“Ni Pullaro te va a salvar”: la amenaza dirigida a Ángel Di María en Rosario
Desde un auto arrojaron una bolsa negra en la puerta del country donde vive el jugador del seleccionado y de Benfica cuando visita la ciudad
Germán de los Santos
Ángel Di MaríaROSARIO.-El miedo provocó un nuevo efecto en Rosario, una ciudad que vive sofocada por las acciones de los grupos narco. “Ni Maximiliano Pullaro te va a salvar”, fue la amenaza que apareció en la puerta del country Funes Hills, donde el jugador de la selección Ángel Di María vive con su familia cuando visita Rosario. La nota intimidatoria fue arrojada desde un auto en una bolsa negra y se conoció cuando el futbolista estrella analiza volver a Rosario Central para disputar la Copa Libertadores.
El hecho fue reportado hoy a las 2.30 y personal de seguridad del country aseguró haber visto un auto circular de forma llamativa frente al predio y luego arrojar una bolsa negra. Después llegó personal de una comisaría cercana, que analizó las filmaciones. El cartel con la amenaza estaba dentro de una bolsa y decía “familia Di María”. En el texto se advertía: “Ni Pullaro [por Maximiliano, gobernador de Santa Fe] te va a salvar”. Ahora peritos en criminalística de la Policía de Santa Fe investigan el lugar en busca de algún otro hallazgo.
El country donde vive la familia de Di MaríaUn par de horas después, durante la madrugada, un chofer de la empresa de transporte Movi encontró en el ómnibus que conduce un cartel con una amenaza que advertía que iban a matar a un colectivero. Tras un mensaje de WhatsApp, donde el conductor contaba el texto intimidatorio, quedó paralizado el transporte público de pasajeros, una medida que irradió en otras actividades, como las escuelas, que muchas de ellas quedaron despobladas de alumnos durante la mañana en el único día de clases porque hay dos días de paro antes del feriado largo.
La reacción de los choferes se produjo en una ciudad que aún está marcada por la muerte de cuatro trabajadores al azar que ocurrió a principios de marzo, entre ellos el colectivero Marcos Daloia, de 39 años, que fue atacado de dos disparos en la cabeza en México y Mendoza, en la zona noroeste de Rosario. Murió tres días más tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
Con el recuerdo fresco del homicidio de Daloia, la aparición de una amenaza en un ómnibus de la línea 153 generó que los choferes paralizaran el servicio un lunes particular, porque es el único día que los alumnos de escuelas públicas y privadas tenían previsto tener clases, ya que hay un paro de 48 horas antes del inicio del feriado largo.
La parálisis del transporte se hizo palpable a partir de las 6, cuando comenzó a viralizarse el mensaje de un chofer que había encontrado un papel con una amenaza dentro del ómnibus. El chofer contaba que, al tomar el servicio, encontró en el micro una nota que aseguraba que hoy iba a haber “uno menos” en la empresa Movi de la zona oeste.
De inmediato, los choferes volvieron a los galpones y se resintió fuertemente el servicio de colectivos. Con el correr de los minutos la ciudad quedó sin ómnibus, porque se sumaron los conductores de las otras empresas del transporte urbano de pasajeros. Desde la Municipalidad esperan que la decisión se revierta en las próximas horas y la circulación vuelva a la normalidad.
El secretario de Gobierno de la Intendencia, Sebastián Chale, sostuvo que están en “permanente contacto con la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad” a fin de ver cómo avanza la investigación, que aclaró que “en esta primera instancia se encuentra en el periodo de relevamiento de prueba”.
“Hemos tenido otros casos de amenazas que se esclarecieron rápidamente y no tenían relación con el difícil momento que vivimos en la ciudad”, advirtió el funcionario municipal.
La semana pasada fueron imputados dos jóvenes por realizar amenazas contra choferes. El primer hecho ocurrió el 19 de marzo, cuando alrededor de las 19, cuando el joven amenazó a los gritos al conductor de un interno de la línea 122 roja. Este sábado, en tanto, a otro joven fue imputado por el delito de amenazas coactivas en carácter de autor a un conductor de la línea 153 en inmediaciones de Pellegrini e Iriondo.
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No hubo asesinatos desde el crimen del playero; sobrevuelan helicópteros y hay más coordinación.
Germán de los Santos
Efectivos motorizados de la Prefectura, en uno de los barrios “calientes” de Rosario
ROSARIO.– Desde el asesinato del playero Bruno Bussanich, el sábado 9 de este mes, el último de la saga de cuatro crímenes en una semana que paralizaron y conmocionaron a la ciudad, y que el gobierno catalogó como una estrategia “terrorista”, no volvió a correr sangre en el ejido urbano.Ellunesyelmartespasadoocurrió algo que llamó la atención a los funcionarios: no ingresó en ninguna guardia de hospitales un solo herido de bala, algo atípico. Por ejemplo, en febrero del año pasado se contabilizaron 98 personas con lesiones de arma de fuego. Hasta anteayer hubo 31 homicidios. En ese mismo lapso en 2023 se produjeron 80 homicidios.
Rosario atraviesa un escenario novedoso y particular. Una instancia que no tiene antecedentes. El problema no es la cantidad de casos de violencia, como sucedió a lo largo de la última década, sino el tipo de acción que llevan adelante los grupos criminales, que los gobiernos provincial y nacional coinciden en encuadrar como actos terroristas. Y ahí está centrada la preocupación, porque se observaron movimientos que abren como hipótesis que hubo acciones coordinadas entre miembros de las dos principales bandas rivales, la de Los Monos y la de Esteban Alvarado, cuyos altos mandos están presos en las prisiones federales de Marcos Paz y Ezeiza, respectivamente.
Esto genera preocupación y cierto desconcierto sobre dónde podrían golpear la próxima vez. Porque el objetivo que quedó de manifiesto la primera semana de marzo es que se buscó causar conmoción. “Pensaron que esta situación iba a arrinconar al gobierno y ocurrió lo contrario. La respuesta de la Nación y de la provincia fue que con las mafias no se pacta, sino que se las combate”, señaló una alta fuente del gobierno de Santa Fe.
De a poco, Rosario volvió a su ritmo normal, después del impacto que provocaron los cuatro asesinatos, aunque durante la noche la ciudad sigue apagada. Después del mediodía empiezan a dar vueltas los dos helicópteros AB-206 del Ejército. Vuelan a la par. Y causan el efecto buscado de que los vecinos miren hacia el cielo. La sensación es la de una ciudad en guerra.
En el terreno hay unos 1400 efectivos de fuerzas federales que tienen tres zonas de ocho para controlar, explica una fuente del comando conjunto. Durante esta semana llegó a haber 180 patrulleros de la policía en la calle, a pesar de las limitaciones en la logística.
Hasta principios de marzo, los gendarmes tenían dos zonas, el sur y el oeste, y ahora sumaron una más, de las más difíciles, con los barrios Triángulo Moderno, Villa Banana y Vía Honda. En este último lugar, uno de los territorios más pobres de la ciudad, Máximo Cantero, conocido como El Viejo, líder histórico de Los Monos, tenía un comedor comunitario que repartía unas 300 raciones de comida diaria.
El trabajo día a día
Por primera vez desde 2014, las fuerzas federales tienen acceso a un registro “espejo” del 911, que maneja la policía de Santa Fe. Aunque parezca ilógico, nunca antes ocurrió. Ahora, los efectivos federales conocen en tiempo real las “incidencias” y pueden llegar a un lugar donde se produjo una situación violenta de manera más rápida o colaborar con la policía. La consigna que se delineó en el comité de crisis que encabezan la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro es evitar la circulación de la violencia.
Una vez a la semana se realiza la reunión de “planificación operativa”, que es conducida por el secretario de Seguridad de Santa Fe, el excomandante de la Gendarmería, Omar Pereyra, y por Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad nacional.
Pereyra afirmó a que lo la nacion que se observa en los operativos es que “no hay enfrentamientos en los territorios con los efectivos federales ni con la policía”. Agregó: “Se ve que cuando se monta un operativo de saturación huyen en motos. Arrojan armas y droga y tratan de escapar”.
A la par de la reunión de planificación semanal se realizan dos mesas semanales de análisis e inteligencia, donde cada fuerza vuelca la información que maneja sobre grupos criminales y zonas. Con esos datos se rediseñan los operativos, pero cada fuerza investiga cada línea por su lado. Desde ambos sectores admiten que al principio había prejuicios que se fueron venciendo, basados en una desconfianza mutua que viene de años.
Angelini señaló a que las la nacion fuerzas federales lograron esta semana desmantelar decenas de puntos de microtráfico, lo que genera problemas en los territorios que dominan las bandas por la violencia que gira en torno a los búnkeres. En una de esas intervenciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautó 1,5 kilos de cocaína destinada a la venta minorista.
Por otro lado, en el Ministerio de Seguridad advirtieron que se está atacando el siguiente eslabón del narcomenudeo, que es la distribución y el abastecimiento. El jueves, agentes de la Gendarmería que realizaban un operativo de seguridad vial sobre la ruta nacional 34, a la altura de la localidad santafesina de Totoras, detuvieron a un boliviano que llevaba 21 kilos de cocaína que debían terminar en Rosario.
El viernes a la noche, efectivos de la Policía Federal detuvieron en plena calle, en Montevideo al 6800, a Alan Tripi, un narco que hacía cinco años que estaba prófugo y pertenecía a un clan familiar que domina el complejo Fonavi del Parque del Oeste, donde hace tres semanas se produjo el asesinato de Leo Tripi, hermano del detenido.
Lo que no se cortó es el flujo de amenazas que se expanden por la ciudad. Algunas son fruto del aprovechamiento de la situación y otras reales, como la que ocurrió el miércoles, cuando desde una moto arrojaron una mochila cerca de donde mataron a los dos taxistas que tenía en su interior un cargador de pistola 9 milímetros y ocho municiones, un cargador de fusil FAL y 8 balas 7,62 x 51 milímetros, un portachaleco y una gorra, ambas con inscripciones de la Policía de Santa Fe, además de una granada española de gas –que fue entregada a la Brigada de Explosivos– y un papel con una amenaza contra Pullaro y el presidente Javier Milei.
La sospecha es que estas amenazas son efecto de los mayores controles y restricciones que se aplicaron en las cárceles de Santa Fe, sobre todo en Piñero, donde están alojados, en los pabellones de “alto perfil”, cuadros medios de Los Monos, de la banda de Alvarado y de la que dirige el expiloto peruano Julio Rodríguez Granthon. “En las cárceles no nos corrimos ni un milímetro. La tensión sigue intacta y cada vez se genera más control”, afirmó una calificada fuente del gobierno de Santa Fe.
El gobierno santafesino recibió un espaldarazo de la Justicia, luego de que el juez Rafael Coria rechazara los planteos del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp) de Santa Fe, que denunció torturas, vejaciones y hurtos agravados contra internos de las cárceles de Piñero y de Pérez.
En la denuncia se señaló que el 2 de este mes en Piñero, tras el ataque a dos ómnibus del Servicio Penitenciario, se produjo un cierre de todos los pabellones del penal y se agravaron “en forma ilegítima” –se sostuvo en el planteo– las condiciones de detención de los presos, especialmente de los calificados como de “alto perfil”. Este cuestionamiento no solo fue consecuencia de la foto que se distribuyó a los medios, con internos arrodillados y semidesnudos, al estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sino por supuestos tormentos que sufrieron los detenidos. Pero la Justicia no encontró elementos para que la denuncia prosperara.
ROSARIO.– Desde el asesinato del playero Bruno Bussanich, el sábado 9 de este mes, el último de la saga de cuatro crímenes en una semana que paralizaron y conmocionaron a la ciudad, y que el gobierno catalogó como una estrategia “terrorista”, no volvió a correr sangre en el ejido urbano.Ellunesyelmartespasadoocurrió algo que llamó la atención a los funcionarios: no ingresó en ninguna guardia de hospitales un solo herido de bala, algo atípico. Por ejemplo, en febrero del año pasado se contabilizaron 98 personas con lesiones de arma de fuego. Hasta anteayer hubo 31 homicidios. En ese mismo lapso en 2023 se produjeron 80 homicidios.
Rosario atraviesa un escenario novedoso y particular. Una instancia que no tiene antecedentes. El problema no es la cantidad de casos de violencia, como sucedió a lo largo de la última década, sino el tipo de acción que llevan adelante los grupos criminales, que los gobiernos provincial y nacional coinciden en encuadrar como actos terroristas. Y ahí está centrada la preocupación, porque se observaron movimientos que abren como hipótesis que hubo acciones coordinadas entre miembros de las dos principales bandas rivales, la de Los Monos y la de Esteban Alvarado, cuyos altos mandos están presos en las prisiones federales de Marcos Paz y Ezeiza, respectivamente.
Esto genera preocupación y cierto desconcierto sobre dónde podrían golpear la próxima vez. Porque el objetivo que quedó de manifiesto la primera semana de marzo es que se buscó causar conmoción. “Pensaron que esta situación iba a arrinconar al gobierno y ocurrió lo contrario. La respuesta de la Nación y de la provincia fue que con las mafias no se pacta, sino que se las combate”, señaló una alta fuente del gobierno de Santa Fe.
De a poco, Rosario volvió a su ritmo normal, después del impacto que provocaron los cuatro asesinatos, aunque durante la noche la ciudad sigue apagada. Después del mediodía empiezan a dar vueltas los dos helicópteros AB-206 del Ejército. Vuelan a la par. Y causan el efecto buscado de que los vecinos miren hacia el cielo. La sensación es la de una ciudad en guerra.
En el terreno hay unos 1400 efectivos de fuerzas federales que tienen tres zonas de ocho para controlar, explica una fuente del comando conjunto. Durante esta semana llegó a haber 180 patrulleros de la policía en la calle, a pesar de las limitaciones en la logística.
Hasta principios de marzo, los gendarmes tenían dos zonas, el sur y el oeste, y ahora sumaron una más, de las más difíciles, con los barrios Triángulo Moderno, Villa Banana y Vía Honda. En este último lugar, uno de los territorios más pobres de la ciudad, Máximo Cantero, conocido como El Viejo, líder histórico de Los Monos, tenía un comedor comunitario que repartía unas 300 raciones de comida diaria.
El trabajo día a día
Por primera vez desde 2014, las fuerzas federales tienen acceso a un registro “espejo” del 911, que maneja la policía de Santa Fe. Aunque parezca ilógico, nunca antes ocurrió. Ahora, los efectivos federales conocen en tiempo real las “incidencias” y pueden llegar a un lugar donde se produjo una situación violenta de manera más rápida o colaborar con la policía. La consigna que se delineó en el comité de crisis que encabezan la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro es evitar la circulación de la violencia.
Una vez a la semana se realiza la reunión de “planificación operativa”, que es conducida por el secretario de Seguridad de Santa Fe, el excomandante de la Gendarmería, Omar Pereyra, y por Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad nacional.
Pereyra afirmó a que lo la nacion que se observa en los operativos es que “no hay enfrentamientos en los territorios con los efectivos federales ni con la policía”. Agregó: “Se ve que cuando se monta un operativo de saturación huyen en motos. Arrojan armas y droga y tratan de escapar”.
A la par de la reunión de planificación semanal se realizan dos mesas semanales de análisis e inteligencia, donde cada fuerza vuelca la información que maneja sobre grupos criminales y zonas. Con esos datos se rediseñan los operativos, pero cada fuerza investiga cada línea por su lado. Desde ambos sectores admiten que al principio había prejuicios que se fueron venciendo, basados en una desconfianza mutua que viene de años.
Angelini señaló a que las la nacion fuerzas federales lograron esta semana desmantelar decenas de puntos de microtráfico, lo que genera problemas en los territorios que dominan las bandas por la violencia que gira en torno a los búnkeres. En una de esas intervenciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautó 1,5 kilos de cocaína destinada a la venta minorista.
Por otro lado, en el Ministerio de Seguridad advirtieron que se está atacando el siguiente eslabón del narcomenudeo, que es la distribución y el abastecimiento. El jueves, agentes de la Gendarmería que realizaban un operativo de seguridad vial sobre la ruta nacional 34, a la altura de la localidad santafesina de Totoras, detuvieron a un boliviano que llevaba 21 kilos de cocaína que debían terminar en Rosario.
El viernes a la noche, efectivos de la Policía Federal detuvieron en plena calle, en Montevideo al 6800, a Alan Tripi, un narco que hacía cinco años que estaba prófugo y pertenecía a un clan familiar que domina el complejo Fonavi del Parque del Oeste, donde hace tres semanas se produjo el asesinato de Leo Tripi, hermano del detenido.
Lo que no se cortó es el flujo de amenazas que se expanden por la ciudad. Algunas son fruto del aprovechamiento de la situación y otras reales, como la que ocurrió el miércoles, cuando desde una moto arrojaron una mochila cerca de donde mataron a los dos taxistas que tenía en su interior un cargador de pistola 9 milímetros y ocho municiones, un cargador de fusil FAL y 8 balas 7,62 x 51 milímetros, un portachaleco y una gorra, ambas con inscripciones de la Policía de Santa Fe, además de una granada española de gas –que fue entregada a la Brigada de Explosivos– y un papel con una amenaza contra Pullaro y el presidente Javier Milei.
La sospecha es que estas amenazas son efecto de los mayores controles y restricciones que se aplicaron en las cárceles de Santa Fe, sobre todo en Piñero, donde están alojados, en los pabellones de “alto perfil”, cuadros medios de Los Monos, de la banda de Alvarado y de la que dirige el expiloto peruano Julio Rodríguez Granthon. “En las cárceles no nos corrimos ni un milímetro. La tensión sigue intacta y cada vez se genera más control”, afirmó una calificada fuente del gobierno de Santa Fe.
El gobierno santafesino recibió un espaldarazo de la Justicia, luego de que el juez Rafael Coria rechazara los planteos del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp) de Santa Fe, que denunció torturas, vejaciones y hurtos agravados contra internos de las cárceles de Piñero y de Pérez.
En la denuncia se señaló que el 2 de este mes en Piñero, tras el ataque a dos ómnibus del Servicio Penitenciario, se produjo un cierre de todos los pabellones del penal y se agravaron “en forma ilegítima” –se sostuvo en el planteo– las condiciones de detención de los presos, especialmente de los calificados como de “alto perfil”. Este cuestionamiento no solo fue consecuencia de la foto que se distribuyó a los medios, con internos arrodillados y semidesnudos, al estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sino por supuestos tormentos que sufrieron los detenidos. Pero la Justicia no encontró elementos para que la denuncia prosperara.
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