Fuerte mensaje empresario al Gobierno por la Corte
IDEA y la AmCham pidieron jueces “honestos e idóneos”
Con palabras que se leyeron con indudable referencia al cuestionado juez Ariel Lijo, IDEA y la AmCham (Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina) reclamaron que los postulantes a integrar la Corte Suprema de Justicia deben ser personas “de incuestionable honestidad, idoneidad” y trayectoria, además de poseer un “amplio reconocimiento” ante la opinión pública. Al mismo tiempo, las dos entidades empresarias pidieron que se postule a juristas mujeres.
El juez federal Ariel Lijo cosechó nuevas impugnaciones en su carrera para acceder a un sitial en la Corte Suprema de Justicia impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei. El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la AmCham y la Red de Entidades por la Justicia Independiente de la Argentina (Rejia) se sumaron a los cuestionamientos que recibió en los últimos días la candidatura del magistrado y reclamaron que se postule a juristas mujeres para sumarse al tribunal que hoy integran Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
IDEA, una entidad entre las más influyentes en el empresariado, emitió un comunicado que tituló “Condiciones necesarias para integrar la Corte Suprema de Justicia”, en el que puntualizó que el máximo tribunal “reviste un rol esencial en el fortalecimiento de la calidad institucional” y que es “condición necesaria e indispensable para generar la confianza que posibilite atraer inversiones para el crecimiento y la consecuente generación de más puestos de trabajo”. Para ese objetivo, advierte el documento, el alto tribunal debe estar integrado por “personas de incuestionable honestidad, idoneidad, trayectoria, imparcialidad y, asimismo, que gocen de un amplio reconocimiento y valoración ante la opinión pública”.
La entidad también abogó por la integración de juristas mujeres: “Adicionalmente, existiendo destacadas juristas que reúnen tales condiciones, deberían tener ellas prioridad para ocupar la vacante generada por el retiro de la Dra. Elena Highton de Nolasco”, sostuvo el instituto empresarial, que concluyó con un pedido al Gobierno y al Poder Legislativo: “Invitamos al Poder Ejecutivo y a los miembros del Congreso de la Nación a apuntalar la confianza en el Poder Judicial a través de la incorporación de miembros que revistan las características mencionadas, como requisito indispensable para el pleno desarrollo de la República Argentina”.
La AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, que agrupa a las empresas de ese origen con inversiones en el país, mostró su “preocupación y expectativas” alrededor de la designación de jueces para la Corte. “Es imperativo que los nuevos integrantes de la Corte Suprema sean funcionarios íntegros y honestos, comprometidos con el cumplimiento imparcial de la ley y la defensa de los derechos fundadad mentales de todos los ciudadanos”, remarcó.
La AmCham también abogó por la designación de mujeres en el alto tribunal. “Es esencial que se promueva la representación equitativa de hombres y mujeres en la Corte Suprema. La diversidad de género no solo enriquece el debate judicial, sino que también refleja la pluralide la sociedad y promueve la igualdad de oportunidades”, pidió.
“Desde AmCham Argentina solicitamos a las autoridades responsables llevar a cabo un proceso de selección riguroso, que garantice la designación de funcionarios comprometidos con la justicia y la equidad. La confianza en el sistema judicial es fundamental para crear un clima de negocios favorable, el cual permita atraer inversiones”, finalizó la cámara empresarial.
Por su parte, y tras señalar en un comunicado que los jueces de la Corte deben ser personas “honorables, de intachable trayectoria moral y con sobrada solvencia técnica”, la red de entidades judiciales Rejia sostuvo que “es de esperar, a esta altura de la historia, que las vacantes sean completadas con la nominación de mujeres notables”, y planteó que, en caso de no darse así, se incurrirá en “un grave retroceso en materia de igualdad de oportunidades”.
Rejia puntualizó su crítica sobre la candidatura de Lijo, propuesto desde el oficialismo junto al catedrático Manuel García-Mansilla. “Las designaciones propuestas al Congreso de la Nación por parte de la Oficina de Presidencia mencionan a dos hombres, un magistrado de cuestionada solvencia moral y un abogado cuya trayectoria personal, profesional y científica no dejan lugar a dudas”, señaló en el texto, titulado “Lijo, una mala elección”.
La propuesta de García-Mansilla, no obstante, fue cuestionada por Rejia por el momento en que se realizó: “Ha sido propuesto cuando el cargo aún se encuentra a cargo el doctor Maqueda, quien no alcanzó la edad de retiro, por lo que la designación luce absolutamente apresurada”.
La entidad judicial afirmó en su comunicado que “la palmaria crisis económica y social” se podrá superar “en la medida en que el Presidente no pierda credibilidad nominando a personas responsables de la decadencia moral de nuestro país”.
Desde la semana pasada, cuando se conocieron los candidatos propuestos por el Gobierno para ingresar a la Corte, se multiplicaron las críticas, principalmente contra Lijo. La Coalición Cívica anticipó que impugnará la candidatura del juez federal, al que cuestionó también el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
La ausencia de mujeres en la lista de postulantes que impulsa el Gobierno generó reproches de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, la Red de Mujeres para la Justicia y el Colectivo Mujeres del Derecho, entre otras entidades.
Para IDEA, los jueces deben tener “amplio reconocimiento ante la opinión pública”
“Es imperativo que sean funcionarios íntegros y honestos”, dijo la AmCham
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Cerca de Milei resisten los embates y confían en sumar al kirchnerismo
En el Gobierno dan por hecho que habrá negociaciones: “Si no piden algo descabellado, no hay problema”
Cecilia Devanna
El juez federal Ariel Lijo, uno de los dos candidatos del Gobierno para integrar la Corte Suprema, continuó sumando objeciones ayer. No solo ya de organizaciones ligadas a la Justicia, sino también de entidades empresariales como el IdEA y la AmCham. La ola de rechazos, sin embargo, no parece despertar mayores preocupaciones en el Gobierno, donde de momento toda la atención está puesta en el avance de la nueva ley ómnibus. de hecho, cerca del presidente Javier Milei confían en que Lijo logrará pasar el filtro del Senado incluso luego de la confrontación abierta ayer con el kirchnerismo por el día de la Memoria.
Como se requieren los dos tercios de los votos en el Senado, los 33 miembros del Frente de Todos en la Cámara alta (que tiene 72 escaños) resultan vitales para la aprobación de los pliegos de Lijo y de Manuel García-Mansilla, el candidato a ocupar la plaza que dejaría vacante a fin de año Juan Carlos Maqueda.
En el Gobierno consideran que aún es “muy temprano” para hablar de cómo y cuál será la estrategia que se llevará adelante para conseguir esos apoyos, pero deslizan que el activo de Lijo en las filas kirchneristas es que, “si bien es el juez que impulsó la condena contra Amado Boudou, no tiene una impronta persecutoria” para la expresidenta Cristina Kirchner y sus aliados.
de hecho, en Balcarce 50 no descartan habilitar negociaciones paralelas con el kirchnerismo a cambio de los votos necesarios para la aprobación del pliego. “No es impensado”, señalan con diplomacia. Y agregan: “No tenemos prurito en sentarnos con ellos o con cualquier otro partido para conversar. Si no es algo descabellado lo que piden, no hay problema”.
En las filas libertarias admiten que el tratamiento del pliego de Lijo podría darse recién dentro de tres o cuatro meses y que será en tándem con García-Mansilla. “O los dos o ninguno”, se envalentonan.
Los anuncios de las candidaturas de Lijo y García-Mansilla a la Corte se conocieron el último miércoles. Mientras el nombre catedrático fue señalado para reemplazar a Maqueda, el juez de Comodoro Py es impulsado para suplir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco, quien renunció al tribunal en 2021.
Los anuncios generaron ruido por diferentes motivos. El más compartido fue la ausencia de una candidata mujer para la Corte. Fue el argumento elegido por entidades profesionales y asociaciones de fiscales, magistrados y de juezas mujeres, para evitar apuntar contra la persona del juez federal. Pero otros cuestionamientos apuntaron directamente contra Lijo: los más fuertes surgieron del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de la Coalición Cívica, que anticipó que impugnará la candidatura.
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Los abogados, obligados a reportar casos sospechosos
Los abogados serán desde hoy sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando se involucren en transacciones por o en nombre de un cliente. Así quedó plasmado en la resolución que se publicó ayer en el Boletín Oficial y que reglamentó la nueva ley antilavado, sancionada en el Senado el 14 de marzo.
La ley fue un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al gobierno argentino. Supervisores del GAFI estuvieron hasta el viernes inspeccionando la situación del país frente al lavado de activos y el terrorismo. Los miembros del GAFI se fijaron en la cantidad de reportes, resoluciones y condenas. El país ya salió de la lista gris del GAFI y para evitar caer en ella nuevamente debe cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, esta nueva ley, que incorpora a los abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas.
Hasta ahora, integraban esa lista los contadores, escribanos, los bancos y otros profesionales. El Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad, que preside Ricardo Gil Lavedra, adelantó en diálogo con la nacion que presentará un amparo por considerar “inconstitucional” la norma. “Es una aberración que rompe la confidencialidad entre el abogado y un cliente”, dijo Gil Lavedra.
La resolución que dio a conocer la UIF ayer excluye de la obligación a los abogados contratados para un litigio.
El juez federal Ariel Lijo, uno de los dos candidatos del Gobierno para integrar la Corte Suprema, continuó sumando objeciones ayer. No solo ya de organizaciones ligadas a la Justicia, sino también de entidades empresariales como el IdEA y la AmCham. La ola de rechazos, sin embargo, no parece despertar mayores preocupaciones en el Gobierno, donde de momento toda la atención está puesta en el avance de la nueva ley ómnibus. de hecho, cerca del presidente Javier Milei confían en que Lijo logrará pasar el filtro del Senado incluso luego de la confrontación abierta ayer con el kirchnerismo por el día de la Memoria.
Como se requieren los dos tercios de los votos en el Senado, los 33 miembros del Frente de Todos en la Cámara alta (que tiene 72 escaños) resultan vitales para la aprobación de los pliegos de Lijo y de Manuel García-Mansilla, el candidato a ocupar la plaza que dejaría vacante a fin de año Juan Carlos Maqueda.
En el Gobierno consideran que aún es “muy temprano” para hablar de cómo y cuál será la estrategia que se llevará adelante para conseguir esos apoyos, pero deslizan que el activo de Lijo en las filas kirchneristas es que, “si bien es el juez que impulsó la condena contra Amado Boudou, no tiene una impronta persecutoria” para la expresidenta Cristina Kirchner y sus aliados.
de hecho, en Balcarce 50 no descartan habilitar negociaciones paralelas con el kirchnerismo a cambio de los votos necesarios para la aprobación del pliego. “No es impensado”, señalan con diplomacia. Y agregan: “No tenemos prurito en sentarnos con ellos o con cualquier otro partido para conversar. Si no es algo descabellado lo que piden, no hay problema”.
En las filas libertarias admiten que el tratamiento del pliego de Lijo podría darse recién dentro de tres o cuatro meses y que será en tándem con García-Mansilla. “O los dos o ninguno”, se envalentonan.
Los anuncios de las candidaturas de Lijo y García-Mansilla a la Corte se conocieron el último miércoles. Mientras el nombre catedrático fue señalado para reemplazar a Maqueda, el juez de Comodoro Py es impulsado para suplir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco, quien renunció al tribunal en 2021.
Los anuncios generaron ruido por diferentes motivos. El más compartido fue la ausencia de una candidata mujer para la Corte. Fue el argumento elegido por entidades profesionales y asociaciones de fiscales, magistrados y de juezas mujeres, para evitar apuntar contra la persona del juez federal. Pero otros cuestionamientos apuntaron directamente contra Lijo: los más fuertes surgieron del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de la Coalición Cívica, que anticipó que impugnará la candidatura.
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Los abogados, obligados a reportar casos sospechosos
Los abogados serán desde hoy sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando se involucren en transacciones por o en nombre de un cliente. Así quedó plasmado en la resolución que se publicó ayer en el Boletín Oficial y que reglamentó la nueva ley antilavado, sancionada en el Senado el 14 de marzo.
La ley fue un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al gobierno argentino. Supervisores del GAFI estuvieron hasta el viernes inspeccionando la situación del país frente al lavado de activos y el terrorismo. Los miembros del GAFI se fijaron en la cantidad de reportes, resoluciones y condenas. El país ya salió de la lista gris del GAFI y para evitar caer en ella nuevamente debe cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, esta nueva ley, que incorpora a los abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas.
Hasta ahora, integraban esa lista los contadores, escribanos, los bancos y otros profesionales. El Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad, que preside Ricardo Gil Lavedra, adelantó en diálogo con la nacion que presentará un amparo por considerar “inconstitucional” la norma. “Es una aberración que rompe la confidencialidad entre el abogado y un cliente”, dijo Gil Lavedra.
La resolución que dio a conocer la UIF ayer excluye de la obligación a los abogados contratados para un litigio.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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