La maratón de la CGT: gestiones contra el DNU y un paro que está verde
Antes de activar otra huelga, la central obrera intentará que el decreto de Milei se frene en el Congreso o en la Justicia; se viene una ola de reclamos sectoriales
Nicolás Balinotti
Los sindicalistas Héctor Daer y Andrés Rodríguez, en la Amcham
Detrás de la verba inflamada de Pablo Moyano, que aventuró recientemente un segundo paro general de la CGT para “fines de marzo o principio de abril”, se esconde una estrategia algo desarticulada de la central obrera desde que le dio la bienvenida a Javier Milei con una huelga a los 45 días de haber asumido. La eventual medida de fuerza está todavía lejos de reunir consenso interno en el corazón cegetista a pesar del malestar y la incertidumbre que guían hoy el vínculo con la gestión libertaria.
“Estamos en una maratón, que va a durar cuatro años. Ya hicimos un paro. No podemos hacerlo todos los meses”, baja el tono de la confrontación una voz autorizada de la CGT que representa a la mayoría automática, como se la llama en la jerga a la alianza interna que representan “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y los autodenominados “independientes” (Uocra y estatales de UPCN y AYSA).
En la hoja de ruta sindical no está en los planes por ahora un nuevo paro general a pesar de la amenaza de Moyano. Antes de dar ese paso, la CGT aguardará la evolución de los conflictos sectoriales que están latentes, sobre todo aquellos que tienen que ver con la demora en la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo de los aumentos salariales. La semana próxima podría haber un paro de colectivos y de camioneros por este asunto, aunque podría crecer y arrastrar a la protesta a todos los transportistas, incluidos ferrocarriles y aeronáuticos, en pie de guerra por paritarias y posibles privatizaciones. Esta movida podría volver a unir a los Moyano con Luis Barrionuevo, que agita conflictividad a través de Omar Maturano mientras mantiene abierta negociaciones con allegados a Milei por los fondos para las obras sociales sindicales.
Otras fechas marcadas en el calendario cegetista son la cumbre del PJ del viernes próximo, que servirá de campana de largada para la refundación partidaria tras el fracaso electoral de Sergio Massa, y la movilización del 24 de marzo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se anticipa numerosa y multisectorial ante el desafío de Javier Milei de poner otra vez en duda la cantidad de personas desaparecidas durante la dictadura militar.
A pesar de la licuación salarial y el desplome de la actividad en varias industrias claves para el músculo económico, la CGT no prevé pisar de manera corporativa el acelerador del conflicto hasta después de la Semana Santa. Héctor Daer, uno de los jefes de la central obrera, mantuvo encuentros con gobernadores y legisladores de distintos partidos para intercambiar visiones sobre el rumbo económico de la gestión de Milei. Esos encuentros continuarán esta semana para hacer lobby en contra de la nueva ley ómnibus y del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 rechazado en el Senado. La CGT mantiene su oposición a iniciativas y se puso del lado de las provincias en la pulseada por el reparto de la coparticipación. Los gremios temen que se revisen los valores del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y que casi un millón y medio de trabajadores vuelvan a pagar el tributo que pesa sobre los salarios.
El hombre de Techint
El martes hubo dos señales de tregua desde la CGT. La primera se dio en un contexto amigable para el Gobierno. Daer y Andrés Rodríguez expusieron ante empresarios en la Amcham, el evento de negocios que organiza la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Abrieron allí la puerta para discutir una reforma laboral, pero “consensuada”. Música para los oídos del auditorio. Ese mismo día, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, oficializó a Julio Cordero, abogado del Grupo Techint, como el reemplazante de Omar Yasin en la Secretaría de Trabajo.
Cordero es un viejo conocido para los gremios, que aspiran a activar con él un canal de comunicación con el Gobierno que jamás se concretó. Ese intercambio tampoco prosperó a partir de una gestión fugaz de Hugo Moyano con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a quien el jefe camionero conoce desde hace años por temas judiciales, sindicales y hasta vinculados al fútbol, cuando se dio la famosa votación 38 a 38 entre Marcelo Tinelli y Luis Segura para reemplazar a Julio Grondona en la cúpula de la AFA. El actual ministro fue el asesor legal de Segura, titular de la entidad cuando estalló el escándalo del Fifa-gate.
La relación de Cordero con algunos dirigentes de la CGT roza la amistad. Hace una década que comparte con muchos dirigentes sindicales una vez al año una semana en Ginebra en la cumbre de la Organización internacional del Trabajo, a donde asistía en representación de Techint y la Unión industrial Argentina (UIA). Cordero renunció el miércoles al emporio de Paolo Rocca y a su representación en la UIA, y espera su designación en el Boletín Oficial. Durante este paréntesis de informalidad, se habría comprometido con más de un interlocutor sinpués dical revisar las razones por las que decenas de acuerdos paritarias no se homologaron por Yasin. El funcionario expulsado, que respondía a Jorge Triaca, argumenta en privado que no avaló los aumentos salariales por orden del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, porque los porcentajes superaban la inflación mensual proyectada. “Vivan las paritarias libres”, ironiza un sindicalista que espera todavía que le den luz verde a un aumento de 40% por el bimestre enero-febrero.
Cuando la gestión de Milei daba sus primeros pasos y se cocinaba la letra chica del DNU, fue Cordero el que hizo de intermediario entre la CGT y el Gobierno. En una cumbre secreta en la sede de la Uocra, el ministro del interior, Guillermo Francos, se reunió con el ala dialoguista de la central obrera. También participó el flamante secretario laboral. Nada de lo que se conversó allí se reflejó después en el decreto presidencial, según fuentes de ambos sectores. El avance de Milei con la reforma laboral por decreto fue considerado una provocación para los gremios, que sintieron amenazados por primera vez en mucho tiempo su poder de representación y recaudación. El capítulo laboral del DNU quedó finalmente suspendido hasta tanto se expida la Corte Suprema después de una seguidilla de fallos judiciales en instancias inferiores que la dirigencia cegetista consideró como un triunfo propio. Se mantiene intacta la influencia gremial en el fuero laboral.
El mensaje de la Corte
La Corte dio esta semana señales a través de Horacio Rosatti, su presidente, pero también a través de Ricardo Lorenzetti, que no está en sus planes por ahora tratar el capítulo laboral del DNU que fue impugnado. “El juez no está para reemplazar a la política”, dijo Rosatti en Amcham, el mismo auditorio empresarial que unas horas desambas escuchó a Daer y Rodríguez. El mensaje fue como un baldazo de agua fría para la CGT, que apuesta a un fallo favorable en el máximo tribunal. De hecho, hubo algunas gestiones aisladas e independientes para conocer los tiempos de la Corte a pesar de la recomendación de no presionar que bajaron Alberto García Lema y Ricardo Gil Lavedra, dos constitucionalistas que habrían asesorado a los gremios en esta pulseada.
Al margen de la suerte del capítulo laboral del DNU, la CGT sigue de cerca el curso de la economía. Hay algunos viejos lobos sindicales que fantasean con una reacción de la clase media como fusible de la protesta social frente a la inflación y el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Apuestan los sindicalistas a una alzada en la sociedad contra la política de la licuadora y la motosierra, que quedó bajo sospecha tras el confuso episodio del aumento salarial de 48% para Milei, su gabinete y los legisladores nacionales.
La desaceleración de la inflación en febrero [fue de 13,2%] le sirvió a Milei para cubrir sus limitaciones políticas con su discurso económico. Pablo Moyano puso en duda la medición y acusó a Marco Lavagna, titular del indec, de “maestro dibujante”. Las proyecciones inflacionarias que le acercaron dos consultores a la CGT les daba entre 15 y 17% para febrero. Un nuevo fogonazo inflacionario podría ser letal para el Presidente, consideran los gremios, que ya se acostumbraron a la negociación mensual de paritarias a pesar de la falta de homologación por parte del Gobierno.
El crédito social, la cruzada antiinflacionaria y la moderación del mercado cambiario mantienen alto todavía los niveles de aceptación de Milei, que retomó su promesa de la dolarización de la economía doméstica. El exministro menemista Domingo Cavallo, que se volvió un asesor en las sombras de la gestión libertaria, confesó entre empresarios sentirse algo reivindicado por lo que considera un sinceramiento de la economía y se animó otra vez a frecuentar las mesas del Café Tabac, cerca de su casa en Barrio Parque, sin temor al escrache y la reprobación.
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Sin recursos, postergan a mayo el nuevo sistema procesal penal
El Ministerio de Justicia lo había anunciado para pasado mañana, pero faltan jueces, infraestructura y oficinas
Detrás de la verba inflamada de Pablo Moyano, que aventuró recientemente un segundo paro general de la CGT para “fines de marzo o principio de abril”, se esconde una estrategia algo desarticulada de la central obrera desde que le dio la bienvenida a Javier Milei con una huelga a los 45 días de haber asumido. La eventual medida de fuerza está todavía lejos de reunir consenso interno en el corazón cegetista a pesar del malestar y la incertidumbre que guían hoy el vínculo con la gestión libertaria.
“Estamos en una maratón, que va a durar cuatro años. Ya hicimos un paro. No podemos hacerlo todos los meses”, baja el tono de la confrontación una voz autorizada de la CGT que representa a la mayoría automática, como se la llama en la jerga a la alianza interna que representan “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y los autodenominados “independientes” (Uocra y estatales de UPCN y AYSA).
En la hoja de ruta sindical no está en los planes por ahora un nuevo paro general a pesar de la amenaza de Moyano. Antes de dar ese paso, la CGT aguardará la evolución de los conflictos sectoriales que están latentes, sobre todo aquellos que tienen que ver con la demora en la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo de los aumentos salariales. La semana próxima podría haber un paro de colectivos y de camioneros por este asunto, aunque podría crecer y arrastrar a la protesta a todos los transportistas, incluidos ferrocarriles y aeronáuticos, en pie de guerra por paritarias y posibles privatizaciones. Esta movida podría volver a unir a los Moyano con Luis Barrionuevo, que agita conflictividad a través de Omar Maturano mientras mantiene abierta negociaciones con allegados a Milei por los fondos para las obras sociales sindicales.
Otras fechas marcadas en el calendario cegetista son la cumbre del PJ del viernes próximo, que servirá de campana de largada para la refundación partidaria tras el fracaso electoral de Sergio Massa, y la movilización del 24 de marzo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se anticipa numerosa y multisectorial ante el desafío de Javier Milei de poner otra vez en duda la cantidad de personas desaparecidas durante la dictadura militar.
A pesar de la licuación salarial y el desplome de la actividad en varias industrias claves para el músculo económico, la CGT no prevé pisar de manera corporativa el acelerador del conflicto hasta después de la Semana Santa. Héctor Daer, uno de los jefes de la central obrera, mantuvo encuentros con gobernadores y legisladores de distintos partidos para intercambiar visiones sobre el rumbo económico de la gestión de Milei. Esos encuentros continuarán esta semana para hacer lobby en contra de la nueva ley ómnibus y del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 rechazado en el Senado. La CGT mantiene su oposición a iniciativas y se puso del lado de las provincias en la pulseada por el reparto de la coparticipación. Los gremios temen que se revisen los valores del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y que casi un millón y medio de trabajadores vuelvan a pagar el tributo que pesa sobre los salarios.
El hombre de Techint
El martes hubo dos señales de tregua desde la CGT. La primera se dio en un contexto amigable para el Gobierno. Daer y Andrés Rodríguez expusieron ante empresarios en la Amcham, el evento de negocios que organiza la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Abrieron allí la puerta para discutir una reforma laboral, pero “consensuada”. Música para los oídos del auditorio. Ese mismo día, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, oficializó a Julio Cordero, abogado del Grupo Techint, como el reemplazante de Omar Yasin en la Secretaría de Trabajo.
Cordero es un viejo conocido para los gremios, que aspiran a activar con él un canal de comunicación con el Gobierno que jamás se concretó. Ese intercambio tampoco prosperó a partir de una gestión fugaz de Hugo Moyano con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a quien el jefe camionero conoce desde hace años por temas judiciales, sindicales y hasta vinculados al fútbol, cuando se dio la famosa votación 38 a 38 entre Marcelo Tinelli y Luis Segura para reemplazar a Julio Grondona en la cúpula de la AFA. El actual ministro fue el asesor legal de Segura, titular de la entidad cuando estalló el escándalo del Fifa-gate.
La relación de Cordero con algunos dirigentes de la CGT roza la amistad. Hace una década que comparte con muchos dirigentes sindicales una vez al año una semana en Ginebra en la cumbre de la Organización internacional del Trabajo, a donde asistía en representación de Techint y la Unión industrial Argentina (UIA). Cordero renunció el miércoles al emporio de Paolo Rocca y a su representación en la UIA, y espera su designación en el Boletín Oficial. Durante este paréntesis de informalidad, se habría comprometido con más de un interlocutor sinpués dical revisar las razones por las que decenas de acuerdos paritarias no se homologaron por Yasin. El funcionario expulsado, que respondía a Jorge Triaca, argumenta en privado que no avaló los aumentos salariales por orden del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, porque los porcentajes superaban la inflación mensual proyectada. “Vivan las paritarias libres”, ironiza un sindicalista que espera todavía que le den luz verde a un aumento de 40% por el bimestre enero-febrero.
Cuando la gestión de Milei daba sus primeros pasos y se cocinaba la letra chica del DNU, fue Cordero el que hizo de intermediario entre la CGT y el Gobierno. En una cumbre secreta en la sede de la Uocra, el ministro del interior, Guillermo Francos, se reunió con el ala dialoguista de la central obrera. También participó el flamante secretario laboral. Nada de lo que se conversó allí se reflejó después en el decreto presidencial, según fuentes de ambos sectores. El avance de Milei con la reforma laboral por decreto fue considerado una provocación para los gremios, que sintieron amenazados por primera vez en mucho tiempo su poder de representación y recaudación. El capítulo laboral del DNU quedó finalmente suspendido hasta tanto se expida la Corte Suprema después de una seguidilla de fallos judiciales en instancias inferiores que la dirigencia cegetista consideró como un triunfo propio. Se mantiene intacta la influencia gremial en el fuero laboral.
El mensaje de la Corte
La Corte dio esta semana señales a través de Horacio Rosatti, su presidente, pero también a través de Ricardo Lorenzetti, que no está en sus planes por ahora tratar el capítulo laboral del DNU que fue impugnado. “El juez no está para reemplazar a la política”, dijo Rosatti en Amcham, el mismo auditorio empresarial que unas horas desambas escuchó a Daer y Rodríguez. El mensaje fue como un baldazo de agua fría para la CGT, que apuesta a un fallo favorable en el máximo tribunal. De hecho, hubo algunas gestiones aisladas e independientes para conocer los tiempos de la Corte a pesar de la recomendación de no presionar que bajaron Alberto García Lema y Ricardo Gil Lavedra, dos constitucionalistas que habrían asesorado a los gremios en esta pulseada.
Al margen de la suerte del capítulo laboral del DNU, la CGT sigue de cerca el curso de la economía. Hay algunos viejos lobos sindicales que fantasean con una reacción de la clase media como fusible de la protesta social frente a la inflación y el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Apuestan los sindicalistas a una alzada en la sociedad contra la política de la licuadora y la motosierra, que quedó bajo sospecha tras el confuso episodio del aumento salarial de 48% para Milei, su gabinete y los legisladores nacionales.
La desaceleración de la inflación en febrero [fue de 13,2%] le sirvió a Milei para cubrir sus limitaciones políticas con su discurso económico. Pablo Moyano puso en duda la medición y acusó a Marco Lavagna, titular del indec, de “maestro dibujante”. Las proyecciones inflacionarias que le acercaron dos consultores a la CGT les daba entre 15 y 17% para febrero. Un nuevo fogonazo inflacionario podría ser letal para el Presidente, consideran los gremios, que ya se acostumbraron a la negociación mensual de paritarias a pesar de la falta de homologación por parte del Gobierno.
El crédito social, la cruzada antiinflacionaria y la moderación del mercado cambiario mantienen alto todavía los niveles de aceptación de Milei, que retomó su promesa de la dolarización de la economía doméstica. El exministro menemista Domingo Cavallo, que se volvió un asesor en las sombras de la gestión libertaria, confesó entre empresarios sentirse algo reivindicado por lo que considera un sinceramiento de la economía y se animó otra vez a frecuentar las mesas del Café Tabac, cerca de su casa en Barrio Parque, sin temor al escrache y la reprobación.
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Sin recursos, postergan a mayo el nuevo sistema procesal penal
El Ministerio de Justicia lo había anunciado para pasado mañana, pero faltan jueces, infraestructura y oficinas
Hernán Cappiello
El Gobierno dio marcha atrás y postergó hasta el 6 de mayo la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal Federal, que cambia la manera en que se llevan adelante las causas judiciales federales y que la propia administración libertaria anunció que iba a empezar a funcionar desde pasado mañana en Rosario. La decisión se tomó ante la evidencia de que este nuevo mecanismo de funcionamiento requiere jueces, tecnología, oficinas, estructuras y designaciones de funcionarios que aún no están disponibles.
“Luego de mantener sucesivas reuniones de trabajo en el distrito judicial correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, hemos advertido la necesidad de reforzar el apoyo institucional de los órganos que conforman el sistema de justicia federal, y de elaborar un plan de contingencia que posibilite la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal”, dice la resolución ESOL-2024-64APN-MJ firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Por ende, resolvió “diferir la operatividad práctica de la RESOL-2024-63-APN-MJ (dictada ayer y que ponía e marcha el nuevo Código el lunes) hasta las 00:00 horas del día el 6 de mayo de 2024”.
El Ministerio de Justicia no había planificado, ni coordinado ni anticipado el anuncio con la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y Procuración General de la Nación, de la que dependen los fiscales, corazón del sistema, por lo que Eduardo Casal, procurador interino, le reclamó al ministro Mariano Cúneo Libarona al menos tres meses de prórroga. Ahora le dieron la razón.
Tampoco se coordinó con la Corte Suprema de Justicia, de la que dependen los jueces federales que deben asumir nuevos roles, ni con el Consejo de la Magistratura, que eventualmente debe nombrar a los jueces suplentes para que el mecanismo funcione.
El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue de urgencia el jueves en auto, bajo la lluvia, a Rosario, para reunirse con la Cámara Federal ante la inminencia de la puesta en marcha de este mecanismo.
Tras las reuniones ayer en Rosario y los contactos con Casal y con Cúneo Libarona (habló entre ayer y hoy mas de cinco veces), se formó un equipo en la Corte y el Consejo de la Magistratura para esta tarea. Ya se cuenta con un diagnóstico. Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona
El Gobierno dio marcha atrás y postergó hasta el 6 de mayo la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal Federal, que cambia la manera en que se llevan adelante las causas judiciales federales y que la propia administración libertaria anunció que iba a empezar a funcionar desde pasado mañana en Rosario. La decisión se tomó ante la evidencia de que este nuevo mecanismo de funcionamiento requiere jueces, tecnología, oficinas, estructuras y designaciones de funcionarios que aún no están disponibles.
“Luego de mantener sucesivas reuniones de trabajo en el distrito judicial correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, hemos advertido la necesidad de reforzar el apoyo institucional de los órganos que conforman el sistema de justicia federal, y de elaborar un plan de contingencia que posibilite la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal”, dice la resolución ESOL-2024-64APN-MJ firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Por ende, resolvió “diferir la operatividad práctica de la RESOL-2024-63-APN-MJ (dictada ayer y que ponía e marcha el nuevo Código el lunes) hasta las 00:00 horas del día el 6 de mayo de 2024”.
El Ministerio de Justicia no había planificado, ni coordinado ni anticipado el anuncio con la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y Procuración General de la Nación, de la que dependen los fiscales, corazón del sistema, por lo que Eduardo Casal, procurador interino, le reclamó al ministro Mariano Cúneo Libarona al menos tres meses de prórroga. Ahora le dieron la razón.
Tampoco se coordinó con la Corte Suprema de Justicia, de la que dependen los jueces federales que deben asumir nuevos roles, ni con el Consejo de la Magistratura, que eventualmente debe nombrar a los jueces suplentes para que el mecanismo funcione.
El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue de urgencia el jueves en auto, bajo la lluvia, a Rosario, para reunirse con la Cámara Federal ante la inminencia de la puesta en marcha de este mecanismo.
Tras las reuniones ayer en Rosario y los contactos con Casal y con Cúneo Libarona (habló entre ayer y hoy mas de cinco veces), se formó un equipo en la Corte y el Consejo de la Magistratura para esta tarea. Ya se cuenta con un diagnóstico. Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona
Asimismo, en la Corte hay una resolución preparada para crear una oficina judicial que empezará a circular por las vocalías de los jueces para ser firmada el día de hoy. “Se va a implementar y se va a lanzar en cascada en cada jurisdicción”, dicen en tribunales, que prefieren no cargar las tintas sobre al improvisación a la hora de hacer el anuncio.
“Hay voluntad y necesidad de poner en marcha este sistema y que sea exitoso, pero con los recursos y la infraestructura necesaria”, dijeron en la Corte, y están ahora armando las estructuras necesarias. “Era imposible largar el lunes, si el lunes se aplicaba y no tenías todos los recursos, iba a fracasar y el narcotraficante iba a zafar, usando esa debilidad. No podés dejar al abogado del narcotráfico esa posibilidad”, dijo un funcionario judicial.
El incumplimiento de una norma del nuevo código lleva al juez a enfrentar una sanción disciplinaria en el Consejo de la Magistratura, por eso la necesidad de que se lance lo mejor posible. Estiman en la Justicia que ese plazo de tres meses permitirá ponerlo en marcha en un 80 %. “Falta infraestructura y van a tener que venir recursos”, señalaron en el Poder Judicial.
Las advertencias sobre los problemas que genera la falta de recursos e infraestructura fueron realizadas en las últimas 48 horas a la nacion por fiscales, jueces federales y por el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (Affun), Rafael Toranzos, que dijo que el lunes, cuando estaba previsto que funcionara el nuevo código, no existirían las estructuras previstas para su funcionamiento.
Por ejemplo, falta la oficina judicial, que asigna por sorteo las causas a los jueces federales; no están las salas para grabar las audiencias orales que deben tener los detenidos con los fiscales y los jueces a las 72 horas de la detención, y no se cuenta con los elementos para grabarlas, imprescindibles ya que desaparece el expediente de papel y todo el registro es audiovisual. Tampoco hay cómo almacenar esos registros audiovisuales y faltarán jueces para atender las audiencias. En Rosario hay solo dos jueces federales penales, que deben seguir con sus casos y además asistir a las audiencias que les pidan los fiscales federales del lugar.
“Hubo un apresuramiento. Fue intempestivo e inconsulto”, dijo Toranzos a la nacion, que no obstante aclaró que es el primer promotor del nuevo Código Procesal Penal Federal.
Toranzos es fiscal general en Salta, donde rige este nuevo código desde hace dos años y los casos se resuelven en seis meses -ese es el tiempo que demora llegar a una sentencia de juicio- o un año, a lo sumo, hasta que hay fallo de la Cámara de Casación que deja firme o revoca esa sentencia.
A Toranzos se sumaron las advertencias de la Procuración, donde fuentes consultadas consideraron que la decisión del Gobierno es una improvisación. También, del Consejo de la Magistratura, donde alertan que los narcos están más coordinados que las autoridades que deben poner en marcha este nuevo Código, y de la Corte Suprema de Justicia.
Pioneros
El nuevo Código Procesal Penal funciona en Salta y Jujuy, donde su implementación requirió tres meses y la construcción de dos edificios, además de adecuar la tecnología y crear nuevos cargos. Ahora, el Gobierno dispuso por resolución del ministro Cúneo Libarona que iba a empezar a aplicarse el lunes, sin otra precisión. Se viene haciendo una tarea de implementación en la Procuración, pero hace falta más tiempo, advierten. Por eso se pospuso todo.
La última de estas tareas fue llevar a todos los fiscales federales de Rosario a Salta y Jujuy a hacer “una inmersión” en el nuevo sistema y ver cómo lo aplican sus colegas desde hace dos años. El proceso, con el nuevo sistema, prevé que las fuerzas de seguridad tienen que comunicar cualquier delito al fiscal federal. Para eso, se usa un mecanismo electrónico online, lo que requiere adaptar el sistema (imposible hacerlo en tres días, advierten). En una emergencia como esta, la comunicación podría ir por carriles habituales.
Una vez que el fiscal tiene el caso, si hay un detenido, tiene 72 horas para realizar una audiencia de control de detención y formalizar la situación. El fiscal debería pedir la audiencia a una “oficina judicial”, que es un organismo que no es parte del Poder Judicial, sino que es autónoma. Esa oficina judicial no existe en Rosario y debe crearse con nuevos agentes o reasignando funciones de actuales empleados que deben ser entrenados para esta tarea.
Esa oficina judicial sortea el juez que tendrá el caso, que debe realizar la audiencia oral en la que el fiscal presenta su acusación con los fundamentos del pedido de detención o el uso de medidas alternativas a la prisión preventiva e informa sus plazo para la investigación. La defensa plantea su caso. La audiencia oral es la clave del sistema acusatorio. No hay expediente escrito. La audiencia debe grabarse y guardarse en servidores que hoy no están.
El otro problema es la falta de jueces suficientes. Fiscales hay porque se nombraron auxiliares, pero los jueces federales penales de Rosario son dos y los otros jueces federales de la jurisdicción atienden causas de otras materias, como civil. “El lunes, lo que va a pasar en Rosario es que, ante la falta de una oficina judicial, cuando el fiscal pida una audiencia se la va a pedir al juez y en ese momento, deberá fundar sus razones, con lo que el juez va a entrar a la audiencia contaminado porque ya leyó el fundamento del pedido. Con el juez ya contaminado, el sistema no va a ser acusatorio”, explicó Toranzos antes de la decisión de postergar todo hasta mayo
“Hay voluntad y necesidad de poner en marcha este sistema y que sea exitoso, pero con los recursos y la infraestructura necesaria”, dijeron en la Corte, y están ahora armando las estructuras necesarias. “Era imposible largar el lunes, si el lunes se aplicaba y no tenías todos los recursos, iba a fracasar y el narcotraficante iba a zafar, usando esa debilidad. No podés dejar al abogado del narcotráfico esa posibilidad”, dijo un funcionario judicial.
El incumplimiento de una norma del nuevo código lleva al juez a enfrentar una sanción disciplinaria en el Consejo de la Magistratura, por eso la necesidad de que se lance lo mejor posible. Estiman en la Justicia que ese plazo de tres meses permitirá ponerlo en marcha en un 80 %. “Falta infraestructura y van a tener que venir recursos”, señalaron en el Poder Judicial.
Las advertencias sobre los problemas que genera la falta de recursos e infraestructura fueron realizadas en las últimas 48 horas a la nacion por fiscales, jueces federales y por el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (Affun), Rafael Toranzos, que dijo que el lunes, cuando estaba previsto que funcionara el nuevo código, no existirían las estructuras previstas para su funcionamiento.
Por ejemplo, falta la oficina judicial, que asigna por sorteo las causas a los jueces federales; no están las salas para grabar las audiencias orales que deben tener los detenidos con los fiscales y los jueces a las 72 horas de la detención, y no se cuenta con los elementos para grabarlas, imprescindibles ya que desaparece el expediente de papel y todo el registro es audiovisual. Tampoco hay cómo almacenar esos registros audiovisuales y faltarán jueces para atender las audiencias. En Rosario hay solo dos jueces federales penales, que deben seguir con sus casos y además asistir a las audiencias que les pidan los fiscales federales del lugar.
“Hubo un apresuramiento. Fue intempestivo e inconsulto”, dijo Toranzos a la nacion, que no obstante aclaró que es el primer promotor del nuevo Código Procesal Penal Federal.
Toranzos es fiscal general en Salta, donde rige este nuevo código desde hace dos años y los casos se resuelven en seis meses -ese es el tiempo que demora llegar a una sentencia de juicio- o un año, a lo sumo, hasta que hay fallo de la Cámara de Casación que deja firme o revoca esa sentencia.
A Toranzos se sumaron las advertencias de la Procuración, donde fuentes consultadas consideraron que la decisión del Gobierno es una improvisación. También, del Consejo de la Magistratura, donde alertan que los narcos están más coordinados que las autoridades que deben poner en marcha este nuevo Código, y de la Corte Suprema de Justicia.
Pioneros
El nuevo Código Procesal Penal funciona en Salta y Jujuy, donde su implementación requirió tres meses y la construcción de dos edificios, además de adecuar la tecnología y crear nuevos cargos. Ahora, el Gobierno dispuso por resolución del ministro Cúneo Libarona que iba a empezar a aplicarse el lunes, sin otra precisión. Se viene haciendo una tarea de implementación en la Procuración, pero hace falta más tiempo, advierten. Por eso se pospuso todo.
La última de estas tareas fue llevar a todos los fiscales federales de Rosario a Salta y Jujuy a hacer “una inmersión” en el nuevo sistema y ver cómo lo aplican sus colegas desde hace dos años. El proceso, con el nuevo sistema, prevé que las fuerzas de seguridad tienen que comunicar cualquier delito al fiscal federal. Para eso, se usa un mecanismo electrónico online, lo que requiere adaptar el sistema (imposible hacerlo en tres días, advierten). En una emergencia como esta, la comunicación podría ir por carriles habituales.
Una vez que el fiscal tiene el caso, si hay un detenido, tiene 72 horas para realizar una audiencia de control de detención y formalizar la situación. El fiscal debería pedir la audiencia a una “oficina judicial”, que es un organismo que no es parte del Poder Judicial, sino que es autónoma. Esa oficina judicial no existe en Rosario y debe crearse con nuevos agentes o reasignando funciones de actuales empleados que deben ser entrenados para esta tarea.
Esa oficina judicial sortea el juez que tendrá el caso, que debe realizar la audiencia oral en la que el fiscal presenta su acusación con los fundamentos del pedido de detención o el uso de medidas alternativas a la prisión preventiva e informa sus plazo para la investigación. La defensa plantea su caso. La audiencia oral es la clave del sistema acusatorio. No hay expediente escrito. La audiencia debe grabarse y guardarse en servidores que hoy no están.
El otro problema es la falta de jueces suficientes. Fiscales hay porque se nombraron auxiliares, pero los jueces federales penales de Rosario son dos y los otros jueces federales de la jurisdicción atienden causas de otras materias, como civil. “El lunes, lo que va a pasar en Rosario es que, ante la falta de una oficina judicial, cuando el fiscal pida una audiencia se la va a pedir al juez y en ese momento, deberá fundar sus razones, con lo que el juez va a entrar a la audiencia contaminado porque ya leyó el fundamento del pedido. Con el juez ya contaminado, el sistema no va a ser acusatorio”, explicó Toranzos antes de la decisión de postergar todo hasta mayo
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