EDITORIALES

Fuerzas Armadas y narcoterrorismo
Nuestros militares pueden dar apoyo logístico, pero no están hoy preparados ni equipados para enfrentar a un terrorismo urbano que no usa uniforme
El agravamiento de la violencia originada en el tráfico de drogas ha puesto nuevamente en discusión la cuestión del empleo de las Fuerzas Armadas en el combate de ese tipo de crimen. Estando vigente la ley de defensa nacional que expresamente prohíbe la actuación militar en cuestiones internas, el Gobierno dispuso que por ahora la acción de las fuerzas se limite al apoyo logístico. Entretanto, desde el Poder Ejecutivo se ha hecho saber la intención de suprimir la limitación legal para lograr poner en juego toda la capacidad posible del uso de la fuerza contra la creciente actividad del narcoterrorismo.
El uso de esta denominación adquiere plena validez desde el momento en que las organizaciones involucradas en la cadena de la droga comenzaron a actuar contra personas, empresas o instituciones ajenas a su actividad al solo efecto de sembrar terror. Cualquier inocente puede ser asesinado al azar por manos mercenarias, como se ha comprobado recientemente en Rosario.
Las prevenciones han surgido desde dos frentes opuestos. Muchas voces del sector castrense han recordado el repudio y persecución que han debido sufrir como consecuencia de la intervención contra el terrorismo en los años 70. Todavía, después de más de cuarenta años permanecen abiertas causas judiciales contra militares, muchos de los cuales se encuentran en prisión a pesar de no tener condena firme y de su avanzada edad. Del otro lado, desde sectores identificados con posiciones de izquierda, que aún guardan simpatía con aquel terrorismo, se resiste cualquier ampliación de la actividad militar.
Las Fuerzas Armadas no están preparadas ni equipadas para enfrentar un terrorismo clandestino, que no usa uniforme y que, además, actúa en zonas urbanas. La inteligencia solo se puede alimentar con la infiltración o con la delación y la confesión. Estas dos últimas son difícilmente voluntarias. La obtención de información que permita evitar actos terroristas solo mediante la intercepción de comunicaciones resulta insuficiente. Por lo tanto, la represión exitosa del terrorismo subversivo o mafioso puede derivar fácilmente en abusos y en el pago de justos por pecadores. En este marco no hay diferencia en el carácter de la fuerza que el Estado utilice, sea policial o militar. Sin embargo, las Fuerzas Armadas están sujetas, quiérase o no, a una mayor exigencia moral por parte de la sociedad.
El claro riesgo de la utilización de métodos ilegales que impliquen violación de derechos humanos no fue debidamente considerado al darles intervención y mandato a las Fuerzas Armadas en la eliminación del terrorismo subversivo en los 70. Había una razón más comprensible: las formaciones especiales u organizaciones guerrilleras practicaban el terrorismo, pero también atacaban cuarteles y buscaban hacerse del poder político. Respondían, además, a una consigna internacional con epicentro en la Unión Soviética y Cuba. La Guerra Fría tenía su variante caliente en Latinoamérica. No fue casual que, de una u otra forma, las Fuerzas Armadas de Brasil, Uruguay, Chile y otros países de la región fueran impulsadas a actuar contra aquel terrorismo. Los excesos y desviaciones se repitieron en esos países sin que en ninguno de ellos los militares hubieran sido formados para ello.
Los procedimientos ilegales cesaron cuando el terrorismo fue vencido, pero ha quedado la versión de que los líderes políticos que ganaron las elecciones convocadas por quienes vencieron al terrorismo fueron los héroes del retorno a la democracia. El fin no justifica los medios, pero si el terrorismo de los 70 no hubiera sido vencido difícilmente habría democracia en los países que lo lograron.
La acción del narcoterrorismo pone en crisis la seguridad, pero aún no la estabilidad de las instituciones de la República. No hay razones, por consiguiente, para que las Fuerzas Armadas sean puestas en juego para combatirlo, más allá del apoyo logístico que podrían brindar.
La acción del narcoterrorismo pone en crisis la seguridad, pero aún no la estabilidad de las instituciones de la República

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Las atrocidades rusas
La invasión rusa a Ucrania ha estado plagada de atrocidades y se ha convertido en sinónimo de inimaginable sufrimiento y destrucción, con decenas de miles de muertos, millones de refugiados y desplazados internos y ciudades bombardeadas y destruidas.
La deportación forzosa de niños llevada a cabo por Rusia dio lugar a que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin y contra su comisionada para los Derechos del Niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Desde Ucrania se ha denunciado que los rusos utilizan diversas estratagemas para deportar niños, a quienes les hacen un lavado de cerebro, los amenazan y presionan psicológicamente diciéndoles que sus padres los abandonaron y que van a crecer en Rusia.
Un estudio de la Universidad de Yale determinó que más de 2400 niños ucranianos de entre 6 y 17 años fueron llevados a Bielorrusia desde cuatro regiones ucranianas que han sido parcialmente ocupadas por Rusia.
Putin sostiene que el sistema de deportación forma parte de una misión de rescate. Asegura que trasladó a estos niños para protegerlos de los combates y que está dispuesto a entregarlos de vuelta a sus familiares en Ucrania si se lo piden. Pese a las promesas del Kremlin, Nicole Chulick, funcionaria del Departamento de Estado norteamericano, denunció que las autoridades rusas han creado numerosos obstáculos para el retorno de esos niños.
La comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que investiga las violaciones de los derechos humanos en Ucrania desde el inicio de la invasión presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos en el que consignó el uso generalizado y sistemático de la tortura por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Al respecto, la Relatora Especial de la ONU sobre la Tortura, Alice Jill Edwards, concluyó que las Fuerzas Armadas rusas y grupos asociados utilizan sistemáticamenla te la tortura en las zonas ocupadas de Ucrania, lo que indica que es una política absolutamente deliberada del gobierno de Putin. Finalmente, agregó que fiscales ucranianos le reportaron alrededor de 103.000 casos abiertos relacionados con crímenes de guerra y contra la humanidad.
Si bien el gobierno ruso niega haber cometido atrocidades o haber atacado a civiles, zonas residenciales, edificios de instituciones médicas, educativas y religiosas, cuando tuvo la oportunidad de responder a las acusaciones en la audiencia del Consejo, ningún representante ruso se presentó para defender la posición.
No caben dudas de que las flagrantes violaciones rusas de la integridad territorial de Ucrania y de los principios más básicos del derecho internacional constituyen crímenes de guerra.
La comunidad internacional debe seguir ejerciendo la presión para que las atrocidades de Putin cesen y no queden impunes.

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