Los gobernadores piden una asistencia hasta 2050
Reclaman a Alberto Fernández que antes de irse prorrogue un fondo fiduciario; lo piden también en la oposición
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– A una semana del cambio de gobierno y de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, los gobernadores electos de Entre Ríos, Chaco, San Luis, San Juan, Santa Cruz y Chubut –todos de Juntos por el Cambio– se sumaron al pedido de sus pares del norte y de los patagónicos, para que el presidente Alberto Fernández firme la prórroga del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) hasta el 27 de febrero de 2050.
Hace unos días, las provincias lograron la “compensación” por la pérdida de coparticipación en noviembre y, de cara a la nueva gestión de La Libertad Avanza, impulsan la coparticipación de la mitad del impuesto al cheque. Una idea que golpea directamente a la Anses, lo que termina generando otro problema.
El stock de deuda que acumulaba el FFDP al 31 de marzo pasado era de $185.879 millones, de acuerdo con el siguiente detalle: Chubut, con $33.310 millones es la provincia que encabeza el listado y le siguen las jurisdicciones de Chaco, con $26.186 millones, y Tucumán, con $23.351 millones. Después, Salta, $14.456 millones; Neuquén, $ 8497 millones; Formosa, $8000 millones; Jujuy, $7819 millones; Catamarca, $7805 millones; Buenos Aires, $ 7415 millones; Río Negro, $5899 millones; Córdoba, $7545 millones; Misiones, $4506 millones; Santa Cruz; $4420 millones; Corrientes, $1999 millones; San Juan, $ 1773 millones; Tierra del Fuego, $1456 millones; La Rioja, $534 millones y San Luis, $270 millones.
Legado del menemismo
El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial fue creado por decreto el 27 de febrero de 1995, durante el gobierno nacional de Carlos Menem, y tiene por objeto, entre otros, “asistir y financiar el saneamiento de las deudas de los Estados provinciales, la implementación de programas de desarrollo, mejora de la eficiencia, incremento de la calidad de las prestaciones y fortalecimiento en general de los sectores de la economía real, educación, justicia, salud y seguridad y la consolidación de la situación fiscal y financiera”, destacó el convenio incluido en el anexo de la resolución.
Los mandatarios electos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Vidal (Santa Cruz) afirman en las notas enviadas a Fernández que la solicitud se fundamenta “en el impacto positivo” que generan los préstamos del FFDP en el “financiamiento de programas de políticas públicas para el desarrollo y la consolidación fiscal, vitales para las jurisdicciones”.
Horas antes ratificaron el mismo pedido los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Morales (Jujuy), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Valdés (Corrientes) y Juan Manzur (Tucumán). También lo reclamaron los mandatarios patagónicos hace una semana.
El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial es uno de los 29 fondos fiduciarios que están bajo la órbita del Ministerio de Economía. Estos fondos son cuestionados por los expertos en finanzas porque son muy “flexibles”; tienen escasos controles de Sindicatura General de la Nación (Sigen) y de la Auditoría General de la Nación (AGN) y no pasan por los del Congreso. El de las provincias es controlado por la AGN desde 2022 por convenio. En el primer informe sostuvo que hay “dificultades” para medir el impacto que la pandemia del Covid-19 tuvo en sus estados contables.
Fondos “flexibles”
Los especialistas en finanzas sostienen que el fondo, al igual que otros, surgió con objetivos específicos que después se fueron haciendo más laxos. Se llegó al punto de que constituye una fuente de negociación que es clave para muchas provincias y que va en paralelo al régimen de coparticipación.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso para el segundo trimestre de este año, el resultado financiero del FFDP es de unos $70.000 millones. Hay “una importante mejora interanual tanto del resultado económico como del resultado financiero, que obedece al incremento de los ingresos corrientes, compuestos por las rentas de la propiedad. Las mismas crecieron principalmente debido a los intereses que ingresan al fondo por inversiones financieras que incluyen los préstamos otorgados a las provincias”, consigna la Oficia.
La clave para este fondo es cuánto suman los préstamos acordados, que son los activos con que cuenta. Según datos oficiales, entre 2021 y 2022 se crearon líneas de financiamiento en el marco del FFDP de las que participaron ocho provincias por un monto de $40.500 millones y se refinanciaron deudas por $24.511 millones. Este año, se suscribieron convenios con siete distritos por $48.000 millones y se refinanciaron deudas por $ 113.913 millones.
CÓRDOBA.– A una semana del cambio de gobierno y de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, los gobernadores electos de Entre Ríos, Chaco, San Luis, San Juan, Santa Cruz y Chubut –todos de Juntos por el Cambio– se sumaron al pedido de sus pares del norte y de los patagónicos, para que el presidente Alberto Fernández firme la prórroga del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) hasta el 27 de febrero de 2050.
Hace unos días, las provincias lograron la “compensación” por la pérdida de coparticipación en noviembre y, de cara a la nueva gestión de La Libertad Avanza, impulsan la coparticipación de la mitad del impuesto al cheque. Una idea que golpea directamente a la Anses, lo que termina generando otro problema.
El stock de deuda que acumulaba el FFDP al 31 de marzo pasado era de $185.879 millones, de acuerdo con el siguiente detalle: Chubut, con $33.310 millones es la provincia que encabeza el listado y le siguen las jurisdicciones de Chaco, con $26.186 millones, y Tucumán, con $23.351 millones. Después, Salta, $14.456 millones; Neuquén, $ 8497 millones; Formosa, $8000 millones; Jujuy, $7819 millones; Catamarca, $7805 millones; Buenos Aires, $ 7415 millones; Río Negro, $5899 millones; Córdoba, $7545 millones; Misiones, $4506 millones; Santa Cruz; $4420 millones; Corrientes, $1999 millones; San Juan, $ 1773 millones; Tierra del Fuego, $1456 millones; La Rioja, $534 millones y San Luis, $270 millones.
Legado del menemismo
El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial fue creado por decreto el 27 de febrero de 1995, durante el gobierno nacional de Carlos Menem, y tiene por objeto, entre otros, “asistir y financiar el saneamiento de las deudas de los Estados provinciales, la implementación de programas de desarrollo, mejora de la eficiencia, incremento de la calidad de las prestaciones y fortalecimiento en general de los sectores de la economía real, educación, justicia, salud y seguridad y la consolidación de la situación fiscal y financiera”, destacó el convenio incluido en el anexo de la resolución.
Los mandatarios electos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Vidal (Santa Cruz) afirman en las notas enviadas a Fernández que la solicitud se fundamenta “en el impacto positivo” que generan los préstamos del FFDP en el “financiamiento de programas de políticas públicas para el desarrollo y la consolidación fiscal, vitales para las jurisdicciones”.
Horas antes ratificaron el mismo pedido los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Morales (Jujuy), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Valdés (Corrientes) y Juan Manzur (Tucumán). También lo reclamaron los mandatarios patagónicos hace una semana.
El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial es uno de los 29 fondos fiduciarios que están bajo la órbita del Ministerio de Economía. Estos fondos son cuestionados por los expertos en finanzas porque son muy “flexibles”; tienen escasos controles de Sindicatura General de la Nación (Sigen) y de la Auditoría General de la Nación (AGN) y no pasan por los del Congreso. El de las provincias es controlado por la AGN desde 2022 por convenio. En el primer informe sostuvo que hay “dificultades” para medir el impacto que la pandemia del Covid-19 tuvo en sus estados contables.
Fondos “flexibles”
Los especialistas en finanzas sostienen que el fondo, al igual que otros, surgió con objetivos específicos que después se fueron haciendo más laxos. Se llegó al punto de que constituye una fuente de negociación que es clave para muchas provincias y que va en paralelo al régimen de coparticipación.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso para el segundo trimestre de este año, el resultado financiero del FFDP es de unos $70.000 millones. Hay “una importante mejora interanual tanto del resultado económico como del resultado financiero, que obedece al incremento de los ingresos corrientes, compuestos por las rentas de la propiedad. Las mismas crecieron principalmente debido a los intereses que ingresan al fondo por inversiones financieras que incluyen los préstamos otorgados a las provincias”, consigna la Oficia.
La clave para este fondo es cuánto suman los préstamos acordados, que son los activos con que cuenta. Según datos oficiales, entre 2021 y 2022 se crearon líneas de financiamiento en el marco del FFDP de las que participaron ocho provincias por un monto de $40.500 millones y se refinanciaron deudas por $24.511 millones. Este año, se suscribieron convenios con siete distritos por $48.000 millones y se refinanciaron deudas por $ 113.913 millones.
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Legislatura: montan una oficina para los “zombis”
Allí destinan a los empleados díscolos, ñoquis o indeseables; no tiene nombre y se ubica en el segundo subsuelo
Hugo Alconada Mon
LA PLATA.– No tiene nombre, pero la apodan “la oficina fantasma”. Las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense montaron una dependencia donde arrumbaron a un número indeterminado de empleados de la Legislatura que no van a trabajar, no tienen para quién trabajar o nadie quiere tener bajo sus órdenes, según reconstruyó durante las últimas semanas. A esos empleados los llaman “los zombis”.
La existencia de esa oficina es un secreto a voces entre los veteranos de la Legislatura, que marcan el ostracismo de los empleados o su caída en desgracia junto a otras dos dependencias: Digesto Legislativo y Servicios Auxiliares. Las tres dependencias administrativas registraron movimientos notables desde que estalló el escándalo protagonizado por los Albini y Julio “Chocolate” Rigau.
La oficina sin nombre llevaría el número 11 en su puerta y se ubica en el segundo subsuelo del Palacio Legislativo, a la vuelta de Digesto Legislativo. En ese subsuelo también funciona una oficina de Vicepresidencia de la Cámara y por allí suele moverse una figura clave para entender cómo funciona la maquinaria política durante los últimos años: Néstor “Pochi” Méndez, primo del otrora diputado bonaerense Raúl “Cabezón” Pérez, operador clave del Frente Renovador y armador nacional de Sergio Massa.
En el segundo subsuelo de la Cámara abundan los relatos de bolsas de consorcio que van y que vienen. También por las adyacencias del primer subsuelo, donde funciona un cajero automático del Banco Provincia y tiene su oficina el secretario de Modernización de la Cámara, Sergio Errecalde, otro eslabón clave para comprender cómo funciona la Legislatura.
“A oficinas como Digesto, Servicios Auxiliares o la que no tiene nombre se manda a los empleados que son ‘quilomberos’ o que fueron designados en planta permanente por un diputado que después se fue y no consiguieron dónde reubicarse. Solo algunos se presentan a laburar, pero son como ‘zombis’”, precisó un informante. “Después están los ñoquis. Si tienen ganas de hinchar las pelotas, crucen cuántos empleados figuran en cada oficina y cuántas computadoras hay disponibles. ¡O sillas!”, ironizó.
La oficina de Servicios Auxiliares cobija a, entre otros, Cecilia D’ovidio, Guillermo Koster, consuegro de “Chocolate” Rigau, y antes revistó allí Juan Carlos Vallejos. Son tres de los 48 titulares de las tarjetas de débito que tenía Rigau cuando lo detuvieron. Y D’ovidio y Koster integraron, también, el pelotón de 15 titulares de esas tarjetas que pasó varios días tras las rejas a pedido de la fiscal Bettina Lacki.
Recorrer los subsuelos de la Legislatura permite corroborar, además, que alguien quitó los carteles identificatorios de las puertas de varias oficinas, ya sea por el recambio de legisladores y la readecuación de fuerzas que generaron las elecciones de este año o por los temores a un allanamiento que generó la apertura de una causa penal judicial tras la detención de Chocolate Rigau.
Los temores se agudizaron la semana pasada cuando, apenas horas después de la derrota de Sergio Massa en el balotaje, el juez de garantías Guillermo Atencio ordenó detener al subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, y a su hijo, Facundo, otrora empleado de la Cámara, apoderado de Unión por la Patria en la provincia y concejal en esta ciudad.
Esa primera oleada de temor, sin embargo, se retrajo con el paso de los días, según indicaron fuentes legislativas a la nacion. “Lo que había que emprolijar ya lo emprolijaron y lo que tenía que desaparecer ya lo quemaron”, afirmó una voz que acumula más de treinta años de experiencia en los recovecos palaciegos.
La Dirección de Personal afrontó días vertiginosos. Tras la detención de Chocolate Rigau, lidió con las órdenes de autoridades de la Cámara –que responden a Unión por la Patria y Juntos por el Cambio–, jefes de bloque y diputados. Así inició sumarios administrativos a cada uno de los 48 titulares de las tarjetas de débito, cuyas conclusiones se desconocen. La premisa que recibió el titular del área, Pablo Parente, fue acotar el escándalo al mínimo, confirmaron fuentes de esa dirección.
Se consultó a las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense. Consultó datos sobre la oficina fantasma, como también sobre la gestión de recursos humanos en esa dependencia, en Digesto Legislativo y en Servicios Auxiliares. Dos días después indicaron que no harían comentarios.
Superior de Albini en los papeles, Parente también debió lidiar con numerosos ñoquis y prestanombres que temieron seguir los pasos de los 15 titulares de tarjetas de débito que pasaron varios días tras las rejas. La fiscal Bettina Lacki los acusó de integrar una presunta asociación ilícita, aunque el juez Atencio terminó por encuadrarlos como presuntos partícipes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y los excarceló.
Ñoquis y prestanombres encarnan realidades muy distintas. “Ñoquis son aquellos que cobran el salario entero, pero no van a trabajar; los prestanombres, en cambio, cobran y devuelven la plata”, explicó otro veterano de la Legislatura, con ánimo instructivo. “Los de esta historia [por la de Chocolate Rigau y los Albini] son prestanombres”.
Si algunos ñoquis y prestanombres se presentaron ante la Dirección de Personal por interés propio, otros acudieron por orden de quien los designó, para evaluar su situación y, de ser necesario, asignarlos a alguna dependencia para simular la prestación de tareas. Pero el problema, cuentan en la Cámara, es que algunos acumulan años sin “marcar tarjeta” para ingresar o salir de su oficina laboral.
“Si la fiscal revisa bien, va a encontrar que hay muchos que no aparecen ni para marcar [tarjeta] y otros que son todo lo contrario: le entregaron la tarjeta a otra persona, que marca por ellos y jamás en su vida pidieron carpeta [médica], como si tuvieran una salud de hierro, aunque si buscás en clínicas privadas de la ciudad vas a encontrar que muchos estuvieron internados, incluso en terapia intensiva”, ironizó otra fuente legislativa que, como muchas otras, accedió a aportar datos bajo el resguardo de su nombre para evitar represalias. “Y si quieren mirar algo más, pregunten si a esos 48 no los obligaron a afiliarse a alguna mutual”.
El desvío ilícito de fondos a través de empleados, subsidios y becas comenzó a gestarse entre 15 y 20 años atrás, estimaron seis exdiputados peronistas, radicales, socialistas y de Pro consultados por la nacion. “Pero se salió de cauce en los últimos años”, según uno de ellos. “Antes había un acuerdo: el que ponía el nombre se llevaba un porcentaje y entregaba otro tanto, digamos el 30 por ciento, para financiar la política, pero tenía que ir a trabajar y si no lo hacía, se le daba por caído el contrato a los tres o cuatro meses. Ahora no; ahora hay muchachos que manejan 50, 100 contratos cada uno y se la llevan toda”.
LA PLATA.– No tiene nombre, pero la apodan “la oficina fantasma”. Las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense montaron una dependencia donde arrumbaron a un número indeterminado de empleados de la Legislatura que no van a trabajar, no tienen para quién trabajar o nadie quiere tener bajo sus órdenes, según reconstruyó durante las últimas semanas. A esos empleados los llaman “los zombis”.
La existencia de esa oficina es un secreto a voces entre los veteranos de la Legislatura, que marcan el ostracismo de los empleados o su caída en desgracia junto a otras dos dependencias: Digesto Legislativo y Servicios Auxiliares. Las tres dependencias administrativas registraron movimientos notables desde que estalló el escándalo protagonizado por los Albini y Julio “Chocolate” Rigau.
La oficina sin nombre llevaría el número 11 en su puerta y se ubica en el segundo subsuelo del Palacio Legislativo, a la vuelta de Digesto Legislativo. En ese subsuelo también funciona una oficina de Vicepresidencia de la Cámara y por allí suele moverse una figura clave para entender cómo funciona la maquinaria política durante los últimos años: Néstor “Pochi” Méndez, primo del otrora diputado bonaerense Raúl “Cabezón” Pérez, operador clave del Frente Renovador y armador nacional de Sergio Massa.
En el segundo subsuelo de la Cámara abundan los relatos de bolsas de consorcio que van y que vienen. También por las adyacencias del primer subsuelo, donde funciona un cajero automático del Banco Provincia y tiene su oficina el secretario de Modernización de la Cámara, Sergio Errecalde, otro eslabón clave para comprender cómo funciona la Legislatura.
“A oficinas como Digesto, Servicios Auxiliares o la que no tiene nombre se manda a los empleados que son ‘quilomberos’ o que fueron designados en planta permanente por un diputado que después se fue y no consiguieron dónde reubicarse. Solo algunos se presentan a laburar, pero son como ‘zombis’”, precisó un informante. “Después están los ñoquis. Si tienen ganas de hinchar las pelotas, crucen cuántos empleados figuran en cada oficina y cuántas computadoras hay disponibles. ¡O sillas!”, ironizó.
La oficina de Servicios Auxiliares cobija a, entre otros, Cecilia D’ovidio, Guillermo Koster, consuegro de “Chocolate” Rigau, y antes revistó allí Juan Carlos Vallejos. Son tres de los 48 titulares de las tarjetas de débito que tenía Rigau cuando lo detuvieron. Y D’ovidio y Koster integraron, también, el pelotón de 15 titulares de esas tarjetas que pasó varios días tras las rejas a pedido de la fiscal Bettina Lacki.
Recorrer los subsuelos de la Legislatura permite corroborar, además, que alguien quitó los carteles identificatorios de las puertas de varias oficinas, ya sea por el recambio de legisladores y la readecuación de fuerzas que generaron las elecciones de este año o por los temores a un allanamiento que generó la apertura de una causa penal judicial tras la detención de Chocolate Rigau.
Los temores se agudizaron la semana pasada cuando, apenas horas después de la derrota de Sergio Massa en el balotaje, el juez de garantías Guillermo Atencio ordenó detener al subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, y a su hijo, Facundo, otrora empleado de la Cámara, apoderado de Unión por la Patria en la provincia y concejal en esta ciudad.
Esa primera oleada de temor, sin embargo, se retrajo con el paso de los días, según indicaron fuentes legislativas a la nacion. “Lo que había que emprolijar ya lo emprolijaron y lo que tenía que desaparecer ya lo quemaron”, afirmó una voz que acumula más de treinta años de experiencia en los recovecos palaciegos.
La Dirección de Personal afrontó días vertiginosos. Tras la detención de Chocolate Rigau, lidió con las órdenes de autoridades de la Cámara –que responden a Unión por la Patria y Juntos por el Cambio–, jefes de bloque y diputados. Así inició sumarios administrativos a cada uno de los 48 titulares de las tarjetas de débito, cuyas conclusiones se desconocen. La premisa que recibió el titular del área, Pablo Parente, fue acotar el escándalo al mínimo, confirmaron fuentes de esa dirección.
Se consultó a las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense. Consultó datos sobre la oficina fantasma, como también sobre la gestión de recursos humanos en esa dependencia, en Digesto Legislativo y en Servicios Auxiliares. Dos días después indicaron que no harían comentarios.
Superior de Albini en los papeles, Parente también debió lidiar con numerosos ñoquis y prestanombres que temieron seguir los pasos de los 15 titulares de tarjetas de débito que pasaron varios días tras las rejas. La fiscal Bettina Lacki los acusó de integrar una presunta asociación ilícita, aunque el juez Atencio terminó por encuadrarlos como presuntos partícipes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y los excarceló.
Ñoquis y prestanombres encarnan realidades muy distintas. “Ñoquis son aquellos que cobran el salario entero, pero no van a trabajar; los prestanombres, en cambio, cobran y devuelven la plata”, explicó otro veterano de la Legislatura, con ánimo instructivo. “Los de esta historia [por la de Chocolate Rigau y los Albini] son prestanombres”.
Si algunos ñoquis y prestanombres se presentaron ante la Dirección de Personal por interés propio, otros acudieron por orden de quien los designó, para evaluar su situación y, de ser necesario, asignarlos a alguna dependencia para simular la prestación de tareas. Pero el problema, cuentan en la Cámara, es que algunos acumulan años sin “marcar tarjeta” para ingresar o salir de su oficina laboral.
“Si la fiscal revisa bien, va a encontrar que hay muchos que no aparecen ni para marcar [tarjeta] y otros que son todo lo contrario: le entregaron la tarjeta a otra persona, que marca por ellos y jamás en su vida pidieron carpeta [médica], como si tuvieran una salud de hierro, aunque si buscás en clínicas privadas de la ciudad vas a encontrar que muchos estuvieron internados, incluso en terapia intensiva”, ironizó otra fuente legislativa que, como muchas otras, accedió a aportar datos bajo el resguardo de su nombre para evitar represalias. “Y si quieren mirar algo más, pregunten si a esos 48 no los obligaron a afiliarse a alguna mutual”.
El desvío ilícito de fondos a través de empleados, subsidios y becas comenzó a gestarse entre 15 y 20 años atrás, estimaron seis exdiputados peronistas, radicales, socialistas y de Pro consultados por la nacion. “Pero se salió de cauce en los últimos años”, según uno de ellos. “Antes había un acuerdo: el que ponía el nombre se llevaba un porcentaje y entregaba otro tanto, digamos el 30 por ciento, para financiar la política, pero tenía que ir a trabajar y si no lo hacía, se le daba por caído el contrato a los tres o cuatro meses. Ahora no; ahora hay muchachos que manejan 50, 100 contratos cada uno y se la llevan toda”.
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