NEGOCIACIONES CON LOS PERONCHOS

El Presidente presiona a los gobernadores con Ganancias
Les devolverá los fondos del impuesto si apoyan la ley ómnibus en el Congreso
Matías MorenoEl ministro del Interior, Guillermo Francos, en la Casa Rosada
El presidente Javier Milei se guardó una carta para comprometer el apoyo de los gobernadores al ambicioso proyecto de ley ómnibus con el que aspira a poner en marcha un paquete de reformas para desregular la economía y modificar el Estado. Desde la Casa Rosada trasmitieron ayer que repondrán el impuesto a las ganancias, cuya quita les restó fondos a las provincias, si sus legisladores apoyan la reforma en el Congreso.
Pese a que se prevé una intensa puja con la oposición para conseguir los apoyos durante las sesiones extraordinarias, el Gobierno confía en que el Congreso aprobará el ambicioso proyecto de ley ómnibus con el que el presidente Javier Milei aspira a poner en marcha un paquete de reformas para desregular la economía y modificar el funcionamiento del Estado.
El optimismo en la cúpula del Ejecutivo se ancla en que Milei se guardó una carta para comprometer a los gobernadores en la tarea de recolectar los votos necesarios para que ambas cámaras le den el visto bueno: la reversión del impuesto a las ganancias.
Se preveía que el Gobierno incluyera la iniciativa para restituir ese gravamen en la ley ómnibus que envió Milei al Congreso, a raíz de los reclamos de los mandatarios provinciales que vieron afectados sus recursos coparticipables por la reforma de Sergio Massa en plena campaña. Sin embargo, el jefe del Estado lo quitó del paquete con el fin de preservar un instrumento para negociar. Es decir, prefirió quedarse con esa garantía para presionar a los gobernadores y lograr que colaboren con el oficialismo, según confirmaron fuentes oficiales a la nacion.
Milei, que rechazó de plano la idea de un grupo de caciques del PJ de coparticipar el impuesto al cheque, está dispuesto a asumir el costo político de restituir Ganancias –mandaría un proyecto más adelante, en extraordinarias– mientras avanza con el plan de ajuste para bajar el gasto público e implementar un “shock” económico. Pero quiere que los mandatarios provinciales se involucren en la tarea de ayudarlo a asegurar la gobernabilidad. “Ellos tienen que hacer su aporte y cumplir con su parte para que aprobemos la ley. Si nos ayudan con la gobernabilidad, nosotros los ayudamos a ellos con Ganancias”, resumen en la cúpula del Gobierno.
Es más: remarcan que “no se trata de un chantaje, sino de una negociación política”. “Sería naif darles esa ayuda antes de que salga lo otro”, aseguran. Con apenas 38 o 40 diputados y siete senadores, la Casa Rosada corre en desventaja y necesita abrir una vía de negociación para conseguir la sanción de la ley ómnibus. En Balcarce 50 admiten que Milei no tiene lo números garantizados en la Cámara baja. Si el Congreso no acompaña o traba sus reformas, pregona Milei, es porque rechaza la voluntad popular de implementar una transformación estructural de la economía y del Estado frente a la aguda crisis.
Altos funcionarios del Gobierno consideran que, pese al malestar de gobernadores o jefes opositores por la falta de diálogo respecto de reformas estratégicas que afectan sus intereses o impactan en sus territorios, hay un consenso entre los mandatarios –incluso del peronismo– de que la Argentina requiere avanzar con un “cambio” y una transformación de raíz. Los colaboradores más estrechos de Milei confían en que los gobernadores e intendentes detectan el humor social y no frenarán las “soluciones crudas” que el Presidente dispuso para reducir el gasto público y sortear una crisis de mayor magnitud. Se jactan de que Milei supera el 75% de imagen positiva en las encuestas y que sus reformas –como el impulso de las privatizaciones– tienen un amplio acompañamiento social, según las encuestas que manejan en el Gobierno.
El megaproyecto de Milei incluye la modificación de 664 artículos, deroga leyes y contiene amplias delegaciones legislativas de emergencia al Poder Ejecutivo. La vasta iniciativa les abre la puerta a las privatizaciones e impulsa desde una nueva estructura del Estado hasta cambios en el Código Penal, en salud y educación, y en la forma de elegir diputados.
En el círculo de confianza de Milei argumentan que la situación de emergencia impide estirar los plazos. No confirman si evaluarían extender el período de sesiones extraordinarias más allá del 31 de enero ante las quejas de los legisladores por el volumen del paquete de leyes, aunque dan señales de que no hay tiempo debido a la crisis. No esconden el apuro del jefe del Estado para que se pongan en marcha las reformas. Consideran que los “detractores” de la ley responden a “intereses sectoriales” del ámbito público o privado. “No hay alternativa, vamos a pasar seis meses muy duros”, repiten en los despachos de la Casa Rosada.
En el Gobierno reconocen que el capítulo fiscal es “importante” para Milei, pero también las desregulación económica. Saben que se discutirá artículo por artículo y si bien el Presidente mantiene la estrategia de “a todo o nada”, exhiben voluntad de negociar modificaciones menores con la oposición para eliminar obstáculos. Se preparan para un ejercicio de tira y afloja en duras tratativas. “No pueden cambiar el espíritu”, avisan.
En el Gobierno admiten que sería una señal negativa, con un posible impacto en los mercados, que el Congreso no apruebe el paquete de reformas. Sin embargo, altos funcionarios del Gobierno advierten que Milei está dispuesto a utilizar “todos los mecanismos constitucionales” para avanzar con los cambios. En otras palabras: el plan B de Milei es activar un decreto, que no incluiría las modificaciones tributarias, penales y en el sistema electoral, que deben pasar por el Congreso, en caso de que las cámaras traben el megaproyecto. En ese caso, lograría una reforma parcial por decreto. El encargado de contener los enojos por las reformas de Milei, sobre todo de los gobernadores y sindicalistas, es Guillermo Francos, el ministro del Interior. En las últimas horas se multiplicaron los contactos con mandatarios que están alertados por la magnitud del proyecto y el impacto en sus provincias. Hubo errores en la redacción, reconocen en la Casa Rosada, que pusieron en guardia a Rolando Figueroa (Neuquén). Se trata del artículo 298 que modifica el artículo 98 de la ley de hidrocarburos (17.319). “Habrá correcciones pequeñas porque hay textos poco claros y errores semánticos”, dicen en el Ejecutivo.
Ayer, Francos recibió a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien manifestó su inquietud por el impacto del megaproyecto en el sector de biocombustibles de Santa Fe. “Hay diálogo”, repiten en la Casa Rosada.

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Incertidumbre sobre el futuro del impuesto
Si el ingreso se percibe en enero, ya rige la ley aprobada en el gobierno anteriorL
Silvia Stang
¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias con relación al salario de este mes? Las reglas que indican que están gravadas las remuneraciones a partir de $1.980.000 y que el monto a retener se calcula con tablas especiales que alivian la carga ya no rigen si los salarios se perciben en enero, en tanto que sí son válidas si se cobran antes de que termine este año.
Pero la ley 27.725, aprobada para que rija desde lo cobrado el mes próximo, quedó en una nube de incertidumbre: no tanto porque no fue reglamentada (lo cual no impide su aplicación, aunque probablemente luego haya que corregir los montos descontados), sino por una cuestión más significativa: el gobierno de Javier Milei tiene en sus planes la derogación de esa normativa, dada la caída de recursos que afectó a las cuentas del fisco y, en especial, a las provincias, ya que toda la recaudación de Ganancias se coparticipa.
En conclusión: si los salarios se cobran antes de que termine 2023, la regla está clara. Pero en la mayoría de las empresas los pagos se efectivizarán una vez iniciado 2024. Entonces,lo que se descuente tendrá, muy probablemente, correcciones en los siguientes meses. Más aún: es altamente posible la situación de no quedar alcanzado por Ganancias según la liquidación actual del salario, pero sí sufrir un descuento en los meses posteriores (por los ingresos devengados este mes), si se aprueban modificaciones en el Congreso.
Una reversión de la ley aprobada en septiembre implicaría que el piso para tributar bajara a alrededor de $975.000. Según trascendidos, es una situación posible que rija esa base, pero que esté acompañada por una tabla de alícuotas reformada, para lograr que la carga tributaria tenga una mayor progresividad.
Se suma que hay un dato clave para la definición de quiénes y cuánto tributan desde lo percibido en enero que todavía no se conoce, advierte la contadora Florencia Fernández Sabella. El hecho es que el salario más bajo sujeto al impuesto y también los valores de la tabla de alícuotas están enunciados en la ley como una cierta cantidad de veces el salario mínimo, vital y móvil (SMVM). Y aún no cuál será el valor de ese ingreso básico.
Este mes el salario mínimo es de $156.000 y, entonces, como se estableció que estarán al margen de Ganancias los salarios equivalentes al SMVM multiplicado por 15, esa base sería –si no hubiera cambios– de $2.340.000. Es la cifra utilizaron las empresas para liquidar los salarios que se cobrarán en enero. Por lo cobrado hasta el final de 2023 rige el piso de $1.980.000, monto equivalente a 15 SMVM según su valor a octubre, porque eso dispuso el decreto 473.
“El impuesto a las ganancias para el trabajo dependiente se rige por el principio de lo percibido, lo que implica que las remuneraciones de diciembre que se paguen en enero quedarán sujetas al régimen de retención de la nueva legislación; si surgen modificaciones, los montos de las retenciones podrán reajustarse de manera retroactiva durante 2024, afirman desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Así, en las liquidaciones deben aplicarse las bases y las tablas de cálculo de la ley 27.725. La AFIP, de hecho, publicó esta semana en la web la tabla correspondiente a enero.
La ley que en los próximos días podría derogarse o modificarse implica varios cambios respecto de cómo funcionó el esquema en los últimos años. Se prevé, por caso, que haya dos grupos de personas alcanzadas, en el segmento de los dependientes. La base de 15 SMVM regiría para quienes ingresen al esquema del llamado impuesto cedular sobre los mayores ingresos. Y quedarían al margen quienes ejercen determinados cargos en el sector público o en el privado: este grupo seguiría con el régimen de los últimos años.
En el impuesto cedular ya no podrían aplicarse, según lo aprobado, deducciones por familiares a cargo, por aportes salariales, o por determinados gastos. Todo eso, más allá del salario imponible, hace que sea diferente el efecto de cobrar el salario de este mes antes de que finalice 2023, o ya una vez iniciado 2024.
Según afirma el contador Mariano Ghirardotti, hay empresas que pagaron los sueldos de diciembre dentro de este mes, dada la incertidumbre. De revertirse la última reforma, esa opción implica un fuerte alivio para los ingresos de los empleados cuyos ingresos están ahora exentos, pero volverían a quedar gravados.
Para un empleado con un sueldo mensual bruto de $2.600.000, ejemplifica Fernández Sabella, la retención por el impuesto (sin tener en cuenta el aguinaldo) sería de alrededor de $38.000 si el cobro se concreta este mes, y de $72.000 si se percibe en enero. El cálculo está hecho con el SMVM de diciembre. Si el salario es de $3.000.000, la retención sería de aproximadamente $104.000 si se cobra en diciembre, y de $192.000 si se percibe el mes próximo.
“En esos casos la retención sería mayor si el cobro es en enero, básicamente porque el régimen de mayores ingresos aplica sobre el sueldo bruto, sin posibilidad de deducir nada, y empieza con alícuotas más gravosas”, dice la contadora. Además, las tablas de los últimos meses de 2023 producen un alivio especial en la carga, aunque hay una cuestión nada menor: lo que resultó aprobado meses atrás por la AFIP fue una modificación de las tablas para calcular los montos a retener del salario, pero no para calcular el impuesto propiamente dicho. Para esto último, debería votarse una ley; en caso contrario, la AFIP quedaría en condiciones de reclamarles importes a los asalariados por el tributo correspondiente a esta última parte de 2023.

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