Rechazan excarcelar al hacker misionero que espió a jueces y políticos
Es debido al riesgo procesal, ya que se estableció su relación con el espía inorgánico de la AFI y expolicía Zanchetta
Hernán Cappiello
Nuñes Pinheiro, al ingresar a Comodoro Py
Por tercera vez, la Cámara Federal rechazó excarcelar al hacker misionero Elías Nuñes Pinheiro, acusado de participar en la clonación de celulares de jueces y en la tramitación de líneas telefónicas a nombre de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico señalaron que hay razones de peso para dejarlo preso. Irurzun dijo que “su participación se inserta en un contexto de hechos que revisten gravedad institucional y que están caracterizados por el modo clandestino y oculto en que se manejaban sus autores”.
Por ejemplo, dijo que se usaban redes informáticas con alias y se utilizaban transferencias de valores en criptomonedas en cuentas digitales ajenas al sistema bancario. “Las características propias de los eventos por los cuales resultó procesado y el rol que en aquellos habrían tenido permiten de por sí sostener un riesgo de entorpecimiento de la instrucción”, afirmó.
Ese argumento se fortaleció cuando se supo que las tareas del misionero permitieron “actividades de espionaje masivo de distintas personas que se desempeñaban en ámbitos públicos, políticos, periodísticos y/o judiciales”. En particular, a partir de la incorporación a la causa del ex policía federal y espía inorgánico de la AFI Ariel Zanchetta.
“En sintonía con la lógica seguida por el acusador [el fiscal Gerardo Pollicita] y el magistrado [Marcelo Martínez de Giorgi] en el incidente, considero que los antecedentes reunidos no permiten descartar (por las conexiones ya acreditadas en la ejecución de los delitos, entre Nuñes Pinheiro y Ariel Zanchetta) el involucramiento individual del primero en ciertos tramos de las operaciones”, escribió Irurzun.
Boico, por su parte, se remitió a sus propios votos anteriores y dijo que “es innegable que existen en curso diversas investigaciones vinculadas entre sí, tanto por los sujetos que aparecen involucrados como por el objeto de escrutinio”. Y señaló que esas investigaciones “presentan un activo curso instructorio”, que “gran parte de esa actividad depende de estudios técnicos” y que “el escenario auditado va complejizándose a medida que avance” el caso. “De allí que no puedo desconocer que los riesgos procesales que alertan sobre la posibilidad de entorpecimiento mantienen vigencia”, expresó el juez. Con lo que ambos rechazaron su excarcelación.
Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro permanece detenido desde fines de junio, cuando se presentó de manera espontánea en los tribunales de Comodoro Py y aceptó declarar ante Martínez de Giorgi. Relató cómo participó en las maniobras para tomar el control de teléfonos móviles o activar nuevas líneas a nombre de jueces y fiscales, pero aclaró que no recordaba si el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, era uno de sus “objetivos”, como sospecha el fiscal federal Pollicita.
Nuñes Pinheiro planteó que solo se abocó a tomar el control de los teléfonos que a través de un canal reservado de Telegram le ordenó un hombre que hasta ahora solo aparece identificado en el expediente por su seudónimo en las redes –“Juanxd”–, pero cuyo verdadero nombre permanece en las sombras. Detalló que hackeaba los aparatos para, en cuanto lo lograba, dejarlos en manos de ese usuario misterioso.
“Todo se hacía sobre la marcha”, rememoró ante una pregunta del fiscal Pollicita. “La información de la persona [a hackear] me la pasaba [Juanxd]”, explicó, para luego detallar que cobraba entre 8000 y 15.000 pesos en criptomonedas por cada ataque, que ejecutó por medio del llamado SIM-swapping.
El joven es oriundo de Eldorado, Misiones. Sus objetivos eran cuatro ministros de la Corte Suprema –Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda–, Mariano Borinsky y otro juez de la Casación Penal –Gustavo Hornos–, dos jueces de tribunales orales federales –Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu– y la jueza federal de Misiones, María Verónica Skanata, entre otros.
Además de Nuñes Pinheiro, el juez dispuso la detención de otros tres sospechosos. Entre ellos, un sargento retirado Zanchetta, de 56 años, de Junín, que hacía espionaje a pedido de funcionarios del kirchnerismo y de tres agentes de la AFI y recibía pauta oficial.
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El fiscal Stornelli denunció a la Policía de Seguridad Aeroportuaria
Apuntó contra la fuerza por presuntas actividades de inteligencia ilegal
Por tercera vez, la Cámara Federal rechazó excarcelar al hacker misionero Elías Nuñes Pinheiro, acusado de participar en la clonación de celulares de jueces y en la tramitación de líneas telefónicas a nombre de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico señalaron que hay razones de peso para dejarlo preso. Irurzun dijo que “su participación se inserta en un contexto de hechos que revisten gravedad institucional y que están caracterizados por el modo clandestino y oculto en que se manejaban sus autores”.
Por ejemplo, dijo que se usaban redes informáticas con alias y se utilizaban transferencias de valores en criptomonedas en cuentas digitales ajenas al sistema bancario. “Las características propias de los eventos por los cuales resultó procesado y el rol que en aquellos habrían tenido permiten de por sí sostener un riesgo de entorpecimiento de la instrucción”, afirmó.
Ese argumento se fortaleció cuando se supo que las tareas del misionero permitieron “actividades de espionaje masivo de distintas personas que se desempeñaban en ámbitos públicos, políticos, periodísticos y/o judiciales”. En particular, a partir de la incorporación a la causa del ex policía federal y espía inorgánico de la AFI Ariel Zanchetta.
“En sintonía con la lógica seguida por el acusador [el fiscal Gerardo Pollicita] y el magistrado [Marcelo Martínez de Giorgi] en el incidente, considero que los antecedentes reunidos no permiten descartar (por las conexiones ya acreditadas en la ejecución de los delitos, entre Nuñes Pinheiro y Ariel Zanchetta) el involucramiento individual del primero en ciertos tramos de las operaciones”, escribió Irurzun.
Boico, por su parte, se remitió a sus propios votos anteriores y dijo que “es innegable que existen en curso diversas investigaciones vinculadas entre sí, tanto por los sujetos que aparecen involucrados como por el objeto de escrutinio”. Y señaló que esas investigaciones “presentan un activo curso instructorio”, que “gran parte de esa actividad depende de estudios técnicos” y que “el escenario auditado va complejizándose a medida que avance” el caso. “De allí que no puedo desconocer que los riesgos procesales que alertan sobre la posibilidad de entorpecimiento mantienen vigencia”, expresó el juez. Con lo que ambos rechazaron su excarcelación.
Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro permanece detenido desde fines de junio, cuando se presentó de manera espontánea en los tribunales de Comodoro Py y aceptó declarar ante Martínez de Giorgi. Relató cómo participó en las maniobras para tomar el control de teléfonos móviles o activar nuevas líneas a nombre de jueces y fiscales, pero aclaró que no recordaba si el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, era uno de sus “objetivos”, como sospecha el fiscal federal Pollicita.
Nuñes Pinheiro planteó que solo se abocó a tomar el control de los teléfonos que a través de un canal reservado de Telegram le ordenó un hombre que hasta ahora solo aparece identificado en el expediente por su seudónimo en las redes –“Juanxd”–, pero cuyo verdadero nombre permanece en las sombras. Detalló que hackeaba los aparatos para, en cuanto lo lograba, dejarlos en manos de ese usuario misterioso.
“Todo se hacía sobre la marcha”, rememoró ante una pregunta del fiscal Pollicita. “La información de la persona [a hackear] me la pasaba [Juanxd]”, explicó, para luego detallar que cobraba entre 8000 y 15.000 pesos en criptomonedas por cada ataque, que ejecutó por medio del llamado SIM-swapping.
El joven es oriundo de Eldorado, Misiones. Sus objetivos eran cuatro ministros de la Corte Suprema –Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda–, Mariano Borinsky y otro juez de la Casación Penal –Gustavo Hornos–, dos jueces de tribunales orales federales –Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu– y la jueza federal de Misiones, María Verónica Skanata, entre otros.
Además de Nuñes Pinheiro, el juez dispuso la detención de otros tres sospechosos. Entre ellos, un sargento retirado Zanchetta, de 56 años, de Junín, que hacía espionaje a pedido de funcionarios del kirchnerismo y de tres agentes de la AFI y recibía pauta oficial.
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El fiscal Stornelli denunció a la Policía de Seguridad Aeroportuaria
Apuntó contra la fuerza por presuntas actividades de inteligencia ilegal
Candela Ini
Carlos Stornelli fiscal federal
Una semana después del cierre de la causa de Lago Escondido, en la que fueron sobreseídos los jueces y exfuncionarios que viajaron el sur con empresarios, el fiscal federal Carlos Stornelli denunció a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por presuntas tareas de inteligencia ilegal.
El extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria al momento de los hechos que denunció Stornelli es el chubutense José Glinski, quien ahora tras el cambio de gobierno tiene una banca en el Congreso Nacional como diputado por esa provincia. La denuncia le tocó al juez federal Ariel Lijo, uno de los jueces más poderosos de Comodoro Py.
El caso de Lago Escondido surgió en octubre del año pasado, cuando se conoció que jueces y exfuncionarios viajaron a Lago Escondido, a la estancia de Joe Lewis. Cobró mayor relevancia política en diciembre de ese año, cuando se filtraron presuntos chats en los que los participantes de la excursión al sur conversaban sobre la difusión que había tenido su viaje, sobre cómo instalar públicamente otra versión de lo sucedido y sobre cómo frenar el avance de esta causa penal. Los acusados lograron que el caso pasara de los tribunales federales de Bariloche a los tribunales de Comodoro Py, donde fueron finalmente sobreseídos.
En el fallo que sobreseyó a todos los involucrados la semana pasada, el juez federal Sebastián Ramos afirmó que la denuncia se fundó en datos y referencias obtenidos producto de un accionar irregular que podría llegar a constituir infracciones a la ley de inteligencia nacional 25.520, haciendo expresa alusión a conductas que se atribuyen al accionar, allí, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Según Ramos se probó que hubo “una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad [por la PSA] y otros organismos del Estado, y que las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados”. Concluyó que “fue como resultado de esa maniobra ilícita que se produjo información que fue brindada públicamente por redes sociales” y que fue de esas redes de donde las concejalas habrían sacado el dato del viaje que luego difundieron y que se publicó en medios de comunicación.
Stornelli tomó las conclusiones del juez Ramos como disparador para denunciar el accionar de la fuerza aeroportuaria en relación con ese viaje, pero también con otros expedientes en los que supuestamente excedió sus funciones. Describe, por ejemplo, que la PSA habría sido responsable de la inutilización del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el hombre que atentó contra Cristina Kirchner. “Imperioso resulta conocer, no solamente el fundamento de la existencia de una “oficina de inteligencia” en la PSA, sino qué actividades ha desarrollado y a quiénes las ha reportado”, dijo el fiscal en la denuncia.
Fueron beneficiados por el fallo de Ramos los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques; el empresario Tomás Reinke, y el exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth.
En la denuncia a la que accedió la nacion, el fiscal Stornelli se refirió a la PSA y dijo: “Esta Fuerza, además, ha sido utilizada numerosas veces, entiendo que de manera desprevenida, como ‘minipolicía’ para realizar diversas diligencias que nada tienen que ver con su gestión”.
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Desestiman un pedido de Cristina Kirchner en la causa de lavado
La exvicepresidenta pretendía apartar como querellante en el juicio a la ONG Bases Republicanas
Una semana después del cierre de la causa de Lago Escondido, en la que fueron sobreseídos los jueces y exfuncionarios que viajaron el sur con empresarios, el fiscal federal Carlos Stornelli denunció a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por presuntas tareas de inteligencia ilegal.
El extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria al momento de los hechos que denunció Stornelli es el chubutense José Glinski, quien ahora tras el cambio de gobierno tiene una banca en el Congreso Nacional como diputado por esa provincia. La denuncia le tocó al juez federal Ariel Lijo, uno de los jueces más poderosos de Comodoro Py.
El caso de Lago Escondido surgió en octubre del año pasado, cuando se conoció que jueces y exfuncionarios viajaron a Lago Escondido, a la estancia de Joe Lewis. Cobró mayor relevancia política en diciembre de ese año, cuando se filtraron presuntos chats en los que los participantes de la excursión al sur conversaban sobre la difusión que había tenido su viaje, sobre cómo instalar públicamente otra versión de lo sucedido y sobre cómo frenar el avance de esta causa penal. Los acusados lograron que el caso pasara de los tribunales federales de Bariloche a los tribunales de Comodoro Py, donde fueron finalmente sobreseídos.
En el fallo que sobreseyó a todos los involucrados la semana pasada, el juez federal Sebastián Ramos afirmó que la denuncia se fundó en datos y referencias obtenidos producto de un accionar irregular que podría llegar a constituir infracciones a la ley de inteligencia nacional 25.520, haciendo expresa alusión a conductas que se atribuyen al accionar, allí, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Según Ramos se probó que hubo “una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad [por la PSA] y otros organismos del Estado, y que las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados”. Concluyó que “fue como resultado de esa maniobra ilícita que se produjo información que fue brindada públicamente por redes sociales” y que fue de esas redes de donde las concejalas habrían sacado el dato del viaje que luego difundieron y que se publicó en medios de comunicación.
Stornelli tomó las conclusiones del juez Ramos como disparador para denunciar el accionar de la fuerza aeroportuaria en relación con ese viaje, pero también con otros expedientes en los que supuestamente excedió sus funciones. Describe, por ejemplo, que la PSA habría sido responsable de la inutilización del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el hombre que atentó contra Cristina Kirchner. “Imperioso resulta conocer, no solamente el fundamento de la existencia de una “oficina de inteligencia” en la PSA, sino qué actividades ha desarrollado y a quiénes las ha reportado”, dijo el fiscal en la denuncia.
Fueron beneficiados por el fallo de Ramos los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques; el empresario Tomás Reinke, y el exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth.
En la denuncia a la que accedió la nacion, el fiscal Stornelli se refirió a la PSA y dijo: “Esta Fuerza, además, ha sido utilizada numerosas veces, entiendo que de manera desprevenida, como ‘minipolicía’ para realizar diversas diligencias que nada tienen que ver con su gestión”.
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Desestiman un pedido de Cristina Kirchner en la causa de lavado
La exvicepresidenta pretendía apartar como querellante en el juicio a la ONG Bases Republicanas
Hernán Cappiello
La Cámara de Casación denegó un recurso de la defensa de Cristina Kirchner en una causa donde se la investiga por maniobras de lavado de dinero, por las cuales ya fue condenado el empresario Lázaro Báez.
Los jueces de la Casación Gustavo Hornos y Javier Carbajo, con un voto en disidencia de Mariano Borinsky, rechazaron el recurso de la vicepresidenta contra el fallo que había admitido como querellante a la ONG Bases Republicanas, que con su impulso logró revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
El fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal implicó denegar un recurso de queja de la defensa de Cristina Kirchner contra la resolución de la Cámara Federal que admitió a la ONG como querellante en la causa por lavado de activos.
En mayo pasado, el fiscal Guillermo Marijuan había solicitado el sobreseimiento de Cristina Kirchner, a pesar de mencionar en ese mismo dictamen que se había reunido abundante prueba nueva sobre la relación de la expresidenta con Lázaro Báez. Ese criterio fue compartido por los querellantes estatales de la AFIP y de la UIF, de la gestión de Alberto Fernández. Frente a este panorama, la asociación civil Bases Republicanas solicitó que se la admita como querellante.
El juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa, rechazó la pretensión de la ONG y dictó el sobreseimiento de Cristina Kirchner por falta de acusación fiscal y de los querellantes del Estado. Pero la ONG apeló la decisión y la Cámara Federal aceptó que esa organización sea parte de la causa. Por ello revocó posteriormente el sobreseimiento.
La defensa de Cristina Kirchner pretendía que la Cámara de Casación Federal intervenga en el caso y que aparte a la ONG del papel de querellante que le fue asignado. Sin embargo, la Sala IV, con el voto de Hornos y Carbajo, no tomó el caso. Los firmantes dijeron que no se trata de una sentencia definitiva o equiparable, por lo que no correspondía la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.
En disidencia, el juez Borinsky, sostuvo que el caso debía ser analizado por la Casación ante la demostración por parte de la defensa de un agravio de tardía o imposible reparación ulterior.
La causa comenzó en 2013 y gran parte de la investigación ya se debatió en juicio. En 2021, la Justicia encontró culpable a Báez de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo. Cristina Kirchner y Báez fueron condenados en la causa Vialidad, donde la Justicia dio por probada una defraudación multimillonaria al Estado encabezada por la exvicepresidenta, que recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua, que no está firme.
Báez era entonces dueño de Austral Construcciones.
La Cámara de Casación denegó un recurso de la defensa de Cristina Kirchner en una causa donde se la investiga por maniobras de lavado de dinero, por las cuales ya fue condenado el empresario Lázaro Báez.
Los jueces de la Casación Gustavo Hornos y Javier Carbajo, con un voto en disidencia de Mariano Borinsky, rechazaron el recurso de la vicepresidenta contra el fallo que había admitido como querellante a la ONG Bases Republicanas, que con su impulso logró revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
El fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal implicó denegar un recurso de queja de la defensa de Cristina Kirchner contra la resolución de la Cámara Federal que admitió a la ONG como querellante en la causa por lavado de activos.
En mayo pasado, el fiscal Guillermo Marijuan había solicitado el sobreseimiento de Cristina Kirchner, a pesar de mencionar en ese mismo dictamen que se había reunido abundante prueba nueva sobre la relación de la expresidenta con Lázaro Báez. Ese criterio fue compartido por los querellantes estatales de la AFIP y de la UIF, de la gestión de Alberto Fernández. Frente a este panorama, la asociación civil Bases Republicanas solicitó que se la admita como querellante.
El juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa, rechazó la pretensión de la ONG y dictó el sobreseimiento de Cristina Kirchner por falta de acusación fiscal y de los querellantes del Estado. Pero la ONG apeló la decisión y la Cámara Federal aceptó que esa organización sea parte de la causa. Por ello revocó posteriormente el sobreseimiento.
La defensa de Cristina Kirchner pretendía que la Cámara de Casación Federal intervenga en el caso y que aparte a la ONG del papel de querellante que le fue asignado. Sin embargo, la Sala IV, con el voto de Hornos y Carbajo, no tomó el caso. Los firmantes dijeron que no se trata de una sentencia definitiva o equiparable, por lo que no correspondía la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.
En disidencia, el juez Borinsky, sostuvo que el caso debía ser analizado por la Casación ante la demostración por parte de la defensa de un agravio de tardía o imposible reparación ulterior.
La causa comenzó en 2013 y gran parte de la investigación ya se debatió en juicio. En 2021, la Justicia encontró culpable a Báez de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo. Cristina Kirchner y Báez fueron condenados en la causa Vialidad, donde la Justicia dio por probada una defraudación multimillonaria al Estado encabezada por la exvicepresidenta, que recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua, que no está firme.
Báez era entonces dueño de Austral Construcciones.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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