La Argentina sin techo

La Argentina sin techo

Solo cuando se comprende el verdadero interés detrás de la permanente invocación a los derechos humanos es que tanto dislate oficial cobra algún sentido. Estamos transitando los últimos meses de gestión de un gobierno que se ha llenado la boca de promesas y que ha vaciado de los más elementales derechos a la población más vulnerable.
El acceso a la vivienda “es un derecho humano”, dijo recientemente el presidente Alberto Fernández en la apertura del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe, reunido en el Centro Cultural Kirchner. “Darle un techo a cada habitante de nuestra tierra es un acto de justicia y de humanidad”, pontificó, al celebrar que en esos días se entregaría la vivienda número cien mil de su gestión, con otras 140.000 supuestamente en construcción, que no sabemos si se completarán o si terminarán siendo apenas nuevas fachadas para la foto. Abogando por la igualdad, y como describiendo la realidad de algún próspero y lejano Estado, agregó que durante su gestión se tomó “un ritmo en el desarrollo de viviendas muy importante”.
Omitió mencionar la falta de ritmo para dar respuesta a la crisis habitacional tras la desafortunada ley de alquileres aprobada en 2020, que aumentó el costo y el riesgo de alquilar para los propietarios, con la consiguiente retracción de la oferta.
La joven legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández también se refirió al derecho a la vivienda y cuestionó al gobierno local, al afirmar que habría unas 200.000 viviendas vacías. Propuso el ejemplo alemán de expropiación de viviendas y alentó una mayor carga fiscal para propietarios que no las vuelquen al mercado de alquiler, entre otras medidas de corte populista.
Pareciera pasarse por alto que la crisis habitacional que sufre la Argentina es solo una expresión más de la decadencia y la falta de programas, sin los cuales encarar el desarrollo en cualquier plano es imposible. Una vez más, hablamos de cuestiones que exceden largamente a una administración y que deben considerarse políticas de Estado. Hoy, pensar en adquirir la primera vivienda es un sueño al alcance de demasiado pocos. El derecho al techo del que habla el Presidente solo habrá de promoverse cuando en un marco económico de pleno empleo, con salarios acordes con tiempos de mayor ventura, las oportunidades reales queden al alcance de la población.
Lamentablemente, y a pesar de ser indudablemente menos pretencioso, hoy, para muchos, ya es un sueño contar con cloacas y servicios de agua potable. El Indec reportaba para el primer semestre de 2022 que unos cuatro millones de personas, el 14% de la población, no contaban con adecuado saneamiento de baños y casi el 30% carecía de cloacas. Construir mil baños dignos se convirtió en estos días en la llamativa promesa de campaña de un candidato a intendente por el Frente de Todos en Tafí Viejo (Tucumán).
El verdadero acto de justicia, en términos aristotélicos, consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. No hablamos de actos magnánimos de un Estado cuyos gobernantes se muestran más interesados en asegurarse votos que en promover la dignidad de los miembros de la sociedad, contribuyendo a su ascenso en la pirámide social, a partir de sus propios méritos. En una economía que solo quienes peinan canas recuerdan, el acceso al crédito hipotecario público y privado fue un camino cierto y efectivo para que muchos pudieran alcanzar el ansiado techo, actualmente apenas reducido a algunos planes, como el Procrear.
Subvertidos los valores y con más del 40% de la población sumida en la pobreza, muchos creen que es responsabilidad del Estado asegurarles el acceso a una vivienda, a un plan o a una asignación, sin contraprestación ni esfuerzo alguno. En un siniestro juego que alimenta convenientemente a punteros y dirigentes de toda laya, el objetivo de condenar a la dependencia a millones de argentinos parece tristemente alcanzado. Que el Estado cumpla con su obligación de atender las necesidades de los segmentos más vulnerables será siempre prioritario. Para ello, habrá de contar con los recursos que hoy se dilapidan, cuando no se roban, delante de las narices de todos. Facilitar el acceso a la vivienda es uno más de los tantos desafíos que enfrentarán las futuras administraciones. Si se encararan sin demora las profundas reformas que necesitamos, nuestro país podría comenzar a remontar tanta miseria e inequidad y solo el desarrollo futuro no encontraría techo.

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