Tras meses de parálisis, buscan que sesione la Legislatura bonaerense
La campaña agrava la inacción, que podría cortarse la semana que viene con el debate de pliegos de jueces en el Senado; hubo solo una sesión ordinaria
Javier Fuego Simondet
El oficialismo y la oposición en la provincia de Buenos Aires hablan con cautela extrema cuando se refieren a la actividad de la Legislatura bonaerense, que este año tuvo una sola sesión ordinaria, el 12 de abril, cuando debatieron las dos cámaras. La campaña para las elecciones generales agrava la inactividad, aunque aseguran que hay negociaciones abiertas para que en las próximas semanas se abran los recintos y se concrete la segunda sesión del año. El debate de pliegos de nuevos jueces podría viabilizar una reunión en el Senado provincial; en la Cámara de Diputados aseguran que también tienen en marcha negociaciones.
En la única sesión ordinaria que tuvieron las dos cámaras legislativas bonaerenses, el 12 de abril, avanzaron proyectos que no ameritaban polémicas. Fue la única sesión del año (sin contabilizar la apertura de sesiones y sesiones de homenaje, como el 24 de marzo).
Por estos días, algunas fuentes opositoras y oficialistas afirman que tampoco están dadas las condiciones para poner sobre la mesa debates calientes como el de una nueva norma para el régimen jubilatorio del Banco Provincia (la Suprema Corte bonaerense dio de baja la ley aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal y pidió que se debata una nueva).
Con un presupuesto anual que alcanza los 62.100 millones de pesos entre ambas cámaras, la Legislatura se reactivaría, al menos en el Senado, con el tratamiento de pliegos de jueces y fiscales. Los acuerdos se están anudando y el debate podría darse la semana próxima, según especulan oficialistas y opositores. El Senado muestra una paridad total en el reparto de bancas: 23 para el bloque del gobernador Axel Kicillof y 23 para el de Juntos por el Cambio.
“Hubiésemos querido tener sesiones esta semana [por la semana que pasó], no se pudo. Tenemos el tema de los jueces, pero parece estar trabado. Si vamos a sesionar nosotros, tendría que sesionar también Diputados; si no, no tendría mucha razón de ser”, describe un senador oficialista, en diálogo
Considera que la campaña electoral contribuye a la parálisis, y pone el foco en las diferencias internas de la oposición enrolada en Juntos por el Cambio: “Tiene que haber muchos consensos y no sé si ellos ahora los tienen”.
Otro senador del oficialismo subraya que “hay posibilidades” de sesionar e indica que “esta semana se definiría entre los bloques, y la siguiente sería la sesión”.
En la oposición coinciden en que la semana próxima podría reactivarse el Senado, con los pliegos de jueces en debate. “Deberían ser más de 30”, calcula un senador de Juntos por el Cambio. “Estamos trabajando para una sesión”, indican en el mismo bloque.
La cautela manda y las fuentes consultadas evitan confirmar que la Legislatura saldrá de su letargo. Un legislador opositor habituado a negociar con el oficialismo pone más reparos y advierte que “no hay clima para sacar temas importantes, como jueces o la ley [de jubilaciones] del Banco Provincia”.
“Una locura”, señala un diputado ajeno a los dos bloques mayoritarios al referirse a la parálisis legislativa. A diferencia del Senado, que tiene representación solo de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, en Diputados hay bloques del vecinalismo, el peronismo crítico del kirchnerismo, el Frente de Izquierda y los libertarios.
La Cámara de Diputados podría seguir al Senado, que parece tener la delantera en la reactivación de la actividad. “Están coordinando una sesión con la oposición”, indica un vocero oficialista. “Alguna sesión va a haber. Hay trabajo de comisión. Pero ellos saben que sus temas no nos cierran a nosotros. Además, el Senado está 23 a 23. Está todo trabado. Y están todos en campaña”, advierte, con menor optimismo, un diputado opositor.
Además de las candidaturas de los legisladores, los titulares de ambas cámaras están abocados a la elección: Verónica Magario, titular del Senado, es nuevamente candidata a vicegobernadora; Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados, se postula a intendente de Lomas de Zamora.
“Si sesiona el Senado, sesionamos también nosotros. En el Senado hay pliegos de jueces y fiscales; en Diputados, unas quince iniciativas del gobernador”, resume un diputado peronista.
Por fuera de los bloques mayoritarios, un diputado afirma estar ajeno. “Parece que los dos grandes bloques no se ponen de acuerdo en los temas a tratar. Nosotros no somos consultados”, se resigna.
MASSA intenta polarizar con el libertario
El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, continuó ayer con las críticas contra Javier Milei, en un intento de polarizar la elección entre ambos.
“Horror es negar el cambio climático. Sabemos que no te importa destruir el planeta ni la vida de nadie. Yo creo en cuidar el medio ambiente. Para vos todo se puede vender, desde un pulmón hasta los ríos”, le reprochó Massa a Milei tras citar un artículo que menciona la siguiente frase del economista: “El calentamiento global es una mentira”.
El referente liberal no tardó en ofrecer respuesta al posteo del ministro, a quien acusó de “perder la brújula”. “El extraviado. La mitad de los argentinos son pobres, la inflación vuela y el candidato a presidente del peronismo te habla de cambio climático. Ha perdido la brújula...”, resumió Milei en un posteo.
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¿Cambio o estrategia? Milei ya no propone la libre portación de armas
La “desregulación” que impulsó en la campaña e incluyó en su plataforma desapareció tras las PASO
Pedro Lacour y Cecilia Devanna
Javier Milei, candidato a presidente por La libertad Avanza (LLA) y el hombre más votado en las PASO, propuso durante su campaña la desregulación del mercado legal de armas. Un eje que, pese a haber sido incluido en la plataforma electoral que presentó ante la Justicia en abril, el libertario ahora busca eludir y ya no figura en su “Plan de gobierno”.
La política de flexibilización para la portación de armas ocupó, además de un punto en la plataforma electoral, un amplio espacio del desfile de Milei por los medios de comunicación en los últimos tiempos. “Como adherente a la teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande”, llegó a sostener el candidato el año pasado, al mencionar la relación entre población armada y tasa de delito y defender la desregulación.
Sin embargo, se trata de un tema sensible y que va completamente en contra de la política aplicada desde 2010 en la Argentina, en la que se apuntó al desarme de la sociedad civil y se redujo el número de personas autorizadas a la portación. Política que, además de haber sido sostenida pese a los cambios de gobierno que se sucedieron desde entonces, en 2013 fue destacada y premiada por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ante la consulta de por el la nacion giro de Milei, desde LLA se remitieron a enviar su “Plan de gobierno”, presentado hace un mes, en el que pulieron los puntos de la plataforma entregada ante la Justicia Electoral. Más general que esa primera versión, allí no se menciona la libre venta y portación de las armas, y las promesas se enfocan en fortalecer a las fuerzas de seguridad. Es lo que sostiene Victoria Villarruel, quien aseguró en una entrevista reciente con que, pese a las declaraciones la nacion previas de Milei, no hay intención de modificar la ley sobre armamento de la población civil.
“La ley actual es exhaustiva en cuanto a las condiciones. La portación de armas es para las fuerzas de seguridad y determinados civiles en casos excepcionales, y la tenencia es otra cosa diferente”, dijo la candidata a vicepresidenta y eventual responsable política de las carteras de Seguridad y Defensa en un hipotético gobierno de Milei. “No tenemos intención de modificar la ley, solo queremos que se aplique y que el Estado no desaliente al ciudadano que cumple con los requisitos”, añadió.
Ahora, en cuanto a si propondría una política de desarme, Villarruel lo consideró innecesario, ya que “los delitos cometidos con armas no los realizan los legítimos usuarios”, al tiempo que se mostró de acuerdo con el uso de las pistolas Taser para contextos determinados, pero dijo que “las fuerzas policiales deben seguir portando armas de fuego”.
La portación consiste en el permiso para disponer de un arma de fuego cargada en condiciones de uso inmediato en un lugar público. En la actualidad, de acuerdo con datos que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) presentó ante el Congreso, en la Argentina hay solo 79 personas con ese rango. Se trata de las únicas personas –por fuera de las fuerzas de seguridad– autorizadas a llevar un arma lista para ser usada. El número crece exponencialmente en la categoría de legítimos usuarios individuales con autorización vigente, cuya cifra se ubica en 212.531.
En caso de que Milei retomara su postura sobre flexibilizar la portación de armas en una eventual presidencia, ese número de legítimos usuarios podría estar en condiciones de solicitar un cambio de categoría a la de “portador”, y el organismo podría autorizarlo, según detallaron fuentes del área a
nacion. Un cambio de postura sobre lo que sucede actualmente, con los estrictos criterios de autorización de la Anmac, podría ser también la invitación a que muchos se presenten para pedir el mismo permiso.
“Ventanas rotas”
Según se encarga de señalar Milei, su intención es delinear una “nueva doctrina” de seguridad basada en la teoría de las “ventanas rotas”, acuñada en los años 80 por el economista Gary Becker y el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani. Es la misma plataforma que Sergio Massa impulsó en 2013 y 2015. “Se terminó la Argentina del zaffaronismo: el que las hace las paga”, afirmó Milei en alusión al exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni.
En su plataforma electoral, además de proponer una baja de la edad de imputabilidad –sin precisar la edad– y la intención de devolverles “autoridad” a las fuerzas de seguridad, se leía la promesa de ir hacia una “desregulación del mercado legal de armas”, habilitando el “uso legítimo”. Sin embargo, tras su victoria en las PASO, el libertario negó tajantemente la existencia de ese punto.
“Aquellos Estados que tienen libre portación tienen menos delitos”, solía sostener Milei hasta hace pocos meses. Y argumentaba que, si la población está armada, el costo esperado de quien delinque es mayor, ya que, al correr mayor peligro su vida, puede reprimir su intención inicial y desistir. Un argumento a contramano de lo que opinan los principales especialistas en el mundo, desde donde salvo algunos países –como Estados Unidos– se desalienta lo más posible la portación de armas. En la Argentina, la mitad de los homicidios de 2022 se cometieron con armas de fuego. Lo mismo en uno de cada cuatro femicidios.
En 2010, la Argentina puso en funcionamiento el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que en sus primeros tres años logró recolectar 150.000 armas que fueron destruidas.
El programa fue premiado en octubre de 2013 por la ONU. Llevado adelante por el entonces titular del Renar Matías Molle, hoy diputado provincial del oficialismo, fue considerado “un instrumento importante en el control de armas pequeñas y demuestra cómo las políticas nacionales pueden combinarse con las normas internacionales”, por Angela Kane, entonces alta representante de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas.
Javier Milei, candidato a presidente por La libertad Avanza (LLA) y el hombre más votado en las PASO, propuso durante su campaña la desregulación del mercado legal de armas. Un eje que, pese a haber sido incluido en la plataforma electoral que presentó ante la Justicia en abril, el libertario ahora busca eludir y ya no figura en su “Plan de gobierno”.
La política de flexibilización para la portación de armas ocupó, además de un punto en la plataforma electoral, un amplio espacio del desfile de Milei por los medios de comunicación en los últimos tiempos. “Como adherente a la teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande”, llegó a sostener el candidato el año pasado, al mencionar la relación entre población armada y tasa de delito y defender la desregulación.
Sin embargo, se trata de un tema sensible y que va completamente en contra de la política aplicada desde 2010 en la Argentina, en la que se apuntó al desarme de la sociedad civil y se redujo el número de personas autorizadas a la portación. Política que, además de haber sido sostenida pese a los cambios de gobierno que se sucedieron desde entonces, en 2013 fue destacada y premiada por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ante la consulta de por el la nacion giro de Milei, desde LLA se remitieron a enviar su “Plan de gobierno”, presentado hace un mes, en el que pulieron los puntos de la plataforma entregada ante la Justicia Electoral. Más general que esa primera versión, allí no se menciona la libre venta y portación de las armas, y las promesas se enfocan en fortalecer a las fuerzas de seguridad. Es lo que sostiene Victoria Villarruel, quien aseguró en una entrevista reciente con que, pese a las declaraciones la nacion previas de Milei, no hay intención de modificar la ley sobre armamento de la población civil.
“La ley actual es exhaustiva en cuanto a las condiciones. La portación de armas es para las fuerzas de seguridad y determinados civiles en casos excepcionales, y la tenencia es otra cosa diferente”, dijo la candidata a vicepresidenta y eventual responsable política de las carteras de Seguridad y Defensa en un hipotético gobierno de Milei. “No tenemos intención de modificar la ley, solo queremos que se aplique y que el Estado no desaliente al ciudadano que cumple con los requisitos”, añadió.
Ahora, en cuanto a si propondría una política de desarme, Villarruel lo consideró innecesario, ya que “los delitos cometidos con armas no los realizan los legítimos usuarios”, al tiempo que se mostró de acuerdo con el uso de las pistolas Taser para contextos determinados, pero dijo que “las fuerzas policiales deben seguir portando armas de fuego”.
La portación consiste en el permiso para disponer de un arma de fuego cargada en condiciones de uso inmediato en un lugar público. En la actualidad, de acuerdo con datos que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) presentó ante el Congreso, en la Argentina hay solo 79 personas con ese rango. Se trata de las únicas personas –por fuera de las fuerzas de seguridad– autorizadas a llevar un arma lista para ser usada. El número crece exponencialmente en la categoría de legítimos usuarios individuales con autorización vigente, cuya cifra se ubica en 212.531.
En caso de que Milei retomara su postura sobre flexibilizar la portación de armas en una eventual presidencia, ese número de legítimos usuarios podría estar en condiciones de solicitar un cambio de categoría a la de “portador”, y el organismo podría autorizarlo, según detallaron fuentes del área a
nacion. Un cambio de postura sobre lo que sucede actualmente, con los estrictos criterios de autorización de la Anmac, podría ser también la invitación a que muchos se presenten para pedir el mismo permiso.
“Ventanas rotas”
Según se encarga de señalar Milei, su intención es delinear una “nueva doctrina” de seguridad basada en la teoría de las “ventanas rotas”, acuñada en los años 80 por el economista Gary Becker y el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani. Es la misma plataforma que Sergio Massa impulsó en 2013 y 2015. “Se terminó la Argentina del zaffaronismo: el que las hace las paga”, afirmó Milei en alusión al exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni.
En su plataforma electoral, además de proponer una baja de la edad de imputabilidad –sin precisar la edad– y la intención de devolverles “autoridad” a las fuerzas de seguridad, se leía la promesa de ir hacia una “desregulación del mercado legal de armas”, habilitando el “uso legítimo”. Sin embargo, tras su victoria en las PASO, el libertario negó tajantemente la existencia de ese punto.
“Aquellos Estados que tienen libre portación tienen menos delitos”, solía sostener Milei hasta hace pocos meses. Y argumentaba que, si la población está armada, el costo esperado de quien delinque es mayor, ya que, al correr mayor peligro su vida, puede reprimir su intención inicial y desistir. Un argumento a contramano de lo que opinan los principales especialistas en el mundo, desde donde salvo algunos países –como Estados Unidos– se desalienta lo más posible la portación de armas. En la Argentina, la mitad de los homicidios de 2022 se cometieron con armas de fuego. Lo mismo en uno de cada cuatro femicidios.
En 2010, la Argentina puso en funcionamiento el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que en sus primeros tres años logró recolectar 150.000 armas que fueron destruidas.
El programa fue premiado en octubre de 2013 por la ONU. Llevado adelante por el entonces titular del Renar Matías Molle, hoy diputado provincial del oficialismo, fue considerado “un instrumento importante en el control de armas pequeñas y demuestra cómo las políticas nacionales pueden combinarse con las normas internacionales”, por Angela Kane, entonces alta representante de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas.
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