DEBATE

Educación vs. adoctrinamiento: el valor de las humanidades
Elisa Goyenechea

Semanas atrás, el debate en torno al alcance y el contenido de la educación puso en agenda política la posibilidad de penalizar el adoctrinamiento en las aulas. En La crisis de la educación, Hannah Arendt sostuvo que el adoctrinamiento es peligroso porque “pervierte la comprensión” y obtura la forja de hábitos que nos permiten discernir. Escrito a mediados del siglo XX durante la Guerra Fría, el ensayo es una crítica al macartismo. Denuncia el atropello del derecho a la libre expresión y valora el plus que aportan las humanidades a la educación. Pero Arendt nunca propuso la sanción penal ni la administrativa como solución al problema del adoctrinamiento, es decir, al peligro de hacer del aula una prolongación del Estado.
Para la tradición clásica, la paideia griega no comprendía el desarrollo de destrezas técnicas, como la especialización o los oficios, sino la formación integral. Aludía a la “apostura interna” del hombre libre. Aunque de procedencia distinta, paideia y humanitas requieren el ejercicio asiduo de hábitos que templan el carácter, del mismo modo que el agricultor trabaja la tierra para que dé frutos. La metáfora agrícola no es griega, sino romana, y la humanitas de Cicerón desplaza la conservación de la tierra al cultivo del alma. Las humanidades no son un instrumento eficaz, sino el medium propicio para potenciar el desarrollo personal, cuya condición es la libertad, y su perversión, la uniformidad ideológica. El cultivo de las humanidades es el extremo opuesto del adoctrinamiento, pues la integridad personal debe gravitar por sobre las lealtades de bando, las convicciones religiosas y los gustos políticos.
Pero el humanismo tiene muchos rostros. Peter Sloterdijk mostró la deriva de la humanitas clásica a los “humanismos burgueses” del XVIII y a “las antropotécnicas” del siglo XX. Al humanismo clásico le siguió el humanismo burgués y nacional, que promovió el perfil identitario de las naciones. Los juicios de valor contenidos en Facundo de Sarmiento expresan el debate vernáculo de mediados del XIX. El matadero de Echeverría insinúa una particular valoración de Rosas. Sugerir como canon de lectura “La lotería de Babilonia”, de Borges, conduce a evaluar la deriva autoritaria de la democracia. El Martín Fierro, clave durante la escolaridad, fue considerado por Lugones “el libro nacional”, y el gaucho, símbolo del ser argentino. Mas si volvemos a Borges, su “Biografía sobre Tadeo Isidoro Cruz” cuestiona la mirada decimonónica que alegoriza al gaucho como colectivo nacional. Fierro, en su opinión, no es sino un cuchillero –entre otros– de la segunda mitad del XIX.
Si el humanismo clásico incita, por simple emulación, al amor a las letras y a la filosofía, el humanismo burgués y nacional juzga imprescindible la transmisión de algunos valores y excluye otros. Exige una elite de “sabios” que disciernen las lecturas apropiadas/ funcionales a las necesidades políticas del momento. En la Atenas arcaica, Platón creyó preferible poner a raya el influjo educativo tradicional de los poetas y en su lugar propuso una detallada currícula de disciplinas en grados ascendentes de complejidad, con el propósito de seleccionar a los mejores. Sloterdijk pone en entredicho la meritocracia platónica y lo pondera como precursor de las antropotécnicas del siglo XX. Los totalitarismos trajeron consigo la eugenesia y el intento de erradicar la pluralidad en pos de la construcción de un Hombre Nuevo. Al respecto, las distopías de Orwell plasman las experiencias políticas del siglo XX y su poder educativo supera cualquier informe historiográfico. La decisión sobre el canon de lecturas escolares siempre está supeditada a valoraciones funcionales.
Afortunadamente, la literatura y la historiografía se emancipan soberanamente tanto de las motivaciones de sus autores como de los propósitos de los políticos (incluso los de los padres de la patria). De lo contrario, no merecería la pena volver una y otra vez a la República de Platón, a la Eneida de Virgilio o la “Oración fúnebre”, de Pericles. Las acciones se desligan de los propósitos inmediatos de los actores pretéritos y, como consigna L. A. Romero, “la historia es una permanente revisión.
Esa es la virtud del oficio”.
Sancionar penalmente la conducta de un docente o la “bajada de línea” de una institución, es una propuesta poco feliz. La revolución cultural gramsciana podría no ser más que un término vacío y la tan temida “penetración cultural”, no ser patrimonio del neomarxismo, sino la máxima de un liberalismo magro. Tan lícito fue despreciar 6,7,8 durante el gobierno K como lo es hoy rechazar acusaciones e insultos a los medios no funcionales al oficialismo por parte del Gobierno. En 1787, Jefferson escribió: “Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, no vacilaría un instante en preferir esto segundo”. Veía claramente el peligro que representaba para la república una prensa adepta o la liquidación de los medios no funcionales a propósitos políticos. La colonización de los medios es un proceso técnico afín al adoctrinamiento, pero la “formación de la opinión pública” es de otra índole, pues no busca la uniformidad. Lo saludable es que tanto la escuela, donde se forman futuros ciudadanos, como los medios que informan y forman defiendan sus juicios de valor con argumentos razonables.
Como apuntó Arendt hace casi 70 años, el oficio docente no es técnico y la maniobra fascista del adoctrinamiento pervierte la comprensión. La comprensión lectora de los que se inician en una disciplina es la condición sine qua non, pero la verdadera formación acontece cuando el iniciado no repite opiniones ajenas, sino que “las entreteje con los propios juicios” (Kant dixit). Elabora sus propias reflexiones y desarrolla el discernimiento que supera con creces el mero repetir sin escrúpulo. Forjar los propios pareceres es una tarea ardua, que involucra dudar, examinar y suspender el juicio, cuando amerita. Nunca se trata de adoctrinar, sino de enseñar a comprender por uno mismo.
Forjar los propios pareceres es una tarea ardua, que involucra dudar, examinar y suspender el juicio, cuando amerita; nunca se trata de adoctrinar, sino de enseñar a comprender por uno mismo

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DEBATE, EDITORIAL,HISTORIA

El universo de la tecnología nos sobrepasa con la fuerza de un tsunami
Debate. ¿Pueden las máquinas sentir emociones y desarrollar sentimientos?, ¿qué rol debería jugar el derecho ante semejante revolución transhumanista? La industria de la IA avanza con escasas reglas que le marquen límites éticos

 Fernando Tomeo Abogado y consultor en derecho digital, privacidad y datos personales. Profesor de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad Austral
Mientras hacemos malabares para pagarlamedicina privada y el Gobierno logra exitosamente bajar la inflación a un dígito, el universo de la tecnología nos sobrepasa como un tsunami. Recientemente, en un evento cargado de glamour tecno, la compañía OpenAI presentó el ChatGPT 4-o, una nueva versión gratuita y mejorada de su chatbot de inteligencia artificial generativa (IA) que posibilita, entre otra cosas, procesar audio e imágenes de forma nativa, en tiempo real, permitiendo interacciones relevantes y naturales entre los usuarios y la IA.
La versión GPT 4-o propicia, usando audio y video, una interacción fluida e inmediata (tiempo real) con los usuarios, con la posibilidad de alcanzar “respuesta y expresividad a nivel humano”, tal como refirió Sam Altman, CEO de OpenAI, a tal punto que podría expresar emociones con cierto grado de verosimilitud. La presentación de este nuevo modelo de inteligencia artificial generativa ha puesto sobre la mesa de debate, nuevamente, el hecho de si las máquinas (robots) pueden sentir emociones y desarrollar sentimientos, como asimismo qué rol debería jugar el derecho ante semejante escándalo transhumanista.
El primer interrogante no reconoce respuestas pacíficas. Para algunos periodistas, estudiosos y académicos, es imposible que una IA pueda percibir emociones y desarrollar sentimientos, pero para otros sí podría e, incluso, ya lo está haciendo. Según el Diccionario de la Lengua Española el término “emoción” supone una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática.
Los sentimientos están vinculados a las emociones, ya que se manifiestan como las experiencias subjetivas y conscientes de esas emociones: una persona (sujeto) registra una determinada emoción (miedo, dolor, pasión, atracción, ira) ante una determinada situación, persona, animal, recuerdo o situación de vida y siente (miedo, dolor, etc.).
En consecuencia, así como una persona puede violentarse ante una determinada situación de vida, ¿por qué no podría una máquina, alimentada de inteligencia artificial generativa, programada a medida (por un individuo cargado de ira) violentarse ante la misma persona que la programó? ¿No podrían existir sentimientos (amor) entre un robot programado con algoritmo a medida y un ser humano? ¿Se puede programar un algoritmo que permita sentir a una máquina?
La realidad autoriza sostener que si resulta viable programar una lógica de emociones (como de pensamiento crítico) que estandarice “sentimientos básicos” (universalmente conocidos) las máquinas podrán sentir, y el día que las máquinas sientan estaremos en problemas. Ese día no parece muy lejano. Al respecto, podemos recordar las investigaciones desarrolladas por Blake Lemoine, ingeniero especialista en IA que trabajó para Google y fue despedido por su empleador cuando afirmó que un programa de IA de esa compañía (LaMDA) había cobrado conciencia propia y demostraba sentimientos, con el cual había mantenido conversaciones coherentes sobre sus derechos y lo que quería como persona.
Si bien Lemoine fue desautorizado por Google, que sostuvo, vía comunicado, que sus declaraciones sobre LaMDA no tenían ningún fundamento, también muchos creyeron que Colón estaba loco al sostener que la Tierra era redonda. Lo cierto es que mientras nos enredamos en debates académicos, humanistas y filosóficos, la industria de la IA sigue avanzando, sin descanso, con escasas reglas de juego que marquen la cancha de la ética a un negocio que mueve montañas de dinero, y sin una regulación concreta aplicada a medida: cuando nos demos cuenta de dónde estamos parados, las máquinas van a estar gobernando el planeta.
El único regulador definitivamente interesado, preocupado y ocupado en el tema es la Unión Europea, que ha trabajado en la implementación de la “ley de inteligencia artificial” (artificial intelligent act o AI act) bajo la forma de reglamento de aplicación obligatoria para todos los países que la integran. Esta ley constituye el primer ordenamiento jurídico integral sobre IA en el nivel mundial y persigue regular una IA fiable que garantice que sus sistemas respeten los derechos y la seguridad de los ciudadanos, la evaluación de impacto en materia de derechos humanos y el fomento de la innovación.
Si bien esta ley se encuentra en un proceso final para su entrada en vigor –comprobación lingüística y publicación–, recoge conceptos sustanciales para el desarrollo ético del negocio, clasificando los sistemas de IA según su nivel de riesgo, de acuerdo con el siguiente detalle: los sistemas prohibidos considerados una amenaza para la seguridad y los derechos de las personas, como, por ejemplo, aquellos diseñados para manipular el comportamiento o las decisiones humanas; los sistemas de alto riesgo (por ejemplo, los sistemas de identificación biométrica remota), que estarán sujetos a obligaciones estrictas y a una evaluación obligatoria previa antes de ser introducidos en el mercado; los sistemas de riesgo limitado, vinculados a la transparencia en el uso de la IA, que conllevan la obligación de garantizar un adecuado derecho de información a los usuarios sobre los riesgos de interactuar con una máquina alimentada por IA, y los sistemas de riesgo mínimo, que estarían alcanzados por un código de conducta voluntario.
La Oficina Europea de Inteligencia Artificial, creada en el ámbito de la Comisión Europea, es el organismo encargado de la supervisar el cumplimiento y la aplicación de la ley por los Estados miembros. Como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en la Argentina no contamos con ninguna normativa que regule la inteligencia artificial, sin perjuicio de las denominadas “Recomendaciones para una inteligencia artificial fiable”, aprobadas por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Disposición 2/2023, de fecha 1º de junio de 2023): una guía conceptual sin rigor científico normativo.
Sin perjuicio de eso, cabe destacar que en abril el Ministerio de Justicia de la Nación lanzó el “Programa nacional integral de inteligencia artificial en la Justicia” (resolución 111/2024 MJ), una iniciativa acertada destinada a modernizar y optimizar los procesos judiciales y los procedimientos administrativos mediante la incorporación de tecnologías innovadoras a través de la implementación de programas que utilizan IA. Siguiendo la línea europea, resulta evidente la necesidad del dictado de una legislación local aplicable a los sistemas de IA (como lo están haciendo otros países de la región tales, como Chile y Brasil), lo que requiere de un análisis serio, completo y coherente, con la convocatoria de expertos y académicos en la materia que ofrezca soluciones que garanticen los derechos individuales de los ciudadanos y su seguridad jurídica.
Todo eso de la mano del desarrollo de espacios educativos de concientización sobre el uso responsable de una tecnología que llegó para quedarse sine die y que nos permitirá, quizás, en poco tiempo, que una máquina sienta emociones humanas, nada más y nada menos.
El único regulador preocupado y ocupado en el tema es la Unión Europea, que ha trabajado en la implementación de la “ley de inteligencia artificial”

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Expensas impagables: urgen soluciones
El aumento de la morosidad y la consecuente postergación de tareas de mantenimiento exigen una respuesta política para prevenir males mayores
Desde hace bastante tiempo venimos advirtiendo desde esta columna editorial acerca de las crecientes dificultades que sufre gran parte de la población de la ciudad de Buenos Aires para afrontar el pago de las expensas de las viviendas en propiedad horizontal. Lo cierto es que, de la mano del aumento de la inflación, de las subas tarifarias y del impuesto inmobiliario, y de los incrementos salariales de los encargados de edificios, las expensas continúan siendo una pesadilla para muchos propietarios e inquilinos, a tal punto que la morosidad crece a niveles alarmantes.
De acuerdo con datos de la plataforma Consorcio Abierto, basados en un relevamiento efectuado entre más de 100.000 consorcios de copropietarios del distrito porteño, el valor de las expensas promediaba en abril último los 100.794 pesos, al tiempo que la morosidad ya rondaba el 35 por ciento
Si bien a nadie puede escapar que la Argentina atravesó en los últimos meses el mayor proceso inflacionario desde 1991, no puede obviarse que, en promedio, entre el 60 y el 70 por ciento de los gastos de los edificios corresponden al pago de sueldos, adicionales y cargas sociales de los porteros y del personal de limpieza y seguridad. En particular, los salarios de los trabajadores agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) han experimentado incrementos que se hallan por encima de las posibilidades de la mayoría de los consorcistas. Se trata de una situación que se ve facilitada por la virtual ausencia de peso y representatividad de los propietarios e inquilinos en la negociación paritaria, por lo que el mencionado gremio puede imponer sus demandas prácticamente a su gusto y sin mayor resistencia.
Puede pensarse que este escenario favorece claramente a los encargados, que además de un buen sueldo gozan de beneficios que no existen en otras actividades, tales como una serie de adicionales que, al margen de las horas extras, pueden ir desde el retiro de residuos hasta la “clasificación y traslado” de estos.
Sin embargo, el incremento de las expensas y el aumento de la morosidad, sin duda, ya están perjudicando a los propios trabajadores. No pocos consorcios se están desprendiendo de los encargados para reducir gastos, delegando las tareas de limpieza en personal doméstico por hora o en los propios consorcistas, o para alquilar el espacio destinado a la permanente de esos trabajadores y sumar así una renta que permita aligerar costos.
Frente a las dificultades para cubrir los gastos que insumen los edificios, algunos consorcios están renegociando contratos con proveedores, tales como las empresas de seguridad y las que se ocupan del mantenimiento de ascensores y matafuegos.
Habría, sin embargo, otras soluciones a mano si hubiera voluntad política de las autoridades. Por empezar, podría avanzarse hacia una descentralización de la negociación colectiva, de modo que cada consorcio pueda negociar condiciones de trabajo con los encargados de edificios. Del mismo modo, el Estado podría reducir el componente impositivo de las tarifas de servicios públicos (agua, luz y gas) en los edificios destinados a vivienda, en tanto que el gobierno porteño podría limitar los aumentos del impuesto inmobiliario, que hoy acompañan el índice inflacionario, para esas unidades.
La necesidad de declarar una situación de emergencia está hoy más que nunca a la vista. Entre otras cosas, porque la alta morosidad está afectando cada vez más la posibilidad de que los consorcios emprendan tareas de mantenimiento edilicio por falta de recursos. Sin créditos blandos de ningún tipo para esta clase de obras imprescindibles, no pocos inmuebles estarán en peligro, poniendo en riesgo no solo a sus ocupantes, sino a toda la comunidad.
No pocos consorcios se están desprendiendo de los encargados de edificios para reducir gastos

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El General San Martín, en la Casa Blanca
Alejandro Alberto Díaz Bessone 

La imagen del General San Martín ocupó un lugar preferencial en el Salón Oval del presidente de Estados Unidos. El 29 de octubre de 1946 el presidente Perón le regaló al presidente Harry Truman un cuadro copia del denominado La bandera, cuyo original data de julio de 1829. Este óleo, realizado por Merceditas junto a su profesora de pintura en Bruselas, era venerado por el General. Fue entregado por el embajador argentino en EE.UU., Oscar Ivanissevich.
Truman, amante de la historia, quien conocía la proeza de nuestro libertador y lo mencionaba como un “campeón de la libertad”, hizo colocar el cuadro en el Salón Oval, en un lugar preferencial junto a George Washington, donde permaneció hasta 1957. Es interesante destacar cómo se admira la campaña libertadora del Padre de la Patria en EE.UU. Repasemos algunos hechos que quizás no valoramos adecuadamente. Debemos transportarnos a 1815-1817 para entender la magnitud de la hazaña.
Su plan asombró al mundo. Para concretar lo, asumió la gobernación de Cuyo, necesitaba concentrar los esfuerzos y obtener los recursos necesarios para llevar a cabo su obra maestra. Con una administración ejemplar, logró formar el Ejército de los Andes en poco más de dos años. No me referiré a la campaña en general conocida, pero sí quiero destacar algunos aspectos de lo que significó esta operación militar. Encaró su preparación con coraje y sin contar con fondos iniciales.
Ordenó estudios del terreno para determinar los pasos. Lo hizo con los ingenieros Arcos y Álvarez de Condarco (padrino de bautismo de Merceditas) y baquianos de la zona, entre ellos el sanjuanino Clemente Sarmiento, padre de quien fue presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento. Realizó una “guerra de zapa” para engañar a los españoles respecto de los puntos por donde cruzaría la Cordillera. Lo hizo con espías especialmente elegidos, entre ellos, Juan Pablo Ramírez, que residía en Santiago, digno de destacar.
Admirablemente, al cabo de los preparativos el Ejército de los Ankm des contaba con 4000 hombres de pelea instruidos y con uniformes, de los cuales 700 eran montados. Además, 250 artilleros; 1200 milicianos para el apoyo logístico; 120 barreteros para abrir sendas y caminos; 18 piezas de artillería montadas sobre mulas por partes; 2500 sables de caballería; 5000 fusiles; 900.000 tiros de fusil; 2000 balas de cañón; 200 de metralla; 600 granadas; 1600 caballos de pelea; 10.000 mulas; 600 reses en pie en arreo. Cabrestantes, palancas, sogas, pólvora, leña, agua y hasta una imprenta. Víveres, entre ellos ají, picante, vino a razón de una botella por hombre y aguardiente (para el frío). Forraje para 15 días colocado en depósitos adelantados y ocultos. Ropa de abrigo, como ponchos y mantas para cada hombre donados por las familias cuyanas. Botiquines cada 100 hombres, más los cirujanos. Nada quedó al azar.
Cruzó una de las cordilleras más altas del mundo, con picos promedio de 5000 metros y temperaturas bajo cero. Las dos formaciones más importantes recorrieron 545 por el Paso de los Patos y 337 km por el Paso de Uspallata. Posteriormente se unieron y combatieron en Chacabuco a los 25 días de iniciado el cruce, y solo hubo entre los patriotas 12 bajas. En tanto, los realistas sufrieron más de 500.¿Será necesario que otros países resalten las figuras de nuestros próceres para hacernos reflexionar?
Podremos recuperar el sentido de argentinidad que nos dé la fuerza para enfrentar con estoicismo los sacrificios necesarios para asegurar el futuro de nuestros hijos, como lo hicieron los de la Generación del 80. Necesitamos contar y difundir la historia real, que se ha deformado en los últimos años. Contarles a nuestros hijos y nietos la verdad, destacando a los prohombres que reunieron los valores y principios de nuestra Constitución. Reconocer a aquellos hombres y mujeres que defendieron nuestra patria y la libertad. Como dijo el General San Martín: “En defensa de la patria todo es lícito menos dejarla perecer.”

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DEBATE, RELEVO (SI SOS KK , SOS CORRUPTO )

Macri llega a la presidencia de Pro, en pleno debate sobre la relación con Milei
El expresidente consensúa una lista de unidad, aunque hay tironeos con Bullrich; busca consolidar su papel de “consejero”
Delfina Celichini
La puja identitaria de Pro se empezará a resolver hoy, cuando Mauricio Macri asuma la presidencia nacional del partido. A pesar de algunos roces con Patricia Bullrich por el reparto de lugares dentro del espacio, el expresidente logró encolumnar detrás de él a la mayor parte de la dirigencia amarilla y apuesta a utilizar ese plafón para mover los hilos de la política y robustecer su influencia dentro y fuera del espacio que fundó a principios de 2000.
La irrupción de Javier Milei en la escena política trastocó el perfil partidario de Pro y obligó a sus referentes a reinventarse. Con varios intentos de aproximación a La Libertad Avanza (LLA) en su haber, hoy la discusión dentro del partido pasa por cómo abordar la concreción de un acuerdo sin perder relevancia. Mientras que cerca de Macri hablan de confluir electoralmente en 2025 con la guía y el aporte de perfiles técnicos al gabinete libertario, los laderos de Bullrich desconfían del exmandatario y sus ambiciones.
“Hay dudas de cuánto quiere ayudar al Gobierno”, señala un dirigente cercano a la ministra de Seguridad sobre las intenciones de Macri. Ponen de ejemplo la discusión entre el gobernador chubutense, Ignacio Torres, y Milei, sobre la que Bullrich emitió un comunicado de apoyo al Gobierno, mientras que el exmandatario optó por conciliar las posiciones sin hacer un pronunciamiento público.
La funcionaria nacional y actual presidenta de Pro busca profundizar los vínculos políticos con LLA y liberarse de su corset partidario. De hecho, fue una de las primeras en inyectarle anabólicos a la posible convergencia y hasta habló de “una coalición política”, algo que nunca se materializó. Con el inminente desembarco de los libertarios en la Casa Rosada, Bullrich primereó a su exjefe y negoció con el Presidente un lugar en el gabinete para ella y su excompañero de fórmula presidencial Luis Petri. El hielo con el exmandatario se agrandó.
El reparto de lugares dentro de la estructura de Pro es parte de esta discusión. Nadie quiere ceder espacios para no otorgar una carta blanca. Piensan en contrapesos con el fin de mantener algunas palancas partidarias y encarrilar el espacio según sus preferencias.
Los interlocutores por parte de Bullrich son Pablo Walter, Juan Pablo Arenaza y Damián Arabia, mientras que representan las ideas de Macri Darío Nieto, Fernando De Andreis y Humberto Schiavoni.
Una de las opciones que se barajan es que la ministra de Seguridad retenga la titularidad de la asamblea nacional. En tanto, la vicepresidencia primera podrían otorgársela a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. Arabia, por su parte, quedaría como vicepresidente segundo en representación de Bullrich. Más allá de la certeza de la presidencia de Macri, el resto de los lugares todavía se negocian. “Todavía no hay nada cerrado”, aseguran.
Según pudo saber hay acuerdo para que Jorge Macri acompañe a su primo en el rol de presidente de Pro en la Capital Federal, así como para que Cristian Ritondo sea el líder partidario en la provincia de Buenos Aires. Tendrán, entre otras cosas, potestad sobre los próximos cierres de listas en cada una de estas jurisdicciones.
“Hay que ver si va a haber actores que defiendan al partido y al mismo tiempo su nitidez, o si el partido va a ser una prenda de negociación con Milei”, sintetizó un dirigente afín a Bullrich.
El interés de Macri por quedarse con el control de Pro tiene que ver con su objetivo de no perder filo político. Bajo su rol de presidente del partido, será quien dialogue con la mesa chica libertaria para definir los términos de un posible acuerdo. Su idea es convertirse en una suerte de consultor que influya en las decisiones del Gobierno sin estar en la primera línea de batalla. “Que se pueda salir de la coyuntura y escalar a un estatuto de consejero como [el expresidente español] Felipe González”, precisó uno de sus laderos.
Sin Larreta
El expresidente no logró contener bajo su conducción a Horacio Rodríguez Larreta, su antiguo aliado porteño, quien ante los desencuentros públicos y las notorias diferencias ideológicas prefirió dar un paso al costado.
“No va a ser parte de la conducción ni le interesa poner a nadie en su nombre”, resumen cerca del exjefe de gobierno de la ciudad. Sin dejar de lado la hiperactividad que lo caracteriza, arma una fundación o think tank político, brinda asesorías a gobiernos subnacionales y pone el foco en explotar su principal activo: la gestión.
En paralelo, mira de reojo las disputas de poder dentro de Pro. La posibilidad de un acuerdo entre el partido amarillo y el gobierno de Javier Milei, con quien tuvo contrapuntos públicos de alto voltaje, deja a Rodríguez Larreta lejos del partido donde hizo la mayor parte de su carrera política. El hecho de que quien se encamine a conducir este proceso sea Macri, su mecenas inicial y verdugo final, contribuyó a su exilio silencioso. Es que el vínculo con el expresidente nunca volvió a recomponerse después de que apoyó implícitamente a su exrival en la interna presidencial.
Los dirigentes de Pro que todavía manifiestan sintonía con el exalcalde se mantienen expectantes ante un posible acuerdo político-electoral con LLA. A pesar de estar de acuerdo con la mayoría de las reformas que plantea Milei, son críticos de los modos del Presidente, a quien consideran que opera sobre los márgenes de la institucionalidad. A estos posibles desilusionados del Gobierno, Larreta estaría más que dispuesto a recibirlos.

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En el PJ dudan de que Kicillof quiera asumir la jefatura del partido
El justicialismo se reunirá el viernes para analizar el relevo de Alberto Fernández

Javier Fuego Simondet
El Partido Justicialista comenza- rá el viernes a mostrar sus cartas para una nueva etapa en el llano de la oposición. En un congreso partidario, el expresidente Alberto Fernández dejará oficialmente la titularidad del justicialismo nacional y se abrirá un camino para ungir a un sucesor, casillero para el que el nombre del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, suena por decantación, por administrar el principal distrito del país. No obstante, en las filas peronistas descreen de que Kicillof quiera tomar ese lugar y abrir, así, otro frente de tormenta con el presidente Javier Milei.
Fernández presentará una licencia y, así, dejará la titularidad partidaria. El viernes, en un congreso del partido que presidirá el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y que se realizaría en el microestadio del club Ferro Carril Oeste, en el barrio porteño de Caballito, se oficializará la salida de Fernández. Entre los vicepresidentes del partido, que podrían tomar la conducción de forma temporaria, está Kicillof.
“Por ser el gobernador de la provincia más importante del país, debería ser [presidente del peronismo]. No hay nada con tanto peso electoral como la provincia de Buenos Aires. Pero hay temas que van más allá, como el de los gobernadores del interior, entre los que Gildo suele ser el que centraliza temas cuando no hay consenso. Y no tengo claro si Axel quiere asumir este rol en este momento, pero él es la opción más fuerte”, dice a un referente peronista de interior bonaerense.
La tesitura que hace hincapié en la falta de señales de Kicillof favorables a tomar las riendas del partido se repite. “No hablé del asunto con Axel, pero por el momento no lo vi interesado en sumar otro frente al que tiene como gobernador de Buenos Aires, con una relación tan hostil con la Nación”, afirma un intendente del conurbano que aclara que “muchos creen que el presidente del PJ nacional debería ser alguien con peso, conocimiento de los territorios y ganas de trabajar en el armado, pero no de ser candidato en 2027”. Aunque esa condición sobre las próximas elecciones presidenciales alude a la proyección de Kicillof, afirma que “ninguno de los gobernadores debería descartarse como posible presidente del PJ nacional, inclusive Axel”.
“Los vicepresidentes son cinco y podrían estar en igualdad [para asumir la presidencia]. Kicillof y [la jefa de asesores del gobierno bonaerense] Cristina Álvarez Rodríguez no quieren. [La exgobernadora de Catamarca] Lucía Corpacci podría ser, pero es resistida porque es ‘Cristina pura’”, afirma otro jefe comunal del Gran Buenos Aires. El exgobernador de Tucumán Juan Manzur y la exvicegobernadora de Chaco Analía Rach Quiroga son los otros vices.
El objetivo de la convocatoria es, además de tratar la licencia pedida por Fernández, “la conformación de una comisión de acción política”. Un experimentado dirigente peronista subraya que, en caso de no conformarse la comisión, “la sucesora de Alberto tendría que ser Álvarez Rodríguez”.
Una fuente cercana a un dirigente importante del peronismo del interior del país adelanta que “van a trabajar en una nacion mesa de cuatro o cinco compañeros referentes, que se van a hacer cargo del PJ para ordenarlo y convocar a elecciones, quizás para agosto o septiembre”.
En el debate durante el congreso pueden surgir polémicas. Hay quienes, como el caso del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quieren proponer en el congreso partidario la renuncia de Fernández, en lugar de aceptarle una licencia, que el expresidente podría revocar. El objetivo de este jefe comunal es que esa salida definitiva sea extensiva a Máximo Kirchner, titular del PJ bonaerense.
Un aliado de Gray en la interna del PJ bonaerense, Facundo Moyano, respaldó el pedido de la Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas –un nexo entre el PJ y el movimiento obrero– de participar de la definición de autoridades.

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DEBATE, ALERTA, PUNTOS CLAVES

El kirchnerismo y la izquierda sumaron tensión en la calle e intentaron frenar el debate
Fracasaron en una maniobra para interrumpir la sesión; el oficialismo acotó la lista de privatizaciones y se encamina hacia la aprobación en general de la ley ómnibus
Laura SerraEl kirchnerismo se retira del recinto en el momento de mayor tensión
Mientras en las inmediaciones del Congreso se desataban desmanes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, la Cámara de Diputados avanzaba anoche en el debate del megaproyecto de ley del Gobierno. Apelando a la situación que se vivía afuera, la izquierda y el kirchnerismo intentaron sin éxito que se suspendiera la sesión. Pero la Casa Rosada envió una contrapropuesta con nuevas modificaciones para destrabar la aprobación de los artículos más conflictivos y que para el oficialismo resultan claves, entre ellos, los referidos a la privatización de empresas. Inquietos ante la posibilidad de una derrota en el recinto, una delegación de emisarios libertarios encabezados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei –luego llegó el ministro Guillermo Francos–, aterrizó en la Cámara baja. Poco después comenzó a circular entre los bloques de la oposición dialoguista un texto remozado del dictamen para avanzar con la aprobación.
En uno de los capítulos más conflictivos, el de privatizaciones de las empresas públicas, el oficialismo accedió a acortar de 36 a 27 las compañías a ser declaradas sujetas a privatización total, mientras que otras tres –el Banco Nación, Arsat y Nucleoelétrica– podrán ser privatizadas parcialmente.
Si bien esta contrapropuesta ayudó a bajar los niveles de tensión en las vísperas de la votación en particular del articulado -prevista para mañana-, puertas afuera del Congreso manifestantes de izquierda y del kirchnerismo protagonizaban, por segundo día consecutivo, choques con las fuerzas policiales desplegadas por orden la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El clima de tensión se trasladó de inmediato al recinto, donde el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó a los gritos que el debate pasara a un cuarto intermedio. Su moción fue rechazada por el resto de los bloques.
Fue el momento más caliente de un debate que había recomenzado al mediodía y que transcurrió, desde entonces, sin mayores complicaciones. La aprobación en general de la iniciativa estaba asegurada; incluso se auguraba una mayoría holgada -entre 140 y 150 votos- al momento de la votación. Esa no era la preocupación; lo que más inquietaba al oficialismo y a los adláteres de Pro -en todo momento actuaron en tándem- era la votación en particular de los artículos claves: privatizaciones, facultades delegadas al Poder Ejecutivo y las atribuciones para tomar deuda externa.
El capítulo sobre privatizaciones es uno de los puntos más cuestionados del texto; hasta la llegada de la nueva contrapropuesta, todos los bloques opositores -salvo Pro- se disponían a plantear modificaciones. Los artículos sobre facultades delegadas tampoco reunían mayoría para ser aprobados; pese a que el oficialismo acotó de 11 a 6 la cantidad de emergencias a ser declaradas durante este año, sectores de la UCR y de Hacemos Coalición Federal anticiparon su voto en contra. La aprobación de este punto, crucial para los intereses de la Casa Rosada, corrió serio riesgo cuando los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, molesto por el rechazo del Gobierno a coparticipar la recaudación del impuesto PAIS, dejaron trascender que no acompañarían la redacción. Con la llegada de la contrapropuesta, las tensiones comenzaron a aflojarse aunque todavía no está dicha la última palabra. “En principio este nuevo texto acerca bastante las posiciones, vamos a evaluarlo”, indican desde los bloques del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal.
Luego medianoche, se aprobó pasar a un cuarto intermedio. Hoy se retomará la sesión.
En el texto original del proyecto enviado al Congreso, el Gobierno se proponía privatizar de manera total un listado de 41 empresas públicas; ante las resistencias de la oposición, accedió a excluir a YPF y reducir el listado a 36 empresas; además, concedió que otras tres compañías -Banco Nación, Nucleoelétrica y Arsat- puedan ser privatizadas solo parcialmente.
Sin embargo, los bloques de oposición dialoguista -salvo Pro- insistieron en marcar su rechazo; no estaban de acuerdo con concederle al Gobierno la potestad de privatizar in totum semejante cantidad de empresas públicas; además, reclamaban que se incluyera en la iniciativa un mecanismo de control parlamentario exhaustivo sobre los procesos de privatización que se llevaran adelante.
En la nueva contrapropuesta del Gobierno, se accedió a excluir de las empresas sujetas a privatización total a siete compañías: Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek SA; Fábrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
En cambio, permanecen en el listado Administración General de Puertos; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Aerolíneas Argentinas; Correo Argentino; Yacimientos Carboníferos Río Turbio; Construcción de Viviendas para la Armada Argentina; Energía Argentina; Intercargo; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias; Playas Ferroviarias de Buenos Aires; Polo Tecnológico Constituyentes; Talleres Navales Dársena Norte; Nación Bursátil; Nación Reaseguros; Nación Seguros de Retiro, y Nación Servicios.
En el segundo anexo figuran Télam; Educ.ar; Contenidos Públicos; y Radio y Televisión Argentina. Y en otro paquete aparecen Administración de Infraestructuras Ferroviarias; Operadora Ferroviaria; Belgrano Cargas y Logística; Ferrocarriles Argentinos; Empresa Argentina de Navegación Aérea; Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, y Corredores Viales.
La contrapropuesta descomprimió la tensión en torno a la aprobación en particular del megaproyecto del Gobierno. En efecto, tomó varias de las sugerencias de los bloques de oposición dialoguista, que reclamaban no solo acortar y segmentar el número de empresas a ser privatizadas; también reclamaban especificar las potestades que tendrá la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones para ejercer el control de los procesos, en cuanto se pongan en marcha. En la contrapropuesta, el oficialismo establece que la Comisión Bicameral “podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo”. Asimismo, se establece que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) actuarán en colaboración permanente con esta comisión.
Por otra parte, en su contrapropuesta el oficialismo también accedió a eliminar la declaración de emergencia en materia fiscal, con lo cual quedarán en seis la cantidad de emergencias a ser declaradas: económica, financiera, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa.
En lo que el oficialismo no dio el brazo a torcer es en el artículo referido a la toma de deuda en moneda extranjera; en efecto, en la contrapropuesta se insiste con derogar el artículo primero de la norma aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández que establece límites para contraer deuda externa.

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Alerta para Bullrich: la UCR rechaza el capítulo de seguridad
Se sumó a los bloques opositores después de que una militante radical fuera agredida en la plaza

Laura Serra
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, corre serio riesgo de que la Cámara de Diputados rechace in totum el capítulo con atribuciones especiales que demandó en el proyecto de ley de bases para el combate contra el delito.
Luego de los incidentes ocurridos anteanoche frente al Congreso, en los que una militante radical y otras tres mujeres fueron detenidas, el bloque de diputados de la UCR rechazaría los artículos que modifican el Código Penal en lo referido a cuestiones como “legítima defensa” y “resistencia a la autoridad”.
“El despliegue de la Policía Federal, de la Gendarmería y de Prefectura en las inmediaciones del Congreso para contener las protestas por la ley ómnibus fue excesivo, desproporcionado, pocas veces visto. Pareció una provocación. Por solo cantar el Himno una militante radical fue detenida. No le vamos a votar a Bullrich el capítulo sobre seguridad contenido en la ley ómnibus”, fue el mensaje que trascendió del bloque que comanda Rodrigo De Loredo.
Se descuenta que el bloque de Unión por la Patria se sumará al rechazo, también disconforme con la actuación de los agentes de seguridad en las inmediaciones del Congreso durante la primera jornada de debate de la ley ómnibus.
Tampoco acompañará buena parte del bloque Hacemos Coalición Federal. Sin estos votos, la votación del capítulo sobre seguridad se encamina hacia una derrota segura.
En la iniciativa, la ministra Bullrich propone que se modifiquen varios artículos del Código Penal para endurecer penas por distintos delitos. Uno de los puntos más espinosos es el referido a la “legítima defensa”: el proyecto amplía los casos que deben ser interpretados bajo este rótulo. En la actualidad, para que exista esa causa de justificación que protege a quien repele una agresión, hay que tener en cuenta siempre la “proporcionalidad del medio empleado” para rechazar el ataque.
El nuevo proyecto agrega que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
Con los cambios que busca introducir el Ejecutivo, por ejemplo, Luis Chocobar, el policía bonaerense que mató a balazos a un ladrón que había dejado al borde de la muerte a un turista en La Boca, hubiese sido absuelto en el juicio.
La ampliación de la figura incluye también la justificación de quien repele a alguien “cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual”. Y suma a “quien se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena”.
El proyecto también incluye otros puntos conflictivos, como los referidos a la organización de las manifestaciones públicas, a saber:
La suba de penas de uno (1) a tres años (3) y seis meses –antes se determinaba una pena de tres meses a dos años– para quien, sin crear una situación de peligro común, bloquee el normal funcionamiento del tránsito.
Se agrega que la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión si una persona que bloquea la circulación causara daño a la integridad física de otra.
Los organizadores de una manifestación serán penados con prisión de dos (2) a cinco (5) años, “estén o no presentes en el acampe”, señala el texto.
Quienes obliguen a personas a asistir a una movilización o protesta podrán ser penados a una reclusión de tres (3) a seis (6) años.
Los organizaciones de las manifestaciones serán responsabilizados por los daños de bienes públicos que ocasionen los manifestantes.
Los menores de 13 años que estén en las manifestaciones sin la tutela de sus padres podrá dar aviso al Organismo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “si se encontrase en una situación de peligro inminente”.
Toda manifestación deberá ser notificada al Ministerio de Seguridad con una antelación no menor de 48 horas.
El Ministerio de Seguridad de la Nación podrá intimar a los organizadores de la manifestación con el objetivo de que no incurran en el mismo procedimiento. De incumplir, se podrán aplicar multas o sanciones. Lo recaudado será destinado al fortalecimiento del fideicomiso del Fondo de Integración Socio Urbana.

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Las partes medulares de la ley que sobreviven tras los recortes
La ley ómnibus se redujo a la mitad del tamaño original; deuda y legítima defensa, iniciativas que aún sobreviven pese a los cambios
Delfina Celichini
Retirado el capítulo fiscal de la ley ómnibus, más las modificaciones que sufrió en el Congreso, la iniciativa se redujo de 664 artículos, que es lo que tenía cuando el Poder Ejecutivo la hizo pública, a menos de la mitad de su texto original. Hay algunos puntos centrales que se mantienen en la reforma, pese a que el oficialismo no cuenta con las adhesiones suficientes, por lo cual ayer envió una contrapropuesta con el objetivo de destrabar la ley.
Facultades delegadas
El Gobierno accedió a reducir las facultades a delegar en el Presidente, que se le otorgarán por un año, con la posibilidad de ser prorrogado por el Congreso por un año más. Se quitaron las emergencias en materia de defensa, social, previsional y sanitaria. En tanto, sobreviven la económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa.
En su contrapropuesta, el oficialismo accedió a eliminar la declaración de emergencia en materia fiscal. Es uno de los puntos que el Gobierno busca llegar a un punto en común con la oposición aliada de los bloques UCR, Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación.
No, obstante, hay un grupo de legisladores de estas bancadas, como la Coalición Cívica y el radicalismo referenciado en Facundo Manes, que se resisten a esta prerrogativa. Las delegaciones en materia tarifaria y energética son las más resistidas.
Deuda pública
El dictamen propone liberar al Poder Ejecutivo de las ataduras del Congreso para tomar deuda en moneda extranjera. Para ello, se dispone la derogación del artículo 1° de la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, que establece que el presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respecto del monto total de emisiones en ese ejercicio.
Ese artículo dispone, además, que “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere ese porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”. Esta reforma para correr los límites de toma de deuda será fuertemente cuestionada por todos los bloques, excepto Pro.
Privatizaciones
El proyecto declaraba “sujetas a privatización” a 37 empresas y sociedades del Estado Nacional. Pero ayer trascendió que el gobierno estaba dispuesto a recortar esa lista a 27 compañías, mientras que otras tres –Banco Nación, Arsat y Nucleoelétrica- podrán ser privatizadas parcialmente.
Las siete empresas que quedaron fuera del nuevo listado son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Casa de la Moneda; Fabricaciones Militares; Radio Universidad de Córdoba; Radio Universidad del Litoral; Vehículo Espacial Nueva Generación SA y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).
En tanto, quedaron dentro de la lista la Administración General de Puertos SE; Aerolíneas Argentinas SA; Aysa; Contenidos Públicos SE; Corredores Viales SA; Correo Oficial de la República Argentina SA; Construcción de Viviendas para la Armada Argentina SE; Dioxitek SA; Educ.Ar SE; Empresa Argentina de Navegación Aérea SE; Energía Argentina SA; Fadea SA; Ferrocarriles Argentinos SE; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA; Intercargo SAU; Nación Bursátil SA; Pellegrini SA; Nación Reaseguros SA; Nación Seguros de Retiro SA; Nación Servicios SA; Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA; Polo Tecnológico Constituyentes SA; Radio y Televisión Argentina SE; Talleres Navales Dársena Norte; Télam SE; Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sapem; Belgrano Cargas y Logística SA; Administración de Infraestructuras Ferroviarias SE; Operadora Ferroviaria SE; Vehículo Espacial Nueva Generación SA; y Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa del Estado.
Los cambios se dieron después de que la oposición solicitara conservar compañías con valor estratégico, como la petrolera YPF.
Respecto del proceso de privatizaciones, estos dos paquetes de empresas serán sometidos a la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones, que podrá “formular las observaciones, propuestas y recomendaciones” que considere pertinentes. No obstante, no es requisito que pase por el pleno de ambas Cámaras, una condición que solicita tanto el radicalismo como Hacemos Coalición Federal. Estas bancadas insisten en quitar empresas del listado y en la necesidad de establecer algún mecanismo de control y participación activa del Congreso en los procesos de privatización. Al final, el oficialismo hizo cambios.
Seguridad
El oficialismo –a instancias de los bloques opositores dialoguistas– accedió a eliminar varios artículos claves que modificaban el Código Penal. Sin embargo, todavía permanecen muchos referidos a la organización de las manifestaciones.
Se mantiene la suba de penas de uno a tres años y seis meses –antes se determinaba una pena de tres meses a dos años– para quien, sin crear una situación de peligro común, bloquee el normal funcionamiento del tránsito.
También permanece el artículo que agrega que la pena será de dos a cuatro años si una persona que bloquea la circulación causara daño a la integridad física de otra.
Los organizadores de una manifestación serán penados con prisión de dos a cinco años, “estén o no presentes en el acampe”, indica otra reglamentación que no se eliminó. Del mismo modo, continúa en el proyecto que quienes obliguen a personas a asistir a una movilización o protesta podrán ser penados a una reclusión de tres a seis años.
Sigue en pie el apartado que establece que los organizadores de las manifestaciones serán responsabilizados por los daños de bienes públicos que ocasionen los manifestantes. También, que ante menores de 13 años que estén en las manifestaciones sin la tutela de sus padres, se podrá dar aviso al Organismo de Protección de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes “si se encontrase en una situación de peligro inminente”.
Además, que toda manifestación deberá ser notificada al Ministerio de Seguridad con una antelación no menor de 48 horas, es otro punto que se sostiene. Asimismo, sobrevive el artículo que reza que el Ministerio de Seguridad “podrá intimar a los organizadores de la manifestación con el objetivo de que no incurran en el mismo procedimiento” y que, “de incumplir, se podrán aplicar multas o sanciones” para alimentar el fideicomiso del Fondo de Integración Socio Urbana.
Legítima defensa
Este punto será resistido por la izquierda, el kirchnerismo y la UCR. Uno punto espinoso refiere a que no será punible de un delito la persona que “obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. Esto incluye a las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas.
Código Civil
La agilización del divorcio es uno de los cambios que se impulsan. Se podrá concretar con la sola manifestación de los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal.
Financiamiento cultural
El ojo de la oposición está puesto en las modificaciones del financiamiento estatal de las actividades culturales, que se recortan considerablemente. Para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Fondo Nacional de las Artes (FNA) el Instituto Nacional de la Música (INA) se fija un tope de egresos del 20% en relación con el total de recursos anuales percibidos.
Además, para el Incaa limita los subsidios estatales de producciones audiovisuales a un 50% del total del costo de producción del proyecto. Determina que el beneficiario de un subsidio no podrá recibir nuevos hasta que haya pasado un año desde la obtención del previo.
Se deroga el Instituto Nacional del Teatro (INT) y se transfiere a la Secretaría de Cultura de la Nación.
Hidrocarburos
El cuestionamiento de la oposición –motorizado por los gobernadores patagónicos– a las reformas en materia de hidrocarburos se enfocó en la intromisión de la Nación en las competencias provinciales sobre los recursos naturales. El Gobierno accedió a eliminar puntos en esta materia que “constituyen una herramienta fundamental de las autoridades de aplicación de las provincias”. Se espera que este capítulo avance.
Biocombustibles
A través de tratativas con el ministro del Interior, Guillermo Francos, funcionarios de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy negociaron con la Secretaría de Energía delimitar el corte de biocombustibles y bioetanol. El dictamen apunta a subir el piso de corte e incrementarlo paulatinamente a lo largo de los próximos tres años para llevarlo a 15% en el caso del biodiésel y entre un 18% y 27% para el bioetanol. “Intentamos llegar a un punto de acuerdo con el secretario Eduardo Chirillo”, señaló el ministro de Producción y Desarrollo, Gustavo Puccini

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DEBATE

¿Quién defiende la cultura?
Veinte años de populismo crearon profundas distorsiones y desviaciones éticas; el kirchnerismo no reparó en gastos, y así formó un verdadero “ejército” rentado de guardianes del relato

Luciano Román
El debate sobre el Incaa y sobre el Fondo Nacional de las Artes ¿es un debate sobre la cultura o un debate sobre la malversación y la cooptación del Estado?; ¿es un debate sobre el fomento del cine y de otras expresiones artísticas o sobre los excesos de la burocracia y “el festival” de los subsidios?; ¿es, en definitiva, un debate honesto o está teñido de eslóganes que encubren “curros”, distorsiones y privilegios? Tal vez sean preguntas necesarias para una discusión de fondo y, sobre todo, para evitar que la bandera de “la cultura” se convierta en una coartada para tapar manejos opacos y discrecionales de presupuestos exorbitantes.
Algunos sectores partidizados han salido a la calle con un grito de resistencia: “Vienen por la cultura”. Son los mismos, sin embargo, que han callado frente a la censura, la cancelación y las listas negras. Los que no dijeron nada, hace apenas dos semanas, cuando el gobierno de Kicillof canceló a un músico en el Teatro Argentino por sus opiniones políticas. Hicieron silencio cuando se vulneraron valores esenciales para la actividad cultural, pero ponen el grito en el cielo cuando sienten que alguien les toca “la caja”. ¿Qué es defender “la cultura”? ¿Es defender la libertad y la diversidad o es defender los subsidios y los refugios de la militancia? ¿Es defender valores o defender acomodos?
El Incaa se adjudicó para su propio funcionamiento (sueldos, oficinas, asistentes y choferes) un 50% de los fondos que recibe y solo dejó el otro 50 para la producción y distribución de películas. Ya es una ecuación distorsionada, pero llegó a ser peor. En los últimos años –según explicó Leonardo D’Espósito en un riguroso trabajo publicado 
la burocracia interna se llevó hasta un 70%. Y el gobierno anterior apeló a algo que tenía vedado: darle al Incaa aportes del Tesoro para financiar un déficit millonario. Otro tanto ocurrió en el Fondo Nacional de las Artes, según explicó en un gran artículo Marcelo Gioffré: en la época en la que funcionaba bajo la conducción de Victoria Ocampo, solo gastaba en burocracia el 11%, mientras que el 89% se destinaba a becas, créditos y estímulos para los artistas. Hoy gasta el 70% en burocracia, con cargos rentados que antes eran ad honorem, y solo deja el 30% para estimular el arte.
Las preguntas son inevitables: ¿qué le ha hecho más daño a la cultura?, ¿la burocratización militante, convertida en una aspiradora de fondos? ¿O el debate que ahora se propicia sobre la administración y la transparencia de los recursos que recibe a través de impuestos específicos?
No se trata, sin embargo, solo de una cuestión económica. La “estatización” cultural ha terminado por crear una mentalidad: se hace cine sin correr riesgos y sin tener en cuenta al público. No se piensa en seducir a los espectadores sino en agradar al funcionario que otorga el financiamiento. Se produce, así, un cine politizado y endogámico. Las cifras hablan por sí mismas: en 2023 se estrenaron 241 películas argentinas, pero solo 98 alcanzaron o superaron los mil espectadores. Es un universo que se habla a sí mismo, en el que el éxito comercial resulta sospechoso. El alineamiento ideológico ha servido para que el Estado financie sueños y aventuras de cineastas militantes, mientras que cualquier idea que proponga salir de esa burbuja de disciplina y uniformidad es tachada de “mercantilista”, “reaccionaria” y otras descalificaciones que nutren el diccionario pseudoprogresista.
Veinte años de populismo crearon profundas distorsiones y desviaciones éticas. El kirchnerismo buscó cooptar a la cultura, como a los organismos de derechos humanos, convencido de que eso le aseguraba un escudo protector. No reparó en gastos, y así formó un verdadero “ejército” rentado de defensores del relato. Escritores, cineastas, actores y poetas se rindieron ante los encantos (y los beneficios) del poder. Muchos se creyeron con derecho a que el Estado financiara “lo que me gusta hacer”. Todo se hizo, como siempre, debajo de un eslogan: “la democratización de la cultura”. Sonaba bien, aunque fuera falso. En eso reside, después de todo, la esencia del populismo: que suene bien, sin importar que sea real. Así, después de tantos años de que el Estado financiara a los militantes del poder, muchos confunden “derechos adquiridos” con “privilegios adquiridos”. La cultura del subsidio conspiró contra otros valores asociados con el arte: la rebeldía, la creatividad, el riesgo y la transgresión. La burocracia suele llevarse mejor con lo previsible y “lo seguro”, algo que en el plano cultural bordea siempre lo panfletario.
Frente a semejante cúmulo de desmanejos, debería proponerse un debate serio, constructivo y riguroso. No se trata de barrer con organismos que han estado bien inspirados, sino de recuperar un espíritu y un funcionamiento virtuosos. Se trata, además, de defender la cultura desde los valores. Desde el pluralismo, por supuesto, y también desde la transparencia, desde la lógica y desde la honestidad intelectual.
“La cultura no se toca”, repiten por estos días algunos músicos y actores. ¿Significa que no se puede debatir? ¿Que la sociedad no puede ver qué hay detrás del telón? El eslogan podría traducirse así: “que nadie se meta en nuestra quintita”, como si “la cultura” fuera un coto militante que ejerce el derecho de admisión. Como si fuera, además, patrimonio de unas pocas caras conocidas que aparentan una representatividad que no tienen.
Tal vez se trate de ampliar el foco para analizar el vínculo entre el arte y lo público. Defender la cultura sería también reclamar mayor protagonismo y participación de los muchos elencos, orquestas y cuerpos de baile que tiene el Estado, pero por eso no suelen verse movilizaciones ni reclamos. ¿Por qué la Orquesta del Congreso no ofrece todos los fines de semana conciertos al aire libre? ¿Por qué la provincia de La Rioja le ofrece una fortuna a Lali Espósito para un “recital gratuito” en lugar de convocar a la Sinfónica de la provincia, integrada por 46 músicos que forman parte de la plantilla estatal? ¿Por qué el intendente de Ensenada contrata al grupo uruguayo Márama de cumbia pop en lugar de invitar a los músicos del Teatro Argentino para el aniversario de la ciudad? Los ejemplos son infinitos, pero “la cultura” no reacciona frente a estas situaciones, como si la única forma de defenderla fuera reclamar por la estabilidad, los subsidios y “la caja”, no con un mayor trabajo, con ideas para el público y con programas que acerquen el arte a la comunidad. El Estado debería estar, en todo caso, para el fomento y la promoción, no para actuar como empresario de espectáculos pagándoles contratos millonarios a actores y músicos “del palo”. También debería propiciar el aporte privado que, a través de sistemas de mecenazgo, es fundamental para el desarrollo de las vanguardias artísticas.
La cultura política ha tendido, en la Argentina, a asimilar lo importante con los ministerios, como si la burocracia asegurara jerarquía. Llegó a hacerse una bandera, por ejemplo, de que Salud recuperara ese estatus administrativo. No importaba tanto que la salud fuera accesible y de excelencia, como que fuera “ministerio”. Esa pasión burocrática parece haber conspirado, sin embargo, contra la calidad de los servicios públicos y de muchas actividades que quedaron enredadas en la lógica y la mentalidad estatal, aislándose del sector privado y de la sociedad. En nombre del Estado y de lo público, muchos organismos fueron convertidos en botines de la política.
En el Incaa no ha pasado algo muy distinto de lo que pasó en el Conicet. En ese caso, la politización metió una cuña en el sistema científico, como la metió también en las universidades y en los hospitales. Abrir un debate sobre esos mundos quizá sea la mejor manera de defenderlos y rescatarlos de su propia degradación.
No habrá que dejarse engañar por los eslóganes ni por las banderas que encubren privilegios y negocios. El arte y la cultura, al igual que la ciencia y los derechos humanos, son demasiado importantes como para dejarlos cooptar por minorías ruidosas y militantes subsidiadas por toda la sociedad.
Escritores, cineastas, actores y poetas se rindieron ante los encantos (y los beneficios) del poder. Muchos se creyeron con derecho a que el Estado financiara “lo que me gusta hacer”

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DEBATE

Entre el miedo y las mentiras, se impuso el más avezado
Sergio Massa pareció sacar ventaja sobre Javier Milei en un debate que generó expectativa y podría ser decisivo; el libertario estuvo incómodo
Claudio Jacquelin
Javier Milei y Sergio Massa, en el último debate de candidatos antes del balotaje
Nunca un balotaje se dio en términos tan dramáticos. Y nunca hubo un debate presidencial con tanta expectativa de que podría ser decisivo. Lo confirman los 48 puntos de rating y lo que se vio anoche. Los dos postulantes mostraron que habían practicado (mucho) para afrontarlo. Pero fue Sergio Massa quien pareció sacar ventaja de un enfrentamiento que fue más que dialéctico.
El candidato oficialista desplegó desde el primer bloque temático su ofensiva, con una ensayada compostura, que marcó el ritmo, el tono y el fondo de la discusión en casi todos los planos, incluido el personal. La agenda fue casi toda suya.
Javier Milei, instalado en la defensiva y tratando de manejar tonos y emociones no logró, en cambio, disimular su incomodidad ni desacomodar a su rival en casi ningún pasaje.
El libertario se sometió a responder preguntas y acusaciones antes que a interrogar con incisividad a un adversario que, en su condición de ministro de Economía, además de candidato, ofrecía varios flancos débiles. Como la inflación o el escándalo del espionaje ilegal que acaba de estallar, sobre los que Milei nunca llegó a indagar a fondo.
La capacidad y potencia de impacto de uno y otro resultó asimétrica, especialmente en la primera mitad del debae. La gran pregunta es cómo procesará el electorado ese comienzo tan desigual, que después resultó menos contundente y hasta Milei logró emparejar en algunos tramos.
El eje articulador de la discusión fue el miedo o la mentira, más que otros dilemas, y el candidato oficialista consiguió volcar esa antinomia hacia el lado del temor, cuando no del terror, a lo que podría sobrevenir con Milei en la Casa Rosada.
Massa sintió que sacó una ventaja en el debate previo al balotaje
En el plano de las mentiras, también Massa le disputó ese terreno a su adversario, que usó recurrente la discusión sobre la verdad como ariete, pero sin suficiente éxito o al menos sin provocar derrotas capaces de cambiar el curso del enfrentamiento.
El clímax se alcanzó con el golpe de efecto que dio Massa al instalar que el libertario no estaría en condiciones psicológicas no ya de ser Presidente sino ni siquiera de ser pasante del Banco Central por, presuntamente, no haber superado un examen psicotécnico para un cargo inicial en esa institución. El impacto se potenció al extremo cuando la audiencia advirtió que Milei no lo desmentía.
Se entendió en ese instante porqué desde hace tiempo el ministro-candidato venía instalando en conversaciones privadas y en propuestas púbicas su interés por saber la condición emocional de Milei. Una curiosidad que incluiría hasta la historia clínica de su rival y la posibilidad de que esta se revelarse antes del próximo domingo. No se llegó a ese extremo. No todavía.
Amparado en un presunto interés superior, como sería la necesidad del electorado de saber (nada menos) si un candidato está en condiciones psicológicas de asumir la primera magistratura del país, Massa ni siquiera pareció preocuparse por algunas derivaciones indeseadas de esa revelación. Como la eventual violación del resguardo a la intimidad, sobre todo en l que se refiere a información en poder del Estado.
Lo mismo podría decirse respecto de la acusación de que la familia de Milei tiene inmuebles en Miami. Justo cuando la utilización de datos que deberían gozar de la protección estatal es uno de los temas que domina la agenda pública en estos días. Massa parece seguir impermeabilizado ante el caso de espionaje conocido como Zanchettagate. Su rival se lo facilitó.
Si bien el candidato oficialista ya se había mostrado y se presumía más avezado y solvente en el manejo de la retórica, el resultado desigual del debate no deja de resultar curioso.
Javier Milei se retira del debate
Massa, pero también Milei tenían y tienen el escenario final que habían soñado. Por el cual habían trabajado (con mucho éxito) para conseguirlo a lo largo de toda la campaña electoral y con algunas ayudas mutuas. Sin subestimar el aporte invaluable hecho durante todo el proceso por el principal rival de ambos: Juntos por el Cambio, que quedó en el camino.
Se vio en los dos debates presidencial previos a la elección general del 22 de octubre que los dejó a ellos dos cara a cara en el balotaje. El oficialista y el outsider libertario se eligieron mutuamente para polarizar la discusión y acaparar la atención, de manera notablemente cuidada. O con agresiones controladas.
Mientras tanto, ambos desplazaban a la candidata cambiemita, que sin que nadie la empujara demasiado ya tropezaba con sus propias limitaciones y dificultadas para terciar en el debate, incomodar a sus adversarios y presentar una propuesta que atrapara el interés de la audiencia.
El resultado de la primera vuelta reflejó como ninguna otro hecho lo que había ocurrido en esos enfrentamientos dialécticos. El orden y la diferencia que separó a los candidatos apenas amplificó lo ocurrido en los escenarios de Santiago del Estero y de la Facultad de Derecho de la UBA.
Massa fue quien claramente había salido mejor parado de ambas instancias. Especialmente en el primer encuentro, donde se presentó con el traje azul revestido de amianto de un casi Presidente, que no le sobraba ni le apretaba por ningun lado. Milei fue entonces el que no perdió, cuando una mayoría esperaba que trastabillara.
Más candidato que ministro
Está claro que el primer lugar que obtuvo el postulante oficialista y los seis puntos de distancia con el libertario en la primera vuelta no se debieron solo a los debates, pero sí que ayudaron a reforzar su posicionamiento. Fue allí donde Massa empezó a consolidar el gran cambio (o el gran pase de magia) que se produjo durante el proceso electoral. Logró que el candidato se impusiera por sobre el ministro y su desempeño.
La gran pregunta sobre él dejó de ser desde entonces qué hizo durante su (fallida) gestión al frente del Ministerio de Economía. Pasó a ser cómo sería cómo Presidente, qué ofrece, como se lo ve en ese rol. Obviamente en el contexto en el que le toca. No en abstracto sino respecto de sus rivales. Desde ahí hasta hoy los atributos negativos del ministro se fueron achicando para que creciera la supuesta pericia o cualidad como eventual Presidente.
Para Milei que el piso que había logrado en las PASO se transformara en su techo en la elección general mucho tuvo que ver su campaña, en la que se incluyen sus performances en los debates. Sobre todo cuando, afuera de su núcleo duro de seguidores, su llegada a la Casa Rosada dejó de ser una estrambótica probabilidad estadística para convertirse en una posibilidad cierta una vez que fue el más en las PASO.
Las preguntas sobre una presidencia suya se antepusieron a la herramienta punitiva contra la dirigencia política (la casta) que operaba como la gran respuesta al enojo y la frustración de una parte más que importante del electorado.
El segundo lugar en las PASO del candidato de La Libertad Avanza y, sobre todo, la estrepitosa derrota de Patricia Bullrich, con la que habían soñado tanto Milei como Massa, reseteó el sistema. Mucho más tras el apoyo de Macri y Bullrich.
De las antinomia casta-anticasta y sistema-antisistema se pasó en el camino al balotaje a los clivajes democracia-antidemocracia, continuidad o cambio. Más rezagados, aunque aún vigentes, quedaron kirchnerismo-antikirchnerismo y macrismo-antikirchnerismo. El massismo y el antimassismo son por ahora construcciones a futuro o espectros atemorizantes que tienen aún un peso muy relativo. El debate de anoche lo confirmó. Y Massa lo explicitó.
Mientras tanto, el miedo y el enojo que han sido las emociones dominantes de casi todo el proceso electoral continúan siendo dilemas muy potentes, aunque en esta etapa tiendan a confundirse en quién se encarnan esos sentimientos, según de qué lado de la nueva polarización se ubique cada uno.
Para una mitad (más o menos precisa) pesa de manera determinante el miedo a Milei y a lo que un Gobierno suyo podría significar para algunos sectores de la población o respecto de sus políticas concretas y posicionamientos de fuerte peso simbólico y consecuencias prácticas. Como algunos acuerdos básicos sobre los que se asentó la democracia recuperada hace 40 años. En especial respecto de la represión ilegal y el plan sistemático de violación e derechos humanos.
El libertario se han encargado con palabras y con actitudes de darle entidad a esas prevenciones. Como para que algunos referentes sociales, insospechados de massismo y, menos aún de kirchnerismo, hayan anunciado no solo el voto contra Milei sino a favor de Massa. También eso usó el candidato oficialista en su favor anoche y no logró desarticularlo el libertario.
En tanto, para buena de la otra mitad, que aun cuando también abriga ciertos temores sobre lo que podría sobrevenir con un gobierno de Milei, tiene mucho mayor incidencia la amenazante continuidad, renovada y reforzada de un kirchnerismo de tercera generación, encarnado por Massa.
Sería un artefacto capaz de convertirse en una nueva hegemonía como la que crearon Néstor y Cristina Kirchner, en la que las instituciones y los principios rectores de la democracia liberal, como la división de poderes y el respeto a la ley, estén tan amenazados o más que entonces, sometidos a la arbitrariedad y la discrecionalidad. No se trata de temores viejos ni de proyecciones paranoides, sino del fruto de la observación (aumentada) de las formas y las prácticas del actual ministro de Economía, durante su gestión.
Para un balotaje que se decidirá por márgenes acotados, como auguran las encuestas y como dicta el promedio dominante en la mayoría de las segundas vueltas, los matices cuentan y mucho. No para los que votarán convencidos por o en contra de uno u otro candidato por esperanza o por espanto.
Sí importarán cómo procesarán el debate de anoche, cómo se lo amplifique en los días posteriores, y cómo los interpelarán a los ciudadnos los acontecimientos que ocurran hasta el día de la elección. Incluidos los cierres de campaña.
Nada estará resuelto hasta que no se cierren las mesas de votación el próximo domingo. Pero anoche Massa sacó una ventaja.

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DEBATE

“Roca es más que la Campaña al Desierto”: el traslado del monumento de Bariloche profundiza la grieta histórica
Aunque la Comisión Nacional aprobó la mudanza de la estatua ecuestre, la decisión de sacar la escultura del Centro Cívico generó debate toda la semana; ¿Cuál es el riesgo de dirimir conflictos del presente en estos símbolos?
Daniel Gigena
Una imagen de 2020, cuando manifestantes intentaron derribar el monumento a Roca en el Centro Cívico de Bariloche
Desde los Andes, soplan vientos que avivan un debate monumental. Esta semana, con el anuncio de que el monumento a Julio Argentino Roca será retirado del Centro Cívico de Bariloche, se profundizó la grieta histórica en torno a la figura del que fue dos veces presidente de la Argentina a finales del siglo XIX e inicios del XX.
Las autoridades locales, que alegaron que el monumento inaugurado en 1940 no había estado previsto en los planos originales del Centro Cívico y que genera conflictos sociales y políticos, informaron que la estatua ecuestre de Roca “cabalgará” hacia una barranca que da al lago Nahuel Huapi, en la que hay un conjunto de bustos y estatuas de próceres. El monumento a Roca se ubicará entre un busto de Juan Manuel de Rosas y otro del empresario italiano Primo Capraro.
La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, que preside la profesora Mónica Capano, aprobó sin chistar el traslado, al parecer motivado por las críticas a la “monumentalización” del líder de la Conquista del Desierto, calificado retrospectivamente de “genocida”, y por los riesgos que corre el monumento, vandalizado en varias ocasiones. El 17 de este mes se cumplieron 180 años del nacimiento de Roca, en San Miguel de Tucumán.
En 1989, el monumento a Roca había sido declarado Monumento Histórico Nacional (MHN), y en 1999, se sancionó una ley nacional que declara Lugar Histórico (LH) al Centro Cívico barilochense. “La gente del municipio tomó la decisión de colocar la estatua de Roca junto con otras en un lugar por fuera del Centro Cívico”, informaron desde la Comisión.
La estatua en cuestión -obra del artista Emilio Sarniguet, creador de la escultura del “gaucho resero” que está en avenida de los Corrales y Lisandro de la Torre, en el barrio de Mataderos, y de El yaguareté, emplazada en Parque Chacabuco, entre otras- fue vandalizada en reiteradas ocasiones e incluso intentó ser derribada el 12 de octubre de 2012 por un grupo de manifestantes al grito de “Roca asesino”.
Para la historiadora, investigadora del Conicet y profesora Beatriz Bragoni, la discusión sobre el monumento a Roca, que se “viralizó” en redes sociales con posturas a favor y en contra, gira en torno a “lo mismo de siempre: usos públicos del pasado y anacronismos en la puja de memorias sociales y liturgias estatales”.
“Dos cosas diría -responde la historiadora e investigadora Camila Perochena-. La disputa sobre las estatuas es más una disputa sobre el presente que sobre el pasado. Lo que se está dirimiendo son conflictos del presente y no necesariamente una visión del pasado. ¿Cuál es el riesgo de dirimir conflictos presentes en estos símbolos? Es que se mira la historia con ojos presentistas; se juzga el pasado a través de los estándares éticos, de los valores, que son propios de esta época y no de finales del siglo XIX. Se le pide a Roca cierta idea de diversidad cultural que no tiene que ver con las ideas que circulaban en ese momento”.
El segundo punto se vincula con la Campaña del Desierto. “Sin duda se cometieron crímenes en la Conquista del Desierto, hoy inaceptables y que deben ser recordados, pero Roca es muchísimo más que la Campaña al Desierto. Roca es quien posibilitó la construcción de un Estado nacional, quien terminó de federalizar la ciudad de Buenos Aires, y por eso tenemos una capital federal; terminó de ‘torcerle el brazo’ a la provincia de Buenos Aires, que era la más rica y poderosa y con la cual no se podía terminar de construir ese Estado nacional, quien permitió el desarrollo del modelo agroexportador; que no solo habilitó el crecimiento económico sino también el ascenso social de muchas capas de la población y en cuyo mandato se sancionó la ley 1420 de educación gratuita, laica y obligatoria; es un personaje central de la historia argentina. Recordar a Roca es mucho más de lo que se quiere simbolizar hoy con ojos del presente”.
En una nota el historiador y académico Miguel Ángel de Marco había definido a Roca como el artífice del Estado moderno en la Argentina.
La directora de las licenciaturas en Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Torcuato Di Tella, Geraldine Davies Lenoble, está a favor del traslado. “La historia y los monumentos históricos deben estar en diálogo con el pasado y el presente -dice la historiadora-. Es totalmente comprensible que los monumentos no estén en un sitio de por vida, sino que se repiensen y se abran diálogos sobre lo que vemos del pasado, qué estamos rescatando del pasado y cómo vemos a esas personas e hitos que se conmemoran. Es sumamente importante revisar la figura del expresidente Roca en monumentos y en plazas, especialmente en lugares como Bariloche y en otras provincias del sur, que genera una controversia enorme por el rol protagónico que tuvo en la campaña militar que llevó a cabo políticas genocidas en contra de población indígena en la pampa y la Patagonia”.
Para Davies Lenoble, es destacable que se ponga en cuestión el lugar que se le da a Roca. “Revisar cuáles son las estatuas que deben exhibirse en el espacio público es parte de un proceso mucho mayor que incluye investigaciones científicas y movilizaciones de las comunidades indígenas y de la sociedad que reivindican el derecho a la diversidad y la cultura”. Davies Lenoble recuerda que en espacios públicos y museos de países europeos este proceso de revisión lleva décadas. “Es importante lo que está pasando en Bariloche para abrir el debate a nivel nacional”, concluye.
Anteayer, el empresario Luis Da Costa publicó en la plataforma Change una petición titulada “El monumento a Roca en Bariloche no se toca”, que ya superó las 45.000 firmas. “Hay que ser inepto, burro, y anti Patria, para deshonrar la figura de Julio Argentino Roca, prócer, conquistador de nuestra Patagonia e impulsor de la modernización del Estado -escribió-. Repudio rotundamente esta muestra de desagradecimiento e ignorancia supina”.
Ayer, dirigentes de la oposición, historiadores y vecinos anunciaron que presentarían un amparo ante la Justicia para impedir el traslado. El retiro del monumento está previsto para la primavera.

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DEBATE

El parlamentarismo no evita la erosión de la democracia
Sergio Berensztein

En el tradicional debate entre el presidencialismo y el parlamentarismo, que acompañó las últimas olas de democratización y que tanto influyó sobre todo en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, parecía innegable que el segundo estaba mejor preparado para procesar conflictos, ordenar prioridades y encontrar soluciones a problemas complejos en función de consensos o “compromisos democráticos”, gracias a los cuales era posible fomentar una cultura institucional formal e informal que, se suponía, constituía el cemento que afianzaba los procesos de consolidación del nuevo orden constitucional luego de traumáticas experiencias autoritarias.
En los últimos años hemos podido comprobar que, como siempre, la realidad es mucho más compleja de lo que las teorías o los modelos presumen. En el contexto de un mundo en el que se multiplican y superponen conflictos de distintas dimensiones (de seguridad, territoriales, económicos, políticos, sociales, culturales e identitarios), tanto los regímenes presidencialistas como los parlamentarios muestran enormes dificultades para evitar el debilitamiento de la calidad democrática. Es que pocas veces la agenda internacional estuvo tan sobresaturada. Por un lado, los desequilibrios económicos. El panorama luce algo más alentador de lo que señalaban hasta hace poco los principales analistas del mercado: el mundo no estaría yendo hacia una recesión como la consecuencia más dura del fenómeno inflacionario, sino hacia una desaceleración, incluidas las economías más pujantes como la china. Habrá que ver el impacto de la suba de tasas tanto en el endeudamiento público como en el privado (no olvidar la caída de bancos regionales en Estados Unidos) y, sobre todo, el avance y los efectos del desacople de las dos principales economías del planeta. Larry Summers, una de las voces más influyentes de EE.UU., criticó de manera durísima a la Bidenomics, por renacionalizar (desglobalizar) y aislar la economía, profundizando así el camino iniciado por su predecesor Donald Trump.
A esto se suman el escepticismo y la parálisis frente a las consecuencias del cambio climático en el contexto de temperaturas récord en todo el hemisferio norte con imágenes inéditas que son apenas un simple adelanto de las catástrofes que nos esperan. Más el conflicto militar en Ucrania y sus derivaciones, no solo en términos de gasto (solo EE.UU. lleva gastados 43 billones de dólares, cifra insuficiente para que Kiev pueda montar una contraofensiva eficaz), sino en especial por la crisis alimentaria que generará en el mundo en desarrollo la estrategia rusa de discontinuar el acuerdo cerealero y dañar la infraestructura portuaria, tanto en el Mar Negro como en el Danubio. Si a esto se agrega la crisis migratoria, sucesos como la quema del Corán (o de la Torá) para alimentar el fanatismo y el odio religioso y racial, episodios de violencia institucional (como vimos recientemente en Francia y de manera recurrente en EE.UU.), estamos frente a un escenario en que el volumen de problemas sobrepasa la capacidad de los sistemas políticos, sean presidencialistas o parlamentarios, de procesarlos de forma eficiente.
El círculo vicioso queda activado: el malestar social produce la emergencia de líderes radicalizados y se acelera un deslizamiento hacia formas de poder con sesgos autoritarios y un deterioro en la calidad institucional. Tradicionalmente, veíamos en democracias emergentes en América Latina y África una tendencia a la concentración de autoridad en el Poder Ejecutivo, con hiperpresidencialistas que pretendían obturar los mecanismos de participación y control típicos del juego republicano-democrático, derivando en formas hegemónicas de poder. La Argentina es uno de los ejemplos más obvios de estos excesos, pero dista de ser el único o el más complicado en términos de gobernabilidad: tenemos los casos de Bolivia, Nicaragua –que entró hace tiempo en el autoritarismo extremo– y los por ahora híbridos El Salvador, con Nayib Bukele, y Honduras, con Xiomara Castro.
Contradictoria y paralelamente, convivimos con presidentes que, a pesar del poder formal que en teoría los caracterizan y definen sus atributos como gobernantes, sufren procesos de debilitamiento extremo y quedan por eso parcial o totalmente al margen del proceso de toma decisiones, al punto de que sus liderazgos son entre ignorados y ridiculizados por el conjunto de sus sociedades. En esta categoría se destacan Gabriel Boric en Chile y Alberto Fernández en la Argentina. Curiosamente, lo que en el pasado podría derivar en crisis de gobernabilidad y episodios de inestabilidad institucional, en la actualidad parece posible canalizarse con mecanismos ad hoc que evitan que escale el vacío de poder y autoridad presidencial, disparando problemas severos de desorden público. ¿Implica esto que los presidencialismos pueden ser más flexibles y adaptativos de lo que suponíamos?
Por otro lado, somos testigos de que los sistemas parlamentarios no solo no evitan esas tensiones, sino que incluso pueden potenciarlas, generando una enorme erosión institucional y hasta un riesgo de “apagón” democrático. Hasta ahora dábamos por supuesto que tenían mayor facilidad para moderar las conductas más extremas y facilitar consensos básicos. La evidencia reciente apunta a lo contrario: observamos episodios de polarización extrema e intentos de cambiar unilateralmente las reglas de juego y abusar de mayorías circunstanciales para avanzar con agendas controversiales y hasta minoritarias o caprichosas, es decir, lo que asumíamos como características de los sistemas presidencialistas. En ese sentido, vale la pena subrayar los casos de Turquía (aunque la última elección, algo más pareja de lo esperado, parece haber moderado los planes de Erdogan e incluso impulsado un giro algo más prooccidental), de la Hungría de Viktor Orban y, sobre todo, de Polonia, clave en el nuevo mapa geopolítico, liderada por el ultraconservador Andrzej Duda.
Pero es en Israel donde las “ventajas relativas” del parlamentarismo quedan más duramente cuestionadas. Si bien es un exceso afirmar que “la democracia en ese país está en peligro”, como indican algunos observadores, es cierto que un Benjamín Netanyahu acorralado judicialmente por causas de corrupción y aliado con grupos de fanáticos religiosos trata de reformular las atribuciones del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema. Cualquier similitud con la Argentina de Cristina o el Ecuador de Correa no es pura coincidencia: los parecidos superan cualquier diferencia en términos de la organización del sistema político.
¿Querrá decir esto que el tipo de régimen no hace la diferencia y que debemos analizar otros factores concomitantes, como la ideología, la fragmentación de los partidos, la cuestión identitaria/religiosa y los liderazgos inescrupulosos? ¿Serán la cultura democrática y el predominio de valores y principios de moderación y sensatez más importantes de lo que pensábamos? En 2024 se cumplen 30 años de la última reforma constitucional. Tal vez sea una buena ocasión para reflexionar sobre estas cuestiones y focalizar en una agenda de reformas políticas que apunten a aquellos mecanismos que puedan generar un verdadero impacto positivo, en vez de perdernos en debates maximalistas con supuestos cuestionados por la realidad.

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