OPINIÓN, BULLRICH Y MEMORIA INCOMPLETA

Una bandera política deshilachada por las evidencias
Ceferino Reato
Las víctimas de la dictadura, entre 1976 y 1983, han sido registradas por el Estado nacional en tres oportunidades y, a esta altura, no debería haber ninguna polémica sobre cuántas fueron, en especial porque esos números surgieron de las denuncia s de parientes, amigos, compañeros y abogados de esas personas.
El último de esos informes es el más actualizado y más confiable. Cuando escribí mi libro Los 70, hace cuatro años, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado indicaba que en la dictadura hubo 6348 desaparecidos más 952 muertos reconocidos, 7300 personas en total. Se trata de un programa creado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y puede ser consultado en el sitio de internet de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El número total varía cada año en función de nuevas denuncias y de bajas por irregularidades, pero muy poco, por lo cual es imposible que se llegue a los 30.000 desaparecidos que siguen reclamando los organismos de derechos humanos y diversas fuerzas políticas, como el kirchnerismo y los partidos de izquierda. En todo caso, esas cifras son similares a las que había registrado en 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y luego, en 2006, una versión actualizada de aquel informe original de la misma comisión.
Esta versión de 2006 fue impulsada por el entonces presidente Néstor Kirchner y, entre otras novedades, incorporó un anexo con otras 1169 personas que figuraban como “desaparecidos” o víctimas de “ejecución sumaria” entre el 1º de enero de 1969 y el 24 de marzo de 1976, es decir, antes de la dictadura que se inició en esta última fecha, en un período que incluyó los gobiernos democráticos del peronismo entre 1973 y 1976.
Es que para el kirchnerismo no se trataba ya de honrar e indemnizar a las víctimas de la última dictadura, sino también a todos “los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad”, como dice la leyenda del emblemático monumento del Parque de la Memoria en la Costanera porteña.
Claro que ni aun así, y ni siquiera con incorporaciones posteriores que ahora se remontan a 1955, logran llegar a los 30.000 de los carteles que se vieron el domingo en la Plaza de Mayo. En el mejor de los casos esta cifra ha quedado como un símbolo de los crímenes del último gobierno militar. Pero desde un punto de vista histórico, o meramente periodístico, es falsa.
La pregunta es por qué tantos se resisten a reconocer que las víctimas fueron menos siendo que 6348 o 7300 personas constituyen una matanza repugnante. En el caso del kirchnerismo o de la izquierda, creo que siguen en este tema a los organismos de derechos humanos, en especial a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. El miedo es siempre una fuerza muy poderosa. Creo que los organismos de derechos humanos temen que, si reconocen que fueron menos, deban también explicar por qué tardaron tanto tiempo en admitir esa verdad y pierdan la legitimidad que aún conservan.
Además, hay una cuestión política, de poder. Los 30.000 son una bandera deshilachada por las evidencias, pero que todavía tiene su arrastre y sirve para mantener unido a un grupo de fieles bastante numeroso, minoritario, pero movilizado y sonoro. Y para que sus liderazgos puedan hacerse valer dentro del kirchnerismo y de la izquierda en general.

El autor es periodista y escritor; su último libro es Padre Mugica

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Bullrich denunció a Pietragalla por el caso Maldonado
Lo acusó de “traición a la patria” y de falsear pruebas para incriminar al Estado
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó ayer una denuncia contra Luis Pietragalla Corti, exsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Alberto Fernández, por los delitos de “traición a la patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
La acusación tiene que ver con la causa que inició la familia de Santiago Maldonado contra la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que, en mayo de 2022, el entonces funcionario asumió como representante del Estado argentino la responsabilidad del país en la muerte del joven de 28 años, y dio como ciertos una serie de episodios que no figuran en expedientes judiciales o administrativos.
De esa forma, Bullrich consideró que Pietragalla accionó contra el propio Estado argentino con información falsa, a pesar del puesto que ocupaba como funcionario.
La denuncia presentada por la ministra acusa a Pietragalla de ocultar “hechos auténticos, debidamente acreditados” en la investigación judicial, con la intención de involucrarla a ella –entonces ministra de Seguridad– en supuestas “conductas ilícitas en la búsqueda e investigación administrativa suscitada por la desaparición de Maldonado”.
Pietragalla había declarado que el Estado “ocultó pruebas”, “sembró pistas falsas” y “no les permitió a los familiares el acceso a la información relevante sobre la búsqueda de Maldonado”.
La funcionaria negó estas acusaciones y expresó que la familia del artesano, que murió ahogado en 2017, tuvo una “participación crucial en la búsqueda y en el posterior hallazgo del cuerpo”, ya que intervinieron en el lugar de los hechos, dirigieron el operativo de extracción del cuerpo y asistieron a la posterior autopsia en la morgue.
De darse como válida la denuncia de Bullrich, el exfuncionario de Alberto Fernández incurriría en una violación de sus deberes públicos y una traición a la patria, ya que comprometió a la Argentina ante la CIDH, lo que podría implicar sanciones e indemnizaciones que debería pagar el país. “Crearon un curro con los derechos humanos hasta el punto de traicionar a nuestro país; Pietragalla, la verdad ya está dicha”, enfatizó Bullrich ayer.
Ayer, la política de la ministra recibió un cuestionamiento de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). La organización criticó el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad: dijo que tiene un lenguaje “amplio y vago” y que “contraviene estándares básicos de derechos humanos y permite abusos policiales”.

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“Fue el Día de la Memoria incompleta”, dijo la viuda de Rucci
Nélida Vaglio señaló que le duele “que se hable solamente de una parte”
Nélida “Coca” Vaglio, viuda de José Ignacio Rucci, líder de la CGT asesinado por Montoneros en 1973, rompió el silencio y afirmó que el domingo se celebró el Día de la Memoria “incompleta”.
“Ayer [por anteayer] pasé un día terrible. Nunca pude entender por qué se borró la mitad de la historia. Tengo 94 años y yo viví el terrorismo en carne propia. Vivía escapando, no sabía de qué, hasta que lo mataron a José y seguí viviendo con terror”, contó a Radio Mitre.
“Al poco tiempo de asumir en la CGT, empezaron las amenazas de muerte para él y mis hijos, Claudia y Aníbal. Todavía lo llevo en el alma. Por eso me duele enormemente que en este país se hable solamente de una parte. Se festejó el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia incompleta. No cuenta la verdad. Yo sola sé lo que llevo en el alma hace más de 50 años. Acá vivimos el terrorismo. No eran montoneros, eran asesinos montoneros. Todos asesinos”, recordó.
“Mi sufrimiento lo llevo en el alma. Cuando escuché las pavadas que decían, las fanfarronadas, no pude aguantar”, sostuvo sobre el acto del domingo.
Afirmó que, cuando mataron a Rucci, ella se salvó por “la llamada de una amiga, porque siempre lo acompañaba hasta la puerta”.
Agregó que Néstor y Cristina Kirchner “premiaron a los montoneros, que viven en el exterior llenos de plata”. Y contrapuso: “Mi marido no me dejó plata, llevo mi apellido con orgullo”. Consultada sobre la muerte del jefe montonero Roberto Perdía, sentenció: “Estará en el infierno”.

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