ADN DEL CRIMEN

Creyeron tener la coartada perfecta, pero algo salió mal
La grabada amenaza de un barra de Boca a Fernando Pérez Algaba habría dado a los presuntos asesinos la idea de desmembrar el cadáver

Gustavo CarabajalFernando Pérez algaba tenía 42 años
Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas creían tener la coartada perfecta para evitar que los relacionaran con el homicidio de Fernando Pérez Algaba y responsabilizar por el asesinato a un supuesto barrabrava de Boca, que había amenazado con matar y cortarle las manos a la víctima.
Ambos contaban con una conversación que Pérez Algaba grabó en la que Gustavo Iglesias amenazaba con matar al trader porque no le había pagado una deuda que tenía con su hijo.
“Todos tus amigos te quieren entregar. Te escapaste del departamento de Nahuel por cinco minutos. Vas a conocer al verdadero Gustavo Iglesias. Vas a conocer a Satanás y cuando lo conozcas vas a llorar y vas a suplicar por tu mamá. No habrá compasión por lo que hiciste. Pasaste a ser mi enemigo número uno. No me voy a morir hasta encontrarte. Una vez que te encuentre voy a dormir tranquilo. Y le voy a decir a mi hijo: ‘Tomá, estas son las manos del que te cagó. Cuando nos veamos, en breve, tenés que pelear conmigo. Te quiero mandar al hospital de por vida, con mis manos”.
Cuando este audio, que Pérez Algaba habría grabado en octubre pasado, se conoció, los investigadores pusieron el foco de la pesquisa en el mencionado Iglesias, debido a que la amenaza que le hizo a Pérez Algaba se había concretado nueve meses después, de la misma forma en la que había anunciado Iglesias.
El cuerpo de la víctima apareció descuartizado en tres lugares distintos, entre Ingeniero Budge y Villa Fiorito, con las manos, las piernas y la cabeza separadas del torso.
Dos días después que el audio se hizo público, Iglesias se presentó con su abogado y declaró como testigo en la investigación por el homicidio de Pérez Algaba. Reconoció su voz en la grabación, sabía que Pérez Algaba lo había grabado, pero afirmó que no lo mató.
“Nahuel me dijo que tenía la coartada perfecta, debido a que tenía unos audios en los que Gustavo Iglesias amenazaba a Fernando. Entonces propuso echarle la culpa a Iglesias del homicidio”, expresó Pilepich en su indagatoria.
Pero algo salió mal. luis Contrera, alias Chicho, un mecánico que se dedicaba a cortar automóviles robados, dejó su DNI en la valija roja en la que fue hallado el torso de Pérez Algaba, en el arroyo El Rey, en Ingeniero Budge.
A los investigadores del homicidio les llevó no más de tres semanas relacionar a Chicho con Pilepich: sus nombres figuraban como imputados en un expediente judicial por comercialización de autopartes robadas que se instruyó en el Departamento Judicial de Mercedes y que se inició por un operativo realizado por los efectivos de la comisaría de Moreno, en 2004.
Pilepich había recurrido a Chicho porque necesitaba hacer desaparecer el cuerpo de Pérez Algaba. Y le había pagado $100.000, en concepto de adelanto, y otros $400.000 a las 24 horas. Pero el cuerpo apareció descuartizado en tres lugares distintos, situados en la zona del camino de la Ribera, en Ingeniero Budge, y la víctima fue identificada.
los vínculos y las fotos de Pérez Algaba con Pilepich y Vargas no tardaron en aparecer.
“Nahuel me hablaba con la pistola en la mano, me sentía intimidado y al mismo tiempo pensaba por qué voy a ir preso, si no maté a nadie. En ese momento me acordé de Chicho –por luis Contrera, uno de los detenidos–, me dijo que si alguna vez me pasaba algo, si tenía que hacer desaparecer a alguien, que contara con él”, expresó Pilepich en su indagatoria.
Al día siguiente de declarar ante el fiscal de lomas de Zamora, Marcelo Domínguez, el representante del Ministerio Público solicitó que Pilepich, Vargas, Contrera, Flavia Bomrad, Matías Gil, Fernando Carrizo y el comisario de la Policía de la Ciudad Horacio Mariano Córdoba sigan detenidos, acusados de su presunta responsabilidad en el homicidio de Pérez Algaba, ocurrido el 18 de julio pasado, en un predio de General Rodríguez.
Poco después, el 21 y 23 de julio, el cuerpo descuartizado del trader, de 42 años, fue hallado el arroyo El Rey, en un baldío situado frente al camino de la Ribera, en Ingeniero Budge, y cerca de la estación de bombeo de Villa Fiorito.
“Pilepich bajó de uno de los vehículos y le preguntó a Contrera si se animaba a tirar unas bolsas. Abrió el baúl del VW Polo y quedaron a la vista unas bolsas negras. Dentro de las bolsas se veía una parte de un cuerpo, específicamente una mano”, según se consignó en el acta de la declaración indagatoria del imputado, el primero de los siete acusados en romper el pacto de silencio.
Sin embargo, Pilepich contradijo a Contrera y aportó una versión distinta, en la que también involucró al mencionado Nahuel Vargas.
“Nahuel me dijo que había hablado con Chicho y que él se encargaría. Entonces, le preguntó si tenía $500.000. le dije que tenía $100.000 en una billetera virtual y se los transferí en el momento. Al día siguiente, le hice una llamada a Contrera para hablar con Nahuel o con Matías. Sabía que ellos estarían con Contrera para llevarle los 400.000 pesos que faltaban”, expresó Pilepich en su indagatoria.
Tanto Contrera como Pilepich y Vargas trataron de mejorar su situación procesal al declarar como acusados en sus indagatorias, que, en definitiva, constituyen un acto de defensa, en que no están obligados a decir la verdad. Así fue que no dudaron en responsabilizarse mutuamente de haber matado a Pérez Algaba, en el caso de Pilepich y Vargas, y de despegarse del homicidio, en el caso de Contrera.
“Fernando comenzó a manipular una pistola que él tenía y dijo: ‘¿Qué pasa si los mato acá?, no los paga nadie’. Entonces, me fui para las oficinas de adelante, después de 15 minutos volví”, expresó Pilepich en su indagatoria sobre los momentos previos al homicidio de Pérez Algaba y, así, colocarse fuera de la escena del homicidio.
Definición de roles
Según la reconstrucción del asesinato realizada por los funcionarios del Ministerio Público y de la Dirección Departamental de Investigaciones de lomas de Zamora, a Pérez Algaba lo mataron de dos balazos que le dispararon por la espalda en una vivienda que estaba en el country Renacer, en General Rodríguez, un emprendimiento inmobiliario que tenía a Pilepich como gerente comercial, a Vargas como vendedor y a la víctima como propietario de 17 lotes que le habían entregado como parte de pago de una deuda de US$150.000. “Al regresar a la casa encontré a Nahuel desencajado con la pistola en la mano y dijo: ‘Este hijo de puta no daba para más’. Nahuel salió de la casa, se fue para un costado y vi a Fernando tirado en el piso, boca arriba. Después, Nahuel lo tapó con algo, no sé si con una chapa o una puerta”, relató Pilepich en su indagatoria, al responsabilizar a Vargas de ser el presunto autor de los disparos que mataron a Pérez Algaba.
Para el Ministerio Público, hubo una división de tareas en las que Vargas y Pilepich habrían sido los supuestos coautores del homicidio y los otros imputados habrían participado en la diferentes etapas del proceso criminal, al que el fiscal calificó como un homicidio agravado por ser cometido mediante el uso de arma, con alevosía, por codicia y con el concurso premeditado de varias personas.
“Fernando estaba cambiando unas lampa ritas y Vargas le pegó dos o tres tiros, no sé dónde se los pegó. Dijo que se le había nublado la vista y le disparó. Después, Vargas se arrodilló en el pasto y se agarró la cabeza, ya que no entendía lo que había pasado”, relató Pilepich.
Sin embargo, la Justicia deberá decidir cuál de las versiones aportadas por Pilepich en la investigación es la verdadera.
A fines de julio, Pilepich se presentó en una dependencia policial de lomas de Zamora y entregó la camioneta Range Rover Evoque blanca que Pérez Algaba utilizó desde que llegó a nuestro país, el 13 de julio pasado.
También declaró como testigo, con la obligación de decir la verdad. En esa instancia, manifestó que el 18 de julio llegó Pérez Algaba junto a Vargas en la camioneta blanca al emprendimiento de General Rodríguez, para entregarle el dinero que le debía, un saldo de US$60.000. En esas circunstancias Pérez Algaba le devolvió el vehículo a Pilepich. Ambos se retiraron a bordo de la camioneta mientras que Pérez Algaba se quedó en el lugar debido a que les dijo que alguien pasaría a buscarlo.
La declaración de Vargas coincidió con el relato de Pilepich. Sin embargo, era todo mentira.
Aparentemente, la necesidad de presentarse a declarar como testigos se fundó un supuesto plan para desviar la investigación, después que los responsables de la pesquisa determinaron que el celular de Pérez Algaba se había activado en la zona de General Rodríguez, en una antena cercana al emprendimiento inmobiliario que tenía como gerente a Pilepich. Al mismo tiempo, una amiga de la víctima declaró como testigo y afirmó que, el 18 de julio, Pérez Algaba le mandó un mensaje en el que expresó: “Maxi me cagó, estoy en camino para el campo”. Fue la última actividad que registró su teléfono.
Vargas, al ser detenido e indagado, responsabilizó a Pilepich de haber sido el autor de los disparos que mataron a Pérez Algaba.
“Nahuel estaba muy pasado y no estaba en condiciones de manejar. Yo no maté a nadie. No apreté el gatillo. Soy inocente y quiero que el caso se esclarezca”, concluyó Pilepich en su indagatoria.

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Buscado: el sicario que mató a quemarropa a un sindicalista sería también el tirador que acribilló a un policía de investigaciones especiales
Sorpresiva derivación del homicidio del agente César Carmona, un crimen que provocó fuerte impacto político y judicial
Germán de los Santos
El sicario que mató al sindicalista Mauricio Cordara en Colón sería el mismo tirador que acribilló al policía Carmona en Rosario
La trama alrededor del crimen de un policía frente a la sede de la Agencia de Investigación Criminal de Rosario esconde una historia cargada de partes increíbles: el asesino a sueldo que ejecutó al agente sería el mismo que mató en noviembre pasado a un dirigente del gremio de Uatre en Colón, provincia de Buenos Aires.
El asesinato de César Carmona, de 50 años, que murió de ocho disparos, según la autopsia, generó una fuerte preocupación en Santa Fe, porque este hecho marca que se abre un nuevo capítulo de violencia, de acuerdo a la interpretación que hicieron jueces y fiscales. Por eso, la Corte Suprema de Justicia de la provincia manifestó su “consternación y repudio” por este homicidio. El presidente del máximo tribunal Daniel Erbetta firmó un documento que expresó el impacto que este hecho provocó en la Justicia de Rosario, que sufrió atentados reiterados. El Ministerio de Seguridad dispuso el viernes el vallado de las sedes judiciales y policiales para prevenir nuevos ataques.
Agentes de la AIC realizaron 17 allanamientos en busca de tres sospechosos, que no lograron ser detenidos. Lo llamativo de esta trama recae en quiénes son los supuestos apuntados como los autores materiales de un crimen, cuyo móvil aún no está del todo claro, pero que generó una profunda conmoción en la policía y una fuerte preocupación en el ámbito judicial y político, porque –como advirtió un magistrado- marca el inicio de un nuevo capítulo en el proceso de la violencia que supura de los grupos criminales.
Colocaron vallas para evitar ataques con disparos en la sede la Agencia de Investigaciones Criminales
Uno de los supuestos autores materiales del homicidio de Carmona sería Agustín Alfredo Almirón, un joven que es buscado por otro crimen que provocó un fuerte impacto político: el asesinato del dirigente del gremio de UATRE en Colón, provincia de Buenos Aires, Mauricio Cordara, que fue ejecutado el 18 de noviembre pasado en la puerta de la casa del exdiputado Pablo Ansaloni, quien en ese momento disputaba la conducción del gremio. La investigación que hizo la fiscal bonaerense Magdalena Brandt determinó que Almirón, el sicario que viajó desde Rosario para llevar adelante el crimen, se equivocó de víctima. Le habían pagado para ejecutar a Ansaloni, que ese día no viajó desde Buenos Aires a Colón, porque se encontraba en Misiones de campaña electoral por la conducción del gremio.
En esa investigación los agentes de la AIC de Rosario ubicaron el auto que se usó en el asesinato, un Fiat Palio, y detuvieron a varios integrantes del clan narco Los Romero. Pero al autor material nunca lo lograron ubicar. Se trataba, de acuerdo a la investigación de un sicario al que apodaban Calamar. Ese tirador buscado por ese crimen es Agustín Alfredo Almirón, quien habría disparado 10 tiros al policía César Carmona el jueves pasado.
Calamar es el hijo de Germán Almirón, un expolicía que fue condenado en 2017 por facilitar la fuga del sicario de la banda de Los Monos Juan Domingo Ramírez, quien se fue caminando de la jefatura de la Policía en 2014. La pareja del narco declaró que le tuvo que entregar un Citroën C3 a Almirón en concepto de pago de soborno para que dejara que se fugara Ramírez. Almirón se desempeñaba en la División Judiciales de la Policía, que actuaba como brazo ejecutor del juez Juan Carlos Vienna en el marco de la primera causa contra Los Monos.
Peritos buscaron rastros de los asesinos en el auto donde fue acribillado un policía
Almirón quedó enredado en ese tiempo en otra trama que nunca se terminó de dilucidar ni terminó con condena. En una escucha telefónica que había ordenado el juez Carlos Vera Barros en el marco de una causa por narcotráfico aparecía la voz de este expolicía hablando con un preso que había sido testigo protegido en la causa de Los Monos. En la conversación que Almirón mantuvo con Aarón Treves se referían a un supuesto plan para matar al juez Vienna, al que prometían convertirlo en “salchicha”.
Ahora el hijo de Germán Almirón, que sería un conocido sicario, al que apodan Calamar es buscado por el crimen del policía César Carmona. La clave para identificar a este joven fue una huella dactilar que se encontró en una de las puertas del Citroën C3 que usaron los sicarios para matar al agente frente a la sede de la AIC el jueves pasado a las 15 horas. Ese auto fue abandonado por los autores del asesinato a cinco cuadras de donde se produjo el hecho. En ese lugar cambiaron de vehículo, y se subieron a un Gol Trend color gris que fue secuestrado este viernes en el marco de los allanamientos.
En el CitroËn C3 rojo apareció la huella, según las fuentes policiales, de otro joven que está siendo rastreado. Se trata de Alan A. un joven que tendría vinculación con el sindicato de la Uocra. En su casa se secuestró el VW Gol Trend que los sicarios habrían usado para huir tras abandonar el primer vehículo, el Citroën C3. Alan A. está prófugo también como Calamar. Hay un tercer implicado, cuya huella aparece en el auto que fue secuestrado este viernes, que también está siendo buscado.
Detrás de las pistas sobre los supuestos autores del crimen, que habrían surgido de las huellas dactilares identificadas en los peritajes, las hipótesis sobre el móvil del asesinato aún no están claras. Los sospechosos son sicarios, pero el fondo de la trama que más fuerza tomó en las últimas horas es que se podría haber tratado de un intento de robo. Suena extraño por varios motivos, que disparan interrogantes.
Protegen con vallas las ventanas de las oficinas donde trabajan los detectives de casos contra el crimen organizado en Rosario
De acuerdo a las imágenes de las cámaras, son dos los hombres que bajan del Citroën C3 cuando estaciona César Carmona. Uno de ellos lo apunta, que sería Calamar, y el otro, rompe el vidrio de una de las ventanillas y saca un bolso. Es morral táctico color negro. En esa secuencia el policía intenta desenfundar el arma y es acribillado. El sicario dispara diez tiros y ocho dan en el cuerpo de Carmona. Dos en el tórax y seis en las piernas.
El policía llegó en su auto Ford Fiesta después de trabajar como agente seguridad en una financiera del centro de Rosario. Una de las hipótesis es que los atacantes podrían haber ido a buscar dinero que el policía llevaba, en un rol similar al de un portavalores. Pero hasta ahora no hay certezas sobre lo que llevaba en ese bolso que se llevaron los sicarios. La hipótesis del robo hace recaer el peso de esta espesa trama en la víctima, cuya trayectoria es valorada por sus colegas que apreciaban a Carmona.
El oficial César Carmona tenía 50 años
Uno de los integrantes que aparecen, en base al sentido común, es por qué dos supuestos ladrones –que tienen antecedentes de sicariato- van a ir a atracar a un policía frente a la sede de la Agencia de Investigación Criminal, donde hay decenas de agentes y cámaras de vigilancia. El riesgo es mayor. Por qué van a acribillar a la víctima de la manera en que lo hicieron, en un lugar donde el 25 de agosto pasado dos jóvenes en moto balearon el edificio y dejaron un cartel con la amenaza: “Vamos a matar policías, jueces y fiscales”. Carmona había sido clave en resolver ese caso, que terminó con la detención de un sicario que dijo que en una cárcel federal de la provincia de Buenos Aires un narco ofrecía 400.000 pesos para matar a un policía.

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