Buscan sumar a las FF.AA. a la seguridad interior y mayores penas para piqueteros
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto que propone que las Fuerzas Armadas puedan actuar en los que considere “actos de terrorismo”; en otro, pide penas de prisión para quien organice cortes de calles
Con el objetivo declarado de dar batalla y “derrotar” al narcotráfico, hoy con epicentro en la ciudad de Rosario, dos ministros nacionales anunciaron ayer que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en situaciones que sean consideradas actos de terrorismo. Los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) anunciaron también el envío de otros cuatro proyectos, que entre otras medidas establecen penas de prisión para piqueteros que organicen manifestaciones y consigan, mediante “extorsión”, la presencia de manifestantes en esas marchas.
“Estamos modificando la ley de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones para devolverles la paz a los rosarinos en el supuesto de terrorismo”, indicó Petri en la conferencia de prensa en la que, junto a Bullrich, detallaron los proyectos. El ministro de Defensa anunció que el proyecto modifica el artículo 27 de la ley, que hasta ahora autoriza la participación de las Fuerzas Armadas solo en apoyo logístico, como “arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”. La decisión llega días después de la indignación pública por una nueva ola de violencia narco que provocó la muerte violenta de cuatro personas en Rosario.
“Estamos convencidos de que la batalla de los narcos se puede ganar con el Estado”, enfatizó el ministro, y especificó que, de conseguirse la aprobación en el Congreso, “las FF.AA. quedarán habilitadas a patrullar, controlar a las personas y vehículos, realizar tareas de prevención de delitos y aprehender en flagrancia “dando intervención inmediata a la Justicia”, explicó el ministro de Defensa.
Atento a las críticas de quienes ven un riesgo en permitir la participación de las Fuerzas Armadas, Petri dejó en claro que “no se usarán para delitos comunes, sino en actos de terrorismo y con anuencia del gobernador en cuestión”, aclaró Petri, quien también prometió “mayores recursos” para los “dos o tres mil” miembros de las Fuerzas Armadas que sean, en un futuro, destinados al combate directo contra el narcotráfico.
A su turno, la ministra de Seguridad defendió la medida. “No hay plan B, la sociedad no tiene plan B cuando le destruyen su propiedad y su vida. No puede haber un diputado o un senador que no entienda la realidad que estamos pasando, creemos que el Congreso nos va a acompañar”, dijo Bullrich.
Para completar el anuncio, la ministra de Seguridad detalló otros proyectos, como la modificación de la ley de legítima defensa, el ADN para delitos, las penas para organizadores de bloqueos y piquetes y la denominada ley antimafia.
En relación con este último proyecto, Bullrich dio como antecedentes las leyes antimafia en Italia y Estados Unidos, y afirmó que “apuntará a aquellos que participan de una determinada organización y son parte de distintos tipos de delitos encadenados, para el objetivo que tiene esa organización criminal”, dijo. “Todos esos que participan de esa cadena son considerados miembros de esa organización y van a tener una pena por pertenecer a ese clan”, detalló Bullrich.
La ministra dijo que van a “utilizar un modelo superador para este tipo de hechos”. Y detalló medidas adicionales, como la detención por averiguación de ilícitos (como ya lo está haciendo Santa Fe a través de una ley especial), la colocación de retenes, incautar mercadería, hacer rastrillajes y allanamientos encadenados.
La funcionaria habló además sobre la “reiterancia”, otro proyecto de modificación del Código Penal que evitaría la excarcelación para los no condenados. “Lo agarran por un delito y no tiene condena, y así sucesivamente. Acá sumamos la figura de la reiterancia, que ya estaba en Mendoza hace mucho tiempo. Reiterás el delito y vas preso”, enfatizó Bullrich.
En relación con el registro de ADN, que actualmente rige para delitos sexuales, Bullrich afirmó que “ahora, cada una de las personas que entren a una cárcel, a una dependencia policial, con una imputación, va a tener que someterse a una prueba de ADN que va a quedar en un sistema donado por el FBI, donde se almacena y van a dejar sus huellas genéticas”, explicó, y dijo que sirve no solo para imputar, sino además para desvincular a un inocente de un hecho. El sistema permite también el aporte voluntario de allegados de personas buscadas.
Contra los piquetes
En referencia a la reforma del artículo 194 del Código Penal, que prevé un aumento de penas para quienes organicen manifestaciones, instiguen cortes de calles u obliguen a la gente a participar de las marchas, Bullrich dijo que “no va a permitir que se explote a las personas”, y detalló que podrían ser penas de entre 4 y 6 años. También habló de la creación de un tipo penal para quienes bloqueen industrias, comercios y empresas.
Respecto de la legítima defensa y lo que denominó “el cumplimiento del deber”, Bullrich afirmó que se planteará a los legisladores un nuevo artículo para “cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios”. “No era razonable examinar solo si la persona estaba o no armada, por eso que es que se suman nuevos elementos”, indicó la funcionaria, y aseguró que no se permitirá que las familias de los delincuentes querellen contra el Estado nacional en caso de fallecimiento de quien cometió delitos. “Le estamos dando derechos después de haber cometido un delito contra la sociedad”, agregó la ministra.
Tambiénpresentólamodificación del artículo 34 del Código Penal, para evitar agresiones contra el personal policial y fuerzas de seguridad. “Hoy, le pegan con una piedra a un policía y es como si nada. Bien, esto se termina. A partir de ahora se plantearán penas más concretas para quienes atenten contra la autoridad, porque en cada manifestación tenemos entre cinco y seis heridos. Ahora va a pasar algo con eso”, culminó Bullrich. Desde el Ministerio de Seguridad manifestaron su “optimismo” para la aprobación legislativa, aunque el camino de esas normas recién parece estar comenzando
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Derogarán un decreto de Kirchner que limita a los militares
La nueva reglamentación de la ley de defensa hará que las FF.AA. actúen ante agresiones externas
Mariano de Vedia
Pese a que la situación planteada en Rosario exige celeridad, la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad se someterá al Congreso. El mismo filtro que desde hace tres meses espera superar en sus sucesivas variantes la ley ómnibus, un instrumento clave del gobierno de Javier Milei para la reforma del Estado.
Lo tiene en claro el ministro de Defensa, Luis Petri, quien intenta convencer con los argumentos del peligro en la demora y la gravedad de la emergencia en el sur de la provincia de Santa Fe, que el Gobierno define con una palabra: terrorismo. Un término que engloba una combinación tal vez simplificada de narcotráfico, crimen organizado y violencia.
“Los militares quieren actuar, pero con un marco legal claro. Por eso necesitamos modernizar la ley de seguridad interior”, es la explicación que más se escucha en favor de los cambios. En las Fuerzas Armadas acompañan los motivos, en general, aunque algunos perciben cierta sobreactuación en el anuncio de medidas que aún están lejos de ser inmediatas.
La amenaza del terrorismo alimenta otro debate y llevará la semana próxima al ministro Petri a anunciar la nueva reglamentación de la ley de defensa nacional, que derogará un decreto firmado por la dupla Néstor Kirchner-Nilda Garré en 2006 y habilitará a las Fuerzas Armadas a intervenir ante la agresión de cualquier organización terrorista extranjera, como la ofensiva del grupo Hamas en la Franja de Gaza. El decreto 727/2006 de Kirchner limitó esa posibilidad al restringir la intervención militar al ataque de un ejército de otro Estado. “Se recuperará el sentido original de la ley de defensa, sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y se atenderán las nuevas amenazas”, insisten cerca de Petri.
“Las Fuerzas Armadas no quieren intervenir como se hizo en los últimos años en los operativos Fortín y Escudo Norte –rebautizados Integración Norte durante el gobierno de Mauricio Macri–, cuando se los enviaba a la frontera con una misión disuasiva, sin portar armas y sin reglas claras de empeñamiento”, explican en el gobierno de Milei.
El proyecto que se enviará al Congreso dará a los militares las mismas atribuciones que hoy tienen para esas acciones las fuerzas de seguridad. “Frente a supuestos de terrorismo, los militares podrán realizar acciones hoy vedadas, como patrullajes y controles de personas y vehículos, proporcionar seguridad a instalaciones por tiempo limitado, intervenir en flagrancia ante la comisión de delitos, dando intervención inmediata al juez y al fiscal. Estarán habilitadas para actuar en operaciones terrestres, navales, aeroespaciales y ciberespaciales.
Una novedad será que las Fuerzas Armadas podrán recibir equipamiento y capacitaciones sobre áreas que no constituyen su misión esencial. Hoy pueden intervenir en operaciones de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad (artículo 27 de la ley de seguridad interior) y ante el dictado del estado de sitio (art. 31), aunque en este caso se suspenden las garantías constitucionales.
El Gobierno no prevé un desembarco masivo de militares en Rosario. De los 80.000 efectivos que hoy tienen las Fuerzas Armadas, se estima que unos 2000 serían afectados a operaciones de seguridad interior.
Voces críticas
Dentro y fuera del universo militar surgen voces que animan a pensar dos veces antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la propuesta del Gobierno “es la militarización y los militares no son una solución efectiva a los problemas de inseguridad y narcotráfico”. El organismo advierte que “la intervención de las Fuerzas Armadas en estos casos no implica ningún valor agregado sobre lo que pueden hacer las fuerzas federales y, en cambio, abre la puerta a escenarios de mayor violencia”.
En sectores castrenses perciben una tendencia del Gobierno a mostrar hiperactividad, con pocos resultados concretos, y un contraste entre el discurso de revalorizar a los militares y el cese del plan de equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, a lo que se suma un recorte del presupuesto.
En un contexto de escasez de recursos existe el temor de que la decisión de encomendar a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad interior postergue objetivos de mediano y largo plazo, como la compra de submarinos, vehículos blindados a rueda, helicópteros de combate, cazas multipropósito, misiles y otros medios que definen a las fuerzas militares
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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