martes, 28 de julio de 2020

EDITORIALES,


Santa Cruz y la triste verdad detrás de un feudo
El crimen de un exsecretario de los Kirchner volvió a desnudar la impunidad con la que funcionarios y amigos del poder se enriquecieron ilícitamente

Fabián Gutiérrez tenía 46 años cuando lo encontraron semienterrado, asesinado, con el cuerpo desfigurado por golpes y con signos de haber sido torturado. Su crimen conmovió al país, pero su vida y su abultado patrimonio no despertaron demasiados interrogantes en Santa Cruz, una provincia donde el Estado vandalizado permitió que en las últimas tres décadas crecieran fortunas de origen dudoso amparadas por la impunidad judicial.
La búsqueda de la verdad sobre los autores del crimen escruta a una Justicia amañada, que nunca indagó sobre el exponencial enriquecimiento del secretario presidencial y que ahora debe investigar su muerte. En el camino, podría dejar a la vista incómodos escenarios de corrupción que durante años se cuidaron de mirar.
Gutiérrez murió procesado por lavado de activos –junto a su familia, sus socios y amigos–, pero no fue la Justicia de Santa Cruz la que lo procesó. En rigor, la Justicia de la provincia nunca avanzó en ninguna causa por corrupción que afectara al kirchnerismo en tres décadas.
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El desplazamiento en 1995 del procurador general Eduardo Sosa, quien se había permitido ser independiente, fue el principio del fin. Luego, se desestimó una denuncia contra el entonces gobernador Kirchner por el uso del avión sanitario para sus vacaciones en familia.
Más tarde, en un trámite más que veloz, la Justicia archivó la causa en la cual se investigaba el destino de los cuantiosos fondos por regalías petroleras que la provincia depositó en entidades bancarias del exterior; en tanto que en 2015 la misma Justicia dictaminó que no se acreditaron actos de corrupción ni de cartelización en una denuncia por sobreprecios en la obra pública, en la que estaba implicado Lázaro Báez.
El claro desdibujamiento del Poder Judicial de Santa Cruz no fue magia. Fue una decisión pensada en los años 90, que tres décadas después confluye en una Justicia tan dependiente como degradada. Una suerte de tentáculo del poder político que, en la provincia austral, siempre es el mismo.
En esos mismos años fue cuando Néstor Kirchner, junto a su esposa, crearon un Estado prebendario y absoluto, robustecido por un sistema electoral que eliminó la representación de las minorías y los consolidó en el poder durante casi 30 años.
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La economía se sustentó en el petróleo y la coparticipación nacional. Las dos variables que convierten a un Estado en rico o pobre, según los coletazos del crudo internacional. En ese esquema el Estado es el gran dador de empleos, subsidios y viviendas. La actividad privada nunca despegó, salvo en el rubro turístico, que se reduce a unas pocas localidades y estancias del vasto territorio. Pese a los casi 100.000 millones de pesos de presupuesto con el que cuenta hoy la provincia, ni la educación, ni la salud, ni la justicia son de excelencia. Los tres servicios básicos del Estado ni siquiera están garantizados.
En 30 años, a Santa Cruz la gobernó el mismo grupo político. El gobernador Sergio Acevedo, que prometía ser el cambio en la historia, apenas soportó dos años los embates y renunció cuando se resistió a los negociados que empezaban a gestarse en Vialidad con cargo a las arcas provinciales. Néstor
Kirchner era presidente. Acevedo se fue. Los negocios y Lázaro Báez, como cara visible de la obra pública, se quedaron. Las obras, en su mayoría, no se terminaron. Dieciséis años después, un tribunal federal lleva adelante la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner es investigada junto a otros 12 imputados por la adjudicación de obras públicas al empresario Báez.
Gutiérrez se enriqueció a la sombra del poder, durante el ejercicio de la función pública, y entre otros emprendimientos, compró dos hoteles. Los Kirchner, cuatro hoteles. Lázaro Báez, una enorme cantidad de empresas dedicadas a la construcción, el petróleo, el campo y la administración de los hoteles de los Kirchner. Raúl Copetti, tesorero del Frente para la Victoria y compañero de ruta de Kirchner también abrió un hotel y varios negocios en la Patagonia –fue el pionero–; otro secretario presidencial, Daniel Muñoz, realizó millonarias inversiones inmobiliarias en la Argentina y en los Estados Unidos y hasta llegó a comprar un terreno en las islas Turks and Caicos, en el mar Caribe. En la misma lista, pero quizás con menos pretensiones, se suman otros secretarios como Isidro Bounine, Ricardo Barreiro y Rudy Ulloa, quienes encararon diversos negocios a la sombra del poder. Y no puede desconocerse el insustituible papel del arrepentido Ernesto Clarens, sindicado como el cerebro a cargo del armado de las complejas estructuras de lavado utilizadas para movilizar parte de esos gigantescos botines y de quien ha quedado claro que sabe mucho más de lo que ha estado dispuesto a contar en la causa.
Mientras en varias causas que se llevan adelante en Comodoro Py se dirime cuál fue el destino de los millones que faltaron en obras prometidas o se intenta explicar el enriquecimiento de varios funcionarios, incluida la actual vicepresidenta y su entorno, falta conocer el recorrido de los millones fuera de circuito que reveló la causa de los cuadernos y que terminaron, en varios casos, en las páginas policiales con robos y secuestros, golpizas y asesinatos de exsecretarios presidenciales enriquecidos.
Todo este escenario se planteó con el kirchnerismo manejando las riendas del gobierno. Los Kirchner eligieron gobernadores que los sucedieron, pero a los que no empoderaron. En tres décadas, en Santa Cruz, el kirchnerismo nunca delegó el poder. Quizás mirar más a Santa Cruz nos permitiría entender por qué ese territorio vasto, rico y prístino, en materia política, se convirtió en lo que es. Tal vez sirva también para entender lo que ocurrió a nivel nacional, cuando el matrimonio Kirchner decidió exportar a la cima del poder político federal su esquema provincial de saqueo y cooptación de poderes en beneficio exclusivo de esa pareja, de sus familiares, socios y amigos.
Kirchner manejó con una cuenta bancaria personal los fondos de ...
En tres décadas la Justicia de la provincia nunca avanzó en ninguna causa por corrupción que afectara al kirchnerismo
El claro desdibujamiento del Poder Judicial no fue magia. Fue una decisión pensada y ejecutada en los años 90, que confluyó en una Justicia tan dependiente como degradada. Una suerte de tentáculo del poder político que, en la provincia austral, siempre es el mismo
Mirar a Santa Cruz tal vez sirva para entender lo que ocurrió a nivel nacional, cuando el matrimonio Kirchner decidió exportar a la cima del poder politico federal su esquema provincial de saqueo y cooptación de poderes en beneficio exclusivo de esa pareja, de sus familiares, socios y amigos

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