AEA Y BONO

Duro documento a los candidatos: temor por una inflación de “extrema gravedad” y apoyo a la Corte
La Asociación Empresaria Argentina pidió reglas claras, eliminar impuestos “distorsivos” y a las exportaciones, y criticó los controles de precios, las trabas a las importaciones y el desorden fiscal; cuestionamiento a la injerencia del Estado en las decisiones de las compañías y un pedido para las firmas de servicios públicos
Francisco Jueguen
Los empresarios de la Asociación Empresaria Argentina (AEA)
“Sin empresas no hay país”, sentenciaron. A semanas de las elecciones, los dueños de las compañías más importantes de la Argentina instaron a los candidatos a desatar la potencialidad del sector privado, respetar las instituciones y ordenar la economía, atacando las verdaderas causas de la inflación, de la destrucción de la moneda y respetando la rentabilidad. Además, reclamaron establecer un diálogo para bajar la pobreza, crear empleos de calidad y crecer.
En un documento titulado “El sector privado es clave para el desarrollo”, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) difundió las convicciones que aúnan a hombres y mujeres de negocios frente a lo que será el recambio de gobierno desde diciembre próximo. La sentencia fue dura: los empresarios comparten una visión de la evolución del desarrollo del país a lo largo de los últimos años a la que calificaron como “muy insuficiente”. No es casualidad que el duro diagnóstico plasmado en las 12 páginas del informe comience y termine con un aspecto social y económico sensible: la pobreza.
Como es poco habitual para una entidad que suele ser cautelosa, esta vez los empresarios fueron al hueso. Sobre la política y las instituciones, criticaron el “deterioro” del debate legislativo por el clima generado por la grieta y cuestionaron las embestidas contra el Poder Judicial, más específicamente contra la Corte Suprema, hoy bajo ataque del kirchnerismo. Hablaron además de una “degradación” de la seguridad en el país, y reclamaron un Estado profesional y autónomo.
“Es también fundamental el rol que desempeña el Poder Judicial, y en particular, la Corte Suprema de Justicia. Este es garante de los derechos fundamentales establecidos por nuestra Constitución Nacional. Es preciso recuperar la atmósfera de convivencia y respeto hacia la administración de Justicia y en particular hacia la Corte Suprema”, precisaron. No es un dato menor en una semana en la que esos jueces echaron a la jueza Ana María Figueroa, cercana a Cristina Kirchner.
“La inflación ha vuelto a alcanzar niveles de extrema gravedad”, advirtieron luego. Reclamaron una macroeconomía estable y previsible, en base a políticas fiscales y monetarias consistentes, y un equilibrio de las cuentas públicas. Criticaron la emisión “espuria” en el Banco Central (BCRA) y pidieron evitar el endeudamiento “excesivo”. Alertaron por la “injerencia” de los gobiernos en la toma de decisión de las empresas privadas, sobre la “elevadísima” presión tributaria en la Argentina y exigieron el reconocimiento de la “legitimidad” de la rentabilidad empresaria. Calificaron de “ineficaces” los controles de precios, cuestionaron las trabas al comercio y los tipos de cambio múltiples, y aconsejaron una reforma laboral.
A eso sumaron un reclamo por la eliminación de los impuestos a las exportaciones (retenciones), más apertura comercial, pero “con resultados equilibrados”, y “rentabilidad razonable” para las empresas de servicios públicos en el marco de reglas claras y estables en el tiempo que estimulen la inversión, el motor del crecimiento. Hubo además un capítulo para la educación: exigieron cumplir con los días de clases en los colegios y formar a los docentes. Todo enmarcado en una “amistad cívica” que –escribieron– debe primar por sobre la “dialéctica hostil”.
Los firmantes del documento
El documento lleva la firma de los empresarios más reconocidos y poderosos de la Argentina, entre ellos, Luis A. Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Alfredo Coto (Supermercados Coto), Cristiano Rattazzi (Gruppo Modena), Federico Braun (La Anónima), Luis Perez Companc (Grupo Perez Companc). A ellos se sumaron también Eduardo Elsztain (IRSA), Julio César Saguier (LA NACION), Marcelo Argüelles (Sidus), Alberto Hojman (BGH), Jorge Aufiero (IADT), Norberto Morita (Southern Cross Group), Marcos Galperin (Mercado Libre), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group), María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud), Martín Migoya (Globant), Charlie Blaquier (Ledesma) y Mariano Bosch (Adecoagro).
También participaron Alberto Grimoldi (Grimoldi), Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza); Zsolt Agárdy (Ángel Estrada & Cía), Roberto Alexander (IBM Argentina), Claudia Álvarez Argüelles (Álvarez Argüelles Hoteles), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Martín Brandi (Petroquímica Comodoro Rivadavia), Alejandro Butti (Banco Santander), José Cartellone (José Cartellone Construcciones Civiles), Martín Castelli (Blue Star Group), Eduardo Costantini (Consultatio), Claudio Cunha (Grupo Enel), Enrique Duhau (Administración Enrique Duhau), Julio Figueroa (Citi), Luis Fontana (OSDE), Sergio Kaufman (Accenture), Teófilo Lacroze (Raízen), Ignacio Lartirigoyen (Lartirigoyen), Santiago Mignone (PWC), Roberto Nobile (Telecom), Alec Oxenford (Alpha Capital, OLX, Letgo), Pablo Roemmers (Laboratorio Roemmers), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Amadeo Vázquez, Gustavo Salinas (Toyota) y Matías Videla (Cencosud).
“El desarrollo económico y social de la Argentina depende de que puedan movilizarse plenamente las potencialidades y energías del sector privado”, comenzó el texto de AEA. “Son las empresas las que pueden aprovechar las oportunidades para crecer que existen en nuestro país. Son ellas las que, a pesar de los altibajos de la economía, han invertido en el país durante décadas. Son las empresas las principales generadoras de empleo para los argentinos. Son las empresas las que producen bienes y servicios que abastecen el mercado interno y exportan al resto del mundo, generando divisas para el país. Son las empresas las que, junto con los ciudadanos, sostienen a través de impuestos el funcionamiento del Estado. Sin empresas no hay país”, siguió la síntesis ejecutiva del extenso documento de los empresarios.
Allí además se reclamó “pleno respeto” a las instituciones y se subrayó la “extraordinaria relevancia” de la división de poderes para tener una “Justicia independiente” y “libertad de expresión”. Sobre este último punto, se recomendó que debe “evitarse toda acción o medida que debilite económicamente a las empresas periodísticas independientes”.
Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA)AEA - AEA
“Desde hace largos años convivimos con el flagelo de la alta inflación, con déficits permanentes en las cuentas públicas, con la ausencia de una moneda respetada, con una muy elevada y distorsionada presión tributaria sobre el sector formal, con varios tipos de cambio, con injerencias indebidas en el ámbito propio de las empresas como son los controles de precios, o las múltiples restricciones vinculadas al comercio exterior; por solo nombrar algunas anomalías”, se indicó.
“Ante ello, es fundamental garantizar la previsibilidad y estabilidad en las reglas del juego. Respetar, además, el marco en el que operan las empresas privadas y buscar generar condiciones favorables para su desarrollo. La injerencia del Estado en el ámbito propio de la actividad privada ha dado siempre el mismo resultado negativo: menor competitividad y retracción de las inversiones. Las consecuencias para la Argentina de este tipo de prácticas han sido el estancamiento económico y el deterioro social, impactando especialmente en los sectores más desfavorecidos”, concluyeron los empresarios en el documento que llegó a los medios de comunicación.
Aconsejaron también generar las condiciones que “estimulen la inversión” y reconocer “la rentabilidad como un instrumento central de la actividad empresaria”. Con relación a esto último, dijeron: “Es vital asegurar la libertad de precios, ya que las intervenciones gubernamentales sobre ellos generan desincentivos a la inversión y a la acción empresaria”. En la síntesis pidieron luego una “actualización de las normas laborales” para poder generar más puestos de trabajo formales.
El documento, “especialmente” pensando para la dirigencia, señaló las oportunidades del país para desarrollar el sector energético –citó a Vaca Muerta–, la minería, la pesca, la generación de energías renovables, el sector agropecuario, la industria y la economía del conocimiento, en un marco global que abrirá oportunidades para las empresas argentinas. Esto, escribieron los empresarios, si se pueden sortear los “desafíos” que todavía “persisten” en el país.
La crisis económica y el diagnóstico
Luego de detenerse en los aspectos políticos e institucionales, puso el foco en los económicos y particularmente en “políticas macroeconómicas apropiadas” para terminar con índices de inflación que en los últimos años llegan a niveles de “extrema gravedad”, indicaron. “La regla de oro en el fortalecimiento de las instituciones económicas consiste en consolidar una macroeconomía estable y previsible, cuyo centro vital es la legitimidad de la moneda”, indicaron, sin mencionar la dolarización que se propone en algunos espacios políticos que pelean por la presidencia.
“Ello significa implementar políticas fiscales y monetarias consistentes. En el terreno fiscal, es imprescindible equilibrar las cuentas públicas tradicionalmente deficitarias. Por su parte, una política monetaria responsable, a cargo de un Banco Central independiente, debe evitar la emisión monetaria espuria. Adicionalmente, en el caso de nuestro país, deben adoptarse medidas orientadas a reducir la participación del gasto público en el PBI, lo que redundará en la mayor eficiencia en el uso de los recursos y en el nivel de competitividad general de la economía. Ello, a su vez, contribuirá a evitar el endeudamiento excesivo utilizado con frecuencia para cubrir los déficits corrientes del Estado”, señalaron, y pidieron terminar con la “elevadísima” presión tributaria y con los impuestos “distorsivos”.
En medio de controles de precios, impuestos a las importaciones y anticipos compulsivos a las empresas, reclamaron una menor “injerencia” estatal y “respeto a la propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias”.
Los hombres y mujeres de negocios escribieron sobre el riesgo empresario y, luego de los informes del Ministerio de Economía sobre la rentabilidad excesiva de las empresas y en medio de la brecha cambiaria que azota al país, cuestionaron no sólo que la misma es legítima, sino que es “absolutamente necesaria para motorizar un fuerte proceso inversor”.
“La extensa experiencia histórica en el empleo de controles de precios por parte de los Gobiernos indica que son totalmente ineficaces para eliminar la inflación. En efecto, dicha manipulación discrecional de los precios agudiza las distorsiones de precios relativos en un contexto inflacionario, y genera fuertes desincentivos a la producción y a la inversión”, dijeron, y estimaron sobre el drama de las SIRA y demás distorsiones: “Es imprescindible facilitar las transacciones comerciales y financieras internacionales, evitando la imposición de controles en la operatoria con divisas, así como terminar con los múltiples tipos de cambio del peso nacional con las principales monedas”.
Avanzaron, por otra parte, con la necesidad de una reforma laboral. “Para favorecer la creación y mantenimiento de los empleos en el sector privado formal es imprescindible adoptar todas las medidas que faciliten la incorporación de trabajadores por parte de las empresas. Ello requiere un diálogo con los diferentes actores sociales sobre la necesaria actualización de las normas laborales, teniendo en cuenta las muy variadas condiciones socio-económicas de la población y las disímiles realidades regionales y sectoriales”, estimaron los empresarios.
Miembros de la Asociación Empresaria Argentina (AEA)
“Los impuestos que gravan las exportaciones son particularmente negativos para el crecimiento económico”, señalaron, y pidieron aprovechar el acuerdo UE-Mercosur, pero “con un criterio de reciprocidad”. También reclamaron reglas claras en los sectores para promover las inversiones necesarias en infraestructura y marcos normativos que den certidumbre.
“Los marcos regulatorios para las empresas de servicios públicos deben permitir que operen eficientemente y puedan mantener o mejorar la calidad de las prestaciones, teniendo la posibilidad de financiar las inversiones y el crecimiento necesario para abastecer la demanda, obteniendo una rentabilidad razonable y asumiendo los riesgos empresarios inherentes a cualquier actividad económica (…) la retribución de dichos servicios deberá ser suficiente, evitándose asimismo distorsiones en el cuadro tarifario global y respetando los controles de concesión. Las tarifas de los servicios públicos deben incentivar las inversiones de las empresas, reflejar los costos reales del sistema y facilitar el acceso a estos servicios por parte de la población”, pidieron los empresarios de AEA a los futuros dirigentes en el país.
Con un fuerte énfasis en el mejoramiento de la educación, reclamaron, por último, “un ejercicio permanente e intenso de diálogo” entre la dirigencia política y social, y la empresaria para lograr “una visión compartida” en el país. La meta prioritaria, escribieron los hombres y mujeres de negocios al final, debe ser “una drástica reducción de la pobreza”.

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Jubilaciones: la política oficial provoca nuevas distorsiones
Por la asignación discrecional, hay personas que con haberes brutos más altos cobran menos que quienes perciben el mínimo
Silvia Stang
Un jubilado que este mes tiene un haber bruto de $125.000 cobra, descontado el aporte al PAMI, $120.124. Otro jubilado con un haber mínimo de $87.459,76, recibe efectivamente $121.836, si accedió a su beneficio a través de una moratoria, o algo más de $130.000 si se retiró tras reunir al menos 30 años con contribuciones.
Es decir, alguien con un ingreso previsional que, dado lo que aportó en su vida laboral, es un 43% más alto que el mínimo, percibe menos dinero que quien tiene ese ingreso básico.
La distorsión es una muestra de los efectos de las políticas discrecionales del Gobierno en el sistema previsional.
El tema comienza a ser materia de reclamos judiciales, con demandas que tienen como principal argumento, no el achatamiento de la pirámide, sino la pérdida de poder adquisitivo que acumulan los jubilados y pensionados excluidos de esos refuerzos. El bono es visto como un reconocimiento de la insuficiencia de las recomposiciones según el índice de movilidad.
Insuficiencia de la movilidad
Desde este mes y hasta noviembre, la persona del segundo ejemplo está alcanzada por el refuerzo de $37.000 anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, días después de la devaluación oficial que aceleró la inflación. La persona del primer ejemplo, en cambio, no recibe bono.
Según lo dispuesto, hay jubilados que hasta agosto cobraban un bono y ahora ya no. Es el caso de alguien con un haber actual de $125.000, que hasta el mes pasado tenía un refuerzo de $5000. El ejemplo corresponde al de una jubilación que era de $71.640 al iniciarse el año y que en ese entonces cobraba un refuerzo mensual de $7000, con lo cual el ingreso llegaba a $78.640. Este mes, en ese caso, se cobra solo un 59% más que a fines de 2022 (la movilidad acumuló un 74,5%, pero el porcentaje cae por la quita del bono). Y la pérdida del poder de compra rondará, en nueve meses, entre 15% y 20%.
En casos de haberes más altos, si bien no se cobra menos en mano que con el mínimo, sí se produce una reducción de la brecha entre lo percibido por unos y otros. Por ejemplo, un haber bruto de $180.000, cobrado en virtud de lo aportado, es superior en un 106% al mínimo (sin contar los bonos), mientras que, si se mira lo que llega al bolsillo, la diferencia cae a 41%.
Más allá del achatamiento de la pirámide, el hecho es que los bonos se otorgan a causa de la insuficiencia de la movilidad para sostener el poder adquisitivo. Quienes no los reciben tuvieron solo en los primeros siete meses del año una caída del ingreso real de 11,7%, y en agosto podría haber llegado a 20%.
El abogado previsional Adrián Tróccoli apuntó que esta vez la inequidad y el achatamiento se producen en la base de la pirámide. Señaló que ya inició demandas ante la Justicia, bajo la premisa de que el Estado reconoce que la medida de la movilidad debería ser la inflación. Los bonos se otorgan porque el índice de la fórmula no alcanza a la variación de los precios.
La abogada Elsa Rodríguez Romero considera que los planteos judiciales deberán centrarse en el perjuicio sufrido por quien hace el reclamo. El argumento es que la movilidad “se ha alejado tanto de lo correcto, que el Estado se ve obligado a reconocer eso” pagando refuerzos a un sector de la población. “La Corte dijo que los haberes deben seguir una pauta remuneratoria, hoy es el Ripte”, agrega. El índice Ripte avanzó entre agosto de 2022 y julio de 2023, por ejemplo, un 118,4%, mientras que la movilidad fue muy inferior, de 89%.
La abogada María del Carmen Besteiro recuerda que en el pasado “la Corte reconoció el esfuerzo presupuestario del Estado para recuperar los haberes mínimos en situaciones críticas, pero señaló que ese esfuerzo no puede hacerse desconociendo el derecho a prestaciones móviles para quienes cobran más que la mínima”.
Eso surge del fallo Badaro, de 2007. Esa causa judicial se había originado en la política implementada por Néstor Kirchner hasta 2006 cuando, si bien la inflación deterioraba los ingresos de todos, solo se subían los haberes más bajos. El tribunal supremo cuestionó esa política y ordenó reajustar los haberes según un índice salarial.

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