaron 28 envoltorios transparentes con comprimidos y dos bolsas con una sustancia granulada. A continuación, por razones de seguridad y con previa autorización del Juzgado Federal de Paso de Los Libres, el personal de la GNA efectuó el traslado del operativo hasta la sede del escuadrón, donde integrantes de Criminalística y Estudios Forenses detallaron que los envoltorios y las bolsas contenían 20.655 pastillas de éxtasis y cuatro kilos de cocaína.
La vía terrestre
Este hallazgo confirmó la sospecha sobre un cambio en el sistema que usan los narcos para ingresar en la Argentina drogas sintéticas. La puerta de entrada de esas sustancias ilegales es habitualmente un aeropuerto internacional. El mes pasado fue atrapado en Buenos Aires un ciudadano mexicano cuando desembarcaba de un vuelo que había despegado de Chile. En su equipaje llevaba cuatro kilos de materias primas para la fabricación de unas 13.000 pastillas de éxtasis. Fue casi un episodio aislado, ya que en los últimos siete meses los mayores decomisos de esa droga se registraron en controles viales.
En septiembre pasado fueron incautadas 10.936 pastillas de éxtasis en la ruta nacional 127, en el límite entre Entre Ríos y Corrientes. El cargamento fue encontrado en un vehículo que poco antes había ingresado desde Brasil. Un mes después fueron secuestradas en Posadas 1500 dosis de MMDA.
Otro caso que mezcló embarques de drogas sintéticas y cocaína fue descubierto en noviembre pasado en Salta, donde quedó detenido un policía bonaerense que había cruzado desde Bolivia con 27.000 pastillas de éxtasis y 38 kilos de cocaína. Y el 23 de diciembre pasado la Gendarmería interceptó otro cargamento de 14.800 pastillas de éxtasis al inspeccionar un vehículo en la ciudad formoseña de Clorinda. Con la droga detectada en el ómnibus en Corrientes se confirma la actual tendencia narco a mover los embarques de drogas sintética por rutas terrestres.

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NARCOTRÁFICO

Procesan a médicos bolivianos por intentar enviar cocaína a Australia en encomiendas
Habían sido detectados en un procedimiento anterior y cuando quisieron hacerlo de nuevo fueron arrestados en Moreno, tras un seguimiento desde Balvanera
Gabriel Di NicolaPrensa aduana....La máquina de humo y la camisa de un calefón usados para esconder la droga
“Quería saber más o menos cuánto cobran por kilo para enviar a Australia”, preguntó la médica boliviana Claudia Ino Suárez a la empleada de una empresa internacional dedicada al envío de paquetería, mensajería y correo. Un día después, la facultativa, acompañada de su pareja, colega y compatriota Jaime Mendoza Justiniano, se presentó en una sucursal de la compañía de logística situada en Balvanera y despachó un paquete que tenía como destino Carrara, un suburbio de la ciudad australiana de Gold Coast. Presentó un documento de identidad que no era el suyo, pagó y se fue. Apenas se retiró, detectives de la Policía Federal Argentina abrieron la encomienda y, en un doble fondo de una máquina de hacer humo, descubrieron un poco más de un kilo de cocaína.
Los dos médicos se subieron a un colectivo de la línea 2 y viajaron hasta Liniers. Sus movimientos eran seguidos por personal de la PFA. Después se fueron en tren hasta Ramos Mejía para, posteriormente, volver a la zona de Once, donde ingresaron en dos locales gastronómicos. En uno de ellos cenaron. Después regresaron a su domicilio de Moreno, donde, finalmente, fueron detenidos.
La mujer intentó una vana excusa: dijo que había llegado al país para hacer un posgrado en medicina estética. No le creyeron y ahora quedó presa por narcotráfico.
El hallazgo de la cocaína en el doble fondo de la máquina para hacer humo no fue casualidad. Un mes antes, en octubre del año pasado, en otra empresa de correo y paquetería internacional se había descubierto otra “encomienda narco” que tenía como destino Australia.
El tránsito de droga hacia ese país es una máquina de multiplicar dinero mal habido. En su origen, en la frontera con Bolivia, el kilo de cocaína cotiza en unos 2000 dólares. Puesto en el Gran Buenos Aires, por caso, su valor se quintuplica. Pero al otro lado del mundo, en la nación oceánica, se pueden llegar a pagar más de 200.000 dólares por la misma cantidad de droga.
En aquella oportunidad, el personal de la empresa de correo privado convocó a agentes de la Dirección General de Aduanas (DGA) porque la encomienda despachada presentaba “una textura y densidad inusuales”. Al abrir el paquete, en el interior del repuesto de la camisa de un calefón a gas, descubrieron un kilo y 300 gramos de cocaína. En ese momento se inició una investigación a cargo del juez en lo penal económico Javier López Biscayart, que le dio intervención a la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA y delegó la investigación en el fiscal porteño Jorge Dahl Rocha.
“En una primera oportunidad, se descartó que G. S. G. D., que figuraba como remitente, haya sido la persona que realmente realizó el primer envío. A partir del análisis de la información vinculada al número de teléfono declarado en la guía aérea, sumado al análisis de los registros fílmicos del local en el que se impuso la encomienda, el fiscal pudo identificar a Ino Suárez como la persona que habría impuesto el envío mencionado”, sostuvo el juez López Biscayart en la resolución donde procesó a los dos médicos bolivianos.
Por pedido del representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), el magistrado ordenó la intervención de una serie de líneas telefónicas.
“De la información obtenida de una de las líneas telefónicas intervenidas se tomó conocimiento de la posibilidad concreta de que Ino Suárez realizara un nuevo envío de estupefacientes utilizando la misma modalidad, lo que efectivamente así sucedió”, se explicó en el expediente. Finalmente, el 23 de noviembre pasado, la sospechosa, acompañada de su colega y compatriota, se dirigió a un local del barrio de Balvanera y despachó la encomienda con la máquina para hacer humo. Después, ambos médicos fueron hasta Liniers y luego a Ramos Mejía y, sin salir de la estación, cruzaron de andén y se subieron a un tren que los dejó en Once, donde cenaron.
“Los sucesivos cambios del errático rumbo que emprendieron los imputados –con marchas y contramarchas– e incluso averiguando por un lugar para hospedarse, claramente con miras a evitar regresar al domicilio donde finalmente fueron detenidos, dan cuenta del conocimiento de ambos sobre el hecho imputado y su voluntad de eludir controles o una posible prevención policial”, sostuvo el magistrado en el momento de procesar a los sospechosos.
La médica ingresó en la Argentina el 30 de agosto del año pasado, un mes y seis días antes de despachar la primera encomienda. Mendoza Justiniano llegó el 17 de septiembre de 2022 “y, al igual que Ino Suárez, también tenía intenciones de salir del país pocos días después de realizado el segundo envío”, según el expediente judicial.
“Ambos son ciudadanos bolivianos y residirían habitualmente en ese país, lugar donde se encuentra su hijo, conforme fuera manifestado por Suárez al momento de prestar declaración indagatoria. Así, la explicación más lógica del viaje de ambos imputados al país parecería ser la de cometer los hechos que aquí se les imputaron. La explicación de Ino Suárez de que habría venido para estudiar medicina estética carece de todo sustento probatorio y, aun de ser cierta, podría tratarse únicamente de una coartada para disimular sus verdaderas intenciones”, afirmó el magistrado al fundamentar el procesamiento con prisión preventiva.
En un comunicado de prensa, cuando difundió el operativo y la detención de los dos sospechosos, la PFA informó que los dos médicos habían estudiado en una universidad de La Habana, en Cuba.
“Una vez graduados, regresaron a su país natal. A la Argentina ingresaron por Salvador Mazza, en Salta, desde la ciudad boliviana de Yacuiba. En el país, utilizaban como pantalla el ejercicio de la medicina, con el uso de matrículas de colegas locales”, según explicó la PFA en el citado comunicado de prensa.
Desde la frontera “seca”
Ino Suárez quedó procesada por los dos intentos de contrabando de cocaína. Su pareja, solo por el segundo. El magistrado trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 16.000.000 de pesos.
Con el avance de la investigación hubo un tercer sospechoso procesado con prisión preventiva. Según fuentes judiciales, se trata de José Rodríguez, un misionero de 44 años que le envió a Suárez desde Bernardo de Irigoyen –en la frontera “seca” entre Misiones y Brasil– una encomienda con 831 gramos de cocaína.
“No tengo nada que ver con esto. Esto me supera más de lo normal. Imagínese que si voy a hacer algo así no me voy a quedar en mi domicilio y usar todos mis datos. Nunca en mi vida pasé por algo así. En mi pueblo todos me conocen. Siempre fui honesto y aunque pase hambre jamás haría algo indebido. Hasta en la pandemia, que me quedé sin trabajo y estaba enfermo, viví honestamente, imagínese que ahora que puedo trabajar no voy a hacer algo así”, sostuvo Rodríguez como descargo cuando declaró en su indagatoria.
Según declaró, a pedido de una persona de entre 30 y 37 años que hablaba el idioma portugués, le mandó las encomiendas con el calefón, la máquina para hacer humo y el tercer paquete a Ino Suárez. Que esa persona, que identificó con nombre y apellido, le comentó que todo era para su hermana, que vivía en Australia.
“Tampoco me llamó la atención el encargo en sí, toda vez que es una labor, que se encuentra dentro de mis tareas [como chofer de remise llevaba paquetes para despachar de sus clientes]. Por eso quiero aclarar que en ningún momento ocurrió algo sospechoso para que yo pudiera dudar del contenido de los pedidos, desconociendo por completo sobre el contenido de los mismos. A todo esto hay que decir que a los brasileños les sale todo mucho más barato en la Argentina por el tipo de cambio, tanto la compra de productos como los envíos y la mano de obra para hacer los envíos. A su vez, automáticamente después de despachar los envíos, le remitía por WhatsApp los correspondientes comprobantes de envío para que pudiera realizar el seguimiento”, dijo el sospechoso.
Pero, para el magistrado, “toda la prueba reseñada a lo largo de la presente da cuenta de la participación de Rodríguez en los hechos de contrabando de estupefacientes que se investigan. El mismo imputado es quien reconoce haber remitido al domicilio de Ino Suárez el calefón y la máquina de humo, elementos en los que se encontró oculta la sustancia estupefaciente”, y lo procesó con prisión preventiva.
La droga había sido camuflada en una máquina de humo; en otra ocasión usaron un repuesto de calefón
La facultativa había entrado al país un mes y seis días antes de despachar la primera encomienda
Un misionero les había remitido desde la ciudad fronteriza de Bernardo de Irigoyen otro envío postal que contenía 831 gramos de droga

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