AMENAZA ELECTORAL vs CRISIS

El kirchnerismo y el más allá de la General Paz

Daniel Bilotta

Cristina lleva adelante una nueva concentración de poder que confirme su autoridad política. Procedimiento habitual cuando se necesita superar con rapidez una crisis que, por lo general, también afecta al entorno que rodea a los dirigentes. La vicepresidenta está reorganizando el suyo de acuerdo con el grado de responsabilidad que asigna a sus miembros por no advertir un hecho en apariencias inesperado.
El agravamiento de la situación económica podría socavar la base más sólida de su liderazgo electoral: la región sur del conurbano. Ese es el conflicto real detrás del reclamo salarial de un sector de la policía bonaerense. Por eso la perspectiva desde la que Cristina define la pérdida o adquisición de influencia provoca desconcierto en algunos actores del oficialismo. La mayoría niega haber tenido participación en ese incidente.
El ministro de Economía tiene esta mañana otra oportunidad para demostrar su capacidad de asimilar nuevas experiencias. Presentará el presupuesto en el Congreso. Más avezado en eludir deslizamientos sorpresivos, Wado de Pedro ni se inmutó al ser elegido para comunicarle a Rodríguez Larreta la quita del 1,2% de coparticipación a la ciudad
Es probable que Martín Guzmán sea la primera víctima de ese estado de confusión. La ampliación del cepo cambiario desmintió lo que había asegurado antes de que esa medida entrase en vigor. Cristina le reconoce uno de los pocos réditos del Gobierno: el canje de bonos de la deuda. El problema es que la ilusión del shock de confianza duró menos de una semana. El supuesto castigo consistió en dejarlo afuera de las decisiones trascendentes. El ministro de Economía tiene esta mañana otra oportunidad para demostrar su capacidad de asimilar nuevas experiencias. Presentará el presupuesto en el Congreso. Más avezado en eludir deslizamientos sorpresivos, Wado de Pedro ni se inmutó al ser elegido para comunicarle a Rodríguez Larreta la quita del 1,2% de coparticipación a la ciudad.
Sebastian Dufour
El gobierno porteño elogia la disposición al diálogo del ministro del Interior. El nivel de vínculos con la oposición es otra premisa del criterio de evaluación. De Pedro asiste a Máximo Kirchner en una tarea compleja. Las relaciones políticas en la provincia de Buenos Aires. La posición del líder de La Cámpora con Cristina provoca recelos en otros aliados. Martín Sabbatella intervino con su esposa, Mónica Macha, la sección bonaerense del partido Nuevo Encuentro que presidía Adrián Grana. Al titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) le preocupa la cercanía de Grana con Andrés Larroque. El ministro de Desarrollo Comunitario intercedió para que renovase su banca de diputado provincial el año pasado. El lugar donde Sabbatella quería sucederlo.
Pero Kicillof es un asunto más complejo para Máximo y De Pedro. Tema de análisis en el asado del viernes en Lomas de Zamora con Massa, Insaurralde y Cascallares. La primera señal de distensión tras la reunión reservada del 16 para calmar los ánimos. Cristina señala al titular de la Cámara de Diputados y a los intendentes de Lomas de Zamora y Almirante Brown como algunos de los involucrados en la supuesta agitación política de la protesta policial. Episodio que alimenta las sospechas de Kicillof. Sobre todo por el accionar de los uniformados.
Incluidos los del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Unidad Táctica de Operaciones (UTOI), los cuerpos de élite que lo socorrieron cuando otros rodearon su residencia oficial en La Plata. El gobernador parece poco dispuesto a ampliar el grupo íntimo que integran el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el secretario legal y técnico, Federico Tea, y los ministros de Producción y de Comunicaciones, Augusto Costa y Jessica Rey. La lista no incluye a los miembros del gabinete propuestos por la vicepresidenta: Teresa García (Gobierno), Gollán (Salud), Alak (Justicia) y Berni (Seguridad). Ni tampoco a la vicegobernadora Magario, presidenta natural del Senado. Tea no le advirtió del decreto publicado el 8. Magario supo ese día por el Boletín Oficial que Kicillof pedía a ese cuerpo el envío de los pliegos de 41 jueces que la oposición votó el 10 en el recinto sin el oficialismo.
Alak había intervenido sin éxito en ese proceso. No a favor de Magario, sino del gobernador. Le advirtió que carecía de otra facultad que no fueran los buenos modales para pedir eso a los senadores. No es una característica que la oposición destaque de Kicillof. Magario tiene otro problema en La Matanza: Espinoza. El viernes los trabajadores municipales protagonizaron una ruidosa concentración ante al Palacio Municipal de San Justo para exigir al intendente un salario inicial de 44.000 pesos, el mismo que obtuvo la policía. Espinoza cree que el kirchnerismo está detrás de esa ironía. A él también se lo sindica por los incidentes en Puente 12.
Berni dio de baja a Claudio Cheverry como titular de la Superintendencia AMBA Oeste, con jurisdicción en La Matanza. Lo sustituirá Juan Carlos Galeano. Los empleados municipales no son propensos a las movilizaciones. Por eso es un detalle importante la participación en ella de Rubén García. El titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) es aliado de los camioneros que conduce Pablo Moyano. Máximo insiste en postularlo como secretario general de la CGT. Para eso necesita resolver la causa judicial por supuesta asociación ilícita con barras de Independiente. Brenda Madrid suspendió sin fecha la continuidad de la indagatoria a Pablo iniciada el 3 de septiembre. La jueza de Garantías 8 de Avellaneda aguardará a que la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora resuelva una nueva impugnación contra el fiscal Scalera de Llermanos, abogado defensor de Moyano.
Luis Genoud le habría garantizado a Madrid su pronto traslado al fuero correccional una vez que esté resuelta la conformación del Departamento Judicial de Lanús y Avellaneda. El integrante de la Corte bonaerense mantiene una estrecha relación con Diego Molea, apodado en Tribunales "el maître de La Cámpora". Alusión a su natural subordinación en el Consejo de la Magistratura a Gerónimo Ustarroz, delegado del Poder Ejecutivo en ese cuerpo y hermano de sangre de De Pedro. Molea es uno de los seis miembros del oficialismo que igualan en número a la oposición. Paridad que suele quebrar Graciela Camaño. El panorama podría variar si los vocales de Juntos por el Cambio respetan el acuerdo de renunciar a los dos años y ser reemplazados por los suplentes.
Diego Marías sucedería a Más Vélez. Lo mismo haría Carlos Matterson con Marina Sánchez Herrero. Más Vélez es un dirigente cercano a Enrique Nosiglia. Marías está ligado a Pablo Clusellas, exsecretario legal y técnico de Macri. Sánchez Herrero es la esposa de Maxi Abad, que competirá por la UCR bonaerense con Gustavo Posse, protegido de Nosiglia. Más vidrioso es el caso de Matterson, propuesto por Angelici. Que ambos sean bingueros puede llamar a engaño. Matterson dialoga casi tanto como Maqueda con Schiaretti. La Corte analizará desde hoy el per saltum solicitado por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, cuyos traslados fueron rechazados por el Senado. Maqueda aún no definió su voto. El gobernador de Córdoba fue el único de los peronistas que no respaldó el decreto de Fernández que transfirió a la provincia de Buenos Aires los fondos recortados a la ciudad. En 2021 serán 50.000 millones de pesos. Es lo que percibió Córdoba este año. El resto de los gobernadores del PJ masculla el malestar en silencio. Los problemas de Cristina comienzan en el más allá de la General Paz.

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