EDITORIALES X 2

Preservar las aulas del patoterismo sindical
Una vez más, los alumnos han sido rehenes del absurdo paro de una corporación gremial que se resiste a respetar la ley
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) volvió a la carga. Cualquier excusa es buena para paralizar la actividad docente en las aulas, trasladarla a las calles y ganar impacto mediático. En esta oportunidad, una cuestión provincial fue nacionalizada y afectó a 15 millones de alumnos. La organización gremial pide la absolución de condena a Santiago Goodman, sindicalista chubutense que, con una quema de gomas en 2019, desató un incendio frente a la Legislatura provincial en protesta por la muerte de dos docentes en un accidente de tránsito luego de una manifestación. La pena por “incendio gravoso” y daños en un edificio público se fijará la semana próxima con la sentencia, pero pueden corresponderle entre tres y diez años de prisión.
Fue precisamente Chubut donde en 2019 se sucedieron 17 semanas de huelgas docentes. Roberto Baradel, líderdeCterayquienentre2015y2019 organizó 62 paros en la provincia de Buenos Aires, revalidó su poder con amplio margen en mayo pasado. El socio político del kirchnerismo dirige una entidad de segundo grado que nuclea a sindicatos con 250.000 afiliados sobre un total de 1.200.000 maestros en el país. Desde su tribuna de delantales no titubea en apoyar el delito, la vandalización y la criminalidad para horror de los padres que confían la educación de sus hijos a estos siniestros personajes.
Vivimos en un estado de subversión de principios y valores cuyos mecanismos se replican a distinta escala y con alcances diversos. Uno de los caballitos de batalla de la ideología imperante es la oposición consuetudinaria a las decisiones de la Justicia cuando no resultan favorables a los interesados. Si hasta se ha planteado la reforma del sistema para acomodarla a su necesidad de impunidad.
Así como en las aulas un padre se siente con derecho a recriminar encendidamente al docente por un aplazo a su hijo, o una vicepresidenta a impulsar una recusación ridícula en el afán de obstaculizar un proceso judicial que vislumbra desfavorable, son ahora los docentes quienes en esa hermandad sindical de personajes con ribetes mafiosos convocan a parar “contra la criminalización y judicialización de la protesta social”. Argumentan que se trató de una causa armada con espionaje ilegal. Pretenden, desde el vacío impuesto una vez más a las aulas, activar un mecanismo mágico capaz de retrotraer la situación judicial de quien ya atravesó las instancias del debido proceso con un resultado adverso. Guiones replicados de una película desteñida.
En una sociedad cuyas instituciones se ven violentadas diariamente, se insiste en instaurar la amenaza y la extorsión como moneda de cambio a distintos fines. Si no se les da lo que piden, cortan la calle. O bloquean la fábrica o vacían la escuela. Se trata de perversos comportamientos que se multiplican en diversas direcciones desde hace demasiado tiempo. Precisamente porque nadie les ha puesto coto.
En el combo de reclamos del día, los maestros agremiados sumaron la apertura de las paritarias, el aumento a los jubilados docentes y la discusión de la jornada extendida, además del pedido de resolución de los conflictos que el sector atraviesa en Mendoza, Santa Fe, San Luis y Corrientes. Se trata de la primera huelga docente en tiempos del actual gobierno.
En junio pasado, Oscar De Isasi, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en la provincia de Buenos Aires, había explicado que las marchas y protestas se hacen en días laborables porque muchos de los trabajadores usan los domingos para ver fútbol. Sorprende tamaña sensatez y sabiduría para inculcar a los niños. Por su parte, Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos (UDA), se diferenció de Ctera al explicar que ellos paran por salarios y derechos de los trabajadores y no en defensa de cuestiones personales.
Las medidas de fuerza de las corporaciones sindicales integran el triste patrimonio de una sociedad con demasiados actores que se resisten a respetar la ley. Aun bajo muchos de los dramáticos efectos educativos de la pandemia, nuestros niños vuelven a faltar a clase, obligados a convertirse una vez más en rehenes de las disparatadas decisiones de un grupo de inadaptados. Las autoridades debieron declarar la conciliación obligatoria, garantizar el derecho a trabajar de una gran mayoría de abnegados maestros y frenar estos procederes que, desde el hartazgo, una sociedad cuestiona.
Cada día cuenta. Cada hora de educación perdida se paga tal como surge de distintas evaluaciones que confirman el dramático retroceso en los niveles de aprendizaje de quienes no abandonaron la escolaridad. Es tiempo de propuestas y reacomodamientos profundos. Quienes pretendan continuar obstaculizando el único camino posible al progreso y el desarrollo, el de la educación, deberían enfrentar el rechazo de toda la sociedad y los límites que debemos exigir que el Gobierno imponga sin demoras. No hay futuro sin educación.

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Crítica situación alimentaria

A pesar de haber adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y al respeto de los derechos de los niños, en la Argentina cerca del 30% de los menores de edad padecen inseguridada limentaria, por cuanto no acceden regularmente y a tiempo a los nutrientes que necesitan para poder desarrollarse y crecer correctamente.
Así lo establece un informe sobre condiciones de vida y desarrollo de la infancia elaborado por la Universidad Católica Argentina, que deja en claro que la última década tiene un saldo claramente negativo en cuanto a la relación entre los más pequeños y la alimentación, sobre todo por la falta de recursos económicos en las familias. La conclusión del informe es alarmante: la seguridad alimentaria en la infancia y la adolescencia no está garantizada en el país. El piso de carencias alimentarias se ha elevado de modo significativo desde 2018.
El pico máximo de estas dificultades para acceder a los alimentos se dio en 2020, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio( ASPO)para prevenir los contagios deCo vid -19, pero que terminó siendo contraproducente para miles de niños.
Ese contexto hizo que, en la Argentina, durante el primer año de la pandemia, el 37,2% de los niños y adolescentes corrieran riesgo alimentario. La situación pospandemia, en 2021, se retrotrajo a los niveles de 2018 y 2019, con el 29,2% y el 30,5%, respectivamente. Dentro de la población que ha restringido en cantidad y calidad la ingesta, se reconoce que, en 2021, el 14,9% experimentó hambre por problemas económicos. Para colmo, no se ven mejoras en el acceso a los nutrientes a través de paliativos estatales que, hasta aquí, vienen demostrando su ineficiencia.
Esta grave privación de alimentos en el contexto del ASPO afectó especialmente a los menores que viven en el conurbano bonaerense (20,1%), a los del estrato trabajador marginal (36,4%), a los hogares monoparentales (24,9%) y a la primera infancia y adolescencia (15,9% y 17,4%).
Si a esto se le suma la fractura que vive el sistema educativo, tanto por el desgaste histórico como por la debilidad que le imprimió la falta de clases presenciales durante gran parte de la pandemia, la situación se torna cuando menos inquietante. Estamos ante una generación que recibe una calidad educativa y de alimentación aún más endeble que la de sus padres.
Esto se vuelve indignante al ver la cantidad de recursos que el Estado dilapida infructuosamente en ayudas sociales que no son más que un parche, sin un programa seriamente diseñado e ideado para fomentar el desarrollo de la persona en su totalidad: que todos los padres puedan trabajar dignamente para alimentar a sus hijos es un doloroso desafío pendiente.

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