CONTRA LA JUSTICIA Y LA PRENSA

La nefasta “acusación en espejo”
Mario Augusto Fernández Moreno

En nuestra actualidad nacional es constante el ataque y la crítica hacia la justicia y la prensa. Se habla, por ejemplo, de persecuciones injustas a través del lawfare (término que pretende designar el sometimiento de “líderes populistas” a procesos judiciales que son descalificados como arbitrarios y violatorios de sus derechos y garantías) y de los medios de comunicación.
Parece acusarse al Poder Judicial y a la prensa, básicamente, de ser perseguidores seriales, olvidando que la Corte Suprema ha reconocido en diferentes fallos, con toda lógica, como indican el sentido común, la experiencia y los principios republicanos de gobierno, el protagonismo central que tienen, precisamente, la justicia y el periodismo para investigar y sancionar la corrupción, y de esa forma prevenirla.
En efecto, destacando la trasparencia y honestidad que debe guiar la actividad de los miembros del Poder Judicial (“Avocación Schiffrin” de 2004 y “Decano Dr. Peralta” de 2007), la CSJN ha recalcado la responsabilidad internacional que tiene la República Argentina en la lucha contra este flagelo, en función de las Convenciones Interamericana y de la ONU contra la Corrupción (“López Romero” de 2016 y “Bastidas Ramírez” de 2020); y asimismo ha afirmado que la libertad de prensa es un “medio de contralor de las instituciones y sus hombres” (Dr. Fayt, “Costa”, 1987), “fundamental para dar luz a un fenómeno –la corrupción– que, evidentemente, se mueve en las sombras y a espaldas del ciudadano común, que sólo soporta sus nefastas consecuencias.” (Dr. Vázquez, “Gesualdi”, 1996).

Aquellas acusaciones, entonces, cabría leerlas en clave de “acusación en espejo”, pues la historia muestra que los constantes e infundados ataques contra las instituciones del Estado (en este caso, la justicia) u otras que le son inherentes (la prensa) son un método eficaz para tornar sospechoso su proceder, restarles credibilidad, disminuir así su autoridad moral y, en definitiva, socavar la confianza de la sociedad en ellas, sea para debilitarlas y conquistarlas o, en el peor de los casos, deslegitimarlas y destruirlas.
La “acusación en espejo” puede definirse como la estrategia que consiste en achacarle al otro lo que uno está planificando hacer, atribuyéndole a las futuras víctimas el mal que se busca prevenir o remediar, para lograr la aceptación de lo que luego los verdaderos victimarios tienen planeado hacer. Es un ataque encubierto como defensa, que toma la forma de una “denuncia” que anticipa el mal que está por venir, razón por la cual tiene una doble ventaja.
Por un lado, deja a la víctima de la acusación totalmente indefensa, porque la respuesta que pueda improvisar ante el reproche queda, desde el vamos, catalogada como una simple réplica proveniente de quien ha sido descubierto haciendo lo que no correspondía. En consecuencia, todo lo que pueda decir la víctima de la acusación en espejo, no tiene valor, peso ni entidad.
Por otro, el necesario proceso de demonización previo de quienes son los blancos de la acusación y la correlativa victimización de quienes dispusieron todo el dispositivo acusatorio, les permite a los victimarios ocultar su verdadero rostro y ganar tiempo, antes de que se descubra la puesta en escena, para después ejecutar los actos atribuidos a las víctimas.
El ejemplo clásico de esta práctica –aunque poco analizado en este aspecto puntual– es el nazismo: primero Hitler acusó al pueblo judío de ser “el más grande instigador de la devastación alemana”, y así justificó lo que después fue el Holocausto. Otro caso, cincuenta años después, es el de hutus y tutsis, que degeneró en el tristemente célebre genocidio de Ruanda, cuyo análisis derivó en la conceptualización y teorización de la “acusación en espejo” con ese nombre (Alison Des Forges, 1995).
Como quiera que sea, las tragedias indicadas –inimaginables antes que ocurrieran– son la muestra del potencial destructivo que puede tener el uso de esta nefasta “herramienta”, que parece “de manual” para deshacerse de determinados obstáculos –como pueden serlo para la corrupción la justicia y el periodismo– y que pocas veces queda circunscripta al terreno discursivo.
Renovemos, frente a ello, nuestro compromiso democrático y republicano, que será lo único que garantizará adecuadamente tanto el bien común como los derechos individuales.

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