“Es un ataque frontal”: fuerte réplica desde la Corte al juicio político del kirchnerismo
Rosatti y Rosenkrantz dijeron que quieren “neutralizarlos” y limitar su independencia
Hernán Cappiello
Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz rechazaron ayer, en sendos escritos, los cargos que les hizo la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que, en una maniobra impulsada por el kirchnerismo, se pronunció el mes pasado a favor de acusarlos.
Los miembros de la Corte señalaron que, en realidad, los legisladores oficialistas buscan “condicionarlos, neutralizarlos o directamente cooptar” al tribunal y afectar “su independencia judicial”. Los otros dos jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, optaron por no responder a los diputados.
Rosenkrantz dijo que se pretende “remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Se trata de un ataque frontal a la separación de poderes y a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional”. La Comisión de Juicio Político tiene previsto reunirse el martes para continuar con el proceso luego de que se notificara a los jueces de los cargos en su contra.
En el año faltan dos reuniones de la comisión y luego no se sabe cómo seguirá. El kirchnerismo usó la comisión para erosionar a la Corte, en el contexto de su enfrentamiento con la cabeza del Poder Judicial.
El juez Rosatti señaló en su escrito que hubo irregularidades que se cometieron a lo largo del proceso y respondió a los cargos. Dijo que las acusaciones por la integración anterior del Consejo de la Magistratura, por el fallo sobre la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires o el caso del fallo Muiña sobre la aplicación del dos por uno en casos de lesa humanidad, exhibe una disconformidad con el contenido de las sentencias. Y consideró que eso queda en evidencia cuando en la acusación se reproducen fragmentos de los recursos del Estado nacional contra esos fallos que no les fueron favorables. Dijo Rosatti que colaboraron con el proceso al punto que declararon empleados y funcionarios y se aportó documentación, mencionó que contestaron los oficios que les enviaron y hasta remitieron más de 15.000 páginas con información.
No obstante advirtió que hubo vicios en el procedimiento que lo hacen inválido e ineficaz de modo que afectan las garantías del debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Y destacó, en ese sentido, que se realizaron pedidos de producción de prueba sin la previa intervención de un juez, cuando era un requisito ineludible. También mencionó que se obtuvo información reservada de contribuyentes sin intervención judicial, en violación del secreto fiscal.
Asimismo dijo que se incorporaron al proceso evidencias que habían sido declaradas ilegales en una causa judicial por su origen ilícito y que se sometió a los testigos a un trato hostil, descalificándolos como persona y profesionales. Incluso se interrogó a los testigos sobre su vida privada y sus vínculos familiares, sin que estuviera relacionado con él sin justificación alguna en relación a la pertinencia de las preguntas. Para Rosatti, se intentó condicionar la resolución de las causas y al mismo tiempo, como están impedidos de opinar sobre expedientes en trámite, buscaron condicionar su derecho de defensa. “Se pone a los jueces del Tribunal frente a la disyuntiva de indefensión en este juicio político o tener que desprenderse del conocimiento de causas institucionales en trámite.”, dijo.
Y señaló que el mecanismo de juicio político, se “ha desvirtuado y, si bien se procuró afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular, ese objetivo no se logró”.
Rosenkrantz, que es vicepresidente de al Corte, entendió que si bien el juicio político es un instituto legítimo “su propósito ha sido subvertido: la rama con atribuciones para controlar [el Congreso] intentó en realidad condicionar, neutralizar o directamente cooptar a la rama controlada para, así, concentrar ella misma un poder que no le correspondía”.
El magistrado dijo que el propósito del juicio político es apartar a los jueces con mecanismos espurios, con acusaciones que no constituyen irregularidades sino “relatos o novelas de asociación libre” para atribuirle “inescrupulosamente faltas tan graves como falsas”. Por eso señaló que “lo que está en juego” tiene que ver con su “permanencia en la Corte como uno de sus magistrados”.
“Este procedimiento tiene un fin mucho más nocivo para el funcionamiento republicano de nuestro país que el mero apartamiento de uno de sus jueces pues apunta, en definitiva, a condicionar o, en última instancia, a remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Se trata de un ataque frontal a la separación de poderes”, agregó.
Lorenzetti no planteó ninguna respuesta a los cargos, en consonancia con la idea que primaba en el tribunal de no darle entidad al juicio político pues era una manera de amplificar las acusaciones que se hacían desde el kirchnerismo. A Maqueda, que fue notificado hace mucho mas tiempo, ya se le venció el plazo para responder. Al igual que Lorenzetti optó por no responder para no darle más entidad.
Horacio Rosatti presidente de la corte “Se intentó afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte en particular”
Carlos Rosenkrantz vicepresidente de la corte “Se intentó condicionar, neutralizar o directamente cooptar” a los miembros del tribunal
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El caso Chocolate entró en una pausa peligrosa para la investigación
El abogado del puntero pide la nulidadHernán Cappiello
La causa en la que se investiga el financiamiento ilegal de la política con la detención de Julio “Chocolate” Rigau y sus 48 tarjetas de débito de supuestos empleados de la Legislatura bonaerense entró en una pausa peligrosa que pone en riesgo la investigación. O, al menos, amenaza con adormecerla.
Es que mientras están pendientes los pedidos de captura del jefe de político de Rigau, el concejal massista Facundo Albini, de Unión por la Patria; de su padre Claudio, exsubdirector de Personal de la Legislatura, y de los 48 dueños de las tarjetas de débito, el acusado volvió a plantearla nulidad de toda la causa para salir en libertad y planteó otra vez la nulidad del secuestro de su teléfono celular.
Los que deben decidir son los mismos camaristas que anularon el expediente hace dos meses y liberaron a Rigau: Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, de la Cámara de Apelaciones de La Plata. El tercer juez, Fernando Mateos, votó en disidencia.
Un alternativa es que los propios jueces se excusen porque ya intervinieron antes. La otra es que se pronuncien del mismo modo que lo hicieron el 13 de septiembre pasado, cuando hicieron lugar a un habeas corpus planteado por Rigau y anularon el procedimiento al entender que la policía se excedió al intervenir violando la intimidad del acusado, sin razones para sospechar, solo por el olfato policial. Ordenaron liberarlo, que le devuelvan las 48 tarjetas ajenas, 1.200.000 pesos y el celular.
Ese fallo de Benavides y Villordo les valió un pedido de jury planteado por el procurador Julio Conte Grand y una denuncia disciplinaria ante la Suprema Corte bonaerense, dado lo burdo de los argumentos que utilizaron.
La decisión fue apelada por el fiscal de Casación Héctor Vogliolo y los jueces de la Cámara de Casación bonaerense María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini revocaron la medida en duros términos al considerar que se excedieron en su competencia y actuaron basados en una interpretación de las normas vigentes reñidas con la ley, la jurisprudencia de la Corte e, incluso, de la lógica.
Ese fallo de Casación que reabrió la causa permitió volver a pedir la captura de Rigau, que se entregó finalmente en una comisaría el 14 de octubre pasado.
Con Rigau preso, la causa avanzó con la apertura de su teléfono celular que prodigó numerosas evidencias sobre los jefes políticos del puntero, a quién le entregaba la plata que sacaba y el verdadero rol de los dueños de las tarjetas de débito. Para la Justicia no son empleados públicos que le daban el plástico para que Rigau les cobre el sueldo, sino “ñoquis” que no trabajan y aportan su sueldo a la política. Por eso están acusados de fraude y asociación ilícita, al igual que Facundo Albini y su padre, considerado el jefe.
Pero la defensa de Rigau no se quedó quieta. Planteó nuevamente la nulidad de toda la causa y del secuestro del celular ante Atencio, como le indicaron los camaristas de Casación. El juez rechazó el argumento. El abogado de Rigau, Alfredo Gascón, apeló y la decisión volvió a caer en manos de la Sala III de la Cámara de Apelaciones.
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Por el cepo a la importación, la deuda comercial ya llega a US$54.000 millones
Sin divisas en el BCRA, las firmas siguen acumulando pasivos con casas matrices y proveedores; Massa había prometido que usaría el swap para regularizar el comercio
Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz rechazaron ayer, en sendos escritos, los cargos que les hizo la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que, en una maniobra impulsada por el kirchnerismo, se pronunció el mes pasado a favor de acusarlos.
Los miembros de la Corte señalaron que, en realidad, los legisladores oficialistas buscan “condicionarlos, neutralizarlos o directamente cooptar” al tribunal y afectar “su independencia judicial”. Los otros dos jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, optaron por no responder a los diputados.
Rosenkrantz dijo que se pretende “remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Se trata de un ataque frontal a la separación de poderes y a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional”. La Comisión de Juicio Político tiene previsto reunirse el martes para continuar con el proceso luego de que se notificara a los jueces de los cargos en su contra.
En el año faltan dos reuniones de la comisión y luego no se sabe cómo seguirá. El kirchnerismo usó la comisión para erosionar a la Corte, en el contexto de su enfrentamiento con la cabeza del Poder Judicial.
El juez Rosatti señaló en su escrito que hubo irregularidades que se cometieron a lo largo del proceso y respondió a los cargos. Dijo que las acusaciones por la integración anterior del Consejo de la Magistratura, por el fallo sobre la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires o el caso del fallo Muiña sobre la aplicación del dos por uno en casos de lesa humanidad, exhibe una disconformidad con el contenido de las sentencias. Y consideró que eso queda en evidencia cuando en la acusación se reproducen fragmentos de los recursos del Estado nacional contra esos fallos que no les fueron favorables. Dijo Rosatti que colaboraron con el proceso al punto que declararon empleados y funcionarios y se aportó documentación, mencionó que contestaron los oficios que les enviaron y hasta remitieron más de 15.000 páginas con información.
No obstante advirtió que hubo vicios en el procedimiento que lo hacen inválido e ineficaz de modo que afectan las garantías del debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Y destacó, en ese sentido, que se realizaron pedidos de producción de prueba sin la previa intervención de un juez, cuando era un requisito ineludible. También mencionó que se obtuvo información reservada de contribuyentes sin intervención judicial, en violación del secreto fiscal.
Asimismo dijo que se incorporaron al proceso evidencias que habían sido declaradas ilegales en una causa judicial por su origen ilícito y que se sometió a los testigos a un trato hostil, descalificándolos como persona y profesionales. Incluso se interrogó a los testigos sobre su vida privada y sus vínculos familiares, sin que estuviera relacionado con él sin justificación alguna en relación a la pertinencia de las preguntas. Para Rosatti, se intentó condicionar la resolución de las causas y al mismo tiempo, como están impedidos de opinar sobre expedientes en trámite, buscaron condicionar su derecho de defensa. “Se pone a los jueces del Tribunal frente a la disyuntiva de indefensión en este juicio político o tener que desprenderse del conocimiento de causas institucionales en trámite.”, dijo.
Y señaló que el mecanismo de juicio político, se “ha desvirtuado y, si bien se procuró afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular, ese objetivo no se logró”.
Rosenkrantz, que es vicepresidente de al Corte, entendió que si bien el juicio político es un instituto legítimo “su propósito ha sido subvertido: la rama con atribuciones para controlar [el Congreso] intentó en realidad condicionar, neutralizar o directamente cooptar a la rama controlada para, así, concentrar ella misma un poder que no le correspondía”.
El magistrado dijo que el propósito del juicio político es apartar a los jueces con mecanismos espurios, con acusaciones que no constituyen irregularidades sino “relatos o novelas de asociación libre” para atribuirle “inescrupulosamente faltas tan graves como falsas”. Por eso señaló que “lo que está en juego” tiene que ver con su “permanencia en la Corte como uno de sus magistrados”.
“Este procedimiento tiene un fin mucho más nocivo para el funcionamiento republicano de nuestro país que el mero apartamiento de uno de sus jueces pues apunta, en definitiva, a condicionar o, en última instancia, a remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Se trata de un ataque frontal a la separación de poderes”, agregó.
Lorenzetti no planteó ninguna respuesta a los cargos, en consonancia con la idea que primaba en el tribunal de no darle entidad al juicio político pues era una manera de amplificar las acusaciones que se hacían desde el kirchnerismo. A Maqueda, que fue notificado hace mucho mas tiempo, ya se le venció el plazo para responder. Al igual que Lorenzetti optó por no responder para no darle más entidad.
Horacio Rosatti presidente de la corte “Se intentó afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte en particular”
Carlos Rosenkrantz vicepresidente de la corte “Se intentó condicionar, neutralizar o directamente cooptar” a los miembros del tribunal
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El caso Chocolate entró en una pausa peligrosa para la investigación
El abogado del puntero pide la nulidadHernán Cappiello
La causa en la que se investiga el financiamiento ilegal de la política con la detención de Julio “Chocolate” Rigau y sus 48 tarjetas de débito de supuestos empleados de la Legislatura bonaerense entró en una pausa peligrosa que pone en riesgo la investigación. O, al menos, amenaza con adormecerla.
Es que mientras están pendientes los pedidos de captura del jefe de político de Rigau, el concejal massista Facundo Albini, de Unión por la Patria; de su padre Claudio, exsubdirector de Personal de la Legislatura, y de los 48 dueños de las tarjetas de débito, el acusado volvió a plantearla nulidad de toda la causa para salir en libertad y planteó otra vez la nulidad del secuestro de su teléfono celular.
Los que deben decidir son los mismos camaristas que anularon el expediente hace dos meses y liberaron a Rigau: Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, de la Cámara de Apelaciones de La Plata. El tercer juez, Fernando Mateos, votó en disidencia.
Un alternativa es que los propios jueces se excusen porque ya intervinieron antes. La otra es que se pronuncien del mismo modo que lo hicieron el 13 de septiembre pasado, cuando hicieron lugar a un habeas corpus planteado por Rigau y anularon el procedimiento al entender que la policía se excedió al intervenir violando la intimidad del acusado, sin razones para sospechar, solo por el olfato policial. Ordenaron liberarlo, que le devuelvan las 48 tarjetas ajenas, 1.200.000 pesos y el celular.
Ese fallo de Benavides y Villordo les valió un pedido de jury planteado por el procurador Julio Conte Grand y una denuncia disciplinaria ante la Suprema Corte bonaerense, dado lo burdo de los argumentos que utilizaron.
La decisión fue apelada por el fiscal de Casación Héctor Vogliolo y los jueces de la Cámara de Casación bonaerense María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini revocaron la medida en duros términos al considerar que se excedieron en su competencia y actuaron basados en una interpretación de las normas vigentes reñidas con la ley, la jurisprudencia de la Corte e, incluso, de la lógica.
Ese fallo de Casación que reabrió la causa permitió volver a pedir la captura de Rigau, que se entregó finalmente en una comisaría el 14 de octubre pasado.
Con Rigau preso, la causa avanzó con la apertura de su teléfono celular que prodigó numerosas evidencias sobre los jefes políticos del puntero, a quién le entregaba la plata que sacaba y el verdadero rol de los dueños de las tarjetas de débito. Para la Justicia no son empleados públicos que le daban el plástico para que Rigau les cobre el sueldo, sino “ñoquis” que no trabajan y aportan su sueldo a la política. Por eso están acusados de fraude y asociación ilícita, al igual que Facundo Albini y su padre, considerado el jefe.
Pero la defensa de Rigau no se quedó quieta. Planteó nuevamente la nulidad de toda la causa y del secuestro del celular ante Atencio, como le indicaron los camaristas de Casación. El juez rechazó el argumento. El abogado de Rigau, Alfredo Gascón, apeló y la decisión volvió a caer en manos de la Sala III de la Cámara de Apelaciones.
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Por el cepo a la importación, la deuda comercial ya llega a US$54.000 millones
Sin divisas en el BCRA, las firmas siguen acumulando pasivos con casas matrices y proveedores; Massa había prometido que usaría el swap para regularizar el comercio
Sofía Diamante
El comercio exterior sigue frenado por las restricciones oficiales debido a la falta de divisas
Unos días antes de las elecciones generales comenzó a profundizarse el problema para las empresas importadoras: el sistema de AFIP que permite validar pagos al exterior entró en “tareas de mantenimiento” y, desde entonces, la operación quedó vedada. La percepción del sector empresario es que esto va a seguir así, por lo menos, hasta el balotaje.
Los números económicos avalan la sensación empresarial. La deuda comercial que mantienen las empresas que operan en la Argentina con sus proveedores o casas matrices del exterior alcanzó los US$54.000 millones, según un informe de Romano Grupo, sobre la base de datos del Banco Central (BCRA). De ese total, US$43.000 millones es deuda por importaciones de bienes (productos físicos) y US$11.000 millones por servicios (donde se incluye el pago de fletes).
La preocupación, sin embargo, está centrada en un poco menos de la mitad de esa deuda, que creció de manera exponencial en el último año y medio. Históricamente, la deuda comercial de bienes y servicios fue de US$30.000 millones, que es un monto compatible con los plazos entre que se realiza la compra y se efectúa el pago, en un país como la Argentina. En el último tiempo, debido a la falta de dólares del BCRA, el Gobierno agudizó las restricciones para importar, lo que generó que la deuda comercial supere los US$50.000 millones.
“La balanza comercial y de pagos indica que esta tendencia sigue en pie, con un aumento en solo septiembre de US$2500 millones para bienes, el segundo mayor incremento mensual en la gestión de Alberto Fernández. El promedio para la deuda de bienes, desde diciembre de 2007 al mismo mes de 2021, fue de US$21.800 millones. Es decir, el stock actual de deuda comercial de bienes es de un 100% adicional (US$43.000 millones)”, precisó Romano Grupo.
“No solo siguen frenando los giros al exterior, sino que ahora nos inventaron un ‘error’ de validación que antes no teníamos. Qué le digo al proveedor después de casi 90 días de haber recibido la mercadería”, dijo a en reserva una pyme que importa productos de bazar. Luego de haber tenido aprobada la SIRA (permiso para importar) y de que haya pasado el plazo correspondiente para acceder a los dólares, la pyme se encontró con ese error en la página de la AFIP.
El “error” no es un caso aislado. Con solo buscar en la red social X (antes Twitter) las siglas “Ccuce”, se percibe la impotencia de los importadores. Esas letras corresponden a la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior, que es un sistema de consulta y registro de operaciones cambiarias para comprar los dólares al BCRA. “Desde el 28 de octubre que el sistema no efectuó ningún pago. No solo no anduvo por las tareas de mantenimiento, sino que ahora aparece un ‘error de inconsistencia’ al momento de pagar con números 46, 47 y 50, según el caso”, explicó un empresario.
“Se pararon por completo los pagos. Es un problema transversal a todos los sectores de la economía. Todos están afectados por igual, sin distinción, como ya vimos en salud”, agregaron, haciendo referencia a la falta de insumos médicos. También se notó la falta de divisas en un sector estratégico como el de energía, cuando YPF no pudo acceder a los dólares para pagar la importación de buques con nafta y gasoil, lo que inició un desabastecimiento generalizado de combustible en el país.
Poco sirvió al momento la activación delswap con China por el equivalente en yuan es de US$ 6500millon es, que anuncia ron el presidente Alberto Fernández y el candidato y ministro de Economía, Sergio Massa.
“El sector empresario está observando que ese swap se está utilizando para pagar la deuda con el FMI, en vez de transferir esos fondos a la deuda comercial por importaciones”, dijeron en el sector privado, en reserva, dado la sensibilidad con la que se hacen las autorizaciones para importar en el Gobierno.
“Ahora armaron un nuevo kiosco para poder importar. Además de pagar una coima para que te aprueben las famosas SIRA, de entre 10% y 15% sobre el valor de lo que se quiere importar, inventaron una inconsistencia en el Ccuce, que es el sistema de control de la AFIP nuevo que aprueba o no el giro del pago. Para ‘sacar’ ese error, ahora nos piden 11% extra. Pero esto es peor que con las SIRA, porque está la exigencia de pagarlo sin saber si se va a poder transferir realmente o no. El quisco de las SIRA es menos riesgoso porque hasta que no sale aprobada no lo pagás”, contaron a este medio una pyme importadora.
La situación generó un mayor desabastecimiento de productos, ya que al tener menos seguridad de la capacidad de reposición, nadie quiere perder el stock. “No queremos entregar mercadería, pero al mismo tiempo algo hay que vender para sobrevivir. Además, como la brecha es inmensa, no es lo mismo pagar la mercadería a $365 [tipo de cambio oficial], que a $900 [CCL]. Y hay clientes que no consideran el dólar blue. Entonces, hasta que no haya una devaluación oficial, no podemos trasladar esa brecha en el precio. Por eso estamos más estrictos con las entregas”, dijeron en la empresa para explicar cómo afecta las complicaciones para importar en la operatoria local.
La incertidumbre se volvió tan profunda, que en la pyme no descartaron cerrar las puertas dos meses, hasta que se aclare la situación económica en el país. “Sería el peor escenario, pero tal vez sería lo más conveniente cerrar un tiempo y bancar los costos fijos con la espalda que tenemos. En algún momento las cosas se van a tener que acomodar y va a estar todo un poco más claro. Hoy hay mucha incertidumbre en todo sentido y vender la mercadería no sé si es el mejor negocio. Es preferible guardarla y ver qué pasa”, dijeron con resignación.
Unos días antes de las elecciones generales comenzó a profundizarse el problema para las empresas importadoras: el sistema de AFIP que permite validar pagos al exterior entró en “tareas de mantenimiento” y, desde entonces, la operación quedó vedada. La percepción del sector empresario es que esto va a seguir así, por lo menos, hasta el balotaje.
Los números económicos avalan la sensación empresarial. La deuda comercial que mantienen las empresas que operan en la Argentina con sus proveedores o casas matrices del exterior alcanzó los US$54.000 millones, según un informe de Romano Grupo, sobre la base de datos del Banco Central (BCRA). De ese total, US$43.000 millones es deuda por importaciones de bienes (productos físicos) y US$11.000 millones por servicios (donde se incluye el pago de fletes).
La preocupación, sin embargo, está centrada en un poco menos de la mitad de esa deuda, que creció de manera exponencial en el último año y medio. Históricamente, la deuda comercial de bienes y servicios fue de US$30.000 millones, que es un monto compatible con los plazos entre que se realiza la compra y se efectúa el pago, en un país como la Argentina. En el último tiempo, debido a la falta de dólares del BCRA, el Gobierno agudizó las restricciones para importar, lo que generó que la deuda comercial supere los US$50.000 millones.
“La balanza comercial y de pagos indica que esta tendencia sigue en pie, con un aumento en solo septiembre de US$2500 millones para bienes, el segundo mayor incremento mensual en la gestión de Alberto Fernández. El promedio para la deuda de bienes, desde diciembre de 2007 al mismo mes de 2021, fue de US$21.800 millones. Es decir, el stock actual de deuda comercial de bienes es de un 100% adicional (US$43.000 millones)”, precisó Romano Grupo.
“No solo siguen frenando los giros al exterior, sino que ahora nos inventaron un ‘error’ de validación que antes no teníamos. Qué le digo al proveedor después de casi 90 días de haber recibido la mercadería”, dijo a en reserva una pyme que importa productos de bazar. Luego de haber tenido aprobada la SIRA (permiso para importar) y de que haya pasado el plazo correspondiente para acceder a los dólares, la pyme se encontró con ese error en la página de la AFIP.
El “error” no es un caso aislado. Con solo buscar en la red social X (antes Twitter) las siglas “Ccuce”, se percibe la impotencia de los importadores. Esas letras corresponden a la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior, que es un sistema de consulta y registro de operaciones cambiarias para comprar los dólares al BCRA. “Desde el 28 de octubre que el sistema no efectuó ningún pago. No solo no anduvo por las tareas de mantenimiento, sino que ahora aparece un ‘error de inconsistencia’ al momento de pagar con números 46, 47 y 50, según el caso”, explicó un empresario.
“Se pararon por completo los pagos. Es un problema transversal a todos los sectores de la economía. Todos están afectados por igual, sin distinción, como ya vimos en salud”, agregaron, haciendo referencia a la falta de insumos médicos. También se notó la falta de divisas en un sector estratégico como el de energía, cuando YPF no pudo acceder a los dólares para pagar la importación de buques con nafta y gasoil, lo que inició un desabastecimiento generalizado de combustible en el país.
Poco sirvió al momento la activación delswap con China por el equivalente en yuan es de US$ 6500millon es, que anuncia ron el presidente Alberto Fernández y el candidato y ministro de Economía, Sergio Massa.
“El sector empresario está observando que ese swap se está utilizando para pagar la deuda con el FMI, en vez de transferir esos fondos a la deuda comercial por importaciones”, dijeron en el sector privado, en reserva, dado la sensibilidad con la que se hacen las autorizaciones para importar en el Gobierno.
“Ahora armaron un nuevo kiosco para poder importar. Además de pagar una coima para que te aprueben las famosas SIRA, de entre 10% y 15% sobre el valor de lo que se quiere importar, inventaron una inconsistencia en el Ccuce, que es el sistema de control de la AFIP nuevo que aprueba o no el giro del pago. Para ‘sacar’ ese error, ahora nos piden 11% extra. Pero esto es peor que con las SIRA, porque está la exigencia de pagarlo sin saber si se va a poder transferir realmente o no. El quisco de las SIRA es menos riesgoso porque hasta que no sale aprobada no lo pagás”, contaron a este medio una pyme importadora.
La situación generó un mayor desabastecimiento de productos, ya que al tener menos seguridad de la capacidad de reposición, nadie quiere perder el stock. “No queremos entregar mercadería, pero al mismo tiempo algo hay que vender para sobrevivir. Además, como la brecha es inmensa, no es lo mismo pagar la mercadería a $365 [tipo de cambio oficial], que a $900 [CCL]. Y hay clientes que no consideran el dólar blue. Entonces, hasta que no haya una devaluación oficial, no podemos trasladar esa brecha en el precio. Por eso estamos más estrictos con las entregas”, dijeron en la empresa para explicar cómo afecta las complicaciones para importar en la operatoria local.
La incertidumbre se volvió tan profunda, que en la pyme no descartaron cerrar las puertas dos meses, hasta que se aclare la situación económica en el país. “Sería el peor escenario, pero tal vez sería lo más conveniente cerrar un tiempo y bancar los costos fijos con la espalda que tenemos. En algún momento las cosas se van a tener que acomodar y va a estar todo un poco más claro. Hoy hay mucha incertidumbre en todo sentido y vender la mercadería no sé si es el mejor negocio. Es preferible guardarla y ver qué pasa”, dijeron con resignación.
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