En los bloques opositores se impuso la disciplina partidaria
Frente al DNU de Milei, en la UCR, el Frente Pro y Cambio Federal, la cohesión interna prevaleció sobre las diferencias
Delfina Celichini
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dictó el presidente Javier Milei generó un debate interno en casi todos los espacios políticos parlamentarios. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los bloques “de centro”, donde el gobierno nacional deberá ir a buscar los votos que le faltan si no quiere negociar con el peronismo, expusieron sus matices respecto de cómo posicionarse frente el megadecreto que pretende desregular la economía.
No obstante, la dinámica propia de cómo debe tratarse una norma de estas características en el Poder Legislativo, donde se rechaza o se avala en su conjunto, vertebró la discusión y, en última instancia, primó la disciplina partidaria frente a las fracturas internas. Por eso, algunos enclaves de poder se replegaron ante las superestructuras.
Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), que apuestan a mostrarse cohesionados ante el Poder Ejecutivo, no emitieron un comunicado conjunto y priorizaron mantenerse en línea con sus cúpulas partidarias. Una situación que habían tratado de evitar al presentarse como una “liga” con peso específico en el Congreso.
Los cinco gobernadores radicales –Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy)– respetaron la institucionalidad de su partido y se plegaron a la declaración de la Mesa Nacional de la UCR por la que se cuestionó la forma con la que se pretende llevar adelante las reformas. “El Poder Ejecutivo está a tiempo de enmendar su error enviando un proyecto de ley espejo que pueda debatirse en el Congreso de la Nación, recuperando así el camino de la normalidad, la construcción de confianza pública, los consensos y el diálogo parlamentario”, concluyó el comulencio nicado.
De los cinco mandatarios provinciales de la UCR, solo Pullaro hizo un comentario sobre el megadecreto. Si bien destacó que la norma tiene iniciativas “que van en el camino correcto”, subrayó la necesidad de un “gran acuerdo republicano, donde se respete la división de poderes y se valoren todas las opiniones e instituciones”. Fue en línea con el mensaje que emitió el jefe de bloque radical, el cordobés Rodrigo de Loredo, quien indicó que “si el Gobierno no evalúa enviar las leyes correspondientes al Congreso pueden ayudar las aprobaciones parciales sobre gran parte de las propuestas, o bien que el Gobierno esté dispuesto a remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento”.
El radicalismo, con 34 diputados y 13 senadores, será fundamental a la hora de definir la suerte del decreto de Milei. Conviven allí dos posturas: mientras que Cornejo y Valdés, quienes hasta ahora guardaron sipúblico, son proclives a abrir una instancia de negociación con el Gobierno, el senador y presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, junto a su socio político Gerardo Morales, es más intransigente.
Algo similar pasó en el Frente Pro, donde las diferencias están a la vista desde la feroz interna presidencial que tuvo como protagonistas a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Ambos son referentes de una porción de legisladores amarillos en las dos cámaras, quienes frente al DNU apostaron por mostrar cohesión a pesar de las discrepancias expuestas entre la ministra de Seguridad y el exalcalde porteño.
Mientras Bullrich utilizó su ya conocida frase “si no es todo, no es nada” para defender el DNU del Gobierno, acompañada de una foto del gabinete nacional, Rodríguez Larreta cuestionó la decisión de Milei de imponer estas reformas por decreto e hizo hincapié en su endeblez jurídica. Se espera, no obstante, que los 37 diputados de Pro avalen las medidas. Luciano Laspina, una de las espadas parlamentarias en cuestiones económicas del bloque liderado por Cristian Ritondo, ya se pronunció a favor del megadecreto.
En Cambio Federal, la bancada de nueve legisladores con Miguel Ángel Pichetto a la cabeza, se presentó un escenario parecido al del resto de los bloques. “Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la Justicia. No están justificadas ni la necesidad ni la urgencia, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias”, sentenció el jefe del bloque.
En este espacio gravitan los gobernadores Pro Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). Si bien Frigerio emitió un tuit en el que dijo coincidir con las reformas pero destacó que la discusión en el Congreso les daría “fortaleza y sostenibilidad” a las medidas, Torres apeló al silencio.
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El Gobierno dará de baja a 7000 empleados estatales contratados este año
Quedarán cesantes los últimos ingresos y durante 90 días se revisarán otros casos
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dictó el presidente Javier Milei generó un debate interno en casi todos los espacios políticos parlamentarios. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los bloques “de centro”, donde el gobierno nacional deberá ir a buscar los votos que le faltan si no quiere negociar con el peronismo, expusieron sus matices respecto de cómo posicionarse frente el megadecreto que pretende desregular la economía.
No obstante, la dinámica propia de cómo debe tratarse una norma de estas características en el Poder Legislativo, donde se rechaza o se avala en su conjunto, vertebró la discusión y, en última instancia, primó la disciplina partidaria frente a las fracturas internas. Por eso, algunos enclaves de poder se replegaron ante las superestructuras.
Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), que apuestan a mostrarse cohesionados ante el Poder Ejecutivo, no emitieron un comunicado conjunto y priorizaron mantenerse en línea con sus cúpulas partidarias. Una situación que habían tratado de evitar al presentarse como una “liga” con peso específico en el Congreso.
Los cinco gobernadores radicales –Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy)– respetaron la institucionalidad de su partido y se plegaron a la declaración de la Mesa Nacional de la UCR por la que se cuestionó la forma con la que se pretende llevar adelante las reformas. “El Poder Ejecutivo está a tiempo de enmendar su error enviando un proyecto de ley espejo que pueda debatirse en el Congreso de la Nación, recuperando así el camino de la normalidad, la construcción de confianza pública, los consensos y el diálogo parlamentario”, concluyó el comulencio nicado.
De los cinco mandatarios provinciales de la UCR, solo Pullaro hizo un comentario sobre el megadecreto. Si bien destacó que la norma tiene iniciativas “que van en el camino correcto”, subrayó la necesidad de un “gran acuerdo republicano, donde se respete la división de poderes y se valoren todas las opiniones e instituciones”. Fue en línea con el mensaje que emitió el jefe de bloque radical, el cordobés Rodrigo de Loredo, quien indicó que “si el Gobierno no evalúa enviar las leyes correspondientes al Congreso pueden ayudar las aprobaciones parciales sobre gran parte de las propuestas, o bien que el Gobierno esté dispuesto a remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento”.
El radicalismo, con 34 diputados y 13 senadores, será fundamental a la hora de definir la suerte del decreto de Milei. Conviven allí dos posturas: mientras que Cornejo y Valdés, quienes hasta ahora guardaron sipúblico, son proclives a abrir una instancia de negociación con el Gobierno, el senador y presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, junto a su socio político Gerardo Morales, es más intransigente.
Algo similar pasó en el Frente Pro, donde las diferencias están a la vista desde la feroz interna presidencial que tuvo como protagonistas a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Ambos son referentes de una porción de legisladores amarillos en las dos cámaras, quienes frente al DNU apostaron por mostrar cohesión a pesar de las discrepancias expuestas entre la ministra de Seguridad y el exalcalde porteño.
Mientras Bullrich utilizó su ya conocida frase “si no es todo, no es nada” para defender el DNU del Gobierno, acompañada de una foto del gabinete nacional, Rodríguez Larreta cuestionó la decisión de Milei de imponer estas reformas por decreto e hizo hincapié en su endeblez jurídica. Se espera, no obstante, que los 37 diputados de Pro avalen las medidas. Luciano Laspina, una de las espadas parlamentarias en cuestiones económicas del bloque liderado por Cristian Ritondo, ya se pronunció a favor del megadecreto.
En Cambio Federal, la bancada de nueve legisladores con Miguel Ángel Pichetto a la cabeza, se presentó un escenario parecido al del resto de los bloques. “Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la Justicia. No están justificadas ni la necesidad ni la urgencia, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias”, sentenció el jefe del bloque.
En este espacio gravitan los gobernadores Pro Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). Si bien Frigerio emitió un tuit en el que dijo coincidir con las reformas pero destacó que la discusión en el Congreso les daría “fortaleza y sostenibilidad” a las medidas, Torres apeló al silencio.
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El Gobierno dará de baja a 7000 empleados estatales contratados este año
Quedarán cesantes los últimos ingresos y durante 90 días se revisarán otros casos
Cecilia Devanna
Como parte de su plan de ajuste, el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se publicaría hoy, dará de baja a unos 7000 empleados estatales que fueron contratados durante 2023 y cuyos contratos vencen la semana próxima.
Además, se resolvió abrir un período de evaluación de 90 días para definir otros casos en distintas áreas de la Administración Pública Nacional, que cuenta con una planta de 393.000 personas, entre civiles y fuerzas de seguridad. La continuidad de estos empleados deberá ser solicitada por el responsable de cada área y ser aprobada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
No está previsto avanzar sobre los contratos de planta permanente, según fuentes oficiales. Los recortes, que se harán efectivos a partir de la semana próxima, pusieron en alerta a los sindicatos estatales de ATE y UPCN, que ya anunciaron medidas de protesta para rechazar las cesantías.
El Gobierno publicará hoy el decreto con el que empezará a avanzar en el achicamiento del número de empleados del Estado. En lo inmediato, la decisión implica no renovar los contratos que fueron firmados por primera vez a partir del 1º de enero de 2023 y que vencen este 31 de diciembre.
Se trata de una medida que ya había sido adelantada por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. El número, de acuerdo con distintas fuentes del tema, ascendería a unas 7000 personas aproximadamente.
Desde la Casa Rosada evitaron confirmar cifras, pero sí ratificaron que, como ya se había anunciado días atrás, esos contratos no serán renovados y que el decreto que se conocerá en las próximas horas también contempla la apertura de la etapa de evaluación de todas las estructuras del Gobierno por los próximos 90 días para definir cuáles de los demás puestos se mantendrán y cuáles no, dando lugar a una eventual nueva etapa de recortes. Los sindicatos, en pie de alerta, tienen medidas para los siguientes días.
La resolución llegará una semana después de que el presidente Javier Milei presentó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que busca derogar más de 300 leyes y que fue judicializado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a través de un recurso de amparo, que el juez en lo Contencioso Administrativo Esteban Furnari declaró admisible.
Precisamente en el marco de esa avanzada es que para mañana tanto ATE como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que agrupan –junto a la UPCN– a los empleados públicos, tendrán sus jornadas de “lucha” y movilización.
De acuerdo con el proyecto de decreto que circuló en los últimos días, en los contratos que no registran antigüedad previa al 1º de enero de 2023, y que automáticamente caerán en los próximos días, hay grupos que quedarán exentos de la medida y seguirán en funciones más allá de su fecha de ingreso.
Uno, el de los “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como el de personas trans o con discapacidad. Ambos se respetarán y no serán alcanzados por el recorte, según pudo corroborar tanto la nacion con el proyecto del decreto como de fuentes al tanto de la decisión, que ratificaron el punto.
También queda exento el personal que “haya estado prestando tareas con fecha previa al 1º de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación” y el “personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y de manera fundada [señalando] que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.
La forma en que eso se establece hace que en diversas esferas, aun entre los sectores opuestos al Gobierno, se reconozca que “a diferencia de lo que sucedió con el macrismo, acá hay ciertos parámetros de previsibilidad”.
Una fuente señaló: “Se mantienen los cupos y dejan abierto a la evaluación de los jefes. En la época de [el expresidente Mauricio] Macri se entró con el objetivo de reducir un porcentaje de la planta y sin criterios. Acá hay otro análisis”.
La Administración Pública Nacional (APN) está compuesta por 393.000 empleados, de los cuales 193.000 son civiles distribuidos en distintas áreas.
Y en dos marcos de empleo: uno según la ley de trabajo, otro según la ley marco de empleo público nacional. Estos últimos representarían unos 100.000, de los cuales un tercio integra la planta permanente, que implica haber ingresado al Estado según un concurso oficial que establece competencias y requisitos.
Estos últimos tienen seguridad en su cargo, a diferencia de los que son contratados, entre los que están los que serán alcanzados por esta primera medida y, eventualmente, por las subsiguientes.
A la caída de los contratados que no tengan antigüedad previa a enero de 2023 se le suma el artículo 3º del borrador del decreto, que es el que establece que las contrataciones cuya fecha de ingreso a la administración sea previa a ese mismo período “no podrán ser renovadas por un período mayor a noventa (90) días corridos”.
En el artículo siguiente se instruye a las autoridades de las distintas jurisdicciones a que en ese plazo “realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1º de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente”, y agrega que “en el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”.
Todo eso deberá ser informado a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse. Desde esa órbita “se podrán dictar las normas complementarias y aclaratorias que fueran necesarias para su mejor aplicación y podrá delegar las facultades asignadas por la presente medida”.
Consultado por la nacion, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la entidad “no va a permitir ningún despido que sea sin justa causa”. Y agregó: “Todas y todos los trabajadores desempeñan un rol que es esencial a la hora de garantizarle derechos a la población. Tengo la sensación por estos días que se quiere moldear un Estado que esté solo al servicio de los grandes grupos empresarios”.
Aguiar consideró que ATE “cree que todos [los trabajadores] cumplen un rol esencial y que, por lo tanto, la excepcionalidad que prevé el decreto que tiene que ver con que las instancias jerárquicas ratifiquen que las tareas que desempeñan los trabajadores son indispensables, van a impedir cualquier despido sin justa causa”.
Y advirtió que “en el caso contrario, ya hemos definido una nueva jornada de protesta nacional para el próximo 27, y sin lugar a dudas toma fuerza en todo el país la necesidad de avanzar hacia un paro nacional. El primer paro total de actividades en la administración pública en todo el país”.
Luego de lo que advirtió que la revisión “es ilegal, porque se trataría de convalidar un fraude laboral que vienen sosteniendo los distintos gobiernos desde la década del 90 hasta aquí, que es que se mantengan trabajadores y trabajadoras precarizados bajo distintas modalidades contractuales para evitar garantizar la estabilidad en el empleo público”.
“Por lo tanto, nosotros no aceptamos desde ATE que exista una revisión los próximos tres meses. Decidir renovar los vínculos contractuales por 90 días es una vulneración graves de los derechos adquiridos de todos los trabajadores”, concluyó. La UPCN, otro de los gremios estatales, también se declaró en alerta y movilización por las cesantías.
Consultado , el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la entidad “no va a permitir ningún despido que no se sin justa causa”
Como parte de su plan de ajuste, el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se publicaría hoy, dará de baja a unos 7000 empleados estatales que fueron contratados durante 2023 y cuyos contratos vencen la semana próxima.
Además, se resolvió abrir un período de evaluación de 90 días para definir otros casos en distintas áreas de la Administración Pública Nacional, que cuenta con una planta de 393.000 personas, entre civiles y fuerzas de seguridad. La continuidad de estos empleados deberá ser solicitada por el responsable de cada área y ser aprobada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
No está previsto avanzar sobre los contratos de planta permanente, según fuentes oficiales. Los recortes, que se harán efectivos a partir de la semana próxima, pusieron en alerta a los sindicatos estatales de ATE y UPCN, que ya anunciaron medidas de protesta para rechazar las cesantías.
El Gobierno publicará hoy el decreto con el que empezará a avanzar en el achicamiento del número de empleados del Estado. En lo inmediato, la decisión implica no renovar los contratos que fueron firmados por primera vez a partir del 1º de enero de 2023 y que vencen este 31 de diciembre.
Se trata de una medida que ya había sido adelantada por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. El número, de acuerdo con distintas fuentes del tema, ascendería a unas 7000 personas aproximadamente.
Desde la Casa Rosada evitaron confirmar cifras, pero sí ratificaron que, como ya se había anunciado días atrás, esos contratos no serán renovados y que el decreto que se conocerá en las próximas horas también contempla la apertura de la etapa de evaluación de todas las estructuras del Gobierno por los próximos 90 días para definir cuáles de los demás puestos se mantendrán y cuáles no, dando lugar a una eventual nueva etapa de recortes. Los sindicatos, en pie de alerta, tienen medidas para los siguientes días.
La resolución llegará una semana después de que el presidente Javier Milei presentó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que busca derogar más de 300 leyes y que fue judicializado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a través de un recurso de amparo, que el juez en lo Contencioso Administrativo Esteban Furnari declaró admisible.
Precisamente en el marco de esa avanzada es que para mañana tanto ATE como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que agrupan –junto a la UPCN– a los empleados públicos, tendrán sus jornadas de “lucha” y movilización.
De acuerdo con el proyecto de decreto que circuló en los últimos días, en los contratos que no registran antigüedad previa al 1º de enero de 2023, y que automáticamente caerán en los próximos días, hay grupos que quedarán exentos de la medida y seguirán en funciones más allá de su fecha de ingreso.
Uno, el de los “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como el de personas trans o con discapacidad. Ambos se respetarán y no serán alcanzados por el recorte, según pudo corroborar tanto la nacion con el proyecto del decreto como de fuentes al tanto de la decisión, que ratificaron el punto.
También queda exento el personal que “haya estado prestando tareas con fecha previa al 1º de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación” y el “personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y de manera fundada [señalando] que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.
La forma en que eso se establece hace que en diversas esferas, aun entre los sectores opuestos al Gobierno, se reconozca que “a diferencia de lo que sucedió con el macrismo, acá hay ciertos parámetros de previsibilidad”.
Una fuente señaló: “Se mantienen los cupos y dejan abierto a la evaluación de los jefes. En la época de [el expresidente Mauricio] Macri se entró con el objetivo de reducir un porcentaje de la planta y sin criterios. Acá hay otro análisis”.
La Administración Pública Nacional (APN) está compuesta por 393.000 empleados, de los cuales 193.000 son civiles distribuidos en distintas áreas.
Y en dos marcos de empleo: uno según la ley de trabajo, otro según la ley marco de empleo público nacional. Estos últimos representarían unos 100.000, de los cuales un tercio integra la planta permanente, que implica haber ingresado al Estado según un concurso oficial que establece competencias y requisitos.
Estos últimos tienen seguridad en su cargo, a diferencia de los que son contratados, entre los que están los que serán alcanzados por esta primera medida y, eventualmente, por las subsiguientes.
A la caída de los contratados que no tengan antigüedad previa a enero de 2023 se le suma el artículo 3º del borrador del decreto, que es el que establece que las contrataciones cuya fecha de ingreso a la administración sea previa a ese mismo período “no podrán ser renovadas por un período mayor a noventa (90) días corridos”.
En el artículo siguiente se instruye a las autoridades de las distintas jurisdicciones a que en ese plazo “realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1º de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente”, y agrega que “en el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”.
Todo eso deberá ser informado a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse. Desde esa órbita “se podrán dictar las normas complementarias y aclaratorias que fueran necesarias para su mejor aplicación y podrá delegar las facultades asignadas por la presente medida”.
Consultado por la nacion, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la entidad “no va a permitir ningún despido que sea sin justa causa”. Y agregó: “Todas y todos los trabajadores desempeñan un rol que es esencial a la hora de garantizarle derechos a la población. Tengo la sensación por estos días que se quiere moldear un Estado que esté solo al servicio de los grandes grupos empresarios”.
Aguiar consideró que ATE “cree que todos [los trabajadores] cumplen un rol esencial y que, por lo tanto, la excepcionalidad que prevé el decreto que tiene que ver con que las instancias jerárquicas ratifiquen que las tareas que desempeñan los trabajadores son indispensables, van a impedir cualquier despido sin justa causa”.
Y advirtió que “en el caso contrario, ya hemos definido una nueva jornada de protesta nacional para el próximo 27, y sin lugar a dudas toma fuerza en todo el país la necesidad de avanzar hacia un paro nacional. El primer paro total de actividades en la administración pública en todo el país”.
Luego de lo que advirtió que la revisión “es ilegal, porque se trataría de convalidar un fraude laboral que vienen sosteniendo los distintos gobiernos desde la década del 90 hasta aquí, que es que se mantengan trabajadores y trabajadoras precarizados bajo distintas modalidades contractuales para evitar garantizar la estabilidad en el empleo público”.
“Por lo tanto, nosotros no aceptamos desde ATE que exista una revisión los próximos tres meses. Decidir renovar los vínculos contractuales por 90 días es una vulneración graves de los derechos adquiridos de todos los trabajadores”, concluyó. La UPCN, otro de los gremios estatales, también se declaró en alerta y movilización por las cesantías.
Consultado , el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la entidad “no va a permitir ningún despido que no se sin justa causa”
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