UNA PESADA KK INSOPORTABLE, Y TONELADAS DE CORRUPCIÓN

El kirchnerismo reactiva el conflicto con la Corte por la exjueza Figueroa
La exmagistrada, que actúa en sintonía con el oficialismo, pidió volver a su cargo
Hernán CappielloEn su última incursión en la Cámara
La ex jueza Ana María Figueroa, que actúa en sintonía con el kirchnerismo y ha ajustado sus movimientos a las necesidades y los deseos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, se presentó ayer ante el Consejo de la Magistratura para reclamar que se la reponga en la presidencia de la Cámara de Casación, a pesar de haber sido cesanteada por la Corte después de haber permanecido en ese cargo, sin la prórroga del Senado, más allá del límite de edad que establece la Constitución nacional.
La situación de la excamarista derivó en un conflicto de poderes desatado por el oficialismo, que después de la cesantía de la Corte aprobó en el Senado un acuerdo para que Figueroa siga en su cargo.
Ahora, envalentonado por el resultado de la primera vuelta electoral, el kirchnerismo reactiva, a través de la presentación realizada ayer por la propia Figueroa, el desafío a la Corte.
Ana María Figueroa, la exjueza afín al kirchnerismo, reclamó al Consejo de la Magistratura que le devuelvan su cargo y su título de presidenta de la Cámara Federal de Casación, y que, además, la Corte Suprema de Justicia le pague los sueldos de agosto y septiembre. Denunció que fue víctima de una supuesta discriminación de género y que el máximo tribunal incurrió en un “acto ilegal” al dejarla cesante cuando cumplió 75 años –plazo que estipula la Constitución Nacional– sin haber obtenido el acuerdo del Senado.
La exmagistrada planteó sus quejas en una nota presentada en el Consejo de la Magistratura en la que criticó a la Cámara de Casación y a la Corte por haberla dejado cesante a partir del 9 de agosto pasado, cuando cumplió los 75, porque para entonces no había obtenido el acuerdo del Senado. Después, la Cámara alta se reunió el 28 de septiembre y dio su acuerdo para extenderle el mandato por cinco años, y el presidente Alberto Fernández firmó el 3 de octubre pasado un decreto con el que la volvió a designar.
Desde entonces, la exjueza no fue más a su despacho en la Cámara de Casación y su vocalía fue cubierta por su colega Alejandro Slokar, designado por sorteo. La presidencia de la Casación fue dejada por la propia exjueza en manos de Mariano Borinsky. Pero ahora, tras la victoria del kirchnerismo en las elecciones, Figueroa reapareció. Dirigió su nota de reclamo a la presidenta de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, María Fernanda Vázquez, a quien le pidió: “Tenga a bien disponer de los medios necesarios para que se ordene la inmediata mantención en mi cargo”. Dijo que su continuidad fue “turbada de facto por una simple resolución administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, del 6 septiembre de 2023, luego de que la Cámara de Casación informó a la Corte y al Consejo de la Magistratura de su situación
“Reunión clandestina”
Recordó que fue nombrada el 21 de noviembre de 2011 en la Casación y que tras once años y nueve meses en el cargo, cumplió 75 años el 9 de agosto. Entre el día del cumpleaños y el de su nuevo nombramiento por decreto presidencial se produjeron “actos novedosos de quienes no tienen atribución constitucional ni legal para nombrar, cesar, suspender, cesantear, remover a magistrados”, se quejó. Figueroa denunció que hubo una reunión “clandestina” en el despacho de Borinsky –a quien acusó de haberse constituido “como presidente de facto” del tribunal mientras ella estaba en su despacho–. Según Figueroa, en esa reunión se decidió enviar una nota a la Corte sobre la situación de ella sin acuerdo “lo que podría derivar en el cese de sus funciones”. Esa comunicación al máximo tribunal –sostuvo– contó con el impulso de Borinsky y el aval de los jueces Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, que integran el tribunal de Superintendencia. También se envió una nota al Consejo de la Magistratura, recordó.
Figueroa se quejó luego de la decisión unánime de la Corte de declarar su cese por vía administrativa, sin una causa judicial. Denunció discriminación y destacó que los cuatro jueces de la Corte son varones, lo mismo que los cinco colegas de la Casación que integran el tribunal de superintendencia.
“La indebida injerencia de los señores jueces de la Corte en estas cuestiones por fuera de sus atribuciones constitucionales no registra antecedentes en la historia institucional”, afirmó, y dijo: “Se advierte un manifiesto acto discriminatorio de la Corte Suprema de Justicia contra mi persona, a través de un acto ilegal donde se adopta y ejecuta una interpretación antagónica a todos los precedentes anteriores”.
Figueroa dijo que tuvo que abandonar su despacho “prescindiendo de la voluntad expresada de continuar” cuando “ante la noticia difundida por los medios de prensa, no habiendo sido notificada a la fecha de dicho acto administrativo irregular”. Y agregó: “Corresponde ser mantenida en el cargo de vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, en la vocalía 10, donde fue interrumpida mi investidura, recibiendo un trato discriminatorio con relación a todos los precedentes similares operados a la fecha”. En esa vocalía, la que ella ocupaba, están los casos Hotesur-Los Sauces y el pacto con Irán, que tienen como acusada a Cristina Kirchner.
Figueroa añadió que al correrla de su cargo se “está poniendo en riesgo la independencia judicial” y advirtió que el Consejo “no debe permitir la propagación de los efectos disciplinantes de un acto irregular que dispone el cese arbitrario en sus funciones de una jueza, pues alcanza al resto de los magistrados”.
Además, pidió que el juez Horacio Rosatti, que preside el Consejo y la Corte, se abstenga de intervenir en el plenario del Consejo que trate su caso “por elementales cuestiones de decoro”, dado el “inmerecido destrato” que, según ella, recibió.
Afirmó que la discriminaron por ser una “mujer independiente”, que resuelve “siempre conforme a derecho”. También pidió que, cuando resuelva el Consejo, se aparte el juez Barroetaveña, que además de consejero era colega en Casación. Figueroa solicitó entonces la inmediata ejecución del decreto que la repuso en su cargo, que le devuelvan la firma digital y que se ordene el pago de los salarios, retroactivos y derechos laborales suspendidos desde el 1° de septiembre de 2023.

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Insaurralde pidió apartar al fiscal que lo investiga por corrupción
El intendente argumentó que existe “enemistad manifiesta” de parte de Mola; peritarán dos teléfonos de Clerici

Hernán Cappiello
Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal federal Sergio Mola, que lo investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a raíz de las revelaciones del escándalo del “yategate”: argumentó que tiene “manifiesta enemistad” y que lo mueven intereses ajenos a su función.
Mola rechazó la pretensión de la defensa del intendente de Lomas de Zamora (en uso de licencia) con un escrito que señala que se trata de acusaciones sin fundamentos, que no tiene vínculo con Insaurralde y que su planteo es una “canallada” y un “verdadero divague”.
En la causa también se confirmó ayer que el juez Ernesto Kreplak autorizó un peritaje sobre dos teléfonos celulares de Sofía Clerici y una computadora de Insaurralde, aparatos que les fueron secuestrados en sendos allanamientos.
Insaurralde –que debió renunciar a la Jefatura de Gabinete de Axel Kicillof y a su candidatura a concejal en Lomas de Zamora por el escándalo junto a Clerici– afirmó que la información de la causa fue capitalizada por Juntos por el Cambio y por la Libertad Avanza.
El fiscal rechazó el argumento por no estar relacionado con el caso. La causa no afectó la cosecha de votos de Federico Otermín, el candidato de Insaurralde, que ganó la intendencia de Lomas. Ahora deberá resolver el juez Kreplak.
El abogado Fernando Pinto, que defiende a Insaurralde, señaló que Mola tiene “manifiesta enemistad y animadversión” con su cliente. El fiscal respondió: “No poseo ni enemistad, ni animadversión, ni relación alguna con su defendido que pueda afectar mi actuación como fiscal en este proceso”.
“Se advierte de la sola lectura del escrito del defensor que sus afirmaciones son infundadas, que algunas de ellas obedecen a prejuicios personales del presentante, y otras, a inexactitudes, falta de información o mala lectura de las constancias de la causa”, le explicó.
El abogado dijo que el fiscal actuó con “discrecionalidad” y “un interés ajeno” a su función. Mola le contestó: “Es una acusación grave hacia mi persona, pero más grave cuando la misma es completamente infundada y basada en conjeturas personales carentes de sustento, alejadas completamente de la realidad”.
Pinto criticó que el fiscal hubiera realizado por sí mismo medidas de prueba al no tener la causa delegada. Mola le respondió que estaba dentro de sus facultades hacerlo. Dijo el defensor de Insaurralde que Mola tiene enemistad con su cliente porque recusó al juez Federico Villena, donde recayó el caso en primer lugar. “La impertinencia es palmaria”, le contestó Mola y dijo que recusó a Villena ante la sospecha de forum shopping. Es que la primera esposa de Insaurralde es funcionaria en el juzgado de Villena.
El tercer punto del abogado fue afirmar que Mola le dio información a la prensa. “Es directamente una canallada, sugiere que el suscripto aportó a la prensa información que había obtenido la propia fiscalía. Y digo que es una canallada porque inmediatamente que tomé conocimiento de esas publicaciones, como también de mi requerimiento de instrucción, le pedí al señor juez que se extremaran los recaudos para mantener esas actuaciones en el marco” de reserva que permite su acceso solo a las partes, contestó el fiscal.
“No solo no fui yo quien dio a publicidad las actuaciones, sino que además esa publicidad, tal como sostuve en ese escrito y también en otros, perjudicaba la actuación de esta parte”, señaló.
Insaurralde le adjudicó a Mola haber apurado la causa para beneficiar a Patricia Bullrich. “El razonamiento que se intenta aquí es un verdadero disparate”, respondió por su parte el fiscal.

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El jefe de Chocolate. El concejal massista que construyó su poder desde las entrañas de la Legislatura
Albini es apoderado de Unión por la Patria; en el sector de personal de la Cámara de Diputados tiene dominio su padre

Javier Fuego SimondetAlbini, junto a Massa, en un acto en diciembre de 2022
Facundo Albini, que ayer fue imputado y sobre quien pesa un pedido de detención en el caso de los cobros ilegales en la Legislatura, donde se investiga una supuesta defraudación al Estado calculada inicialmente en 800 millones de pesos, es un concejal platense del Frente Renovador de Sergio Massa, con mandato hasta 2027, y que tiene un vínculo con la Cámara de Diputados provincial a través de su padre, que manejó durante años el área de Personal.
Único edil de Unión por la Patria que logró la reelección, Albini, de 36 años, es uno de los apoderados provinciales de la alianza oficialista y del Frente Renovador. En La Plata es un dirigente conocido en el ambiente político con un despliegue territorial que, según plantean fuentes platenses, no va más allá de la estructura que integraba el puntero Julio “Chocolate” Rigau.
Claudio Albini, padre de Facundo, tiene 67 años y es un funcionario jerárquico de la Cámara de Diputados bonaerense, donde figuran como empleados tanto su hijo Facundo como el puntero Rigau. Claudio Albini manejaba el área de Personal de la Cámara baja desde el cargo de subjefe de la Dirección de Personal. Como su hijo, tiene un pedido de detención vigente, cursado por la fiscal Betina Lacki.
Según explicó a una la nacion fuente de la Legislatura, Albini padre “no tenía el cargo máximo” en el área de personal. Pero ocupar el puesto más alto no es sinónimo de dominar el sector, aclara la fuente: “El director está puesto y los papeles los maneja otra gente, porque son todos acuerdos políticos”.
Al menos hasta 2018, Facundo Albini (36 años) y su padre presentaron declaraciones juradas en la Cámara de Diputados bonaerense, aunque ya no es posible acceder a ellas (hasta hace poco tiempo se podían consultar declaraciones juradas hasta el año 2018, pero la opción ya no existe en la página de internet de la Cámara que conduce Federico Otermín)
Desde el tercer lugar en la lista que encabezó como candidato a intendente Julio Alak, el ministro de Justicia de Axel Kicillof, Facundo Albini renovó su banca de concejal en las últimas elecciones. Es el único de los diez ediles del peronismo en el Concejo Deliberante de La Plata que revalidó su mandato.
Albini es un militante puro del Frente Renovador, estructura en la que logró un puesto clave en el armado electoral, al ser designado como uno de los apoderados bonaerenses por esa fuerza en Unión por la Patria, por lo que estuvo al tanto de todas las listas en la provincia. Es apoderado nacional del Frente Renovador.
“Chocolate es un puntero de él. Se lo sacó a Guillermo Escudero, del sector de [Pablo] Bruera. Chocolate entró en 2001 a la Legislatura, Facundo lo rescató y ahora terminó ensuciado”, enumeró un dirigente bonaerense que conoce al concejal investigado y lo defiende, aunque lo considera “terminado” políticamente por el escándalo.
Cuando el caso de las tarjetas estalló, a principios de septiembre, Escudero (concejal y exprecandidato a intendente) difundió un comunicado en el que planteó que Rigau “nunca perteneció al Movimiento Octubres y hace más de cuatro años que fue separado del PJ, después de las PASO de 2019, por su pertenencia a otro partido político”. En esas elecciones, Rigau había figurado en la boleta local liderada por Escudero, como candidato a concejal suplente.
Albini ganó una banca de concejal en 2019, desde la boleta del Frente de Todos. “Llega en 2019 por el acuerdo con Massa, porque era el hijo de Albini. Ellos nunca tuvieron una presencia territorial fuerte. Sí se hicieron fuertes en la Legislatura en la época de [María Eugenia] Vidal, cuando nosotros éramos Unidad Ciudadana”, describió una fuente del kirchnerismo platense. Vidal tuvo un acuerdo político con Massa durante su gestión, entre 2015 y 2019. De hecho, durante los dos primeros años de mandato de Vidal, la exgobernadora le cedió a Massa –a cambio de apoyos para las leyes que impulsaba– la presidencia de la Cámara de Diputados, que quedó en manos de Jorge Sarghini.
El concejal tiene un local partidario del Frente Renovador en La Plata, en el que figuran sus fotos junto a imágenes de Alak, el gobernador Axel Kicillof y el ministro Sergio Massa. La fuente kirchnerista consultada asegura que Albini no maneja una tropa de punteros más allá “del grupo que se ve en las fotos”, integrado por Rigau.

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