PREPAGAS Y AEROLÍNEAS...(CAMBIOS )

Las prepagas anticipan un aumento del 40%
El DNU de Milei deja sin efecto el control de precios por parte del Gobierno y anula, además, la intermediación de una obra social en el caso de los afiliados que derivan aportes a pagar un plan
Silvia Stang
Las cuotas de la medicina prepaga aumentarán en enero en el orden del 40%, según dijeron anoche  cuatro referentes del sector. Varios directivos de las entidades que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por el dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, mantuvieron ayer encuentros para analizar los efectos en la actividad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado el miércoles por el presidente Javier Milei y sus ministros, que fue publicado ayer en el Boletín Oficial.
“Las subas del mes próximo se moverán en el rango del 35% al 42%”, señaló una de las fuentes consultadas, que agregó que, con ese nivel de reajustes no se compensará el retraso en los precios que las empresas afirman tener, y que supera el 50%, sin contar los efectos que dejan la inflación y la devaluación de este mes, sobre todo en gran parte de los insumos, que se importan.
El DNU libera los precios de los planes de salud, al derogar, de la ley que regula al sector de las prepagas, la parte referida a las atribuciones de los funcionarios del área de Salud para autorizar los incrementos de las cuotas. La ley 26.682, aprobada en 2011 y de la cual se derogan algunos artículos –total o parcialmente–, le otorgó en su momento a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de fiscalizar y garantizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”. Eso queda ahora eliminado.
Sí queda vigente, según la letra del decreto, la limitación para fijar precios diferenciales de los planes en función de la edad de quienes se afilian. Se ratifica, en tal sentido, que, entre la primera y la última franja etaria del esquema definido para fijar los valores no puede haber una diferencia de más de tres veces.
El incremento de enero se dará en el contexto de una alta inflación y de deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de las familias. Pero desde el sector afirman que no tienen margen para continuar sin recomponer sus ingresos, de los que surgen los recursos para pagar a los prestadores. En los últimos tiempos hubo varios comunicados de entidades que dan servicios de diferentes especialidades para advertir sobre los desequilibrios entre el aumento de sus costos y la variación de los aranceles recibidos de las prepagas. El deterioro prestacional se evidenció, por ejemplo, en las salidas de médicos de las cartillas, en las demoras para obtener turnos y en el cobro de bonos contribución o copagos por parte de algunos médicos o instituciones.
Hasta antes del DNU estaba vigente un sistema –derivado de lo establecido por la ley que se modifica– por el cual la Superintendencia de Servicios de Salud, como autoridad encargada del control, publicaba la variación mensual de un Índice de Costos de Salud, y ese porcentaje era el autorizado para la suba de cuotas; además, regía un esquema de incremento topeado para quienes tuvieran ingresos de hasta un determinado monto e hicieran una declaración jurada. Ese tope estaba definido como el 90% de la variación mensual del índice salarial Ripte.
Para las cuotas de enero, el aumento autorizado según ese mecanismo era de 6,26% y, en la práctica, no iba a regir ningún tope, porque el porcentaje establecido como referencia para el límite máximo resultó superior a la variación de los costos de salud. Eso quedó sin efecto y las cuotas podrán subir en el porcentaje que decida cada entidad.
Más allá de cuál será finalmente el incremento en enero en cada caso, de haber continuado sin modificaciones el sistema anterior, ese mes un grupo de afiliados iba a recibir su factura con un reajuste de 40,67%. Se trata de quienes tuvieron la cuota congelada en octubre, noviembre y diciembre, de acuerdo con una decisión que había tomado, en el marco del llamado “plan platita”, el entonces ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. El porcentaje mencionado corresponde a la suba que se acumuló, según el Índice de Costos de Salud, entre octubre y el mes actual.
En todo el año, la suba de las cuotas de las prepagas alcanzó un 135,76%, mientras que la inflación acumularía entre enero y diciembre y según varias estimaciones, entre 200% y 220%. Pero, a la vez, esa variación del precio de los planes de salud es bastante superior al reajuste que tuvieron, por ejemplo, muchos jubilados de la Anses, que, al recibir solo las recomposiciones según el índice de movilidad, sin cobro de bonos, tienen hoy un haber que supera en solo un 110,9% al de fines de 2022.
El decreto también dispone la incorporación de las prepagas a la ley 23.660 y, en consecuencia, al régimen de obras sociales. Según se desprende de la nueva medida, los asalariados podrían decidir derivar sus aportes a un plan de salud de una prepaga, sin la intermediación de una obra social como la que se da en la actualidad, en esos casos. Sería, así, una desregulación más plena que la existente para la elección de la cobertura de salud.
La incorporación a la ley de obras sociales supone la adhesión de las prepagas al fondo de redistribución con el que se financian tratamientos de alto costo, al menos cuando los afiliados deriven aportes salariales al pago de su plan. Un artículo del DNU señala que, así como en el caso de las obras sociales sindicales el 15% de lo recaudado por aportes y contribuciones se deriva a ese fondo (que funciona como una suerte de seguro), en las prepagas ese porcentaje será del 20% de los recursos obtenidos, tal como ocurre con las obras sociales de personal de dirección.
En los últimos años, los reclamos de los referentes de las prepagas con respecto a las cuotas fueron constantes. Según datos aportados por Hugo Magonza, presidente de Acami (Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas), entre diciembre de 2019 y octubre de este año, mientras que la inflación acumuló el 780%, las cuotas subieron el 510% y el costo de dar prestaciones de salud, el 1157%. La actividad está regulada, entre otros aspectos, en lo que se refiere a cuáles son las prestaciones que obligatoriamente debe ofrecer en todos los planes.

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Milei allanó el camino para entregarles Aerolíneas a los empleados de la empresa
El DNU reflota los programas de propiedad participada; no se privatizaría, sino que los trabajadores pasarían a ser accionistas

Diego CabotHasta hace poco, a la firma la manejaba La Cámpora
Entre los centenares de derogaciones, modificaciones y nuevos regímenes que dejó plantado el decreto que anunció Javier Milei hubo uno que ganó fuerte protagonismo. Con una serie de artículos, dejó allanado el camino para avanzar con su plan de campaña: entregar Aerolíneas Argentinas y sus empresas controladas a los trabajadores.
“Autorízase la cesión, parcial o total, del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur y de sus empresas controladas, a los empleados de las respectivas empresas de conformidad con el programa de propiedad participada”, dice uno de los artículos del megadecreto.
Esta norma se complementa con otra que es fundamental, que en realidad es la modificación de una ley cara al sentimiento kirchnerista: la 26.446, mediante la cual se declaró de interés público a Aerolíneas Argentinas. Ahora, el artículo 5 tiene la siguiente redacción: “Autorízase la cesión total o parcial de las acciones representativas del capital social a los trabajadores de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas (Optar SA, Jet Paq SA, Aerohandling SA) de conformidad con el programa de propiedad participada. La cesión de los nuevos derechos se prorrateará entre los empleados que decidan participar en dicho programa de ampliación. Los empleados que participen de más de una de estas empresas deberán optar por su participación en una de ellas”.
Este párrafo esconde una trampa. Sucede que Milei se cuidó de mencionar la privatización de la empresa aérea. Lo que se decidió es dejar armado el andamiaje regulatorio para que la propiedad pase a manos de los empleados.
Semejante omisión, es decir, la de privatizarla, no parece casual. Justamente, la conflictividad con la que amenazan los gremios ante cualquier cambio en la empresa llevó a que los reguladores del Gobierno solo establecieran la posibilidad del pase de manos de las acciones: del Estado a los empleados. Ahora bien, qué podría pasar si los empleados no aceptan. Pues según otro artículo que se deroga en otra parte del decreto, el Tesoro no tiene obligación de asistirla, por lo que, técnicamente y sin asistencia, podría quebrar.
Técnicamente, lo que también se modificó es la ley 26.412, mediante la que se rescató a la línea de bandera el 18 de septiembre de 2008. De esta manera, la administración Milei convirtió en letra muerta el poderoso artículo 9. “En ningún caso el Estado nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma”, decía. Esa imposibilidad ya es historia aeronáutica.
Hay algunas cuestiones más que modificarán el estado de las cosas en el mercado aerocomercial. “El despegue, la circulación y el aterrizaje de aeronaves es libre en el espacio aéreo argentino, en cuanto no fueren limitados por la legislación vigente. El tránsito será regulado de manera que posibilite el movimiento seguro y ordenado de las aeronaves. A tal efecto, la autoridad aeronáutica establecerá las normas generales relativas a circulación aérea”, se lee en un artículo que modificó las limitaciones que establecía el código aeronáutico. En otras palabras, la consagración de los “cielos abiertos”
Un punto clave es quién tripulará los aviones. Ese es un teman eurálgico para los gremios que siempre requieren que sean argentinos. “En los servicios aerocomerciales el personal que desempeña funciones aeronáuticas deberá ser argentino. El Poder Ejecutivo Nacional podrá autorizar un porcentaje de personal extranjero, estableciéndose un procedimiento gradual de reemplazo del personal extranjero por personal argentino”. Es decir, cielos abiertos, pero no tanto como para no patear demasiado fuerte el avispero sindical.

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Qué cambiará en el sector aerocomercial tras el decreto de Milei
El ingreso de nuevas firmas dependerá de que la demanda se recupere y del rol de Aerolíneas

María Julieta Rumi
Entre las distintas reformas incluidas en el decreto 70/23, que se publicaron ayer en el Boletín Oficial, hay un capítulo completo destinado al sector aerocomercial. El presidente Javier Milei lo anunció como la “implementación de la política de cielos abiertos”.
En concreto, el DNU deroga y modifica decretos y leyes para facilitar el ingreso de más líneas aéreas, decisión que fue celebrada por el sector aerocomercial. Pero también señalan allí que las modificaciones no implican que más firmas vendrán automáticamente. Hay dos factores más a evaluar: la alicaída demanda por el deterioro del poder adquisitivo y el rol de Aerolíneas Argentinas, que es visto como un competidor desleal.
ConsultadoDiego Fargosi, socio de Fargosi Abogados, destacó que, en principio, la modificación del Código Aeronáutico elimina el mecanismo de la audiencia pública para otorgar rutas aéreas, un sistema que, según él, podía resultar un muro para nuevos operadores en el sector, ya que si el Estado no convocaba a audiencia, no se podía acceder al mercado aerocomercial.
Por otro lado, subrayó la derogación del decreto 1654/2002, que permitía establecer bandas tarifarias. Cabe recordar que el gobierno de Alberto Fernández intentó restablecerlas con foco en los precios mínimos, lo que en su momento fue leído como una jugada en favor de Aerolíneas Argentinas y en detrimento de las low cost.
“Lo más importante de las reformas es que evitan que el Estado use herramientas como la ley 19.030, la audiencia pública y las bandas tarifarias, que casi vuelven para que el mercado no tenga nuevos jugadores”, afirmó.
En este sentido, una fuente que estuvo ligada a la “revolución de los aviones”, como se conoció a la política aerocomercial del gobierno de Mauricio Macri, también resaltó una modificación al Código Aeronáutico, que permite el ingreso de más compañías extranjeras porque no exige que la mayoría de los accionistas sean argentinos.
“La normativa establece que el domicilio de la empresa debe estar en la República Argentina, que el control y la dirección de la empresa deben estar en manos de personas con domicilio real en el país y que, si se trata de una sociedad de personas, la mitad más uno, por lo menos, de los socios deben ser argentinos radicados y poseer la mayoría del capital social. Pero se sacó el artículo por el cual, si se trata de una sociedad de capitales, la mayoría de las acciones deberán pertenecer a argentinos con domicilio real en la república”, explicó.
El especialista agregó que lo de Milei sería como una “revolución de los aviones a la inversa”, ya que el gobierno de Macri partió de una desregulación en la práctica –con el impulso de las low cost y el aeropuerto de El Palomar–, pero no tocó la legislación, mientras que el libertario inicia con cambios en leyes.
De acuerdo con diversas fuentes del sector, la desregulación aeronáutica no implica automáticamente una mayor inversión. Las líneas aéreas extranjeras llegarían al país si el ingreso es sencillo, si hay demanda potencial y si cambia el rol de Aerolíneas Argentinas. No está bien visto el hecho de tener un “competidor fundido” al que el Estado le inyecta recursos. Lo toman como “competencia desleal”.
Otro abogado del sector dijo que la pregunta es cuán rápido van a querer entrar jugadores como Gol, Sky o Avianca si el DNU se puede revertir, al tiempo que faltan los requisitos para que operen en el país.
Por último, también insistió en la magra situación económica del país. “Actualmente, hay un proceso de concentración de la aviación en el mundo y no veo que vengan a abrir este mercado, porque además en la Argentina no se gana plata, sino que se pierde. Está tan deprimida la economía que los tickets no alcanzan a retribuir su costo y, en vez de poner aviones, las empresas los están sacando. No te sirve de nada haber levantado la barrera si económicamente no tenés un beneficio”, concluyó.

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