Bonos, movilidad, juicios y otros temas urgentes
El sistema previsional es deficitario y los haberes están deteriorados por la inflación; la lista de cuestiones más desafiantes
Silvia Stang
El gobierno saliente anunció el pago de un refuerzo para quienes cobran el haber mínimo solo para diciembre
Si habrá o no bonos para jubilados en los próximos meses y, en todo caso, de qué montos es quizá la cuestión más urgente a resolver en materia previsional por la gestión de gobierno de Javier Milei, que se iniciará el 10 de diciembre. La más urgente, pero no la única. El sistema tiene hoy fuertes desequilibrios y los haberes mensuales están significativamente dañados por la inflación. Entre sus definiciones recientes, el presidente electo –que designó al frente de la Anses al ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano– dijo que “es mentira” que se le pueda dar una solución en el corto plazo a la cuestión jubilatoria, y enfatizó la necesidad de adecuar la relación entre aportantes y beneficiarios.
Ese vínculo se fue deteriorando por causas como la persistencia de una alta informalidad; el protagonismo de las prestaciones con moratorias –que llevan casi dos décadas de vigencia–, y el hecho de que las ocupaciones registradas que crecen en número sean las que tienen contribuciones bajas en relación con los compromisos que asume el Estado, como las enmarcadas en el monotributo.
En diciembre, las prestaciones a cargo de la Anses tendrán un reajuste de 20,87%, que determinará el monto de los haberes también de enero y febrero. El ingreso mínimo en los próximos tres meses será de $105.713 y el máximo, de $711.346. Esas cifras son en bruto, mientras que en términos netos son de $102.542 y $671.837.
Solo para quienes tienen el ingreso mínimo (o una prestación de valor inferior, como muchas de las pensiones no contributivas) se anunció un refuerzo de $55.000 a cobrar en el último mes de 2023, en el cual se percibirá, además, el aguinaldo.
Para los primeros meses de 2024 la situación es incierta con respecto a si habrá o no un adicional. Hasta ahora, el pago de bonos siempre se estableció con vigencia trimestral, pero esta vez eso no ocurriría: días atrás, en campaña electoral, el ministro de Economía y entonces candidato a presidente, Sergio Massa, dijo que había previsto bonos para enero y febrero, pero que para anunciarlos iba a esperar a ver “si los argentinos nos dan la posibilidad de gobernar”. El condicionamiento dejó la cuestión en la incertidumbre.
Desde La Libertad Avanza no respondieron hasta ahora qué harán en relación con esa cuestión. Si no se disponen refuerzos, muchos jubilados recibirán importes muy inferiores a los que perciben este mes y más bajos aún en comparación con los de diciembre. El próximo mes, quienes tienen el haber mínimo recibirán $157.542, si se cuentan el haber propiamente dicho y el bono de $55.000 (sin contar el aguinaldo y sin considerar los $15.000 de la ayuda alimentaria para algunos afiliados al PAMI, ni el plus por la garantía del 82% del salario mínimo para quienes no se jubilaron con moratoria, un grupo minoritario). En caso de no existir refuerzos, en enero y en febrero el ingreso neto sería de $102.542.
Tras los anuncios, en los últimos días se publicaron en el Boletín Oficial las resoluciones 216 y 220 de la Anses, que oficializan la movilidad de 20,87% y los montos de las prestaciones. Todavía, en cambio, no fue oficializado el bono de diciembre.
El 20,87% no es el resultado de la fórmula de movilidad para el mes próximo: en rigor, la cuenta dio más, pero el Gobierno aplicó un tope, que los funcionarios previeron al redactar el texto de la ley que rige desde 2021. La movilidad de este año será de 110,9%, muy inferior a la inflación estimada, de lo cual se deriva una fuerte pérdida de poder de compra. El recorte de los haberes en términos reales trepó, solo entre enero y octubre, a niveles de hasta 26%, dependiendo el porcentaje la situación del jubilado frente a los bonos.
La fórmula de actualización
El futuro de la fórmula de movilidad es una incógnita también. Hoy la inflación y las decisiones del Gobierno se ocupan del ajuste previsional. Con un cambio en la dinámica de las variables que son parte del cálculo, en algún momento los índices llevarán a una recuperación del poder de compra. Pero, al mismo tiempo, eso agravará la situación de las cuentas públicas. Es un tema crítico para la meta de equilibrio fiscal.
El contexto de alta inflación y el déficit le imprimen también gravedad al desafío de qué hacer con los refuerzos, que el Gobierno implementa desde septiembre de 2022 a causa de la insuficiencia de la movilidad. Es una estrategia que, al no abarcar a todos los jubilados, provoca distorsiones, sobre todo en un contexto inflacionario. Hoy hay quienes, con un haber bruto superior al mínimo, reciben menos dinero que quienes sí tienen el ingreso básico. Y eso, por no acceder a los bonos dispuestos por el Poder Ejecutivo ni a otros adicionales.
Mientras tanto, las grandes cuentas del sistema de la seguridad social tuvieron en el período de enero a septiembre un déficit de 13,6%, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. La cuenta considera los recursos que recibe la Anses por aportes y por impuestos varios. El desequilibrio ocurrió incluso cuando hubo un ajuste a la baja del gasto, explicado por el retraso de los reajustes. En el período mencionado el dinero asignado al pago de prestaciones fue, corregido por inflación, un 4,3% más bajo que el de igual lapso de 2022.
Moratorias e informalidad
Uno factor en particular que complica las cuentas presentes y futuras (porque no fue previsto un financiamiento) es el plan de pagos de deuda previsional, la moratoria. Según la estadística oficial, en los primeros nueve meses de este año ocho de cada diez nuevas jubilaciones fueron para personas que no tenían cumplido el requisito de los 30 años de aportes que exige la ley. Y, del total de las prestaciones en curso de pago, dos tercios tuvieron moratoria.
El requisito rígido de los 30 años de aportes no fue revisado a lo largo de las décadas que tienen de vida las moratorias, que son mecanismos que posibilitan jubilarse por la excepción y no por la regla, que cada vez menos personas logran cumplir. El problema para el que no hubo soluciones es que la mitad de los trabajadores (asalariados y cuentapropistas) está en la informalidad, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Eso hace insostenible un sistema que pretende tener altos índices de cobertura de ingresos para adultos mayores y haberes que no se deterioren (algo que ocurre ahora)
Préstamos subsidiados
Una decisión sobre qué hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que gestiona la Anses estaría en la agenda de lo que viene.
Las recientes medidas tomadas en el marco del “plan platita” con el que Massa buscó votos dejan efectos muy negativos y sin justificativos para el valor de ese fondo. El último anuncio sobre préstamos subsidiados habilitó a los asalariados con ingresos mensuales de hasta $1.980.000 a tomar dinero a una tasa nominal anual de 50%, cuando la inflación de doce meses fue, a octubre, de 142%. Es decir, hay personas que están entre las que cobran los ingresos laborales más altos de la Argentina a quienes, al beneficio de no pagar más Ganancias, se les sumó el de acceder a préstamos con un alto subsidio estatal.
Reclamos judiciales
Por otra parte, un daño causado a los bolsillos en los últimos años podría traer un dolor de cabeza en particular para los próximos administradores del Estado, más allá del desafío que implica el pago de sentencias judiciales a favor de jubilados ya existentes. Ocurre que la Corte Suprema tiene pendiente pronunciarse sobre reclamos contra el ajuste a las jubilaciones de 2020, el año en el cual se suspendió la aplicación de la movilidad aprobada en la gestión previa.
Varios jueces de instancias inferiores le dieron la razón a los jubilados y ordenaron mejoras para los haberes de quienes litigaron. Desde hace un tiempo se espera el pronunciamiento del tribunal supremo que –con la composición de aquel entonces–, falló a favor de los jubilados en 2007 y en 2009, en respuesta a las demandas contra el congelamiento que cientos de miles de prestaciones tuvieron –pese a la inflación– entre 2002 y 2006, y contra el cálculo deficiente de los haberes para quienes se jubilaban en aquellos años.
La fórmula de movilidad arrojó para el mes próximo un resultado más alto que 20,87%, pero el Gobierno aplicó un tope
Si habrá o no bonos para jubilados en los próximos meses y, en todo caso, de qué montos es quizá la cuestión más urgente a resolver en materia previsional por la gestión de gobierno de Javier Milei, que se iniciará el 10 de diciembre. La más urgente, pero no la única. El sistema tiene hoy fuertes desequilibrios y los haberes mensuales están significativamente dañados por la inflación. Entre sus definiciones recientes, el presidente electo –que designó al frente de la Anses al ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano– dijo que “es mentira” que se le pueda dar una solución en el corto plazo a la cuestión jubilatoria, y enfatizó la necesidad de adecuar la relación entre aportantes y beneficiarios.
Ese vínculo se fue deteriorando por causas como la persistencia de una alta informalidad; el protagonismo de las prestaciones con moratorias –que llevan casi dos décadas de vigencia–, y el hecho de que las ocupaciones registradas que crecen en número sean las que tienen contribuciones bajas en relación con los compromisos que asume el Estado, como las enmarcadas en el monotributo.
En diciembre, las prestaciones a cargo de la Anses tendrán un reajuste de 20,87%, que determinará el monto de los haberes también de enero y febrero. El ingreso mínimo en los próximos tres meses será de $105.713 y el máximo, de $711.346. Esas cifras son en bruto, mientras que en términos netos son de $102.542 y $671.837.
Solo para quienes tienen el ingreso mínimo (o una prestación de valor inferior, como muchas de las pensiones no contributivas) se anunció un refuerzo de $55.000 a cobrar en el último mes de 2023, en el cual se percibirá, además, el aguinaldo.
Para los primeros meses de 2024 la situación es incierta con respecto a si habrá o no un adicional. Hasta ahora, el pago de bonos siempre se estableció con vigencia trimestral, pero esta vez eso no ocurriría: días atrás, en campaña electoral, el ministro de Economía y entonces candidato a presidente, Sergio Massa, dijo que había previsto bonos para enero y febrero, pero que para anunciarlos iba a esperar a ver “si los argentinos nos dan la posibilidad de gobernar”. El condicionamiento dejó la cuestión en la incertidumbre.
Desde La Libertad Avanza no respondieron hasta ahora qué harán en relación con esa cuestión. Si no se disponen refuerzos, muchos jubilados recibirán importes muy inferiores a los que perciben este mes y más bajos aún en comparación con los de diciembre. El próximo mes, quienes tienen el haber mínimo recibirán $157.542, si se cuentan el haber propiamente dicho y el bono de $55.000 (sin contar el aguinaldo y sin considerar los $15.000 de la ayuda alimentaria para algunos afiliados al PAMI, ni el plus por la garantía del 82% del salario mínimo para quienes no se jubilaron con moratoria, un grupo minoritario). En caso de no existir refuerzos, en enero y en febrero el ingreso neto sería de $102.542.
Tras los anuncios, en los últimos días se publicaron en el Boletín Oficial las resoluciones 216 y 220 de la Anses, que oficializan la movilidad de 20,87% y los montos de las prestaciones. Todavía, en cambio, no fue oficializado el bono de diciembre.
El 20,87% no es el resultado de la fórmula de movilidad para el mes próximo: en rigor, la cuenta dio más, pero el Gobierno aplicó un tope, que los funcionarios previeron al redactar el texto de la ley que rige desde 2021. La movilidad de este año será de 110,9%, muy inferior a la inflación estimada, de lo cual se deriva una fuerte pérdida de poder de compra. El recorte de los haberes en términos reales trepó, solo entre enero y octubre, a niveles de hasta 26%, dependiendo el porcentaje la situación del jubilado frente a los bonos.
La fórmula de actualización
El futuro de la fórmula de movilidad es una incógnita también. Hoy la inflación y las decisiones del Gobierno se ocupan del ajuste previsional. Con un cambio en la dinámica de las variables que son parte del cálculo, en algún momento los índices llevarán a una recuperación del poder de compra. Pero, al mismo tiempo, eso agravará la situación de las cuentas públicas. Es un tema crítico para la meta de equilibrio fiscal.
El contexto de alta inflación y el déficit le imprimen también gravedad al desafío de qué hacer con los refuerzos, que el Gobierno implementa desde septiembre de 2022 a causa de la insuficiencia de la movilidad. Es una estrategia que, al no abarcar a todos los jubilados, provoca distorsiones, sobre todo en un contexto inflacionario. Hoy hay quienes, con un haber bruto superior al mínimo, reciben menos dinero que quienes sí tienen el ingreso básico. Y eso, por no acceder a los bonos dispuestos por el Poder Ejecutivo ni a otros adicionales.
Mientras tanto, las grandes cuentas del sistema de la seguridad social tuvieron en el período de enero a septiembre un déficit de 13,6%, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. La cuenta considera los recursos que recibe la Anses por aportes y por impuestos varios. El desequilibrio ocurrió incluso cuando hubo un ajuste a la baja del gasto, explicado por el retraso de los reajustes. En el período mencionado el dinero asignado al pago de prestaciones fue, corregido por inflación, un 4,3% más bajo que el de igual lapso de 2022.
Moratorias e informalidad
Uno factor en particular que complica las cuentas presentes y futuras (porque no fue previsto un financiamiento) es el plan de pagos de deuda previsional, la moratoria. Según la estadística oficial, en los primeros nueve meses de este año ocho de cada diez nuevas jubilaciones fueron para personas que no tenían cumplido el requisito de los 30 años de aportes que exige la ley. Y, del total de las prestaciones en curso de pago, dos tercios tuvieron moratoria.
El requisito rígido de los 30 años de aportes no fue revisado a lo largo de las décadas que tienen de vida las moratorias, que son mecanismos que posibilitan jubilarse por la excepción y no por la regla, que cada vez menos personas logran cumplir. El problema para el que no hubo soluciones es que la mitad de los trabajadores (asalariados y cuentapropistas) está en la informalidad, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Eso hace insostenible un sistema que pretende tener altos índices de cobertura de ingresos para adultos mayores y haberes que no se deterioren (algo que ocurre ahora)
Préstamos subsidiados
Una decisión sobre qué hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que gestiona la Anses estaría en la agenda de lo que viene.
Las recientes medidas tomadas en el marco del “plan platita” con el que Massa buscó votos dejan efectos muy negativos y sin justificativos para el valor de ese fondo. El último anuncio sobre préstamos subsidiados habilitó a los asalariados con ingresos mensuales de hasta $1.980.000 a tomar dinero a una tasa nominal anual de 50%, cuando la inflación de doce meses fue, a octubre, de 142%. Es decir, hay personas que están entre las que cobran los ingresos laborales más altos de la Argentina a quienes, al beneficio de no pagar más Ganancias, se les sumó el de acceder a préstamos con un alto subsidio estatal.
Reclamos judiciales
Por otra parte, un daño causado a los bolsillos en los últimos años podría traer un dolor de cabeza en particular para los próximos administradores del Estado, más allá del desafío que implica el pago de sentencias judiciales a favor de jubilados ya existentes. Ocurre que la Corte Suprema tiene pendiente pronunciarse sobre reclamos contra el ajuste a las jubilaciones de 2020, el año en el cual se suspendió la aplicación de la movilidad aprobada en la gestión previa.
Varios jueces de instancias inferiores le dieron la razón a los jubilados y ordenaron mejoras para los haberes de quienes litigaron. Desde hace un tiempo se espera el pronunciamiento del tribunal supremo que –con la composición de aquel entonces–, falló a favor de los jubilados en 2007 y en 2009, en respuesta a las demandas contra el congelamiento que cientos de miles de prestaciones tuvieron –pese a la inflación– entre 2002 y 2006, y contra el cálculo deficiente de los haberes para quienes se jubilaban en aquellos años.
La fórmula de movilidad arrojó para el mes próximo un resultado más alto que 20,87%, pero el Gobierno aplicó un tope
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