martes, 28 de julio de 2020

NÉSTOR O. SCIBONA Y EL ESCENARIO,


Efectos asimétricos, la trampa de la cuarentena
Néstor Scibona, columnista de Economía del diario La Nacion ...
Néstor O. Scibona 
Después de 120 días de cuarentena, la flexibilización –parcial, selectiva, progresiva, diferenciada y hasta cosmética en algunos casos– anunciada ayer para el AMBA no deja de resultar desconcertante, porque coincide con el fuerte aumento de los últimos días en los números absolutos de contagios y muertes por el coronavirus. Difícil saber si se llegó al pico tantas veces vaticinado; menos aún con la salvaguardia oficial para retroceder si las cifras relativas, estabilizadas en niveles altos, no van en la misma dirección. Especialmente en el conurbano bonaerense, donde los casos positivos se duplican cada tres semanas, frente a algo más de cuatro en la CABA.
Sin embargo, la clave de este nuevo intento flexibilizador no debe buscarse en el terreno sanitario. “El golpe sobre la economía es muy duro. La pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas van a observar datos muy fuertes, de una crisis inédita. Van a empeorar, eso va a suceder, lo decimos con toda claridad”, sinceró hace una semana la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. La economista, de bajísimo perfil, completó su crudo y realista diagnóstico con la afirmación de que el objetivo oficial de tranquilizar la macroeconomía, poner a la producción en marcha y generar empleos, requerirá un esfuerzo todavía mayor después de la pandemia.
Nadie, en el mundo ni en la Argentina, puede aventurar todavía en cuánto tiempo podrá hablarse de la pospandemia. Más bien crece el consenso en que habrá que habituarse a convivir con este virus endiablado hasta que se universalice alguna de las vacunas que solo ahora están comenzando a probarse en seres humanos. Por eso en muchos países desarrollados fueron perdiendo terreno como única defensa los aislamientos masivos y estrictos (salvo de actividades y personas de mayor riesgo), desplazados por testeos a gran escala y protocolos sanitarios para reanudar actividades paralizadas y achicar daños económicos. En el (falso) dilema salud – economía, la letra “o” debió ser reemplazada por la “Y”.
Esta realidad hace que la cuarentena récord en el AMBA (salvo para sectores esenciales) se haya convertido en una trampa para el gobierno de Alberto Fernández: es un problema flexibilizarla demasiado, pero también mantenerla sin cambios. En el primer caso, por el riesgo de mayores contagios. En el segundo, porque agudiza la caída de actividad, ventas, empleos privados, salarios reales e ingresos. Cuanto más se extiende el aislamiento obligatorio (ASPO), más aumenta el gasto público para ayuda social y asistencia a empresas, a la vez que se desploma la recaudación tributaria.
A la inversa, en las provincias que pasaron a la etapa de distanciamiento obligatorio (DISPO), se verificó en mayo un repunte de ventas de cemento y menor caída en naftas, mientras que en la primera quincena de junio las realizadas con Ahora 12 volvieron a niveles similares a los del mismo período de marzo (ajustadas por inflación). Según el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), que procesa estos datos, el país funciona a dos velocidades distintas. Aun así, por el peso del AMBA en el PBI, estas mejoras asimétricas apenas mueven el amperímetro a nivel nacional.
No puede desconocerse que estos cuatro meses permitieron ganar tiempo para ampliar la infraestructura sanitaria para enfrentar el Covid-19 (hospitales de emergencia, unidades de terapia intensiva, camas de aislamiento). Ni que el número de fallecimientos y de contagios es relativamente bajo en comparación con la región (salvo Uruguay y Paraguay) y con gran parte del mundo. Pero tampoco que en el (falso) dilema salud versus economía, la letra “O” debió ser reemplazada por la “Y”
La rapidez de respuesta con el ASPO no tuvo una correspondencia con la cantidad de testeos, que sólo en el último mes y medio comenzó a incrementarse y focalizarse en CABA y el Gran Buenos Aires, debido a lo cual también aumentó el número de casos positivos y, en cierta medida, la ocupación de camas de terapia intensiva.
Paralelamente, a lo largo de este período el gobierno no intentó armar siquiera un esquema de emergencia para atenuar el gran problema del transporte público, que impide rehabilitar el trabajo de mucha gente en el AMBA por el riesgo de contagios. En ningún momento se modificó el recorrido de líneas de colectivos que se superponen con trenes o subtes. Ni se recurrió a la flota de ómnibus de larga distancia, paralizada desde fin de marzo, para realizar los mismos trayectos de los trenes suburbanos y ampliar la oferta de asientos con distanciamiento físico, excepto una sola vez cuando se produjo un paro en la línea Sarmiento. Y si bien es razonable que los protocolos sanitarios dispongan el uso de transporte privado (propio o contratado) para trasladar trabajadores, tampoco se echó mano a otra flota inactiva como la de micros escolares.
Aquí el Estado presente estuvo –y está– notoriamente ausente en medio del jubileo de subsidios y gasto público cubierto por emisión monetaria. Sobre todo en esta etapa, en la cual será necesario rehabilitar progresivamente todas las actividades que sean posibles sin poner en riesgo la salud. Desde ya que la responsabilidad individual es lo más importante, pero habrá que ayudar a quienes tienen empleo a reducir la asimetría entre contar o no con transporte propio y no sólo desde el sector privado.
La cuarentena también encierra otra trampa, expresada cada vez más en los discursos oficiales: creer que la indispensable asistencia estatal de emergencia a empresas, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos que deben mantenerse inactivos forzosamente (IFE, ATP, créditos a tasa 0%), alcanza para cubrir sus necesidades mientras dure esta situación. En realidad, compensa sólo una parte de la caída de ingresos. Los comerciantes que pudieron reabrir sus puestas pueden dar fe que el problema no es solo de oferta sino de escasez de demanda, que apenas repuntó en junio con el medio aguinaldo que los empleados estatales y jubilados pudieron cobrar, a diferencia de una parte del sector privado.
En otras actividades sin rehabilitación a la vista y baja o nula facturación (turismo, hotelería, gastronomía, cines, teatros, recitales, construcción privada, etc.), la situación sigue siendo crítica. Otra vez los efectos asimétricos.
A tal punto que los veteranos sindicalistas Armando Cavallieri (comercio), Luis Barrionuevo (gastronómicos) y Gerardo Martínez (construcción) realizaron esta semana, en una entrevista colectiva en el canal TN, una defensa de las empresas privadas como generadoras de inversión y empleo que bien podría haber sido suscripta por el Grupo de los 6, actual blanco del kirchnerismo duro.
Con este marco, el anunciado y lento ingreso a una “nueva normalidad” tiene el problema de que va a producirse dentro de la vieja anormalidad que viene padeciendo la Argentina desde hace muchos años.
Por caso, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, denunció en una nota publicada por LN Digital, que la provincia de Buenos Aires no solo recibe de la Nación un porcentaje inferior al que aporta al país (22 % vs 38 %) sino que coparticipa con sus municipios sólo 16 %. Y como en la actual situación los fondos que le llegan son en buena medida discrecionales, tampoco van de manera automática a las municipalidades. A esto agrega que la Provincia distribuyó entre los municipios ATP (Asistencia del Tesoro Provincial) para compensar los recursos que perdieron. Pero, por la forma de reparto, entregó $155.000 por casos de coronavirus en el Conurbano contra $1.257.000 en el interior provincial. De ahí que haya propuesto para pospandemia un fondo Covid- 19 no reembolsable con foco en el Gran Buenos Aires, que recibió el 52 % de los ATP a pesar de tener el 89 % de los casos.

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