La Casa Rosada tiene tres candidatos para el cargo de jefe de los fiscales
Son el camarista Borinsky, el exfiscal general Juan Bautista Mahiques y el camarista Leal de Ibarra; se cayó un postulante
Hernán Cappiello
El Gobierno analiza tres nombres como posibles candidatos a postular para la Procuración General de la Nación, cargo que está vacante desde 2017 y que ni la gestión de Mauricio Macri ni la de Alberto Fernández lograron ocupar, dado que son necesarios los votos de los dos tercios del Senado para designar a ese funcionario.
Ellos son el juez de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky, el exfiscal general porteño Juan Bautista Mahiques y el camarista federal de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra. Estos nombres parecieron dejar fuera de carrera a quien fue anunciado como el candidato del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, Marcelo Lucini, un juez de la Cámara del Crimen, de perfil conservador.
Así lo indicaron a dos la nacion fuentes del Gobierno y lo corroboraron otras fuentes judiciales al tanto de los tanteos que se hicieron sobre estos funcionarios para saber si estarían dispuestos a convertirse en jefe de los fiscales.
“No hay nada cerrado, está a estudio, alguien los mencionó. Acá lo que importa es el perfil y que junte los 48 votos, candidatos buenos hay”, dijo una alta fuente del Gobierno, que remarcó que estos pliegos “no se enviarán ya mismo”.
Ese es el problema, que junten los votos, porque es necesario que el perfil de alguno de los tres postulantes enamore al kirchnerismo y a Cristina Kirchner, ya que sin su favor ninguno está en condiciones de ser elegido. distinto es el caso si el cargo de procurador es parte de una negociación más amplia que contemple las vacantes en la Corte e incluso las disponibles en la Cámara de Casación, la Cámara Federal y los juzgados federales de primera instancia.
La noticia sobre estos tres candidatos a la Procuración se conoció la semana siguiente a que el Gobierno anunciara la postulación del juez federal Ariel Lijo y la del catedrático Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno aún no envió sus pliegos al Senado.
El procurador general es clave, pues el Gobierno anunció que pondrá en marcha el nuevo Código Procesal Federal en todo el país, donde los fiscales son protagonistas de las investigaciones y su voluntad es determinante para el avance de las causas.
La Procuración General de la Nación hoy está a cargo del número dos del organismo, el procurador interino Eduardo Casal, desde hace siete años. Mauricio Macri fracasó en postular a la jueza Inés Weinberg y Alberto Fernández no consiguió que Cristina Kirchner sometiera a votación el pliego del juez federal daniel Rafecas. Ahora asoman los nombres de Borinsky, Mahiques hijo y Leal de Ibarra.
Borinsky es el presidente de la Cámara de Casación y desde la Sala IV del tribunal le tocó intervenir en la causa Vialidad, donde fue condenada Cristina Kirchner a seis años de cárcel. Ahora Borinsky, Gustavo Hornos y diego Barroetaveña analizan si confirman o no esa condena. El fiscal Mario Villar pidió aumentar la pena de la expresidenta a 12 años. Uno de los que decidirán es Borinsky.
El kirchnerismo le desconfía a Borinsky, ya que en el pasado intervino en otras causas por corrupción y en la mayoría de los casos votó contra los deseos de los acusados. Le facturan al juez que haya visitado al expresidente Macri en la Quinta de Olivos.
Borinsky se sumó al equipo el Ministerio de Justicia que viajó a París hace un mes para asistir a la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que acaba de concluir su vista a la Argentina para evaluar sus normas antilavado y la eficiencia de las investigaciones penales y administrativas al respecto.
En ese viaje hizo buenas migas con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Ayudaron las 13 horas de avión de ida y otras tantas de regreso, así como los casi cinco días en la capital francesa. Fue en ese viaje donde sondearon a Borinsky para conocer si eventualmente estaba interesado en la Procuración. Si estaba disponible para ese cargo y, si ocurriera, hasta para la Corte.
Borinsky tiene una plan de 50 medidas para poner en marcha en cinco años, que le presentó a Mauricio Macri cuando este estaba en la búsqueda de un candidato. Se trata de un cargo vitalicio, pero la historia reciente señala que se buscó modificar la ley para ponerle un límite temporal al mandato y cambiar las mayorías para elegir al postulante. A la luz de estos antecedentes, es más atractivo si accede mediante una licencia y no una renuncia.
Borinsky se acercó al Gobierno de la mano de Amerio, cercano al gurú Santiago Caputo. Pero terminó su aproximación por su Código Penal, ya que fue coordinador del equipo que realizó un actualización de esas normas en 2017.
El otro postulante que está en la lista del gobierno es Juan Bautista Mahiques. Mahiques está identificado con el macrismo. Fue fiscal general de la Ciudad, pero su influencia se extendió más allá. Fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura en el macrismo, un cargo que requiere habilidad política y equilibrio para hacer acuerdos con la oposición a la hora de apoyar a los candidatos a jueces de las ternas que son elevadas al Presidente para que elija a un postulante. Sus referentes son Macri y, en la Justicia, daniel Angelici.
Juan Bautista Mahiques sigue tejiendo acuerdos con Pro, con radicales, con peronistas y con el mundo judicial, pues comparte tertulias con jueces y camaristas federales. El kirchnerismo no lo quiere. Ana María Figueroa, cuando era jueza de la Cámara de Casación, cercana a Cristina Kirchner, lo denunció por haberla presionado para que fallara en una causa.
Su última aparición pública fue cuando compartió un viaje a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido, con funcionarios de la Ciudad, jueces federales, con su padre, el camarista Carlos Mahiques, exespías y donde fueron recibidos por directivos del Grupo Clarín.
Juan Bautista Mahiques viene de familia judicial, su padre fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y luego juez de la Cámara de Casación. Su hermano Ignacio es camarista en la ciudad. La familia es de Mercedes, al igual que el exministro Eduardo de Pedro y su hermano Gerónimo Ustarroz, exrepresentante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura con Alberto Fernández y cercano a Cristina Kirchner. Todos se conocen y se tratan con cordialidad.
El tercer candidato a la Procuración es el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra. Un funcionario de bajo perfil, pero que preside la poderosa Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales. Son los camaristas que están dispersos por todo el país. Son las terminales de la Corte en esas jurisdicciones y por eso su cercanía antes con Ricardo Lorenzetti y hoy con Horacio Rosatti como presidente.
Fue director de la dajudeco, que es el organismo encargado de las escuchas telefónicas. Es un cargo sensible, de donde salió indemne. Leal de Ibarra tiene buenos vínculos con los referentes políticos patagónicos, gobernadores y senadores de Chubut, empezando por el actual mandatario, Ignacio Torres. de hecho en su despacho tiene para resolver dos causas judiciales de la pelea de Chubut con el Gobierno: los casos de recortes de los subsidios al transporte y del fondo de incentivo docente.
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Denuncian a Carlotto por pedir que Milei cambie o se vaya
Un fiscal de Mar del Plata solicitó investigar si la titular de Abuelas incurrió en “incitación a la violencia” en el acto de la Plaza de Mayo
Juan Manuel Pettigiani fiscal federal de mar del plata
El fiscal Juan Manuel Pettigiani denunció ante la Justicia a la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por sus expresiones de anteayer en la Plaza de Mayo, cuando dijo que hay que hacer algo para que el presidente Javier Milei “cambie o se vaya rápido”. Según el fiscal, se trató de una incitación a la violencia.
“La citada afirmación, efectuada en el marco de una movilización, multitudinaria y frente a medios masivos de comunicación, constituye una incitación a la acción violenta, incompatible con nuestra Constitución nacional, y que resulta castigada por nuestro Código Penal”, dijo Pettigiani, que es fiscal ante el Tribunal Oral en lo Federal de Mar del Plata.
Destacó, asimismo, que la discusión pública debe darse dentro de los límites que plantea la Constitución nacional y “no mediante expresiones violentas y antidemocráticas”.
El fiscal advirtió en su denuncia: “El llamado a que el Presidente de la Nación ‘se vaya rápido’ constituye una incitación a despojarlo de su cargo mediante el uso de la fuerza, pues ésta constituye la única forma en que dicha amenaza se puede concretar”. Para Pettigiani, lo que dijo Carlotto “constituiría la amenaza de rebelión”.
Dijo el fiscal, además, que hay un “desborde de la discusión democrática” que “se verifica con el llamado que hace Carlotto a una acción rápida para que el Presidente se vaya, pues ello, claramente, no representa un llamado a utilizar los resortes constitucionales, ya que supondría un camino incompatible con la rapidez y la violencia reclamada, sino que invita a hacerlo por la fuerza”.
Según el fiscal, entonces, los dichos de Carlotto encuadran en dos delitos: la amenaza de rebelión y el “alzamiento en armas contra la Constitución o alguno de los poderes públicos del gobierno nacional”. Ambos artículos protegen ”el orden constitucional y la vida democrática” y el bien jurídico protegido se afecta cuando “se declama la remoción del Presidente por carriles violentos e inconstitucionales”, alegó Pettigiani.
Planteó el fiscal que el delito se configura por el contexto en que se hicieron esas “expresiones amenazantes” (en medio de un acto público) y por su autora, la “referente más importante de un espacio político con suficiente capacidad de movilización y convocatoria”. Esto, expresa en la denuncia, “torna efectiva la posibilidad de su ocurrencia”.
El fiscal recordó el “contexto de violencia” en el que se hicieron las declaraciones, un acto en el que fue quemado un muñeco con la figura del Presidente.
“La confirmación del canal abierto por Carlotto con sus amenazas se vio plasmada con las amenazas de muerte recibidas por la señora vicepresidenta [Victoria Villarruel], a través de la red social X, tales como: ‘Las chicas solo queremos a Villarruel colgada en la plaza’, ‘Bájenla de un tiro a esta desubicada de remierda’, ‘Sos una hija de mil puta, espero que te mueras de a poco así puedo escupir en tu tumba, vieja de mierda”, resumió.
En su discurso, ante una multitud, Carlotto criticó al Gobierno por el video de “memoria completa” que, según consideró, “busca reinstalar la teoría de los dos demonios”.
“Las constantes conspiraciones del gobierno de Milei y Villarruel en sentido contrario [a lo que pasó en el terrorismo de Estado] van contra los pactos internacionales que ha suscripto la Argentina y tienen rango constitucional”, dijo Carlotto.
Durante el acto por el Día de la Memoria, también hablaron el dirigente humanista Adolfo Pérez Esquivel; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, y el gobernador Axel Kicillof, entre otros.
Carlotto añadió en su discurso que, del total de represores investigados, “los detenidos son menos de 700” y “los demás gozan de arresto domiciliario”. Y dijo: “Desde el reinicio de los juicios señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a los militares presos”.
El Gobierno analiza tres nombres como posibles candidatos a postular para la Procuración General de la Nación, cargo que está vacante desde 2017 y que ni la gestión de Mauricio Macri ni la de Alberto Fernández lograron ocupar, dado que son necesarios los votos de los dos tercios del Senado para designar a ese funcionario.
Ellos son el juez de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky, el exfiscal general porteño Juan Bautista Mahiques y el camarista federal de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra. Estos nombres parecieron dejar fuera de carrera a quien fue anunciado como el candidato del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, Marcelo Lucini, un juez de la Cámara del Crimen, de perfil conservador.
Así lo indicaron a dos la nacion fuentes del Gobierno y lo corroboraron otras fuentes judiciales al tanto de los tanteos que se hicieron sobre estos funcionarios para saber si estarían dispuestos a convertirse en jefe de los fiscales.
“No hay nada cerrado, está a estudio, alguien los mencionó. Acá lo que importa es el perfil y que junte los 48 votos, candidatos buenos hay”, dijo una alta fuente del Gobierno, que remarcó que estos pliegos “no se enviarán ya mismo”.
Ese es el problema, que junten los votos, porque es necesario que el perfil de alguno de los tres postulantes enamore al kirchnerismo y a Cristina Kirchner, ya que sin su favor ninguno está en condiciones de ser elegido. distinto es el caso si el cargo de procurador es parte de una negociación más amplia que contemple las vacantes en la Corte e incluso las disponibles en la Cámara de Casación, la Cámara Federal y los juzgados federales de primera instancia.
La noticia sobre estos tres candidatos a la Procuración se conoció la semana siguiente a que el Gobierno anunciara la postulación del juez federal Ariel Lijo y la del catedrático Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno aún no envió sus pliegos al Senado.
El procurador general es clave, pues el Gobierno anunció que pondrá en marcha el nuevo Código Procesal Federal en todo el país, donde los fiscales son protagonistas de las investigaciones y su voluntad es determinante para el avance de las causas.
La Procuración General de la Nación hoy está a cargo del número dos del organismo, el procurador interino Eduardo Casal, desde hace siete años. Mauricio Macri fracasó en postular a la jueza Inés Weinberg y Alberto Fernández no consiguió que Cristina Kirchner sometiera a votación el pliego del juez federal daniel Rafecas. Ahora asoman los nombres de Borinsky, Mahiques hijo y Leal de Ibarra.
Borinsky es el presidente de la Cámara de Casación y desde la Sala IV del tribunal le tocó intervenir en la causa Vialidad, donde fue condenada Cristina Kirchner a seis años de cárcel. Ahora Borinsky, Gustavo Hornos y diego Barroetaveña analizan si confirman o no esa condena. El fiscal Mario Villar pidió aumentar la pena de la expresidenta a 12 años. Uno de los que decidirán es Borinsky.
El kirchnerismo le desconfía a Borinsky, ya que en el pasado intervino en otras causas por corrupción y en la mayoría de los casos votó contra los deseos de los acusados. Le facturan al juez que haya visitado al expresidente Macri en la Quinta de Olivos.
Borinsky se sumó al equipo el Ministerio de Justicia que viajó a París hace un mes para asistir a la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que acaba de concluir su vista a la Argentina para evaluar sus normas antilavado y la eficiencia de las investigaciones penales y administrativas al respecto.
En ese viaje hizo buenas migas con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Ayudaron las 13 horas de avión de ida y otras tantas de regreso, así como los casi cinco días en la capital francesa. Fue en ese viaje donde sondearon a Borinsky para conocer si eventualmente estaba interesado en la Procuración. Si estaba disponible para ese cargo y, si ocurriera, hasta para la Corte.
Borinsky tiene una plan de 50 medidas para poner en marcha en cinco años, que le presentó a Mauricio Macri cuando este estaba en la búsqueda de un candidato. Se trata de un cargo vitalicio, pero la historia reciente señala que se buscó modificar la ley para ponerle un límite temporal al mandato y cambiar las mayorías para elegir al postulante. A la luz de estos antecedentes, es más atractivo si accede mediante una licencia y no una renuncia.
Borinsky se acercó al Gobierno de la mano de Amerio, cercano al gurú Santiago Caputo. Pero terminó su aproximación por su Código Penal, ya que fue coordinador del equipo que realizó un actualización de esas normas en 2017.
El otro postulante que está en la lista del gobierno es Juan Bautista Mahiques. Mahiques está identificado con el macrismo. Fue fiscal general de la Ciudad, pero su influencia se extendió más allá. Fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura en el macrismo, un cargo que requiere habilidad política y equilibrio para hacer acuerdos con la oposición a la hora de apoyar a los candidatos a jueces de las ternas que son elevadas al Presidente para que elija a un postulante. Sus referentes son Macri y, en la Justicia, daniel Angelici.
Juan Bautista Mahiques sigue tejiendo acuerdos con Pro, con radicales, con peronistas y con el mundo judicial, pues comparte tertulias con jueces y camaristas federales. El kirchnerismo no lo quiere. Ana María Figueroa, cuando era jueza de la Cámara de Casación, cercana a Cristina Kirchner, lo denunció por haberla presionado para que fallara en una causa.
Su última aparición pública fue cuando compartió un viaje a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido, con funcionarios de la Ciudad, jueces federales, con su padre, el camarista Carlos Mahiques, exespías y donde fueron recibidos por directivos del Grupo Clarín.
Juan Bautista Mahiques viene de familia judicial, su padre fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y luego juez de la Cámara de Casación. Su hermano Ignacio es camarista en la ciudad. La familia es de Mercedes, al igual que el exministro Eduardo de Pedro y su hermano Gerónimo Ustarroz, exrepresentante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura con Alberto Fernández y cercano a Cristina Kirchner. Todos se conocen y se tratan con cordialidad.
El tercer candidato a la Procuración es el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra. Un funcionario de bajo perfil, pero que preside la poderosa Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales. Son los camaristas que están dispersos por todo el país. Son las terminales de la Corte en esas jurisdicciones y por eso su cercanía antes con Ricardo Lorenzetti y hoy con Horacio Rosatti como presidente.
Fue director de la dajudeco, que es el organismo encargado de las escuchas telefónicas. Es un cargo sensible, de donde salió indemne. Leal de Ibarra tiene buenos vínculos con los referentes políticos patagónicos, gobernadores y senadores de Chubut, empezando por el actual mandatario, Ignacio Torres. de hecho en su despacho tiene para resolver dos causas judiciales de la pelea de Chubut con el Gobierno: los casos de recortes de los subsidios al transporte y del fondo de incentivo docente.
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Denuncian a Carlotto por pedir que Milei cambie o se vaya
Un fiscal de Mar del Plata solicitó investigar si la titular de Abuelas incurrió en “incitación a la violencia” en el acto de la Plaza de Mayo
El fiscal Juan Manuel Pettigiani denunció ante la Justicia a la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por sus expresiones de anteayer en la Plaza de Mayo, cuando dijo que hay que hacer algo para que el presidente Javier Milei “cambie o se vaya rápido”. Según el fiscal, se trató de una incitación a la violencia.
“La citada afirmación, efectuada en el marco de una movilización, multitudinaria y frente a medios masivos de comunicación, constituye una incitación a la acción violenta, incompatible con nuestra Constitución nacional, y que resulta castigada por nuestro Código Penal”, dijo Pettigiani, que es fiscal ante el Tribunal Oral en lo Federal de Mar del Plata.
Destacó, asimismo, que la discusión pública debe darse dentro de los límites que plantea la Constitución nacional y “no mediante expresiones violentas y antidemocráticas”.
El fiscal advirtió en su denuncia: “El llamado a que el Presidente de la Nación ‘se vaya rápido’ constituye una incitación a despojarlo de su cargo mediante el uso de la fuerza, pues ésta constituye la única forma en que dicha amenaza se puede concretar”. Para Pettigiani, lo que dijo Carlotto “constituiría la amenaza de rebelión”.
Dijo el fiscal, además, que hay un “desborde de la discusión democrática” que “se verifica con el llamado que hace Carlotto a una acción rápida para que el Presidente se vaya, pues ello, claramente, no representa un llamado a utilizar los resortes constitucionales, ya que supondría un camino incompatible con la rapidez y la violencia reclamada, sino que invita a hacerlo por la fuerza”.
Según el fiscal, entonces, los dichos de Carlotto encuadran en dos delitos: la amenaza de rebelión y el “alzamiento en armas contra la Constitución o alguno de los poderes públicos del gobierno nacional”. Ambos artículos protegen ”el orden constitucional y la vida democrática” y el bien jurídico protegido se afecta cuando “se declama la remoción del Presidente por carriles violentos e inconstitucionales”, alegó Pettigiani.
Planteó el fiscal que el delito se configura por el contexto en que se hicieron esas “expresiones amenazantes” (en medio de un acto público) y por su autora, la “referente más importante de un espacio político con suficiente capacidad de movilización y convocatoria”. Esto, expresa en la denuncia, “torna efectiva la posibilidad de su ocurrencia”.
El fiscal recordó el “contexto de violencia” en el que se hicieron las declaraciones, un acto en el que fue quemado un muñeco con la figura del Presidente.
“La confirmación del canal abierto por Carlotto con sus amenazas se vio plasmada con las amenazas de muerte recibidas por la señora vicepresidenta [Victoria Villarruel], a través de la red social X, tales como: ‘Las chicas solo queremos a Villarruel colgada en la plaza’, ‘Bájenla de un tiro a esta desubicada de remierda’, ‘Sos una hija de mil puta, espero que te mueras de a poco así puedo escupir en tu tumba, vieja de mierda”, resumió.
En su discurso, ante una multitud, Carlotto criticó al Gobierno por el video de “memoria completa” que, según consideró, “busca reinstalar la teoría de los dos demonios”.
“Las constantes conspiraciones del gobierno de Milei y Villarruel en sentido contrario [a lo que pasó en el terrorismo de Estado] van contra los pactos internacionales que ha suscripto la Argentina y tienen rango constitucional”, dijo Carlotto.
Durante el acto por el Día de la Memoria, también hablaron el dirigente humanista Adolfo Pérez Esquivel; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, y el gobernador Axel Kicillof, entre otros.
Carlotto añadió en su discurso que, del total de represores investigados, “los detenidos son menos de 700” y “los demás gozan de arresto domiciliario”. Y dijo: “Desde el reinicio de los juicios señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a los militares presos”.
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