La arriesgada apuesta del “plan Caputo” con el dólar y la revolución de Milei
Francisco Jueguen
Un prestigioso economista dice que la silla de Luis Caputo se parece a la de Celestino Rodrigo. No es por el destino final, “el Rodrigazo”, sino por la arriesgada apuesta en el sentido que –estima– es el correcto.
De manera simplista, si se ojea la historia reciente, José Ber Gelbard –el referente de política económica de Cristina Kirchner, según ella misma lo explicitó– distorsionó todos los precios de la economía y construyó una bomba casi imposible de desarmar. Alfredo Gómez Morales abrazó, sin suerte, una especie de gradualismo cuando se fue Gelbard. Y luego llegó Rodrigo, que decidió sincerar precios, aunque muchos de quienes conocen bien esos tiempos dicen que no sabía muy bien qué era lo que hacía.
En su primera etapa, Rodrigo logró un avance, pero perdió la pulseada con la calle, fundamentalmente con los gremios. Eso terminó con la experiencia traumática de un fogonazo inflacionario que se recuerda hasta hoy. Caputo arrancó una carrera para sincerar precios. Está en esa etapa primigenia y ahora le tocará resistir las embestidas de la política y los sindicatos. El problema más desafiante para el titular del Palacio de Hacienda no será tanto el económico. Deberá conseguir apoyo político en un juego a todo o nada para volcar 180° la economía argentina a través de un polémico megadecreto y un paquete de leyes que implicarán una desregulación, liberalización y simplificación nunca vistas en el país.
No es casual que Milei se refiriera unas semanas atrás al Rodrigazo. “Estamos frente a la peor crisis de la historia, combinando elementos del Rodrigazo de 1975 y la hiperinflación de 1989, así como lo vivido durante la crisis de 2001”, les describió a los empresarios del círculo rojo en el Hotel Alvear.
Tampoco que Caputo haya retuiteado en las últimas horas un posteo de Milei que decía lo siguiente: “Para los que dicen que no hay riesgo hiperinflacionario. Debe ser que no pueden admitir su incapacidad en el manejo de la economía y/o (sic) ignorancia. La única forma de terminar con esto es congelando la cantidad de dinero (de ahí el déficit cero y sanear al BCRA). LO HAREMOS!!!”, escribió el Presidente.
Toto Caputo, Santiago Bausili (flamante presidente del Banco Central) y Pablo Quirno (secretario de Finanzas) se conocen de hace décadas. No se los considera macroeconomistas, pero entienden mejor que nadie el mercado: la única estabilización posible en la Argentina se logra con pax cambiaria. El dólar manda y la brecha es el termómetro de la confianza. Punto. Hasta ahora, los agentes económicos le responden al ministro. Con más tiempo, la codicia le ganará al miedo. Esa es la regla.
Detrás de esa idea central hay dos claves que irían moldeando esa confianza, pero que necesitan tiempo: la primera es la eliminación el déficit fiscal (y de la emisión que suele financiar esos baches entre ingresos y gastos). La segunda, una brutal reforma estructural (desregulación y apertura). Eso fue el megadecreto y será el paquete de leyes, que se estarían enviando en horas al Congreso. “Están trabajando”, afirman en el Ministerio de Economía. Tras hacer circular un borrador impositivo, el texto ahora es ajustado en la Dirección Nacional de Impuestos (Juan José Imirizaldu), contaron. No caben dudas. Abrirá otro frente de combate. Un tip: en la lista de proyectos de ley a extraordinarias, el paquete fiscal está dentro de la reforma del Estado. Pero Ganancias va por afuera: es el comodín que Milei ofrece a los gobernadores para que aprueben su ley ómnibus. Para dar tiempo a que se materialicen esos cambios se fijó un ancla monetaria tras el salto del dólar por arriba de lo esperado: una devaluación de 2% mensual.
“La expectativa de devaluación está tan anclada en el corto plazo que me parece que no pasará nada con los tipos de cambio”, dicen en el BCRA. “Los diarios se pasaron diciendo los últimos días que con la baja de tasa del Banco Central iba a subir el dólar y bajó”, se congratulan en la entidad monetaria. Hay factores que ayudan, claro: la demanda estacional de pesos crece en diciembre y enero. Pero, particularmente, lo que manda es que todos los instrumentos de inversión están en una licuadora encepada. Todos pierden, pero pierden menos quien sigue las flechas plantadas por el Gobierno. En ese sentido, en el sector privado se activó, por ahora, la elección por una tasa implícita en dólares positiva –que surge de comparar la tasa de interés de un plazo fijo contra la expectativa de devaluación del tipo de cambio–. Para bancos, empresas y cerealeras actualmente es más conveniente, por lo menos en el corto plazo, hacer tasa en pesos. El que vende stock de soja se apura para aprovechar el tipo de cambio alto y después hace carry. El minorista iría a un plazo fijo UVA por 90 días –restringe la circulación de pesos, lo mismo que ocurrirá entre empresas con el bono para importadores desde mañana–; los institucionales van a letras cortas del Tesoro.
Hay contradicciones, pero manda el pragmatismo, no el dogmatismo. Menos, las promesas de campaña. “Es increíble que quienes quieren cerrar el BCRA porque estafa a la gente con la inflación sean los que van a quedar al tope del ranking de estafas usando la inflación. ¡Defensores de la propiedad privada, abstenerse!”, cuestionó enojado un académico que sigue el día a día del acontecer político.
Con la devaluación derriten el pasivo remunerado del Banco Central al dólar oficial. La contracara son los depósitos de los clientes en las entidades financieras. El Tesoro ajusta y el BCRA buscar ofrecer señales de emisión al mínimo: con los pesos de la letra que licitó esta semana (LEDE), Caputo compró bonos del Tesoro en manos de la entidad. No limpiará su balance (eran papeles ajustados a inflación en medio de un fogonazo), pero no deberá imprimir billetes por vencimientos. Con el ajuste fiscal, son señales al mercado de la contracción monetaria que se viene con una base que hoy crece estacionalmente, pero que en febrero volverá a replegarse. Además, en esta semana, en la entidad se aseguraron una fuerte recompra de reservas en el arranque de la gestión Milei, que ya alcanza casi los US$2000 millones.
Terminar con el atraso
En el cortísimo plazo, probablemente desde el mes que viene, el Gobierno comenzará a anunciar además una fuerte suba de las tarifas de los servicios públicos (luz, gas, transporte). La idea es que el mercado confíe en que no queda precio atrasado en la economía argentina. Ni dólar ni tarifas, principalmente. El impacto en este trimestre de la inflación será voraz para todos: diciembre, enero y febrero mostrarán subas significativas. El pico –esperan–– será este mes, con números que superan el 25% (33% en alimentos). Enero y febrero, se sostendrán por la inercia y las subas de luz, gas y transporte. El megadecreto además liberalizó otros precios que impactarán (tarifas de aéreos y prepagas) fuertemente en el bolsillo.
La pregunta del mainstream del mercado es si, con la actual tasa de inflación, Bausili podrá mantener el crawl al 2%. “Es imprescindible que lo haga”, suele decir estos días a sus clientes el discípulo de Ricardo Arriazu y prestigioso economista Fernando Marengo. Si el BCRA tiene que ajustar ese crawl es porque el programa fracasó y las expectativas de inflación serán más elevadas para todos. Si esas expectativas cambian (si se huele que el dólar está barato), habrá una corrida con el dólar y más brecha. En el BCRA, por las dudas, matizan. Creen que puede haber “recalibraciones” sin que ese sea “un fracaso”. Se verá.
Cerca del exministro de Economía Sergio Massa dudan. Estiman que es muy difícil que el megadecreto pase el filtro de la Justicia y el Congreso. Lo mismo el paquete de leyes. La dilatación de esas definiciones empujaría la necesidad de otro salto devaluatorio. Esta semana, Guillermo Michel le presentó a Massa un informe en el que la reversión de Ganancias, la suba de retenciones, el cese del programa Compre sin IVA y la suba del PAIS a las importaciones le sumarán a la recaudación 2,36% del PBI.
Caputo piensa también en una mejora del tipo de cambio a futuro, pero no a través de otra devaluación, sino gracias a la mejora de la presión tributaria, la baja de costos laborales, del financiamiento, la logística y la apertura comercial que proponen el megadecreto y el paquete de leyes. “Hay que hacer los otros deberes. En el corto plazo, el mercado cree y tiene incentivos”, dice Marengo. Pero eso puede cambiar rápido. Los deberes son, en medio del camino, apurar la competitividad sistémica, uno de los versículos preferidos recitados por los especialistas de Cambiemos antes de que se desataran las dos corridas cambiarias de 2018 y 2019. Las reformas estructurales serán la “devaluación por la positiva” para el sector privado. Pero no es fácil que ocurran: deben pasar el filtro de la casta (cualquiera que se oponga al plan). Se verá si esas medidas compensan la apreciación y los aumentos de impuestos PAIS y de las retenciones.
En el megadecreto hay más de 300 cambios fundacionales. Pero lo laboral sorprende. Lo enumeró Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA. El DNU impone “fuertes límites” al ejercicio del derecho de huelga; se exige una cobertura mínima del 75% de los servicios esenciales; se enlistan las actividades y servicios de importancia trascendental, en las que se exige una cobertura mínima del 50% (entran casi todas); se eliminan las cláusulas de solidaridad establecidas en los CCT [convenios colectivos] y se ponen obstáculos para que los sindicatos recauden las cuotas sindicales; la ultraactividad de los CCT “entra en un limbo interpretativo”; la vigencia de la ley de contrato de trabajo pasa a tener un carácter supletorio; se reduce la indemnización por despido y se habilita su reemplazo por fondos de cese laboral por vía de la negociación colectiva; se amplía el período de prueba a 8 meses (de los 3 actuales); se abre la puerta a eliminar las relaciones de dependencia en establecimientos de hasta cinco trabajadores; se modifica la presunción de existencia de un contrato de trabajo en el caso de prestación de servicios y facturación periódica; se abre la puerta a desregular totalmente la jornada laboral vía negociación colectiva; se les otorga el derecho a las pymes para pagar las sentencias laborales condenatorias en 12 cuotas, con actualización por IPC; se incluyen modificaciones en el régimen de teletrabajo en perjuicio de los trabajadores; se eliminan las multas por empleo no registrado y por falta de pago de las indemnizaciones por despido, entre otros grandes cambios propuestos.
Vale una aclaración para el mundo del trabajo: los marcos en que se mueven las empresas son claves, pero los verdaderos saltos en la creación de empleo están muy vinculados al ciclo económico.
La dolarización
“El Gobierno podrá lanzar un plan de estabilidad cuando haya logrado eliminar todo vestigio de cepo cambiario”, dijo Domingo Cavallo, días atrás. Fijado el turbulento rumbo actual, si el experimento sale como esperan en el oficialismo, el Gobierno podría levantar el cepo y unificar el tipo de cambio a mitad de año e incluso empezar a ver ingresos de capital o inversiones. La Argentina está regalada en dólares.
La inflación, recesión mediante (con pesos que alcanzan ya para poco), se desaceleraría a un dígito. La cosecha haría que el recorte fiscal fuera inferior al previsto, unos 3 puntos del PBI, en vez del 5,2%, y se daría vuelta el rojo comercial de US$8000 millones actual. También aportaría a esto el menor gasto en energía. Es la luz al final del túnel, la esperanza tras el mal trago que nadie quiere adelantar. Ya no quedan locos que vuelvan a vender “brotes verdes” que no alcanzaron a nacer con Macri.
“Habrá que bancar la parada”, cuenta un economista sorprendido por la apuesta de Caputo. La política pondrá palos en la rueda y la clase media sufrirá el mayor peso del ajuste (porque es la que lo puede pagar). No serán meses fáciles para la población, sobre todo, en un contexto en el que los ocupados argentinos ven, una vez más, licuarse sus ingresos. Es un ajuste salvaje y persistente en el tiempo como el que nunca se vio en el país. Comenzó hace seis años y se mantuvo. La tolerancia, por eso, es baja. Hay crédito, no cheque en blanco. Algunos resultados tendrán que verse pronto para recuperar capital político.
Si la tormenta pasa y la estabilización se concreta, el megadecreto que firmó el Presidente ya entorna la puerta a una economía bimonetaria, esa misma que pregonaba Carlos Melconian en campaña con Patricia Bullrich. Se podrán hacer contratos en cualquier moneda y las deudas se cancelarán en pesos, dólares o bitcoins. No importa.
“Es una dolarización de hecho”, anticipa el mismo economista pícaro que recordó al Rodrigazo de los 70. Todos están al tanto de que cualquier argentino libre terminará eligiendo al dólar por sobre el devaluado peso. “Hay una puerta abierta a la dolarización”, vuelve a destacar el experto. Rodrigo no llegó a esa instancia: todo explotó mucho antes. Caputo y Milei apuestan a cambiar la historia de la Argentina.ß
El Gobierno está licuando los pesos y además busca acumular dólares
No solo hay un ajuste fiscal, sino también un plan de reformas estructurales
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Fideicomisos: otra gran caja de la política que nadie se atreve a tocar
Los fondos fiduciarios, creados en los 90, son variados y numerosos; manejan recursos por alrededor del 2% del PBI sobre los que no hay mínimos controles adecuados
Francisco Olivera
Subsidios al transporte
A cada ministro de Economía que llega le pasa lo mismo: mira las cuentas, se sorprende con esa caja oculta y millonaria del Estado, se ilusiona con usarla para los objetivos más loables, promete incluso transparentarla y, finalmente, por algún motivo, sin explicaciones, abandona la idea.
Los últimos en hacer ese recorrido fueron Silvina Batakis y Sergio Massa. “Vamos a hacer un sistema de cuentas únicas”, había anunciado por caso Batakis. Pero los fondos fiduciarios públicos siguen ahí, intactos, algunos con casi 30 años de existencia, y engrosando el gasto: según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, manejan recursos por alrededor del 2% del PBI.
La magnitud impacta porque la Argentina está en medio de un ajuste y estos instrumentos quedaron fuera del decreto del Gobierno. Si, como hizo el ministro Luis Caputo hace dos domingos, el producto se calcula sobre US$500.000 millones, la cifra representaría unos 10.000 millones. Dependerá, en todo caso, de cómo se calcule el producto.
Es cierto que muchas de las atribuciones de estos fondos, que nacieron en 1994 como instrumento de la ley 24.441, de financiamiento de la vivienda y la construcción, corresponden en realidad a funciones que de todos modos debería asumir el Estado, por lo que no conviene hacer cuentas apresuradas: no todo es susceptible de ahorro.
El subsidio a los colectivos o a los consumos de gas en zonas apartadas, por ejemplo, podría hacerse desde la Secretaría de Hacienda y no directamente, como ocurre desde hace casi 20 años.
Pero, en todo caso, sí valdría la pena detenerse en por qué los sucesivos gobiernos han decidido utilizar y hasta abusar de este mecanismo que está lejos de cumplir con los requisitos de transparencia de partidas que, se sabe, en muchos casos no queda claro ni dónde terminan ni si se emplean correctamente, porque pasan por fuera de los controles clásicos de la Administración Pública Nacional (APN).
Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; Fondo de Integración Socio-Urbana; Fondo Fiduciario de Servicio Universal; Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria; Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo; Fondo Fiduciario para la Protección de Bosques Nativos; Fondo para la Actividad Ovina; Fondo Nacional del Manejo del Fuego. ¿Por qué esas funciones no podrían ser cubiertas directamente desde las respectivas dependencias?
La respuesta que dan los gobiernos se basa en la naturaleza de este instrumento: se supone que saltea trabas burocráticas, lo que lo haría más eficiente y, lo más relevante, que estará a resguardo de posibles ajustes. “Se usan para proteger gasto”, define el economista Nicolás Gadano.
Un sistema opaco
Un fideicomiso es entonces una figura jurídica que le permite a un “fiduciante” –el Estado– asignarle recursos a un agente “fiduciario” –suele ser un banco público, en general el Nación y el BICE–, para que lo administre con un fin determinado.
La normativa obliga al fiduciario a reportarle a la Secretaría de Hacienda la información financiera relativa a la ejecución y el cierre de sus balances y estados contables. Con esos datos, la Oficina Nacional de Presupuesto elabora informes trimestrales que publica en el portal del Ministerio de Economía y que el jefe de Gabinete entrega al Congreso.
Un relevamiento de la Fundación País Abierto y Digital (FPAyD) elaborado sobre datos del Ieral dice que hay en la actualidad 29 fondos fiduciarios públicos no financieros nacionales activos, sin contar los provinciales ni los municipales, y que manejaron en 2022, último año completo, $998.819 millones. A valores de entonces eran unos US$5000 millones.
La Oficina de Presupuesto del Congreso agrega que el 58% de los recursos que reciben viene del Tesoro nacional; otro 18%, de impuestos directos, y el 17% restante, de rentas a la propiedad.
El creador de esta figura jurídica fue Carlos Menem, en 1994, pero se expandió después con todas las administraciones.
La usaron De la Rúa y Duhalde; cobraron nuevo impulso en 2004, cuando Néstor Kirchner los incorporó al artículo 8 de la ley de administración financiera (24.156); se expandieron todavía más en 2014, cuando Cristina Kirchner agregó la normativa en el Código Civil; se volvieron superavitarios con Macri, que les asignó más presupuesto, y continuaron con Alberto Fernández. En 2012, los recursos que manejaban eran 1,12%, exactamente la mitad que hoy. Es decir, se duplicaron en una década.
La cuestión motivó en estos días un pedido de informe de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto. La recorrida que hace la FPAyD deja entrever aspectos que no se terminan de explicar.
Hay, por ejemplo, cuatro fondos que tienen ingresos significativos y gastos muy inferiores, algo que el informe define como “saldos no utilizados”. Ocurre cuando estos instrumentos generan su propia renta financiera, en general mediante la inversión en letras del Tesoro que prevé la ley.
Es el caso del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que fue creado en 1995 por el “efecto tequila” y para “asistir a las provincias o municipios en la privatización de las entidades financieras u otras empresas”, entre otros objetivos.
En 2022, ese fondo tuvo ingresos por $70.163 millones (US$348 millones a la cotización de entonces, todo como resultado de rentas de capital) y egresos por apenas $7229 millones (US$35,7 millones).
El informe se pregunta entonces si no se debería atender el estado de cada uno. “En todos estos casos, dado que no existen datos de sus saldos patrimoniales, deberían analizarse las causas de dicha situación y eventualmente proceder a cerrar o reestructurar dichos fondos”, concluye.
El Fondo Nacional del Manejo del Fuego es otro ejemplo de esta desproporción. Fue creado por Cristina Kirchner para la “contratación, capacitación y entrenamiento del personal temporario que actúe en la extinción de los incendios forestales y rurales” y la “realización de obras de infraestructura” y, desde entonces, se financia con “una contribución obligatoria” del 0,3% de las primas de todos los seguros del país, con excepción de los de vida.
Cuando se inauguró, en 2012, la iniciativa acaparó muchas críticas en la Unión Industrial Argentina.
Los recursos de este fideicomiso tampoco se condicen con los gastos: en 2022 tuvo $10.207,8 millones de ingresos (unos US$50 millones a la cotización de entonces) y egresos por $6107,7 millones (US$30 millones).
Siempre por debajo de la atención de los medios y la sociedad en general, según la normativa incorporada en el Código Civil, el fiduciante (banco) rendir cuentas de su gestión por lo menos una vez al año.
Lo que sorprende es, de todos modos, la plasticidad de los objetivos del instrumento, que muchas veces se van adecuando a las necesidades y hasta se yuxtaponen.
En la Argentina hay, por ejemplo, cuatro fideicomisos destinados a promoción de pymes y emprendedores: el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec), el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) y el Fondo Fiduciario Para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce). “Debería evaluarse la posibilidad de unificar”, recomienda la Fundación País Abierto y Digital.
Transparencia cero
El economista Ariel Melamud, que estudió en su momento la aplicación de estos fondos, afirma que el problema es menos el gasto que el control de transparencia. “Hay un tema de rendición de cuentas y, seguramente, de corrupción, más que en el volumen que se va para otro lado, porque en muchos casos ejecutan políticas públicas”, explica.
Subsisten, con todo, fideicomisos que no tienen demasiados recursos o con funciones que seguramente podrían cumplirse dentro de la administración pública. ¿Y si se decidiera reemplazarlos? Habría que analizar caso por caso. Gustavo Vera, director del comité ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, celebra por ejemplo que, gracias al Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, los bienes que se decomisan para ayudar a las víctimas no queden licuados por la inflación cuando llega la sentencia firme. “La función de ese fondo es que, a través del BICE y de la Administración de Bienes del Estado, esos bienes no pierdan valor cuando el fallo se demora. Es un mecanismo muy bueno y que además se hace con el control del Consejo Federal de Inversiones, al que tienen acceso todas las provincias y organismos internacionales”, dice Vera.
Es cierto que la crisis y los años han ido reduciendo algunos montos a un nivel ínfimo.
El del Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina y de Llamas, por ejemplo, que vence en 2030 y se nutre de aportes del Tesoro. Creado en mayo de 2001, durante el gobierno de De la Rúa, fue pensado para atender la crisis de los productores de la Patagonia y, cuando se convirtió en ley, se extendió a todo el país y sirvió para financiar programas ganaderos y textiles por unos 20 millones de dólares.
Sebastián Apesteguía, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, dice que fue muy útil para mantener la producción y que hoy no supera el millón de dólares. “Entendemos que es un mal momento, pero necesitamos una adecuación”, dice.
No hay modo de evitar que, si se enfrenta el problema, se caiga en la conclusión de siempre: la manta es corta
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La señal que dejó la recompra de deuda del Tesoro al BCRA
La operación, financiada con lo captado barato del mercado horas antes, buscó remarcar el esquema de dureza monetaria
A cada ministro de Economía que llega le pasa lo mismo: mira las cuentas, se sorprende con esa caja oculta y millonaria del Estado, se ilusiona con usarla para los objetivos más loables, promete incluso transparentarla y, finalmente, por algún motivo, sin explicaciones, abandona la idea.
Los últimos en hacer ese recorrido fueron Silvina Batakis y Sergio Massa. “Vamos a hacer un sistema de cuentas únicas”, había anunciado por caso Batakis. Pero los fondos fiduciarios públicos siguen ahí, intactos, algunos con casi 30 años de existencia, y engrosando el gasto: según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, manejan recursos por alrededor del 2% del PBI.
La magnitud impacta porque la Argentina está en medio de un ajuste y estos instrumentos quedaron fuera del decreto del Gobierno. Si, como hizo el ministro Luis Caputo hace dos domingos, el producto se calcula sobre US$500.000 millones, la cifra representaría unos 10.000 millones. Dependerá, en todo caso, de cómo se calcule el producto.
Es cierto que muchas de las atribuciones de estos fondos, que nacieron en 1994 como instrumento de la ley 24.441, de financiamiento de la vivienda y la construcción, corresponden en realidad a funciones que de todos modos debería asumir el Estado, por lo que no conviene hacer cuentas apresuradas: no todo es susceptible de ahorro.
El subsidio a los colectivos o a los consumos de gas en zonas apartadas, por ejemplo, podría hacerse desde la Secretaría de Hacienda y no directamente, como ocurre desde hace casi 20 años.
Pero, en todo caso, sí valdría la pena detenerse en por qué los sucesivos gobiernos han decidido utilizar y hasta abusar de este mecanismo que está lejos de cumplir con los requisitos de transparencia de partidas que, se sabe, en muchos casos no queda claro ni dónde terminan ni si se emplean correctamente, porque pasan por fuera de los controles clásicos de la Administración Pública Nacional (APN).
Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; Fondo de Integración Socio-Urbana; Fondo Fiduciario de Servicio Universal; Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria; Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo; Fondo Fiduciario para la Protección de Bosques Nativos; Fondo para la Actividad Ovina; Fondo Nacional del Manejo del Fuego. ¿Por qué esas funciones no podrían ser cubiertas directamente desde las respectivas dependencias?
La respuesta que dan los gobiernos se basa en la naturaleza de este instrumento: se supone que saltea trabas burocráticas, lo que lo haría más eficiente y, lo más relevante, que estará a resguardo de posibles ajustes. “Se usan para proteger gasto”, define el economista Nicolás Gadano.
Un sistema opaco
Un fideicomiso es entonces una figura jurídica que le permite a un “fiduciante” –el Estado– asignarle recursos a un agente “fiduciario” –suele ser un banco público, en general el Nación y el BICE–, para que lo administre con un fin determinado.
La normativa obliga al fiduciario a reportarle a la Secretaría de Hacienda la información financiera relativa a la ejecución y el cierre de sus balances y estados contables. Con esos datos, la Oficina Nacional de Presupuesto elabora informes trimestrales que publica en el portal del Ministerio de Economía y que el jefe de Gabinete entrega al Congreso.
Un relevamiento de la Fundación País Abierto y Digital (FPAyD) elaborado sobre datos del Ieral dice que hay en la actualidad 29 fondos fiduciarios públicos no financieros nacionales activos, sin contar los provinciales ni los municipales, y que manejaron en 2022, último año completo, $998.819 millones. A valores de entonces eran unos US$5000 millones.
La Oficina de Presupuesto del Congreso agrega que el 58% de los recursos que reciben viene del Tesoro nacional; otro 18%, de impuestos directos, y el 17% restante, de rentas a la propiedad.
El creador de esta figura jurídica fue Carlos Menem, en 1994, pero se expandió después con todas las administraciones.
La usaron De la Rúa y Duhalde; cobraron nuevo impulso en 2004, cuando Néstor Kirchner los incorporó al artículo 8 de la ley de administración financiera (24.156); se expandieron todavía más en 2014, cuando Cristina Kirchner agregó la normativa en el Código Civil; se volvieron superavitarios con Macri, que les asignó más presupuesto, y continuaron con Alberto Fernández. En 2012, los recursos que manejaban eran 1,12%, exactamente la mitad que hoy. Es decir, se duplicaron en una década.
La cuestión motivó en estos días un pedido de informe de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto. La recorrida que hace la FPAyD deja entrever aspectos que no se terminan de explicar.
Hay, por ejemplo, cuatro fondos que tienen ingresos significativos y gastos muy inferiores, algo que el informe define como “saldos no utilizados”. Ocurre cuando estos instrumentos generan su propia renta financiera, en general mediante la inversión en letras del Tesoro que prevé la ley.
Es el caso del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que fue creado en 1995 por el “efecto tequila” y para “asistir a las provincias o municipios en la privatización de las entidades financieras u otras empresas”, entre otros objetivos.
En 2022, ese fondo tuvo ingresos por $70.163 millones (US$348 millones a la cotización de entonces, todo como resultado de rentas de capital) y egresos por apenas $7229 millones (US$35,7 millones).
El informe se pregunta entonces si no se debería atender el estado de cada uno. “En todos estos casos, dado que no existen datos de sus saldos patrimoniales, deberían analizarse las causas de dicha situación y eventualmente proceder a cerrar o reestructurar dichos fondos”, concluye.
El Fondo Nacional del Manejo del Fuego es otro ejemplo de esta desproporción. Fue creado por Cristina Kirchner para la “contratación, capacitación y entrenamiento del personal temporario que actúe en la extinción de los incendios forestales y rurales” y la “realización de obras de infraestructura” y, desde entonces, se financia con “una contribución obligatoria” del 0,3% de las primas de todos los seguros del país, con excepción de los de vida.
Cuando se inauguró, en 2012, la iniciativa acaparó muchas críticas en la Unión Industrial Argentina.
Los recursos de este fideicomiso tampoco se condicen con los gastos: en 2022 tuvo $10.207,8 millones de ingresos (unos US$50 millones a la cotización de entonces) y egresos por $6107,7 millones (US$30 millones).
Siempre por debajo de la atención de los medios y la sociedad en general, según la normativa incorporada en el Código Civil, el fiduciante (banco) rendir cuentas de su gestión por lo menos una vez al año.
Lo que sorprende es, de todos modos, la plasticidad de los objetivos del instrumento, que muchas veces se van adecuando a las necesidades y hasta se yuxtaponen.
En la Argentina hay, por ejemplo, cuatro fideicomisos destinados a promoción de pymes y emprendedores: el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec), el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) y el Fondo Fiduciario Para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce). “Debería evaluarse la posibilidad de unificar”, recomienda la Fundación País Abierto y Digital.
Transparencia cero
El economista Ariel Melamud, que estudió en su momento la aplicación de estos fondos, afirma que el problema es menos el gasto que el control de transparencia. “Hay un tema de rendición de cuentas y, seguramente, de corrupción, más que en el volumen que se va para otro lado, porque en muchos casos ejecutan políticas públicas”, explica.
Subsisten, con todo, fideicomisos que no tienen demasiados recursos o con funciones que seguramente podrían cumplirse dentro de la administración pública. ¿Y si se decidiera reemplazarlos? Habría que analizar caso por caso. Gustavo Vera, director del comité ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, celebra por ejemplo que, gracias al Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, los bienes que se decomisan para ayudar a las víctimas no queden licuados por la inflación cuando llega la sentencia firme. “La función de ese fondo es que, a través del BICE y de la Administración de Bienes del Estado, esos bienes no pierdan valor cuando el fallo se demora. Es un mecanismo muy bueno y que además se hace con el control del Consejo Federal de Inversiones, al que tienen acceso todas las provincias y organismos internacionales”, dice Vera.
Es cierto que la crisis y los años han ido reduciendo algunos montos a un nivel ínfimo.
El del Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina y de Llamas, por ejemplo, que vence en 2030 y se nutre de aportes del Tesoro. Creado en mayo de 2001, durante el gobierno de De la Rúa, fue pensado para atender la crisis de los productores de la Patagonia y, cuando se convirtió en ley, se extendió a todo el país y sirvió para financiar programas ganaderos y textiles por unos 20 millones de dólares.
Sebastián Apesteguía, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, dice que fue muy útil para mantener la producción y que hoy no supera el millón de dólares. “Entendemos que es un mal momento, pero necesitamos una adecuación”, dice.
No hay modo de evitar que, si se enfrenta el problema, se caiga en la conclusión de siempre: la manta es corta
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La señal que dejó la recompra de deuda del Tesoro al BCRA
La operación, financiada con lo captado barato del mercado horas antes, buscó remarcar el esquema de dureza monetaria
Javier Blanco
El Gobierno concretó el viernes la operación de recompra de deuda “cara” que estaba en cartera del Banco Central (BCRA) con financiamiento “barato” obtenido en la primera licitación de deuda en pesos.
Usó los $2,93 billones obtenidos con la colocación pactada el miércoles para adquirir el total de la posición que el ente monetario tenía en cartera del bono Discount en pesos (DISP, un título que paga intereses a fin de año) y una buena cantidad de bonos Dual (–TDF24– aquellos que se indexan según la variación de la inflación o el tipo de cambio oficial a elección del tenedor).
De este modo, reforzó las señales respecto de la férrea decisión de evitar la emisión monetaria, ya que se ahorra el pago intra-Estado de los intereses antes mencionados –que debió haber realizado la semana próxima–, en el primer caso, y reduce además en unos $2 billones actuales los vencimientos de deuda en pesos que enfrentaba en febrero.
Concretamente, adquirió $6,2 billones nominales del bono CER 2033 (con lo que redujo el monto total en circulación de este título en un 59,48%) y $2,449 billones del Dual TDF24, lo que disminuyó stock en mercado de este papel un 33,15%, detalló por la red X el asesor financiero Matías Molesini.
“Loquehizofuerescatardeudapotencialmente muy onerosa, recomprándola con pesos conseguidos en condiciones muy ventajosas. Es una operación que se hizo a precios de mercado y con la que buscó ratificar su decisión de ser fuertemente contractivo en lo monetario, reduciendo incluso lo que estaba previsto para atender pagos de intereses de la deuda”, hizo notar el economista Salvador Vitelli, de Romano Group.
El analista recordó que el Tesoro había levantado “muchos pesos con la Letra de Descuento (Lede) colocada a una tasa fija del 8,66% en un contexto en que la inflación corre a un ritmo 3 o 3,5 veces más alto”, ingreso que, según había anunciado, destinaría a esta recompra.
De allí que la operación no se relacione con un intento por sanear el balance del BCRA (en todo caso, se le quitó incluso un bono “rendidor”) sino con la idea de aliviar un cargado calendario de compromisos que lo expone a pagos importantes que pueden crecer en el contexto de una inflación que “corre como liebre”.
Distintos objetivos
Para el economista Gabriel Caamaño, de Estudio Ledesma, la maniobra confirma que el Gobierno lleva adelante “un plan de consolidación fiscal y licuación de pesos”.
“Por ahora no mejoran el balance del BCRA, de lo contrario hubieran usado ese ingreso para cancelarle Adelantos Transitorios, ni de estabilización. Eso vendrá después, en tal caso (...)Tampoco la operación es contractiva en términos monetarios, a lo sumo neutra”, explicó.
Desde Delphos Investment, en tanto, recordaron que la recompra de $0,95 billones de Discount y de $1,9 billones de Dual con vencimiento en febrero 2024 que hizo el
Tesoro con la liquidez obtenida en la licitación, si bien significó “una baja de la deuda bruta del Gobierno, no modifica la deuda colocadas entre privados, que permaneció constante”. De este modo, confirmaron, que el objetivo no fue bajar los pasivos más exigibles, sino evitar presiones sobre la caja pública.
La apuesta, sin embargo, no está exenta de riesgos . “Si bien con el anuncio del objetivo de equilibrio el Gobierno procura dar la señal de una menor dominancia fiscal en la política monetaria, la realidad es que aún persiste el riesgo de una emisión asociada al rescate de títulos públicos en caso de que los bancos decidan ejercer las opciones de venta (puts) que le compran al BCRA”, recordaron los analistas de Ecolatina en un informe.
El Gobierno concretó el viernes la operación de recompra de deuda “cara” que estaba en cartera del Banco Central (BCRA) con financiamiento “barato” obtenido en la primera licitación de deuda en pesos.
Usó los $2,93 billones obtenidos con la colocación pactada el miércoles para adquirir el total de la posición que el ente monetario tenía en cartera del bono Discount en pesos (DISP, un título que paga intereses a fin de año) y una buena cantidad de bonos Dual (–TDF24– aquellos que se indexan según la variación de la inflación o el tipo de cambio oficial a elección del tenedor).
De este modo, reforzó las señales respecto de la férrea decisión de evitar la emisión monetaria, ya que se ahorra el pago intra-Estado de los intereses antes mencionados –que debió haber realizado la semana próxima–, en el primer caso, y reduce además en unos $2 billones actuales los vencimientos de deuda en pesos que enfrentaba en febrero.
Concretamente, adquirió $6,2 billones nominales del bono CER 2033 (con lo que redujo el monto total en circulación de este título en un 59,48%) y $2,449 billones del Dual TDF24, lo que disminuyó stock en mercado de este papel un 33,15%, detalló por la red X el asesor financiero Matías Molesini.
“Loquehizofuerescatardeudapotencialmente muy onerosa, recomprándola con pesos conseguidos en condiciones muy ventajosas. Es una operación que se hizo a precios de mercado y con la que buscó ratificar su decisión de ser fuertemente contractivo en lo monetario, reduciendo incluso lo que estaba previsto para atender pagos de intereses de la deuda”, hizo notar el economista Salvador Vitelli, de Romano Group.
El analista recordó que el Tesoro había levantado “muchos pesos con la Letra de Descuento (Lede) colocada a una tasa fija del 8,66% en un contexto en que la inflación corre a un ritmo 3 o 3,5 veces más alto”, ingreso que, según había anunciado, destinaría a esta recompra.
De allí que la operación no se relacione con un intento por sanear el balance del BCRA (en todo caso, se le quitó incluso un bono “rendidor”) sino con la idea de aliviar un cargado calendario de compromisos que lo expone a pagos importantes que pueden crecer en el contexto de una inflación que “corre como liebre”.
Distintos objetivos
Para el economista Gabriel Caamaño, de Estudio Ledesma, la maniobra confirma que el Gobierno lleva adelante “un plan de consolidación fiscal y licuación de pesos”.
“Por ahora no mejoran el balance del BCRA, de lo contrario hubieran usado ese ingreso para cancelarle Adelantos Transitorios, ni de estabilización. Eso vendrá después, en tal caso (...)Tampoco la operación es contractiva en términos monetarios, a lo sumo neutra”, explicó.
Desde Delphos Investment, en tanto, recordaron que la recompra de $0,95 billones de Discount y de $1,9 billones de Dual con vencimiento en febrero 2024 que hizo el
Tesoro con la liquidez obtenida en la licitación, si bien significó “una baja de la deuda bruta del Gobierno, no modifica la deuda colocadas entre privados, que permaneció constante”. De este modo, confirmaron, que el objetivo no fue bajar los pasivos más exigibles, sino evitar presiones sobre la caja pública.
La apuesta, sin embargo, no está exenta de riesgos . “Si bien con el anuncio del objetivo de equilibrio el Gobierno procura dar la señal de una menor dominancia fiscal en la política monetaria, la realidad es que aún persiste el riesgo de una emisión asociada al rescate de títulos públicos en caso de que los bancos decidan ejercer las opciones de venta (puts) que le compran al BCRA”, recordaron los analistas de Ecolatina en un informe.
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