TRISTE RÉCORD KK

Ya más de la mitad del país vive con ayuda social
Es el nivel más alto de la historia si se excluye la cuarentena
Francisco OliveraLos indicadores sociales vienen empeorando desde 2011
El 51,7% de la población argentina vive en hogares que reciben algún tipo de ayuda social por parte del Estado. El dato se desprende del último relevamiento del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y marca un récord histórico si se exceptúa 2020, el año de la cuarentena, en el que se pagó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Es un triste récord: más de la mitad de la población de la Argentina, exactamente el 51,7%, ya vive en hogares que reciben algún tipo de asistencia económica del Estado. No había ocurrido nunca en la historia, salvo en 2020, año de la paralización casi total de la actividad por la cuarentena, cuando el Gobierno distribuyó el ingreso familiar de emergencia (IFE) entre 9 millones de personas, un subsidio sin precedente originado por una crisis sanitaria. Así lo indica el último relevamiento del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que agrega que en el conurbano bonaerense la cifra trepa al 58,7%.
Repasar la serie completa desde 2010, cuando la UCA empezó a hacer el relevamiento -apenas un año después de que la entonces presidenta Cristina Kirchner instrumentó la Asignación por Hijo, el plan social más grande de la historia-, explica gran parte del deterioro de la Argentina en la última década. El nivel más bajo de personas viviendo en hogares con ayuda del Estado en esa medición de la UCA fue en 2011, con 31,9%, y desde entonces todo siguió empeorando hasta 2016, con el registro en 42,7%. Bajó levemente al año siguiente, a 41,2%, y algo más en 2018, hasta 39,9%, pero en adelante volvió a subir: a 43,8% con la corrida cambiaria de las primarias con la que se despidió Mauricio Macri en 2019, y a 55,5%, el máximo, con la cuarentena de Alberto Fernández y el IFE, en 2020. En 2021 se atenuó a 47,7%, pero por poco tiempo, y quedó en 51,7% en 2022, último año completo y dato disponible.
El trabajo especifica que asistencia social “se considera cualquier programa de transferencias monetarias, pensión no contributiva, asignación familiar o asistencia alimentaria directa (por ejemplo, recepción de caja o bolsón de alimentos o comida de comedores públicos que no sean escolares)”. Quedan excluidas las moratorias previsionales que, desde 2010, les permiten a beneficiarios cobrar un haber sin tener los 30 años de aportes.
“Estos planes empezaron con la gran crisis de 2002, pero después hubo años de mucho crecimiento y, en lugar de desaparecer, fueron cada vez más -dice Jorge Colina, director de la consultora Idesa-. Como ya forman parte de la cultura argentina, no va a ser tan fácil sacarlos”. Los programas fueron creciendo sin excepción desde sus orígenes, en el gobierno de Eduardo Duhalde, pero tuvieron un salto explosivo a partir de las moratorias previsionales que instrumentó el kirchnerismo.
Un trabajo de Idesa indica que, si se incluyen también estas nuevas jubilaciones, quienes reciben asistencia estatal, que eran alrededor de 1,6 millones en 2002, fueron desde entonces aumentando sin interrupción hasta orillar los 14,2 millones el año pasado. Es decir que en dos décadas se multiplicaron casi por 9.
Idesa suma en su informe todos los programas del Ministerio de Desarrollo Social y los de la Anses, desde la asignación por hijo y las moratorias previsionales hasta las pensiones no contributivas y plan Progresar, y concluye en que el costo total de estas iniciativas pasó en 20 años de 0,1% al 4% del PBI. “Solo el Potenciar Trabajo, el plan por excelencia asignado por la organización social, no regulado, orilla el 1%”, dice Colina.
Será uno de los grandes desafíos del próximo gobierno. Hasta ahora todas las administraciones, incluidas las que asumieron prometiendo reducirlos o empalmarlos con puestos de trabajo en el sector privado, fracasaron al respecto. Cuando se considera la cantidad de hogares subsidiados sin reparar en quienes los habitan, los resultados tampoco tienen precedentes en la historia: según la UCA, las familias que reciben asistencia son ya el 40,4% del total, muy por arriba del 24,4% de 2010 y solo superadas por el 47,4% del año de la cuarentena. En el conurbano bonaerense la cifra llega al 48,3%.
Lo peor de este hábito enquistado es que ni siquiera alcanza para bajar la pobreza. Al contrario, convive con su crecimiento porque la inflación lleva cada año a comprar menos bienes. Según el índice barrial de precios que Isaac Rudnik elabora sobre 120 almacenes y autoservicios para el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana, una familia que en enero de 2022 combinaba tres planes -el Potenciar Trabajo, la Asignación por Hijo y la Tarjeta Alimentar- cubría en ese momento el 99% de la canasta básica alimentaria del Indec. Diez meses después, con los mismos programas, llegaba apenas al 88%.
El economista Ricardo Delgado traza el contraste desde antes, no bien empezó la asignación por hijo: mientras en 2009 alcanzaba para el 80% de la canasta básica total de un menor de 14 años, ahora solo sirve para cubrir el 25%. “Como el Gobierno gasta en estos programas mientras la inflación carcome los ingresos, termina siempre llegando tarde y cada vez entrega menos”, dice Delgado.
Agustín Salvia, director del Observatorio Social de la UCA, apunta además que el protagonista estelar de este drama es el sector de ingresos medios bajos, que se ha sumado al segmento de la población que antes recibía subsidios, el de los más bajos. Es muy interesante la radiografía que la UCA hace al respecto combinando pobreza y el lugar de residencia: el porcentaje de hogares de nivel socioeconómico bajo que recibe subsidios, que era de 45,9% en 2017, tuvo una suba abrupta de más de 12 puntos entre 2021 y el año pasado, al pasar de 50,4% a 62,4% y casi empardar al segmento que vive en villas (64,2%). “Es un sector que tiene trabajo precarizado y que ahora, por la inflación, le suma la ayuda del Estado”, dice Salvia.
La descripción hace juego con el informe que difundió la semana pasada el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires, que dice que la cantidad de personas sin techo subió entre abril de este año y el del año pasado casi 35% y que de los que duermen por las noches en los centros inclusivos porteños, el 80% nació en el conurbano. La raíz del problema parece siempre la misma: gobiernos que no le encuentran la vuelta a la inflación y, como consecuencia, tampoco a la pobreza.

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Los nuevos pobres son de clase media baja y no reciben planes
Se trata de 1,8 millones de trabajadores no profesionales, según el Observatorio de la UCA
Mariano de Vedia
Personas de clase media baja, no profesionales, remiseros, quiosqueros o microemprendedores. No son beneficiarios de planes sociales. Son trabajadores asalariados o informales, autónomos o independientes. Se trata de los que conforman el universo de “nuevos pobres”, en un escenario devastado por la inflación y la crisis. La descripción se desprende de una radiografía sobre la pobreza y las desigualdades, presentada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) en la Universidad Católica Argentina (UCA), con motivo de la colecta anual de Cáritas de este fin de semana.
“Todos empeoran, pero los sectores medios no profesionales se vienen empobreciendo cada vez más: desde 2010 casi se triplicaron las personas de este segmento social que cayeron por debajo de la línea de pobreza”, reveló el sociólogo Agustín Salvia, director del ODSA, al compartir los datos del relevamiento.
En efecto, en 2010 la tasa de pobreza en los sectores medios no profesionales era del 7,1% y hoy asciende al 18,2%, lo que representa 1,8 millones de personas. En esa franja se mueven, incluso, jubilados que hace 20 años no conocían la pobreza.
A nivel general, la pobreza golpea al 43,1% de la población, con índices abrumadores en los sectores bajo integrado (51,7%) y bajo marginal (70,5%). Y la indigencia llega al 8,1%: unos cuatro millones de personas que no pueden cubrir la canasta básica alimentaria.
“Detrás de los números hay personas, hay rostros, hay nombres, hay historias”, reflexionó el obispo Gustavo Carrara, vicario episcopal para las Villas de Emergencia y vicepresidente de Cáritas, confiado en que la difusión de estas cifras ayude a generar más sensibilidad frente a este drama social. Acompañó a Salvia en la presentación del informe del Observatorio de la UCA, junto con Paula Porce, videdirectora de Cáritas Argentina, y recordó que “la indigencia y la pobreza producen sufrimiento e hipotecan vidas”.
Con el lema “Mirarnos. Encontrarnos. Ayudarnos”, la colecta de Cáritas se realiza en todo el país, con la movilización de unos 40.000 voluntarios y los aportes y las donaciones se pueden hacer por vía electrónica en www.caritas.org.ar.
“Nos duelen los números de la pobreza”, afirmó, en tanto, el designado arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, al animar a un mayor compromiso y solidaridad a través de la participación en la colecta.
Los sectores medios no profesionales que cayeron en la pobreza son la otra cara de la mayoría de la población vulnerable que reciben ayudas sociales (ver aparte).
Trabajo informal
Al discriminar el impacto de la pobreza según los niveles socioeconómicos, otra manera de medir el cuadro social, el índice entre los sectores medios bajos representa el 25,9%, cuando en 2017 era del 13 por ciento. Se volvió a los niveles de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, en 2010 (21,3 %), y del primer año del mandato de Mauricio Macri, en 2016 (23,6%), con indicadores más severos.
“En una Argentina en la que se deterioran los salarios, las familias responden con más trabajo y, cuando no lo demanda el mercado, lo autogeneran”, explicó Salvia.
Un dato significativo del impacto de la crisis entre los sectores medios no profesionales es la caída en la capacidad de ahorro. En 2010, el 21,9% de los hogares de este sector social podían ahorrar, proporción que hoy descendió al 15,4 por ciento. En los sectores más pudientes, la capacidad de ahorro bajó, pero menos: del 48,3 al 41,6 por ciento.
Y otro signo revelador es la cantidad de personas que “no pueden hacer arreglos, siendo necesarios, ni pintar la vivienda por no tener dinero”. En los sectores medios no profesionales, el 26,4% manifestaba esa dificultad en 2010. Hoy lo expresa el 45,6% de esa franja. Ese problema se duplicó, incluso, en el sector profesional: pasó del 11,6% al 26 por ciento.
Entre 2017 y 2022, el índice de pobreza trepó del 28,2% al 43,1%, aunque la situación de postergación social venía de arrastre, con picos del 31,8% en 2010 y del 32,8% en 2016. Los números crecieron a caballo de las desigualdades y uno de los datos más llamativos es que la pobreza hoy golpea al 18,2% del estrato medio no profesional.
El análisis de este afligente cuadro social lleva a una pregunta: ¿cuál es la salida para que existan mejores condiciones de vida para los sectores más postergados?
“Estabilizar la economía. Son segmentos que no requieren de acciones especiales. Gente que tiene mucho empuje para el trabajo y para llevar adelante proyectos. Se defienden de la crisis con mucho esfuerzo”, señaló el director del Observatorio.

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