Empleados aceptan subas de sueldo inferiores a la inflación
Según la agencia Bumeran, se da en la comparación interanual de la remuneración pretendida en febrero pasado
En el contexto de crisis económica caracterizada por una inflación todavía por encima de los dos dígitos (13,2% en febrero) y la licuación de los ingresos, que experimentan meses de fuerte atraso, el último Index del Mercado Laboral de Bumeran relevó que el salario promedio pretendido por los empleados alcanzó, en febrero, los $600.705.
El número implica un incremento del 17,45% respecto del mes anterior ($510.935 mensuales), lo que podría mostrar una previsión respecto del aumento de los precios y el impacto en los bolsillos. Sin embargo, los datos también determinaron que la pretensión interanual se disparó un 161,42%, lo que la posiciona muy por debajo de la inflación que, punta a punta, según los últimos datos publicados por el Indec, fue de 276,2%, el valor más alto desde marzo de 1991 (287,3%), y una diferencia de 114 puntos porcentuales.
Cabe destacar que el último dato de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) es de enero, y que marcó un salario promedio de $555.269, un aumento interanual de 175%, por encima de la pretensión relevada entonces por Bumeran.
La tendencia interanual se refleja también en los datos de lo que va del año: en los primeros dos meses de 2024, el IPC acumuló un 36,6%, mientras que la remuneración pretendida solo se incrementó un 22,87%.
El promedio de la pretensión varía según el puesto al que se aplique. Así, para las posiciones jerárquicas –supervisor y jefe–, por ejemplo, este fue de $795.076, un aumento del 17,76% respecto de enero, mientras que en las categorías semisenior y senior fue de $629.305 (un 17,74% más que el mes anterior) y en el nivel junior, de $407.434 (una suba del 15,85%).
En el segmento de “jefe/supervisor”, el salario pretendido más alto fue en el área de tecnología de la información ($1.797.500), mientras que en el de “senior/semisenior” esto se dio en las postulaciones a ingeniería industrial ($1.200.000). En el caso del segmento “junior”, ingeniería de procesos registró la pretensión más alta ($712.500).
Las posiciones con los sueldos promedio pretendidos más bajos fueron mantenimiento y limpieza, tanto en el sector junior como senior y semisenior, y caja para el de supervisor o jefe.
También se observaron diferencias entre los sueldos buscados por hombres, que en promedio fueron de $638.885, y por mujeres, que pretendieron $558.110, una diferencia del 14,47%.
Los datos surgen luego de que el Indec también estableciera los valores de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total de febrero, que, como la inflación, tuvieron una desaceleración, aunque con límites para el nivel de pobreza todavía muy altos, ya que una familia tipo debió contar, el mes pasado, con $690.902 para no ser pobre.
Como explicó Claudio Caprarulo, director de Analytica, en otra nota para la nacion, “a la evolución del costo de la canasta hay que analizarla más que nunca con la del salario y con el contexto del nivel de empleo”. Además, según su consultora, “con la aceleración de la inflación aumentó la relevancia de los ingresos de los asalariados”, por lo que, en el actual contexto, las paritarias resultan el mejor mecanismo de defensa ante la duda de cuándo habrá una recomposición salarial, que los especialistas estiman que podría suceder a partir del segundo semestre, si acompaña una mayor desaceleración del IPC.
Además, según el último informe semanal de LCG sobre esta cuestión, “una familia con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, vitales y móviles ($180.000 al mes) alcanzaría a cubrir apenas la mitad de la canasta básica total, cayendo en situación de pobreza”.
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Desde 2014, cada año hubo un nuevo desembarco, aunque los homicidios aumentaron hasta niveles asfixiantes en la ciudad; los últimos dos sumaron presencia militar
Fernando Rodríguez
Parte del contingente de la Gendarmería enviado a Rosario la semana pasada
Hace un año y diez días, el estado de conmoción pública provocado por la violencia desenfrenada del narcotráfico obligaba al Poder Ejecutivo nacional a disponer un amplio desembarco de fuerzas federales en Rosario. No era la primera vez. Y, como en las anteriores ocasiones, ese despliegue no sirvió para revertir la crítica situación. Ahora, con otro gobierno, pero con las mismas circunstancias, la historia se repite.
Es el noveno megaoperativo federal en una década. El primero fue en 2014, un año después de que el asesinato de Claudio “Pájaro” Cantero, líderdeLosMonos,desataraunaguerra entre bandas narco que comenzó a llevarse puesto al poder político provincial con el atentado armado contra la casa del entonces gobernador, Antonio Bonfatti, en octubre de 2013. A pesar de esos despliegues en la tercera ciudad más poblada del país la tasa de homicidios no dejó subir; cerró 2023 con 22 asesinatos cada 100.000 habitantes, casi cinco veces más que el promedio nacional
El Operativo Bandera, que lanzó la administración de Javier Milei hace poco más de un trimestre, cuando el crimen organizado desafió con amenazas directas al gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, es el más reciente.
Pero aunque se registró una fuerte baja en el número neto de homicidios (cayeron a la mitad con respecto al conteo mensual del año anterior), no bastó. Cuatro asesinatos de “víctimas inocentes” en un contexto de escalada en el enfrentamiento de las bandas narco con el Poder Ejecutivo provincial, que había apretado con toda la fuerza las clavijas de los controles a los presos de “alto perfil” que organizan operaciones y ataques desde sus celdas, obligaron a la Nación a enviar más efectivos
Como lo hizo Alberto Fernández el 7 de marzo de 2013, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también anunció ahora el aporte de las Fuerzas Armadas en el combate del delito urbano. Al igual que hace un año, el despliegue militar se presentó como un “diferencial” en el operativo de guerra contra el “narcoterrorismo”. Pero su presencia será poco más que “testimonial”, ya que la ley de seguridad interior vigente impide a las Fuerzas Armadas realizar patrullajes o inmiscuirse en la persecución del delito. Su rol se limitará, otra vez, al aporte logístico, como lo hacen habitualmente en zonas de catástrofes o ante desastres naturales, o como incluso lo hicieron en Rosario durante la pandemia de Covid-19.
En 2013, el batallón de la Agrupaciónde Ingenieros arribó con topadoras para abrir calles y realizar tareas de zanjado, de forma de mejorar la interconexión barrial en una trama urbana intrincada que los narcos y los sicarios aprovechan para golpear y huir del brazo de la ley. La última semana arribaron a Rosario decenas de camionetas del Ejército y la Armada; próximamente se sumarán drones y al menos un helicóptero. Pero sus efectivos no usarán armas.
Números opacos
Las cifras del despliegue siempre son una incógnita. En parte, porque las diversas etapas de los operativos especiales requieren distintas cantidades de personal y medios, en función de objetivos limitados en el tiempo. Pero, además, porque esos recursos son finitos y eventualmente aparecen nuevas situaciones que atender en otras zonas del país.
A principios de febrero pasado, cuando la ministra Bullrich anunció los primeros resultados del Operativo Bandera y señaló bajas del 35% en la cifra de homicidios, el Ministerio de Seguridad señaló que se habían asignado 3049 efectivos federales a las zonas de mayor peso narco en Rosario.
Pero dos semanas atrás un funcionario provincial conocedor de lo que pasa en el territorio santafesino confiaba a que en ese la nacion momento había solo un centenar de efectivos federales para realizar tareas preventivas (controles poblacionales y vehiculares).
El escalofriante crimen del playero Bruno Bussanich, el sábado 9, obligó al relanzamiento del Operativo Bandera con la constitución de un comité de crisis bipartito y el desembarco de más efectivos: 450 de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Pero las dudas con respecto a la “letra chica” de los despliegues no son novedosas: se repitieron en cada operativo durante la última década. Los números son siempre vidriosos e invitan a la confusión. El año pasado, el gobierno peronista prometió 1400 agentes federales para Rosario. Llegaron 100 policías federales –en rigor, recambio de agentes que ya estaban en el territorio– y 300 gendarmes, que se acoplaron a los 1100 del Destacamento Móvil 7 de Gendarmería, creado en 2021 ante el crecimiento exponencial de la violencia y los crímenes en Rosario, pero implementado por etapas a partir de 2022.
Seguidilla
El primer gran desembarco de fuerzas federales para paliar el desmadre de la narcocriminalidad se produjo en abril de 2014 cuando Sergio Berni, viceministro de Seguridad de la Nación, arribó a la ciudad al frente de 3400 efectivos.
El Operativo Rosario pretendió mostrar una presencia masiva de uniformados fuertemente pertrechados y armados, con despliegues rápidos y operativos de saturación en zonas en las que, hasta ese momento, las bandas del crimen organizado se movían a sus anchas sin oposición de la policía local.
El plan de Berni tuvo una marca distintiva: la destrucción de búnkeres de drogas. Fueron decenas, aunque el correlato en cuanto a secuestro de estupefacientes fue magro: solo 6,9 kilos de cocaína incautados entre abril y diciembre de 2014.
A partir de 2015, la presencia de efectivos federales en Rosario menguó. En silencio, prefectos, policías federales y los gendarmes que no estaban destinados al Destacamento Móvil 2 tomaron sus bolsos y se fueron. Era año electoral, la seguridad era un tema central de la campaña presidencial y muchos de esos efectivos terminaron en municipios del conurbano jaqueados por el delito.
Tras la victoria de Cambiemos, y con la violencia en Rosario desbocada, Bullrich –ministra de Seguridad de Mauricio Macri durante sus cuatro años de gobierno– organizó un nuevo megaoperativo federal con Santa Fe. Mandó 3000 gendarmes a la ciudad y propuso, sin éxito, una intervención en la Policía de Santa Fe, a la que se consideraba parte del problema de la violencia narco.
Hubo una baja en la tasa de homicidios, aunque el problema se amesetó a un nivel alto que propició un nuevo salto en la criminalidad. El triunfo nacional del peronismo fue el mojón del lanzamiento de un nuevo operativo de refuerzo de seguridad federal que prometía soluciones para la castigada ciudad.
En marzo de 2021, tras una seguidilla de cinco asesinatos en 12 horas, y con el sicariato completamente desatado, la ministra de Seguridad Sabina Frederic envió 300 prefectos y policías federales a patrullar la zona céntrica rosarina. No alcanzó.
En septiembre de 2021 se aprobó la creación del Destacamento Móvil 7. El reemplazante de Frederic, Aníbal Fernández, dispuso un nuevo desembarco de 575 efectivos. Pero la ocupación efectiva de aquella repartición (que funciona en contenedores especialmente acondicionados) tardó más de lo esperado. Recién en mayo de 2022 recibió a los primeros 300 efectivos.
Cada operativo, en estos últimos diez años, se fundó sobre las cenizas del anterior, con números imprecisos y sin que la población conociera el cumplimiento de objetivos. El resultado, hasta ahora, está a la vista: en Rosario cada vez hay más miedo
Hace un año y diez días, el estado de conmoción pública provocado por la violencia desenfrenada del narcotráfico obligaba al Poder Ejecutivo nacional a disponer un amplio desembarco de fuerzas federales en Rosario. No era la primera vez. Y, como en las anteriores ocasiones, ese despliegue no sirvió para revertir la crítica situación. Ahora, con otro gobierno, pero con las mismas circunstancias, la historia se repite.
Es el noveno megaoperativo federal en una década. El primero fue en 2014, un año después de que el asesinato de Claudio “Pájaro” Cantero, líderdeLosMonos,desataraunaguerra entre bandas narco que comenzó a llevarse puesto al poder político provincial con el atentado armado contra la casa del entonces gobernador, Antonio Bonfatti, en octubre de 2013. A pesar de esos despliegues en la tercera ciudad más poblada del país la tasa de homicidios no dejó subir; cerró 2023 con 22 asesinatos cada 100.000 habitantes, casi cinco veces más que el promedio nacional
El Operativo Bandera, que lanzó la administración de Javier Milei hace poco más de un trimestre, cuando el crimen organizado desafió con amenazas directas al gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, es el más reciente.
Pero aunque se registró una fuerte baja en el número neto de homicidios (cayeron a la mitad con respecto al conteo mensual del año anterior), no bastó. Cuatro asesinatos de “víctimas inocentes” en un contexto de escalada en el enfrentamiento de las bandas narco con el Poder Ejecutivo provincial, que había apretado con toda la fuerza las clavijas de los controles a los presos de “alto perfil” que organizan operaciones y ataques desde sus celdas, obligaron a la Nación a enviar más efectivos
Como lo hizo Alberto Fernández el 7 de marzo de 2013, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también anunció ahora el aporte de las Fuerzas Armadas en el combate del delito urbano. Al igual que hace un año, el despliegue militar se presentó como un “diferencial” en el operativo de guerra contra el “narcoterrorismo”. Pero su presencia será poco más que “testimonial”, ya que la ley de seguridad interior vigente impide a las Fuerzas Armadas realizar patrullajes o inmiscuirse en la persecución del delito. Su rol se limitará, otra vez, al aporte logístico, como lo hacen habitualmente en zonas de catástrofes o ante desastres naturales, o como incluso lo hicieron en Rosario durante la pandemia de Covid-19.
En 2013, el batallón de la Agrupaciónde Ingenieros arribó con topadoras para abrir calles y realizar tareas de zanjado, de forma de mejorar la interconexión barrial en una trama urbana intrincada que los narcos y los sicarios aprovechan para golpear y huir del brazo de la ley. La última semana arribaron a Rosario decenas de camionetas del Ejército y la Armada; próximamente se sumarán drones y al menos un helicóptero. Pero sus efectivos no usarán armas.
Números opacos
Las cifras del despliegue siempre son una incógnita. En parte, porque las diversas etapas de los operativos especiales requieren distintas cantidades de personal y medios, en función de objetivos limitados en el tiempo. Pero, además, porque esos recursos son finitos y eventualmente aparecen nuevas situaciones que atender en otras zonas del país.
A principios de febrero pasado, cuando la ministra Bullrich anunció los primeros resultados del Operativo Bandera y señaló bajas del 35% en la cifra de homicidios, el Ministerio de Seguridad señaló que se habían asignado 3049 efectivos federales a las zonas de mayor peso narco en Rosario.
Pero dos semanas atrás un funcionario provincial conocedor de lo que pasa en el territorio santafesino confiaba a que en ese la nacion momento había solo un centenar de efectivos federales para realizar tareas preventivas (controles poblacionales y vehiculares).
El escalofriante crimen del playero Bruno Bussanich, el sábado 9, obligó al relanzamiento del Operativo Bandera con la constitución de un comité de crisis bipartito y el desembarco de más efectivos: 450 de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Pero las dudas con respecto a la “letra chica” de los despliegues no son novedosas: se repitieron en cada operativo durante la última década. Los números son siempre vidriosos e invitan a la confusión. El año pasado, el gobierno peronista prometió 1400 agentes federales para Rosario. Llegaron 100 policías federales –en rigor, recambio de agentes que ya estaban en el territorio– y 300 gendarmes, que se acoplaron a los 1100 del Destacamento Móvil 7 de Gendarmería, creado en 2021 ante el crecimiento exponencial de la violencia y los crímenes en Rosario, pero implementado por etapas a partir de 2022.
Seguidilla
El primer gran desembarco de fuerzas federales para paliar el desmadre de la narcocriminalidad se produjo en abril de 2014 cuando Sergio Berni, viceministro de Seguridad de la Nación, arribó a la ciudad al frente de 3400 efectivos.
El Operativo Rosario pretendió mostrar una presencia masiva de uniformados fuertemente pertrechados y armados, con despliegues rápidos y operativos de saturación en zonas en las que, hasta ese momento, las bandas del crimen organizado se movían a sus anchas sin oposición de la policía local.
El plan de Berni tuvo una marca distintiva: la destrucción de búnkeres de drogas. Fueron decenas, aunque el correlato en cuanto a secuestro de estupefacientes fue magro: solo 6,9 kilos de cocaína incautados entre abril y diciembre de 2014.
A partir de 2015, la presencia de efectivos federales en Rosario menguó. En silencio, prefectos, policías federales y los gendarmes que no estaban destinados al Destacamento Móvil 2 tomaron sus bolsos y se fueron. Era año electoral, la seguridad era un tema central de la campaña presidencial y muchos de esos efectivos terminaron en municipios del conurbano jaqueados por el delito.
Tras la victoria de Cambiemos, y con la violencia en Rosario desbocada, Bullrich –ministra de Seguridad de Mauricio Macri durante sus cuatro años de gobierno– organizó un nuevo megaoperativo federal con Santa Fe. Mandó 3000 gendarmes a la ciudad y propuso, sin éxito, una intervención en la Policía de Santa Fe, a la que se consideraba parte del problema de la violencia narco.
Hubo una baja en la tasa de homicidios, aunque el problema se amesetó a un nivel alto que propició un nuevo salto en la criminalidad. El triunfo nacional del peronismo fue el mojón del lanzamiento de un nuevo operativo de refuerzo de seguridad federal que prometía soluciones para la castigada ciudad.
En marzo de 2021, tras una seguidilla de cinco asesinatos en 12 horas, y con el sicariato completamente desatado, la ministra de Seguridad Sabina Frederic envió 300 prefectos y policías federales a patrullar la zona céntrica rosarina. No alcanzó.
En septiembre de 2021 se aprobó la creación del Destacamento Móvil 7. El reemplazante de Frederic, Aníbal Fernández, dispuso un nuevo desembarco de 575 efectivos. Pero la ocupación efectiva de aquella repartición (que funciona en contenedores especialmente acondicionados) tardó más de lo esperado. Recién en mayo de 2022 recibió a los primeros 300 efectivos.
Cada operativo, en estos últimos diez años, se fundó sobre las cenizas del anterior, con números imprecisos y sin que la población conociera el cumplimiento de objetivos. El resultado, hasta ahora, está a la vista: en Rosario cada vez hay más miedo
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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