NARCOTRÁFICO

La caída de Los Marolas, el clan que creció a fuerza de disparos en la villa 1-11-14
Los investigadores aseguran que la ahora desarticulada banda criminal fue responsable de la muerte de Nayla Torrilla, la menor de cuatro años asesinada en febrero
Fabián Marelli GendarmeríaEl operativo de la Gendarmería se desarrolló en una zona compleja para el trabajo de las fuerzas de seguridad
Dos investigaciones independientes, una de la Justicia nacional, otra de una fiscalía porteña, avanzaron y concluyeron en el mismo punto: el polígono sur del Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, conocido como la villa 1-11-14, dominado a sangre y fuego por Los Marolas, un clan familiar que controla un ejército de soldados que venden droga al menudeo, sirven de red de alerta temprana ante la llegada de uniformados y mantienen a raya a cualquier banda que quiera disputarles sus dominios, justo detrás del estadio de San Lorenzo, en el Bajo Flores.
Ese sector fue, esta semana, escenario de un megaoperativo del que participaron más de 500 gendarmes y que tuvo 39 allanamientos y 24 detenidos, entre ellos, la mayoría de los miembros de la organización, incluido uno de los hijos del líder de la gavilla, que había logrado escaparse por los techos y que fue encontrado escondido debajo de una cama de una casa vecina.
El apellido González; la casa de la escalera caracol de la calle 10, en el entorno enmarcado por las avenidas Bonorino y Riestra y la calle Charrúa, y las torres recostadas sobre la calle Ana María Janer, donde se erige la reurbanización del viejo asentamiento, con la avenida Perito Moreno a sus espaldas, son nombres y lugares que se repiten en los expedientes. En esas causas se describen movimientos de narcomenudeo, amenazas a vecinos a los que los narcos les usurpan casas o departamentos –para venderlos, para acopiar drogas o para vivir– y violentos ataques a organizaciones rivales.
En uno de esos enfrentamientos, el 7 de febrero pasado, segaron la vida de Nayla Naomi Torrilla, que tenía solo 4 años y fue alcanzada en el tórax por uno de los 32 disparos de calibre 9 milímetros que se cruzaron las bandas en Bonorino y calle 10. Ese crimen expuso el drama de las víctimas inocentes y el estado de terror en el que viven miles de familias en ese enclave del sur de la ciudad.
“En el lugar trabajan los Marolas; serían tres hermanos y su padre, que tienen bajo su mando la actividad de venta de drogas, comercializa en este sector (torre 8, calle Bonorino entre Riestra y Calle 10) y en la calle 10, entre Bonorino y pasaje sin nombre, posee diferentes personas que trabajan para ellos, comentan que son muy violentos y portan armas de fuego en todo momento”, dice uno de los informes incorporados a la causa que impulsó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) conformado por la Procuraduría de Criminalidad (Procunar), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias; la titular de la Fiscalía Nacional N°43, Silvia Russi, y la fiscal coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (Ufeide) del Ministerio Público de la Ciudad, Cecilia Amil Martín.
Ese informe también señaló que la casa con la escalera caracol situada en un pasaje sin nombre entre las calles 10 y Janer “pertenece a Cynthia Paola Vergara, que no reside allí, sino en la localidad de Virrey del Pino, toda vez que posee un pedido de captura”. Agregaron que hay personas que “cuidan sus cosas” y comercializan estupefacientes en un pasillo al lado de la casa.
En el corazón de ese enclave está el núcleo de la banda. Concretamente, en el 1E de la Torre 4 de Bonorino 2234, donde viven Sandro Gustavo González, alias “el intendente”, cabecilla del clan, y María Laura Benítez, su pareja, la que controla a los soldaditos y recauda el producto de la venta de droga al menudeo, a pesar de que el 23 de septiembre de 2021 fue condenada a dos años de prisión en suspenso por tenencia simple de estupefacientes (esa vez le secuestraron 2,2 kilos de marihuana y 306 gramos de cocaína).
Repartida en otros edificios de Bonorino y Janer (las torres 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8), está la segunda línea: los hijos del “intendente” y la “contadora”: Agustín, Jonathan, Jessica, María Belén (y su pareja, Lucas Walter Ruiz), Adrián y Gustavo Damián (y su mujer, Ingrid Rojas), que regentean los búnkeres de Los Marola y controlan a los soldaditos, amenazan a vecinos para usurparles las casas para usarlas como búnkeres e intimidan a bandas rivales.
Los propios vecinos, que en febrero, cuando mataron a Nayla, contaron la situación de terror que viven bajo el férreo y violento dominio territorial de Los Marolas, señalaron que “el intendente” y al menos tres de sus hijos eran los principales operadores de la banda, “quienes se dedican a la comercialización de estupefacientes en la zona, sobre todo en la Torre 8”.
Búsqueda y captura
En las tareas desplegadas por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (Uesprojud) Cinturón Sur, de la Gendarmería Nacional Argentina, se puede apreciar una completa descripción del accionar de la organización criminal conocida como Los Marolas en su conjunto. Así lo suscribieron: “Realizan actividades ilícitas en el barrio 1-11-14 de esta ciudad, vinculadas a la toma de inmuebles a la fuerza mediante coacción verbal, agresión física y/o exhibición de armas de fuego, narcotráfico y/o narcomenudeo, portación y/o acopio de armas de fuego”.
Esas actividades ya habían comenzado a ser reportadas en 2017 por el personal de la Gendarmería que cumplía tareas preventivas en la villa 1-11-14. Reza el expediente que esos efectivos “tomaron conocimiento por vecinos y por innumerables hechos delictivos de que dentro del barrio existe un grupo de personas conocidas como Los Marolas que se dedican a la venta de drogas, robos y amenazas a vecinos para usurpar sus viviendas”.
Al pedir las detenciones, la fiscal Amil Martín describió que Los Marolas despliegan “un accionar delictivo, por demás violento, donde se emplean armas de fuego, amenazas y coacción para poder imponerse en el territorio” y que “dicho dominio territorial permite que puedan desplegar sus conductas vinculadas al narcomenudeo sin mayores sobresaltos”. Así es como lo hacen: “Por un lado, se imponen en el lugar y, por el otro, se apoderan de inmuebles de vecinos del lugar mediante amenazas y el uso de armas de fuego, generando un irremediable temor en los habitantes del lugar”.
Finalmente, el pasado martes, con las primeras luces del día, más de medio millar de gendarmes con equipos tácticos y tanquetas de irrupción inundaron los pasillos del Barrio Padre Ricciardelli. Realizaron el registro simultáneo de 39 domicilios de la villa relacionados con la banda que, según la Justicia, usurpaba viviendas a través del amedrentamiento, la violencia física y las amenazas con armas de fuego, para venderlas en provecho propio o para instalar búnkeres de drogas en el terreno bajo su control.
Gendarmes, en los accesos a la villa 1-11-14

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