NUEVO PROYECTO OFICIAL Y AMENAZA DE LA UTA

Ya está el nuevo proyecto de ley ómnibus, más acotado
El borrador no incluye la reforma laboral; preparan otro paquete fiscal.
Jaime RosembergXEl jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, con Figueroa, gobernador de Neuquén
En un intento de lograr una norma “consensuada” para evitar una nueva derrota legislativa, el gobierno de Javier Milei distribuyó ayer a los gobernadores y referentes legislativos el borrador de la nueva “Ley de bases”. Son 177 páginas que contienen el núcleo de la ley original, con facultades para el Presidente por un año y una amplia reforma del Estado con autorización para privatizaciones de empresas públicas y un blanqueo laboral.
Los puntos fiscales del proyecto, que habían sido retirados de la primera versión elaborada por el Gobierno para intentar facilitar la aprobación de la ley, quedaron incluidos en un paquete aparte.
“Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año”, afirma el borrador del proyecto, al que accedió
en el primero de sus 269 artículos, que sostiene los puntos que habían sido acordados en la Cámara de Diputados antes de que se empantane la discusión en particular.
Como complemento, el proyecto establece que “el Poder Ejecutivo nacional informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.
En la reforma del Estado, como se titula el segundo capítulo, y en referencia a los organismos de la administración central, el Gobierno establece la posibilidad de su “reorganización, centralización, transformación, fusión, escisión, disolución total o parcial y transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos”.
En su artículo 7 aparece la privatización de empresas públicas, que la iniciativa redujo a tres compañías: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina y Radio y Televisión Sociedad del Estado. Prevé en un esquema mixto, de privatización y concesión, a AySA, Correo Argentino, Corredores Viales, Belgrano Cargas, Sociedad Operatoria Ferroviaria y el Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Excluye a las ya conocidas como YPF o el Banco Nación, que “solo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.
En relación con las privatizadas, se establece a modo de contralor que “la Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles”, y que también intervendrá la Sindicatura General de la Nación.
En el capítulo correspondiente al empleo público, el texto establece que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación”. Luego de ese período, quedará desvinculado de hecho.
Uno de los puntos centrales es el referido a las jubilaciones y su actualización, que se propone mensual, en reemplazo de los dos aumentos anuales vigentes durante el gobierno anterior. En su artículo 62, la norma establece que “los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del nivel general del índice de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos, según la siguiente fórmula: mt=Var.mensual IPC t-2”.
Vinculado al apartado referido a la competencia económica, el proyecto establece que “se prohíben las operaciones de concentración económica cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general”. El artículo 71 decreta la creación de una “agencia de mercados y competencia” con amplias facultades, y de un tribunal de defensa de la competencia encargada de eventuales sanciones por incumplimiento.
En lo referente a energía, también hay una clara intención en promover inversiones y no establecer precios de referencia. “Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional”, dice el texto. Y agrega que “el Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades indicadas en el párrafo anterior”, afirma el texto. En lo referido específicamente al gas, “quedan autorizadas las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa”.
En el artículo 200, y tal como aparecía en el proyecto original, se crea el Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI), “por el que se establecen, para vehículos titulares de un único proyecto que cumplan con los requisitos previstos en el presente, ciertos incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos a su amparo”. El objetivo es, según el artículo posterior, “incentivar las grandes inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país”.
Se establece un “monto mínimo de inversión en activos computables” de US$200 millones.
El capítulo educativo no se incluye en el texto que difundió ayer el Gobierno. Tampoco lo referido a la legítima defensa, cuyo concepto se flexibilizaba en el texto primitivo. Fueron evitadas, además, otras reglamentaciones polémicas como las que se habían establecido en un principio para organismos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) o el Instituto Nacional de la Música (Inamu).
Quedaron relegadas también las iniciativas sobre temas agroganaderos que estaban en la iniciativa original. Entre ellas, la ley de biocombustibles, la Upov-91 [de propiedad intelectual en semillas], la ley de manejo del fuego, y el Régimen de Control Sanitario, de habilitación y funcionamiento para matarifes para carne.
Ganancias y otros impuestos
Por separado, el Gobierno diseñó un nuevo paquete fiscal. En materia del impuesto a las Ganancias, establece que los ingresos alcanzados por el tributo serán a partir del ,25 millones de pesos mensuales.
En el conjunto de medidas fiscales, se incluyen modificaciones a las escalas del monotributo, con la categoría más baja definida por ingresos de hasta $3.000.000 anuales y de $20.500.000 anuales para la más alta.
En materia de Bienes personales, en el nuevo paquete fiscal se establece una reducción de las alícuotas. En los casos de las declaraciones juradas con patrimonios hasta el cierre de 2023, las tasas se ubicarán entre 0,5% y 1,5%. Entre 2024 y 2026, en tanto, se dispondrán alícuotas de 1,25% y 1,5%. A partir de 2027, habrá una sola tasa, de 0,25%.
La normativa que el Gobierno definió en materia fiscal también revive el blanqueo de capitales. Además, crea un régimen de transparencia al consumidor.

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La UTA agita un paro en el AMBA por la puja salarial
Los colectiveros presionan para cerrar un acuerdo
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el poderoso gremio que reúne a los choferes de colectivos, amenazó con un paro en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la demora de la Secretaría de Trabajo en homologar su acuerdo salarial, sellado el 2 de febrero pasado.
La advertencia de la UTA se suma al reclamo de otros gremios que expresaron su malestar por la falta de validez de los tratos salariales que se acuerdan con las cámaras empresarias. Omar Yasin, echado recientemente por Javier Milei por el escándalo de la suba de sueldos en el Poder Ejecutivo y el gabinete, se fue del organismo con más de una decena de acuerdos sin homologar. El argumento cerca del funcionario desplazado es que la aprobación depende del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
El reclamo de la UTA es tanto para el Gobierno como para las cinco cámaras empresarias del sector. Mañana se vencería el plazo para completar un pago adicional de $250.000, que de no concretarse habilitaría al sindicato a disponer de una huelga sectorial. Según averiguó de fuentes sindicales la nacion y empresarias, el Ministerio de Economía no giró aún los fondos en concepto de subsidios para que las cámaras puedan hacer frente a ese incremento salarial.
“La UTA advierte a la población que ante el incumplimiento al acta acuerdo firmada por las partes de fecha 02/02/2024 y homologada por la autoridad de aplicación, [...] referente a la recomposición salarial de los trabajadores nucleados en la UTA, se corre el riesgo que en los próximos días no haya transporte público de pasajeros en el AMBA”, se lee en el comunicado del gremio de colectiveros.
No se trata de un conflicto paritario más, sino de un entramado en el que se entremezclan subsidios estatales e inversión privada, y en el que el Gobierno juega para contener el precio del boleto. Aunque el sindicato sostiene que, en rigor, lo que quiere la administración libertaria es “ponerle un techo” a la paritaria.
El miércoles, distintas empresas de colectivos que circulan por el (AMBA) le enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, para pedirle la cancelación de una deuda de más de 50.000 millones de pesos en concepto de subsidios. En ese documento, las empresas advirtieron que la falta de pago ponía en peligro el servicio de transporte.
El gremio de la UTA es liderado por Roberto Fernández desde 2008. Sin embargo, hay un sector disidente que tiene peso e influencia en las líneas que administra el grupo empresario DOTA. De todos modos, de avanzar en la medida de fuerza, ambos sectores se unirán en el reclamo.

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