EDITORIALES

Registro automotor: solo un ejemplo de burocracia y opacidad
Es hora de terminar con otra de las nefastas cajas de la política, simplificar los trámites y bajar los excesivos costos que deben pagar los usuarios
La decisión presidencial de desregular los polémicos registros de propiedad automotor, incluida en el amplio DNU recientemente suscripto por el presidente Javier Milei, debe ser celebrada y apoyada, pues representa no solo la simplificación de la enorme burocracia que conlleva la realización de trámites de transferencia de dominios de vehículos, sino también la eliminación de un sistema obsoleto y extremadamente costoso para los usuarios. La medida también apunta a terminar con el uso descarado que muchos gobiernos han hecho de esos registros al convertirlos en una caja más de la política, en beneficio económico de amigos y parientes, solventando gastos de campañas electorales y desviando o triangulando fondos.
Antes de conocerse el DNU, diversas iniciativas parlamentarias habían sido presentadas por varios diputados. Aunque con algunas diferencias, todas apuntan hacia el mismo objetivo: terminar con el robo a los ciudadanos y con buena parte del financiamiento espurio de la política.
En nuestro país, son necesarios más de una decena de trámites para transferir de una persona a otra el dominio de un automotor. Dependiendo del bien, esa enorme burocracia representa entre el 5% y el 10% de su valor. A ello hay que sumar que algunos de los trámites solo se pueden realizar en soporte papel y de manera presencial y que resulta abusiva la cantidad de erogaciones que, en algunos casos, hasta se superponen: gastos de registro, impuesto a los sellos, certificación de firmas, aranceles diversos, verificaciones policiales de chasis y patente, grabado de autopartes y pago de Ingresos Brutos, entre otros. Se estima que de cada 10 pesos que se pagan actualmente por uno de esos trámites entre 7 y 8 pesos corresponden a impuestos.
Bajo la premisa “Basta de papeles” se habían reunido en el Congreso los diputados Oscar Agost Carreño (Cambio Federal-Córdoba), Patricia Vázquez (Pro-Buenos Aires), Martín Tetaz (UCR-Capital) y Diana Fernández Molero (Juntos por el CambioCapital), quienes hicieron llegar sus propuestas al sector automotor y a los titulares de los registros.
Entre los cambios legislativos que proponen, figuran una baja importante del valor del trámite –algunos reclaman la gratuidad–, la simplificación de pasos y el fin de la intermediación. También existen entre los proyectos algunas diferencias sobre si el sistema debería ser mixto –presencial y online– o exclusivamente digital y si se debe avanzar hacia un registro simple y con patente única de por vida, además de cuestiones de procedimiento. “Hay una bomba que desarticular”, sostuvo Agost Carreño durante ese encuentro. “Estamos acostumbrados a trasladar al ciudadano los problemas que el Estado no resuelve y su ineficiencia”, sostuvo Vázquez.
Ambas afirmaciones describen perfectamente lo engorroso e injusto del sistema actual. Por citar solo un ejemplo, en Chile –el segundo más caro de la región– se paga por el mismo trámite un tercio de lo que se debe abonar en nuestro país.
El DNU presidencial, que espera ser tratado por el Congreso, dispone, entre otras cuestiones, la implementación de un mecanismo de autogestión para la transferencia y que la patente pertenezca al usuario y no al vehículo.
Si casi todas las administraciones abusaron de los registros para justificar los privilegios de unos pocos allegados al poder, la salida de Alberto Fernández del gobierno dejó un tendal de nombramientos que la nueva gestión deberá investigar, entre otras tantas aberraciones cometidas para asegurar puestos a militantes políticos. Tan solo en los últimos dos meses, en pleno proceso electoral, la directora de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, María Eugenia Doro, una funcionaria cercana a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, designó a más de 40 encargados de todo el país, según revelaron investigaciones periodísticas.
Es menester terminar con este tipo de groseras exacciones a los ciudadanos y con la nefasta cultura de la política clientelar. Del mismo modo, debería avanzarse eliminando el tan abusivo como ilegal sistema de fotomultas, cuyo único fin no es el de educar al conductor, concientizándolo de las responsabilidades y riesgos de estar frente al volante, sino seguir contribuyendo a engordar las cajas políticas de gobernantes inescrupulosos.
De cada 10 pesos que se pagan por transferencia, entre 7 y 8 corresponden a impuestos

Adiós a COAS

Tantas cosas ocurren en estos difíciles tiempos que algunas quedan fuera de registro. Desde estas columnas, numerosas veces dedicadas a celebrar la labor de la querida Cooperadora de Acción Social (COAS), hoy lamentamos tener que compartir una triste noticia: COAS se ha visto obligada a cerrar sus puertas. Inolvidables Ferias de las Naciones, el Premio COAS a la Solidaridad y tantas otras acciones nacidas de la creatividad de un valioso equipo de mujeres dispuestas a dotar de aparatología, principalmente a los hospitales públicos porteños y también del AMBA y del interior, quedarán en el recuerdo. Hablamos de férreas voluntades, desvelos y esfuerzos que permitieron recaudar y donar 40 millones de dólares entre 1976 y 2021 para beneficio de muchísimas personas. Cada centavo fue rendido, con transparencia y responsabilidad, para la gente, por la gente y desde la gente, como reza su eslogan.
Un Estado omnipresente, todopoderoso, paquidérmico y mayúsculamente inútil a la hora de mejorar la vida de los argentinos encontró en COAS una valiosa aliada para atender parcialmente las dificultades de un sistema de salud cada día más quebrado, con salarios de miseria, infraestructura insuficiente y, en los últimos tiempos, también carencias de insumos básicos. Las matemáticas no perdonan lo que las ciencias sociales y económicas puedan anticipar, y una irreversible debacle obliga a muchos a revisar planes y proyectos.
Este dramático momento de COAS es fiel reflejo de la hecatombe que transitamos y de la impostergable obligación de barajar y dar de nuevo. Esta vez, es el país el que necesita un respirador.
Como ciudadanos, todos debemos mucho a COAS. En este nuevo tiempo, el desafío será redimensionar y rediseñar el Estado para que pueda atender aquello que le es propio, que indelegablemente le compete.
Ese enorme Tercer Sector que hoy está en crisis solo debe ser un auxiliar. No podemos depender de la solidaridad ajena. Mucho menos del asistencialismo, malversado con fines ideológicos desde el poder.
En la transición será crucial que el esfuerzo individual contribuya a sostener a los que menos tienen para que podamos llegar todos juntos a la meta.
Seguramente, con mucha tristeza, despedimos hoy no solo a COAS, sino a muchas otras ONG que tampoco pueden sobrevivir a este crítico momento. Quienes tantos años y esfuerzos dedicaron a mejorar la vida de sus compatriotas hoy deben sumar su compromiso en la construcción de un nuevo país desde otro lugar. Sus liderazgos serán sumamente importantes.
Muchas gracias, COAS.

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