ROSARIO CALIENTE

Tensión entre el Gobierno y los fiscales por una reforma procesal
El Ministerio de Justicia resolvió que desde el lunes se aplique en Santa Fe el nuevo Código Procesal Penal, pero el procurador Casal pidió tres meses más porque no hay estructura
Candela Ini y Hernán CappielloCúneo Libarona sorprendió al mundo judicial
El gobierno nacional ordenó que el nuevo Código Procesal Penal –sancionado en 2014– sea implementado desde el lunes en Rosario, ciudad asediada por una ola de asesinatos y por el narcotráfico. Con el nuevo sistema, los procesos son más ágiles y crece el rol de los fiscales, que asumen la responsabilidad de las investigaciones.
El anuncio tomó por sorpresa a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura y a la Procuración General de la Nación, los tres protagonistas de este mecanismo, que no sabían nada. Por otro lado, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue ayer antes del mediodía en auto a Rosario para reunirse con la Cámara Federal y conversar sobre la implementación del nuevo código. No trascendió si para apoyar su inmediata puesta en marcha o para pedir más tiempo.
Quien sí pidió una prórroga es el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que remarcó que es imposible poner en marcha este mecanismo, aun en un modo de emergencia, antes de tres meses “como mínimo”, ya que requiere nuevas estructuras, fondos y coordinación con el Poder Judicial.
Pero el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, replicó: “Él está lejos, en Panamá. Rosario arde y tenemos que actuar”. Sin embargo, Casal está en Buenos Aires, dijeron sus allegados. “Es un sistema innovador tipo Estados Unidos o Inglaterra”, resaltó Cúneo Libarona.
La decisión de poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, que no fue publicada ayer en el Boletín Oficial, sino difundida por la prensa, tomó por sorpresa a Casal, a la Corte y al Consejo de la Magistratura. La resolución de Cúneo Libarona le ordena a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario disponer “la plena e inmediata” entrada en vigor del Código Procesal Penal desde las 0 del lunes.
Cúneo Libarona había convocado a Casal a reunirse en la Casa Rosada el próximo martes para la primera reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, pero un día antes puso en vigor el código. Cúneo Libarona explicó en su resolución que tomaba la decisión por los “niveles inéditos de violencia” que está viviendo Rosario, “teniendo en cuenta el clamor social”, “la firme voluntad” que le “transmitieron los funcionarios” y “la reconocida bondad del sistema procesal propiciado”. Dijo que lo hacía exhortando “a las autoridades de las instituciones comprendidas por la medida, a fin de que, en coordinación con el Ministerio de Justicia, ejecuten las acciones conducentes para asegurar la plena operatividad del nuevo régimen de enjuiciamiento”.
Casal le envió una nota a Cúneo Libarona en la que reseña la experiencia de Salta y Jujuy, donde llevó al menos tres meses la puesta en marcha de este nuevo Código Procesal Penal, en el que los fiscales son los protagonistas de la investigación y los jueces actúan como un magistrado de garantías, árbitro de la prueba entre la defensa y la acusación. De todos modos, Casal reafirmó su compromiso con el nuevo Código Procesal Penal y este sistema llamado “acusatorio”, ya que es el fiscal el que lleva adelante el proceso. No obstante, en la nota, pidió al Gobierno una prórroga para ponerlo en marcha, aún en una versión de emergencia.
“La inminencia en la ejecución de la medida implicaría la puesta en funcionamiento del sistema sin muchas de las adecuaciones que, al menos esta institución, considera fundamentales para el correcto cumplimiento del rol que el nuevo modelo le exige”, dijo.
“Es indispensable la adecuación de la infraestructura edilicia para las exigencias del nuevo modelo organizacional del Ministerio Público Fiscal –las unidades fiscales– y que permita garantizar el resguardo de evidencia, la recepción y alojamiento transitorio de personas detenidas, el reemplazo del tradicional expediente a un legajo digital, así como la correcta atención de las víctimas y testigos, funciones que este organismo adquiere a partir de la nueva asignación de roles”, escribió el funcionario.
Este sistema procesal es oral, todo se debate en audiencias por lo que hace falta “una readecuación integral de los espacios de trabajo” y recordó que los laboratorios forenses con los que trabaja la justicia federal rosarina están en una “situación de colapso” lo que “se vería incrementada por la celeridad que exige el nuevo sistema acusatorio, lo cual, de no poder solucionarse en este exiguo plazo, atentará contra una de sus principales virtudes”.
Advirtió que no se coordinó nada con el Poder Judicial de la Nación, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público de la Defensa ni el Ministerio de Seguridad de la Nación. Por ejemplo, “no existe la oficina judicial, órgano central en este sistema, que debe determinar el cronograma de las distintas audiencias que genera la nueva forma de litigación”.
La decisión ya tuvo coletazos en el mundo judicial. La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, calificó la orden de Cúneo Libarona como “unilateral e inconsulta”. Y en un comunicado dijo que la decisión es “imposible y temeraria” y por eso dispuso el “estado de alerta y movilización” en Rosario y pidió reunirse con máximas autoridades del Poder Judicial y la Procuración.

Crean una unidad antimafia
El Ministerio de Seguridad creó una Unidad Antimafia (UA) para luchar contra el crimen organizado. Tendrá comando civil, estará integrada por agentes especializados de las fuerzas de seguridad y promoverá intercambios de información de inteligencia con otros organismos nacionales y extranjeros. También estará abierto a la participación de fiscalías de narcocriminalidad y de criminalidad organizada.

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Militares en Rosario: por ahora llegaron 22 camionetas
Los vehículos, del Ejército y la Armada, son la avanzada de un lote de recursos que incluye equipos de comunicación, drones y helicópteros

Federico ÁguilaLas camionetas del Ejército, en la colectora de la avenida de Circunvalación de Rosario

ROSARIO.– Llegó el primer envío de recursos militares para sumar al comando unificado de las fuerzas federales sobre la colectora de la avenida Circunvalación, a cargo del Ministerio de Seguridad nacional y la Policía de Santa Fe. Tras el grandilocuente anuncio del ministro de Defensa, Luis Petri, que el lunes dijo que “en 24 horas” estarían las Fuerzas Armadas en esta ciudad para sumarse a la lucha contra las bandas narco, ayer, bajo la lluvia del mediodía, desembarcaron 22 camionetas de la Armada y del Ejército, confirmó el subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad, Federico Angelini.
Los militares que manejaban los vehículos no se quedarán a prestar servicio. Según supo la nacion, no habrá efectivos en el territorio.
“Estamos recibiendo el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, una primera tanda que se completará en los próximos días con helicópteros, drones y camiones. Las fuerzas federales ya están desplegadas en las nuevas zonas”, agregó Angelini.
Luego afirmó: “La provincia definió ocho zonas; el 1º de enero empezamos a trabajar en dos, ahora hemos tomado dos más: todo el núcleo de Triángulo moderno, Vía Honda y Barrio Banana”. Agregó: “Es un apo yo logístico muy importante para tener mayor cobertura, mayor presencia, para que los vecinos se sientan más seguros y los delincuentes sepan que cuando quieran salir de sus casas vamos a estar ahí”.
Desde Defensa señalaron que los helicópteros militares que brindarán apoyo en Rosario no pudieron arribar ayer por el mal tiempo; lo harán en los próximos días.
En medio de tensiones con los altos mandos militares, que se niegan a enviar efectivos a una zona de conflicto en la que no pueden actuar armados (lo impide la ley de seguridad interior), Petri liberó el envío de vehículos, entre ellos camionetas Ranger y camiones, equipos de telecomunicaciones y drones. Habrá, además, apoyo de helicópteros. En cuanto al personal militar desplegado en la ciudad, por ahora serán choferes, ingenieros, técnicos y cocineros.
Anteayer llegó un centenar de agentes federales para completar el contingente de 450 agentes de la Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura. Con su llegada a Santa Fe –ya hay 2000 efectivos desplegados– se pretende fortalecer el plan de seguridad que coordinaron Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro.
El desembarco ocurre en un escenario de conflicto y desconfianza con la Policía de Santa Fe. Por lo bajo, efectivos federales se quejan de los policías provinciales por sus nexos con las bandas narcos. “Los gendarmes no quieren trabajar con ellos. Por ejemplo, les avisan de los operativos a los criminales y cuando llegan a los lugares ya no queda nada. La colaboración es nula”, dijo un la nacion funcionario del Poder Judicial.
Bullrich precisó: “Trabajaremos con inteligencia criminal para seguir el árbol genealógico de todas las bandas criminales de Rosario y atacar las líneas que quedaron en libertad. Queremos disolver este problema. Vamos a llegar a todos, desarmarlos y recuperar el territorio”.
Adelantó también que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto “anti bandas narco” e instó a diputados y senadores a votar la emergencia en materia de seguridad para “poder contar los elementos que necesitamos”.
También descartó la posibilidad de imponer un estado de sitio “a menos que lo pida la provincia” de Santa Fe: “Creemos que con las leyes que vamos a mandar al Congreso, la iniciativa antinarcos y los cambios que pretendemos hacer al Código Penal va a ser suficiente. Si Santa Fe quiere estado de sitio, será su responsabilidad”.

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Nuevas amenazas a escuelas y centros de salud quebraron la incipiente calma
Hubo llamadas anónimas e intimidaciones con armas de fuego a empleados; también, extorsiones a distintos locales comerciales

Germán de los SantosAgentes de la Policía Federal custodian el ingreso a una escuela en Rosario

ROSARIO.– Cuando comenzaba a retornar cierta normalidad después de varios días de parálisis tras los ataques “narcoterroristas”, nuevas amenazas generaron preocupación, sobre todo en dos sectores claves: escuelas y centros de salud.
En varios colegios de la zona sur, los padres entraron en pánico por mensajes que se viralizaron por WhatsApp con falsas amenazas e intimidaciones. El Ministerio de Seguridad desplegó patrullajes preventivos en torno a decenas de establecimientos. La directora del Jardín de Infantes 249 Héroes de Malvinas envió un mensaje a los padres para tratar de tranquilizarlos. “El Ministerio de Seguridad envió durante esta semana agentes para que recorran diversas instituciones. Al mediodía estarán en la puerta de la escuela Nº 660. No hemos tenido ningún hecho violento e intimidatorio. Quédense tranquilos”.
En el Ministerio de Seguridad de la provincia señalaron que aumentaron los llamados con amenazas, que en su mayoría son falsas. Antes eran descartadas, pero ante la situación actual deben verificar si son reales, algo que lleva a un desgaste de los efectivos en esas tareas.
Durante la mañana de ayer, la policía debió evacuar el Colegio San José –en pleno centro, Salta al 1600– por una amenaza de bomba.
Las intimidaciones se extendieron a los centros de salud barriales, lugares de fuerte referencia. El centro de salud Libertad, ubicado en la zona oeste, en Rouillón y Circunvalación, cerró al mediodía luego de que un empleado fue amenazado con un arma. “Un hombre se puso cerca de la ventana y golpeó un vidrio con una pistola. Le preguntó al empleado si trabajaba acá y luego le ordenó: “Cierren porque los vamos a balear a todos”, señaló una empleada.
Según denunció la seccional local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el lunes a la mañana amenazaron a varias instituciones estatales de la zona oeste. La secretaria de Salud de ATE Rosario, Eleonora Salvatierra, dijo que el miércoles, en una reunión en el Ministerio de Salud provincial, se afirmó que se ampliaría el personal de seguridad en hospitales y centros de salud. “Sin embargo, este jueves la realidad de muchos efectores fue otra”, explicó.
Sostuvo Salvatierra: “El centro de salud no es más un lugar que el barrio va a cuidar, porque desde hace tiempo no se puede dar respuestas porque no hay con qué”. Agregó que aquel centro denuncia hace tiempo la falta de insumos y de personal”.
Este nuevo escenario de violencia, un capítulo más de la saga que comenzó la semana pasada con la serie de asesinatos que paralizó la ciudad, reaparece a pesar de llegada de los 450 efectivos de fuerzas federales.
A pesar de que hay más patrullajes, el estado de incertidumbre no merma. Estaciones de servicio, un local gastronómico y dos heladerías denunciaron extorsiones durante las últimas horas. Las amenazas fueron en nombre de la banda Los Monos y la situación comienza a agravarse. En el gobierno descartan que se trate de miembros reales del grupo narco, sino que son oportunistas que invocan esa “marca” que genera terror para sacar dinero.
Los llamados extorsivos ocurrieron entre las 21 y 22 de ayer, una hora antes de que las estaciones de servicio cierren en protesta por el asesinato del playero Bruno Bussanich, ocurrido el sábado. La amenaza era que “iban a balear el lugar si no pagaban una suma de dinero”.

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