Fondos públicos. Las cajas de la política que mueven billones y que aún quedaron fuera de la motosierra
El plan de ajuste todavía no contempla partidas poco transparentes, como los fondos fiduciarios, o nichos, como los registros del automotor
Texto Hugo Alconada Mon
Las primeras medidas de ajuste económico que anunció el gobierno de Javier Milei buscan reorganizar la administración pública nacional, reducir el gasto público, aumentar los ingresos del fisco y sincerar las variables de la economía real. Pero deja intacto, al menos durante estos primeros días, un abanico amplio de “cajas” que gestionan billones de pesos con los que se financia la política desde hace años.
Esas “cajas” abarcan una larga lista de organismos descentralizados, empresas públicas y privadas y fondos fiduciarios, entre otras variantes que se utilizan para los fines teóricos que fueron creados, pero también sirven para sostener a miles de militantes en todo el país, financiar campañas electorales, solventar gastos personales de funcionarios y desviar fondos a terceros afines, según surge de múltiples investigaciones judiciales y auditorías desarrolladas por organismos de control durante los últimos años.
“El término ‘caja’ es muy amplio. Imaginemos un zoológico con animales muy distintos”, planteó el expresidente y actual vocal titular de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) Rafael Flores. “Algunas ‘cajas’ se utilizan para desviar fondos, para la corrupción; otras, para colocar gente propia en el Estado que no cumple una función o que no es estrictamente necesaria, aunque hay que ver caso por caso”, remarcó.
Hasta el momento, sin embargo, lejos de avanzar sobre las “cajas” de la política, la reducción de la administración pública a nueve ministerios y 54 secretarías que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, representa apenas una merma del 1,2% de los 8678 “ravioles” del Estado nacional, según información pública que procesó
Del mismo modo, la eventual derogación del decreto del presidente saliente, Alberto Fernández, que le otorga una custodia vitalicia dentro y fuera del país no mueve la aguja presupuestaria, como tampoco la movería el recorte de choferes o la venta de autos y aviones oficiales anunciada este viernes, o la eventual merma de “cajas chicas”, pasajes, viáticos, teléfonos celulares y otros “amenities” de los funcionarios, más allá de su innegable valor simbólico.
Más ahorrativo podría resultar enfocarse en ciertas “cajas”, dijo el experto en lucha contra la corrupción y gestión presupuestaria Vicente Monteverde. “Para reestructurar el Estado, primero hay que completar un diagnóstico profundo, un inventario de cómo entregó las cuentas públicas el gobierno anterior, cuáles son las ‘cajas’, las hendijas y filtraciones por donde se va el dinero”, sostuvo. Y agregó: “Meterse con la ‘casta’, como prometió Milei, es meterse con empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, con fondos fiduciarios que en un momento llegaron a manejar entre 7000 y 8000 millones de dólares por año casi sin controles, con algunos entes descentralizados, con los contratos que distintos gobiernos firmaron con algunas universidades públicas, y con mucho más”.
Entre esas múltiples “cajas”, figuran:
- Áreas del Estado nacional que funcionan como “cajas” desde hace años: la Anses, por ejemplo, contó con un presupuesto de casi $13 billones durante 2023; Enarsa, empresa clave para la política energética nacional, algo más de $925.000 millones; el PAMI, cerca de $330.000 millones, además de las más inasibles “partidas confidenciales” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que contó con $9258 millones de presupuesto este año, a los que sumaron otros $4400 millones en agosto.
- “Cajas” ocultas dentro de organismos descentralizados como la Superintendencia de Servicios de Salud (con gastos corrientes por $46.900 millones este año), o un amplio abanico de empresas del Estado nacional que movieron un total de $1,7 billones este año para cumplir con sus fines específicos, pero que en ciertas ocasiones también sirvieron como nichos para colocar familiares, amigos y militantes, o financiar gastos diversos. Algunas empresas son más conocidas, como AySA ($125.800 millones), Aerolíneas Argentinas (que recibió una asistencia financiera del Estado nacional de $72.900 millones según el ejercicio 2022, rubricado en abril de este año) o el Correo Oficial ($96.400 millones), y otras menos conocidas, como Yacimientos Carboníferos Río Turbio ($18.300 millones) o la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA, $15.900 millones), entre otras.
- Empresas privadas con participación accionaria mayoritaria del Estado nacional, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que destina fortunas a su directorio, a una larga lista de ejecutivos y a gastos como la pauta publicitaria, que ascendió a $17.088 millones hasta el 30 de septiembre, de acuerdo con los estados contables de la propia petrolera.
- Gastos periódicos del Estado nacional que son “cajas” recurrentes de la política, como la impresión de boletas electorales. ¿Un ejemplo? El Estado nacional giró $11.633 millones a las agrupaciones políticas solo para la impresión de las boletas correspondientes a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de este año, monto al que deben adicionarse las partidas que giró para las elecciones generales y para el balotaje presidencial, en vez de evaluar la boleta única o el voto electrónico.
- Nichos específicos como los Registros de la Propiedad Automotor, botín recurrente desde hace décadas y de todos los gobiernos, incluido el de Alberto Fernández, como reveló Nicolás Pizzi en Infobae, que entregan esos registros a familiares o conocidos, además de reservar una partida del producido por esos registros, y otros “entes cooperadores”, para el pago de sobresueldos entre los empleados del Ministerio de Justicia nacional.
- Regímenes tributarios especiales como el de Tierra del Fuego, que tiene un costo fiscal de US$1070 millones al año (equivalente al 0,22% del PBI), según una investigación del centro de estudios Fundar, que estimó que impulsar un plan de diversificación productiva para la provincia podría reportarle un ahorro de US$5900 millones durante el lapso de 11 años y de US$900 millones anuales a partir de entonces, aunque desde esa provincia replican que dicho plan ya está en marcha y que una reforma errónea o apresurada del régimen vigente hasta el año 2038 podría afectar a 20.000 familias.
- Fideicomisos: con un presupuesto de casi $1,5 billones repartido en 29 fondos fiduciarios, según el presupuesto 2023 del Ministerio de Economía, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) solo controlaron a 12 de esos fondos, algunos de los cuales solo fueron auditados una vez y hace más de 10 años, según verificó TN. Creados en su mayoría para financiar obras públicas específicas o subsidiar energía y transporte, el listado de fideicomisos incluye de todo. Desde fondos más conocidos, como el Procrear o el de Infraestructura Hídrica”, hasta los de Integración Socio-Urbana, Manejo del Fuego, Estabilizador del Trigo Argentino, o para el Desarrollo Provincial” o a la Recuperación de la Actividad Ovina, entre otros. Eso sí, con escaso control y menos información. “No todos los fiduciarios reportan el detalle de las transferencias que realizan a los beneficiarios, sean estos públicos o privados”, detalló la Oficina de Presupuesto del Congreso en un informe de enero pasado.
En otras jurisdicciones
Estas y otras posibles “cajas” de la política corresponden, sin embargo, solo a la órbita de la administración pública nacional, donde el presidente Milei podría posar la lupa con mayor o menor profundidad durante las próximas semanas, sin apelar a una motosierra, para reducir el gasto público en miles o decenas de miles de millones de pesos.
Sin embargo, fuera de su alcance quedarán otras “cajas” de la política con base, por ejemplo, en el Poder Legislativo de la Nación, con sus partidas multimillonarias para asesores, empleados y compras, que en años anteriores incluyeron medallas conmemorativas de oro, lapiceras y pines también de oro, entre otros gastos.
“Sé que es controversial, ¿pero qué pasaría si se analizara a cada legislador nacional como un ‘centro de costos’?”, planteó Monteverde. “¿Qué pasaría si analizáramos su ‘productividad’ en sentido amplio? ¿Y cuántos asesores contrató? ¿Son asesores o amantes o ñoquis? Y eso, sin olvidar áreas específicas del Poder Legislativo, como la Biblioteca del Congreso. ¿Cuántas personas trabajan realmente allí?”.
También quedarán fuera del alcance de Milei las “cajas” que la política maneja a nivel provincial –solo en la provincia de Buenos Aires incluye, por ejemplo, la Legislatura, con un presupuesto de $60.000 millones; el Grupo Banco Provincia, IOMA o el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, entre otras–, y municipal, con ciudades grandes como Buenos Aires –que tendrá un presupuesto de casi $4,8 billones en 2024– y distritos más pequeños, como el de Puan, por ejemplo, donde el intendente saliente no les pagó los salarios a los 1300 empleados públicos, pero le giró $83 millones a su agrupación política. No fue un caso aislado.
“Hay fondos fiduciarios que funcionan bien y otros que son un agujero negro; hay empresas públicas y organismos que cumplen su función, bien, a medias o con abusos y desvíos”, abundó Flores. “Pero si quieren ir por el ‘gasto de la política’ y recortar el gasto público, hay que detenerse puntualmente en cada una de esas ‘cajas’ y revisar sus cuentas”.
“Algunas ‘cajas’ se utilizan para desviar fondos, para la corrupción; otras, para colocar gente propia en el Estado”, asegura Rafael Flores, miembro de la Asociación Argentina de Presupuesto y Adminstración Pública (ASAP)
“Para reestructurar el Estado, primero hay que completar un diagnóstico profundo, un inventario de cómo entregó las cuentas públicas el gobierno anterior”, dice Vicente Monteverde, experto en lucha contra la corrupción
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Tierra arrasada y pases a planta, la herencia de Cristina para Villarruel
Los funcionarios de la expresidenta se llevaron computadoras y papeles de dos dependencias claves del Senado
Gustavo Ybarra
Cristina volvió a mostrarse en el Instituto Patria
Política de tierra arrasada. Esa es la herencia que encontraron los funcionarios que Victoria Villarruel designó para manejar el Senado. El frío aunque cordial trato que le dispensó Cristina Kirchner cuando ordenó iniciar la transición entre vicepresidentas parece haberse terminado en la noche misma del 9 de diciembre, cuando la expresidenta y sus colaboradores más estrechos abandonaron la conducción de la Cámara alta.
El panorama que encontró María Laura Izzo fue desolador cuando ingresó a la Secretaría Administrativa, cargo en el que fue designada la semana pasada y que ocupó durante toda la administración kirchnerista María Luz Alonso, dirigente de La Cámpora y ahora legisladora provincial en La Pampa.
Ni siquiera un bibliorato encontró la nueva funcionaria cuando desembarcó en el complejo de oficinas a las que se accede desde el distribuidor del primer piso del Palacio Legislativo, justo enfrente de la réplica a escala de la cuadriga de la victoria que corona el frontis del Congreso de la Nación.
Un panorama bastante similar debió enfrentar Agustín Giustinian, designado al frente de la Secretaría Parlamentaria. Cables cortados, cajones vacíos y escritorios pelados, sin una sola computadora, fue la escenografía de una retirada en orden pero con la intención premeditada de complicar el inicio de la nueva administración libertaria.
Recién aterrizados en la función y todavía armando sus equipos de colaboradores, tanto Izzo como Giustinian no han tenido tiempo de definir con Villarruel el camino a seguir. No se descarta que la vicepresidenta ordene una auditoría para dejar en claro la herencia recibida, sobre todo en materia administrativa.
A la política de tierra arrasada se suma la resistencia a dejar los cargos de varios de funcionarios designados durante la administración kirchnerista. Muchos son militantes de La Cámpora y algunos, hasta el fin de la semana pasada, pretendían reeditar el “resistiendo con aguante” de 2015 y permanecían en las posiciones en las que fueron nombrados en los últimos dos años, ante el pasmoso silencio de los gremios legislativos.
La base de operaciones de este grupo fue la Dirección General de Comisiones, dependencia que ocupó hasta el 10 de diciembre María Laura Cosone, mano derecha del exsecretario parlamentario Marcelo Fuentes y cara visible de una estructura elefantiásica que terminó justificando elevados salarios a jóvenes kirchneristas.
En ese organigrama, instalado en la órbita de la Secretaría Parlamentaria, se destacan nombres como los de Romina Verón, secretaria de Coordinación; Nahuel Petryk, director de Despacho; Daiana Soledad Páez, directora de Recinto y Salones, y Lilian Solange Ortellano, subdirectora de Archivo y Registro de Leyes, entre otros.
Todo este grupo parece haber migrado al primer piso del edificio anexo, sede del subbloque ultrakirchnerista Unidad Ciudadana, que preside la senadora Juliana Di Tullio (Buenos Aires). Algunos también han encontrado refugio en el bloque del Frente de Todos, que preside José Mayans.
Nuevos nombramientos
El caso del vaciamiento de la Secretaría Administrativa es más grave aún si se toma en cuenta que, según confiaron fuentes gremiales, la gestión de Cristina Kirchner se despidió pasando a varios empleados a la planta permanente del Senado. Lo hizo el último día hábil de gestión, el pasado 7 de diciembre.
La veracidad del rumor se podría comprobar fácil, revisando los decretos firmados por la ahora exvicepresidenta y por Alonso. El problema radica en que esos papeles no están a la vista, al menos no en las oficinas donde deberían estar guardados, y tampoco están subidos en la página web de la Cámara alta, tal como lo establecen los acuerdos de transparencia asumidos por administraciones anteriores.
No es la primera vez que la opacidad de la gestión de Cristina Kirchner impide tener certeza o bloquea el acceso a la información en este tipo de cuestiones.
En septiembre de 2022, este diario dio cuenta del pase a planta permanente de casi 130 empleados. La mayoría de los beneficiados revistaban en despachos de senadores peronistas, pero la entonces vicepresidenta se preocupó por beneficiar a varios de sus colaboradores más cercanos, como su secretario privado y dirigente de La Cámpora, Daniel Graves.
Ahora, de nuevo aparecen casos vertiginosos. Uno de esos es el de Paula Jimena Echeverría, que en abril de 2021 había sido designada como personal de gabinete para desempeñarse como directora de Apoyo Técnico Institucional, es decir, en un cargo político que termina junto con la función de la persona que pidió su designación. Sin embargo, menos de dos años después, ya forma parte de la planta permanente de la Cámara alta
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La exvice reapareció en el Instituto Patria y tendrá un papel activo
El reducto kirchnerista será la base de Cristina; en el PJ aseguran que no se retirará
Javier Fuego Simondet
El video que, el jueves pasado, Cristina Kirchner difundió a través de sus redes sociales la mostró tomando posesión de su despacho en el Instituto Patria y pareció confirmar las especulaciones que sobre ella se hacen en distintos sectores del peronismo, en los que prevén que mantendrá un papel activo en la nueva etapa política que inauguró el gobierno del presidente Javier Milei, aunque desconfían de que se embandere en un proceso partidario con miras electorales.
El instituto que preside el senador Oscar Parrilli funcionará como base de operaciones de la próxima etapa de Cristina, interpretan como mensaje inequívoco del video que la expresidenta difundió el jueves (el viernes hizo público otro, en el que recuerda el pago que hizo Néstor Kirchner de la deuda con el FMI en 2005) fuentes kirchneristas al tanto de lo que sucede en ese reducto.
Las fuentes carecen de precisiones sobre qué tipo de actividades encarará Cristina en “el Patria”, como se refieren al lugar sintéticamente en el cristinismo. “Otra vez en casa”, fue el leitmotiv del video en el instituto del que la exmandataria es presidenta honoraria.
Las clases magistrales y charlas sobre la coyuntura son las formas de participación que le auguran dentro del peronismo a Cristina. En ese marco, el Instituto Patria sería una carta casi natural para su actividad. “Creo que irá al sur [por El Calafate], pero estará activa, no la veo guardada. El Patria es una oficina para usar de base. Es Parrilli, es una de las ‘bandas’. Estará yendo ahí, pero no creo que sea el único lugar”, dijo una fuente del kirchnerismo de paladar negro.
“Lo que se ve es que está activa. No la veo jubilándose. Estuvo en la provincia [por su presencia en la jura de Axel Kicillof], lo que gestualmente muestra que sigue en camino”, evaluó un intendente del peronismo bonaerense. “Creo que va a escoger una actitud contemplativa. ¿Por qué deberíamos pedirle que diga cosas?”, contrastó otro jefe comunal.
Aunque subrayó que “solo Cristina sabe [cómo encarará sus próximos pasos]”, un hombre del kirchnerismo bonaerense consideró que la exvicepresidenta “está en tren de charlas magistrales” y que “no parece, en el corto plazo, que vaya a tener un rol sobre el partido y lo electoral”. Después de la victoria de Milei en el balotaje ante Sergio Massa, Cristina suspendió el viaje que tenía programado a Italia para ofrecer la conferencia “La insatisfacción democrática”, en la Universidad Federico II, de Nápoles.
El respaldo de Cristina a Kicillof como una de sus apuestas quedó evidenciado nuevamente con su presencia en la Legislatura bonaerense, para presenciar la asunción del gobernador desde un palco (estuvo en el mismo de la familia de Kicillof). En el nuevo gabinete provincial figura una incorporación del cristinismo puro, la del exsecretario de Justicia nacional Juan Martín Mena, que será ministro de Justicia provincial. “Aporta más camporismo”, indicó una fuente kirchnerista sobre Mena. “Está ahí para cumplir su rol en la agenda judicial de Cristina”, analizó otro portavoz del mismo sector.
En el territorio bonaerense, el bastión principal del kirchnerismo, permanecen en contacto los integrantes de la denominada Mesa de Ensenada, un grupo de dirigentes cristinistas que se reunieron asiduamente y recibieron a la expresidenta hace un año, después de la condena en su contra por el caso Vialidad. No repitieron las cumbres últimamente, pero están en contacto permanente, informó un allegado a uno de los habituales asistentes que, no obstante, carece de pistas sobre Cristina
Mayans: “casi un gobierno de facto”
El senador formoseño José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, calificó el protocolo contra los piquetes que anunció la semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una medida propia de “casi un gobierno de facto”. En declaraciones a AM 530, el legislador sostuvo que, por el ajuste decretado y “para contrarrestar”, en el Gobierno “ponen a Bullrich, que está llena de odio, que está dispuesta a castigar a todos los que no la votaron para que sea presidenta con Gendarmería, policía,Prefectura,balasdegoma, balas de plomo”. Y pronosticó que Javier Milei provocará “sufrimiento sin fin”.
Política de tierra arrasada. Esa es la herencia que encontraron los funcionarios que Victoria Villarruel designó para manejar el Senado. El frío aunque cordial trato que le dispensó Cristina Kirchner cuando ordenó iniciar la transición entre vicepresidentas parece haberse terminado en la noche misma del 9 de diciembre, cuando la expresidenta y sus colaboradores más estrechos abandonaron la conducción de la Cámara alta.
El panorama que encontró María Laura Izzo fue desolador cuando ingresó a la Secretaría Administrativa, cargo en el que fue designada la semana pasada y que ocupó durante toda la administración kirchnerista María Luz Alonso, dirigente de La Cámpora y ahora legisladora provincial en La Pampa.
Ni siquiera un bibliorato encontró la nueva funcionaria cuando desembarcó en el complejo de oficinas a las que se accede desde el distribuidor del primer piso del Palacio Legislativo, justo enfrente de la réplica a escala de la cuadriga de la victoria que corona el frontis del Congreso de la Nación.
Un panorama bastante similar debió enfrentar Agustín Giustinian, designado al frente de la Secretaría Parlamentaria. Cables cortados, cajones vacíos y escritorios pelados, sin una sola computadora, fue la escenografía de una retirada en orden pero con la intención premeditada de complicar el inicio de la nueva administración libertaria.
Recién aterrizados en la función y todavía armando sus equipos de colaboradores, tanto Izzo como Giustinian no han tenido tiempo de definir con Villarruel el camino a seguir. No se descarta que la vicepresidenta ordene una auditoría para dejar en claro la herencia recibida, sobre todo en materia administrativa.
A la política de tierra arrasada se suma la resistencia a dejar los cargos de varios de funcionarios designados durante la administración kirchnerista. Muchos son militantes de La Cámpora y algunos, hasta el fin de la semana pasada, pretendían reeditar el “resistiendo con aguante” de 2015 y permanecían en las posiciones en las que fueron nombrados en los últimos dos años, ante el pasmoso silencio de los gremios legislativos.
La base de operaciones de este grupo fue la Dirección General de Comisiones, dependencia que ocupó hasta el 10 de diciembre María Laura Cosone, mano derecha del exsecretario parlamentario Marcelo Fuentes y cara visible de una estructura elefantiásica que terminó justificando elevados salarios a jóvenes kirchneristas.
En ese organigrama, instalado en la órbita de la Secretaría Parlamentaria, se destacan nombres como los de Romina Verón, secretaria de Coordinación; Nahuel Petryk, director de Despacho; Daiana Soledad Páez, directora de Recinto y Salones, y Lilian Solange Ortellano, subdirectora de Archivo y Registro de Leyes, entre otros.
Todo este grupo parece haber migrado al primer piso del edificio anexo, sede del subbloque ultrakirchnerista Unidad Ciudadana, que preside la senadora Juliana Di Tullio (Buenos Aires). Algunos también han encontrado refugio en el bloque del Frente de Todos, que preside José Mayans.
Nuevos nombramientos
El caso del vaciamiento de la Secretaría Administrativa es más grave aún si se toma en cuenta que, según confiaron fuentes gremiales, la gestión de Cristina Kirchner se despidió pasando a varios empleados a la planta permanente del Senado. Lo hizo el último día hábil de gestión, el pasado 7 de diciembre.
La veracidad del rumor se podría comprobar fácil, revisando los decretos firmados por la ahora exvicepresidenta y por Alonso. El problema radica en que esos papeles no están a la vista, al menos no en las oficinas donde deberían estar guardados, y tampoco están subidos en la página web de la Cámara alta, tal como lo establecen los acuerdos de transparencia asumidos por administraciones anteriores.
No es la primera vez que la opacidad de la gestión de Cristina Kirchner impide tener certeza o bloquea el acceso a la información en este tipo de cuestiones.
En septiembre de 2022, este diario dio cuenta del pase a planta permanente de casi 130 empleados. La mayoría de los beneficiados revistaban en despachos de senadores peronistas, pero la entonces vicepresidenta se preocupó por beneficiar a varios de sus colaboradores más cercanos, como su secretario privado y dirigente de La Cámpora, Daniel Graves.
Ahora, de nuevo aparecen casos vertiginosos. Uno de esos es el de Paula Jimena Echeverría, que en abril de 2021 había sido designada como personal de gabinete para desempeñarse como directora de Apoyo Técnico Institucional, es decir, en un cargo político que termina junto con la función de la persona que pidió su designación. Sin embargo, menos de dos años después, ya forma parte de la planta permanente de la Cámara alta
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
La exvice reapareció en el Instituto Patria y tendrá un papel activo
El reducto kirchnerista será la base de Cristina; en el PJ aseguran que no se retirará
Javier Fuego Simondet
El video que, el jueves pasado, Cristina Kirchner difundió a través de sus redes sociales la mostró tomando posesión de su despacho en el Instituto Patria y pareció confirmar las especulaciones que sobre ella se hacen en distintos sectores del peronismo, en los que prevén que mantendrá un papel activo en la nueva etapa política que inauguró el gobierno del presidente Javier Milei, aunque desconfían de que se embandere en un proceso partidario con miras electorales.
El instituto que preside el senador Oscar Parrilli funcionará como base de operaciones de la próxima etapa de Cristina, interpretan como mensaje inequívoco del video que la expresidenta difundió el jueves (el viernes hizo público otro, en el que recuerda el pago que hizo Néstor Kirchner de la deuda con el FMI en 2005) fuentes kirchneristas al tanto de lo que sucede en ese reducto.
Las fuentes carecen de precisiones sobre qué tipo de actividades encarará Cristina en “el Patria”, como se refieren al lugar sintéticamente en el cristinismo. “Otra vez en casa”, fue el leitmotiv del video en el instituto del que la exmandataria es presidenta honoraria.
Las clases magistrales y charlas sobre la coyuntura son las formas de participación que le auguran dentro del peronismo a Cristina. En ese marco, el Instituto Patria sería una carta casi natural para su actividad. “Creo que irá al sur [por El Calafate], pero estará activa, no la veo guardada. El Patria es una oficina para usar de base. Es Parrilli, es una de las ‘bandas’. Estará yendo ahí, pero no creo que sea el único lugar”, dijo una fuente del kirchnerismo de paladar negro.
“Lo que se ve es que está activa. No la veo jubilándose. Estuvo en la provincia [por su presencia en la jura de Axel Kicillof], lo que gestualmente muestra que sigue en camino”, evaluó un intendente del peronismo bonaerense. “Creo que va a escoger una actitud contemplativa. ¿Por qué deberíamos pedirle que diga cosas?”, contrastó otro jefe comunal.
Aunque subrayó que “solo Cristina sabe [cómo encarará sus próximos pasos]”, un hombre del kirchnerismo bonaerense consideró que la exvicepresidenta “está en tren de charlas magistrales” y que “no parece, en el corto plazo, que vaya a tener un rol sobre el partido y lo electoral”. Después de la victoria de Milei en el balotaje ante Sergio Massa, Cristina suspendió el viaje que tenía programado a Italia para ofrecer la conferencia “La insatisfacción democrática”, en la Universidad Federico II, de Nápoles.
El respaldo de Cristina a Kicillof como una de sus apuestas quedó evidenciado nuevamente con su presencia en la Legislatura bonaerense, para presenciar la asunción del gobernador desde un palco (estuvo en el mismo de la familia de Kicillof). En el nuevo gabinete provincial figura una incorporación del cristinismo puro, la del exsecretario de Justicia nacional Juan Martín Mena, que será ministro de Justicia provincial. “Aporta más camporismo”, indicó una fuente kirchnerista sobre Mena. “Está ahí para cumplir su rol en la agenda judicial de Cristina”, analizó otro portavoz del mismo sector.
En el territorio bonaerense, el bastión principal del kirchnerismo, permanecen en contacto los integrantes de la denominada Mesa de Ensenada, un grupo de dirigentes cristinistas que se reunieron asiduamente y recibieron a la expresidenta hace un año, después de la condena en su contra por el caso Vialidad. No repitieron las cumbres últimamente, pero están en contacto permanente, informó un allegado a uno de los habituales asistentes que, no obstante, carece de pistas sobre Cristina
Mayans: “casi un gobierno de facto”
El senador formoseño José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, calificó el protocolo contra los piquetes que anunció la semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una medida propia de “casi un gobierno de facto”. En declaraciones a AM 530, el legislador sostuvo que, por el ajuste decretado y “para contrarrestar”, en el Gobierno “ponen a Bullrich, que está llena de odio, que está dispuesta a castigar a todos los que no la votaron para que sea presidenta con Gendarmería, policía,Prefectura,balasdegoma, balas de plomo”. Y pronosticó que Javier Milei provocará “sufrimiento sin fin”.
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