EDITORIALES

Universidades: ¿necesidades académicas o proselitistas?
Con un sistema educativo en crisis y niños que no alcanzan niveles básicos, utilizar recursos públicos para multiplicar universidades es errar el camino
La administración de Javier Milei no cesa en sus lógicos afanes por revisar muchas de las decisiones que la anterior gestión quiso imponer a su sucesora. Así, luego de que, en septiembre de 2023, el Congreso aprobó la creación e inicio de actividades de cinco universidades nacionales –Pilar, Delta, Ezeiza, Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires y la de Río Tercero en Córdoba–, una resolución del Ministerio de Capital Humano propone revisar esas leyes y deja también sin efecto las designaciones de rectores ya efectuadas.
El principal argumento detrás de esta decisión del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, es constatar que se haya cumplido con el procedimiento administrativo que fija la ley de educación superior, incluida la previsión del crédito presupuestario correspondiente en función de estudios de factibilidad. La revisión interpuesta se fundó en la necesidad de “evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y de garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debidas”. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que “en dos de esas universidades se está revisando el destino que tuvieron 800 millones de pesos transferidos”.
La polémica no tardó en instalarse, apuntando a que una decisión ministerial no podría dejar sin efecto una ley del Congreso. La diputada nacional por Córdoba Gabriela Brower de Koning (Evolución Radical), promotora, junto con la diputada Gabriela Estévez (Frente de Todos), de la creación de la casa de estudios en Río Tercero, planteó también que se estaría vulnerando “la división de poderes y uno de los pilares del sistema constitucional: la jerarquía entre cuerpos normativos”.
Las cuestionadas iniciativas decían hacer hincapié en acercar la formación de grado a más personas, vinculando los planes de estudio con la realidad socioeconómica y productiva de cada lugar, como si la cantidad de instituciones ya operativas no fueran suficientes en un contexto de profundos recortes. Baste mencionar el ejemplo de la Universidad Nacional de Quilmes, cuyo rector se quejó con preocupación respecto de cuán exiguo quedó el presupuesto del que disponen con los últimos ajustes anunciados, y el paro dispuesto ayer por docentes de la UBA por reclamos salariales.
Alejadas de cualquier planeamiento estratégico, el nacimiento de estas cinco universidades en momentos críticos para el país está claramente asociado a razones políticas y de caja que la nueva gestión hace bien en revisar a partir de que “no hay plata”. Con un sistema educativo en crisis, con tantos niños y jóvenes que no alcanzan niveles básicos de comprensión lectora, pensar en multiplicar universidades es claramente seguir errando el camino. Cuando solo terminan la secundaria la mitad de quienes podrían completarla, con preocupantes índices de repitencia y deserción, las prioridades deberían más bien buscar apuntalar los niveles obligatorios de enseñanza, cuya cantidad de beneficiarios es muy superior.
Lamentablemente, está visto que muchas instituciones han nacido al amparo de funcionarios de distintos niveles preocupados por ubicar a los amigos y administrar suculentas cajas. Unas 17 durante la gestión kirchservicio nerista. Sobran ejemplos del desvío de los recursos presupuestarios puestos al servicio del adoctrinamiento, así como de programas alejados de su función específica, como el escandaloso Sueños Compartidos. Las necesidades de formación circulan por carriles académicos y no proselitistas de los que poco se ocuparon quienes apostaron a conservar cautivos en la ignorancia a sus votantes.
En el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, se trató de elevar su rango anterior de Instituto Universitario Nacional del Derechos Humanos (Iunma) creado en 2014 sobre la base de la ex Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. La de Ezeiza, que ya venía funcionando desde 2011 como universidad bonaerense, recibió el impulso de la diputada Victoria Tolosa Paz para alcanzar rango nacional, y la de Río Tercero nació como una dudosa asociación con un acto de reparación histórica frente a la voladura de la Fábrica Militar en 1995, en la que siete personas perdieron la vida y más de 300 resultaron heridas. Por su parte, la Universidad Nacional del Delta vio la luz de la mano del excandidato Sergio Massa, y la de Pilar fue promovida por el diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador.
Ante una fenomenal escasez de recursos, el diseño y la planificación de las prioridades educativas deben estar en manos de expertos y no de funcionarios tan ávidos de poder como de dinero. Reiteramos desde este espacio la necesidad de ampliar el acceso de los niños a salas de tres años, avanzar hacia la jornada completa en la escuela primaria y evitar la deserción escolar, de manera especial en el nivel secundario. No más populismo universitario.

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El acceso a museos públicos
Las viejas controversias académicas acerca del papel que cumplen los museos en las sociedades modernas parecen, por el momento, haber cesado. Superadas las etapas en las que se los consideró santuario de las musas y a partir de la existencia de los primeros museos públicos, a mediados del siglo XVII, durante bastante tiempo se discutió acerca de su carácter y naturaleza. Hubo quienes exigieron que esos establecimientos tuvieran propósitos educativos y meramente estéticos, mientras otros sostenían la necesidad de que constituyeran centros culturales para todos los sectores de la población. De alguna manera, ese debate reflejó un conflicto, no necesariamente limitado a los museos, entre elitismo y cultura de masas.
En 1989, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) elaboró una definición de museos en la que, entre otros aspectos, se enfatiza su papel de “instituciones permanentes al de la sociedad y de su desarrollo”. A nadie puede escapar, además, que los museos tienen un aspecto “sancionatorio” en cuanto pueden establecer el canon estético de una sociedad determinada y, más aun, fijar una visión política particular sobre la historia común de la comunidad en la que operan. De ahí la necesidad de que la conducción de los museos revista carácter profesional (para evitar su conversión en meros repositorios de objetos varios o la distorsión ideologizada de sus objetivos) y estén dotados de presupuestos acordes con aquella función tan delicada.
Ante la polémica desatada en los últimos días, habría que señalar que las leyes argentinas otorgan a las autoridades de los museos y a sus asociaciones de amigos un marco de actuación amplio y flexible. Este, desde 1967, les permite implantar “un régimen de tarifas y aranceles destinado a contribuir a la adquisición de obras artísticas, históricas o científicas y a la conservación, ampliación, equipamiento, refacción y modernización de los edificios y recintos en que funcionan”. Estas facultades deben ser ejercidas razonablemente, para evitar, por un lado, que la pauperización de sus colecciones los convierta en instituciones vetustas y ajenas a la vibración cultural que distingue a la sociedad argentina y, por el otro, que se constituyan en cenáculos cerrados al acceso masivo de público.
La cuestión de arancelar el ingreso a los museos públicos –una práctica común en muchos países, que también contempla días de acceso gratuito– es solo una pequeña parte de lo que debe constituir una política cultural integral, que contemple no solo la preservación de valores históricos y artísticos –amén de la definición de qué debe entenderse por tales–, sino también el aspecto necesariamente educativo que esas instituciones deben desempeñar.

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