AL MARGEN DE LA SEMANA Y JUICIO

Jubilaciones y salarios, vapuleados por el ajuste
Néstor O. Scibona
No es ninguna novedad que las jubilaciones y salarios –formales e informales– iban a ser afectados por el ajuste macroeconómico de shock que inevitablemente aplicó el presidente Javier Milei luego del irresponsable desbarajuste que dejó como herencia Sergio Massa, principalmente durante su doble rol como ministro y candidato presidencial. Pero lo que impresiona es la magnitud de ese previsible deterioro. Ambas variables quedaron vapuleadas después de correr muy detrás de la inflación en 2023, récord en 32 años, la más alta del mundo y que en 50 de las 52 semanas del año fue responsabilidad de Alberto Fernández y Massa, con el silencio cómplice de Cristina Kirchner y los aliados del kirchnerismo.
Las jubilaciones llevaron la peor parte, porque su pago depende del Estado, excedido en gastos y escaso de recursos. Con un sistema previsional crónicamente deficitario, contaminado por moratorias y en el que la fórmula de movilidad vigente desde 2021 acentuó la licuación del poder adquisitivo de los haberes, el aumento de 27,2% a partir de marzo que acaba de disponer el Gobierno por decreto, junto con el bono de $70.000 que cobrarán los jubilados con el haber mínimo, que pasará a $204.400 mensuales brutos (y el resto solo en forma proporcional hasta alcanzar esa cifra), aún está lejos de recuperar terreno. Según un cálculo del economista Nadin Argañaraz, director del Iaraf, el monto del bono para las jubilaciones mínimas tendría que haber sido de $170.000 mensuales en el próximo trimestre para igualar el haber de marzo de 2023 en términos reales, y de $236.000 para equiparar los primeros cinco meses de 2024 con igual período del año último. Se trata de un ejercicio teórico, si se considera que jubilaciones y pensiones contributivas fue el rubro que sufrió el mayor recorte de partidas de gasto (-33% real) para alcanzar en enero el primer superávit fiscal después de 21 años, que probablemente se repita en febrero.
Si los precios subieron por el ascensor en los últimos doce meses, los sueldos bajaron por la escalera hacia los subsuelos. Frente a una inflación interanual de 211,4%, en diciembre de 2023 (último dato del Indec) el índice del salario registrado del sector privado mostró un alza nominal de 165,2%, que en el sector público fue de 148,6% debido al retroceso de ese último mes. Pero en el amplio segmento del trabajo informal (que abarca a 9 millones de personas, prácticamente la mitad de la fuerza laboral), los salarios no registrados sufrieron una fuerte caída real (-30,9%), ya que apenas aumentaron 115,3%, poco más de la mitad que el IPC.
Este deterioro explica por qué a nivel nacional el consumo de enero retrocedió 8,3% en cadenas de supermercados y subió apenas 0,5% en autoservicios independientes, según datos de la consultora Scentia. En conjunto, los rubros con mayores bajas fueron bebidas alcohólicas (11,3%); higiene y cosmética (7,2%); limpieza (6,6%), y productos para desayuno-merienda (4,5%).
Aunque en diciembre y enero hubo paritarias, sobre 14 convenios colectivo s del sector privado y público relevados por la Fundación Capital (FC), solo un gremio –aceiteros, con 80%– superó con creces la inflación acumulada en esos dos meses, que fue de 51,3%. Por debajo de este porcentaje, pero más cerca, estuvieron alimentación (49,3%); pe troleros (47,3%), y comercio(46,6%), que acaba de acordar para febrero un ajuste de 17,6% en los básicos como asignación no remunerativa hasta abril, excepto para la obra social del gremio, el instituto de capacitación y el cálculo de indemnizaciones. Luego se ubicaron bancarios (43%); metalúrgicos (41,6%); construcción (33,2%); textiles (27,7%); estatales nacionales (26,4%), y la UTA (20%), en tanto que los camioneros y estatales bonaerenses acordaron en enero un primer ajuste de 25%. Para 2024, y con una contracción estimada de 4,3% en la actividad económica –que moderaría reclamos–, la FC prevé una baja de 10,5% en el salario real del sector formal –que sumaría así su séptima caída anual consecutiva– y de 25% en el informal.
La licuación inflacionaria también alcanzó al salario mínimo, vital y móvil (SMVM). Si bien Milei había anticipado días atrás que su gobierno no iba a intervenir, finalmente por resolución lo ubicó en $180.000 mensuales en febrero y $202.800 para marzo, con un ajuste de 30% respecto del monto previo de $156.000. O sea, bien por debajo de la canasta básica alimentaria del Indec que determina la línea de indigencia y que para una familia tipo ascendía a $285.600 en enero.
En la segunda mitad del año, esta actualización (insuficiente desde el punto de vista social) agravará otra distorsión, que impulsará una menor progresividad tributaria y, por ende, mayor desigualdad. Como el piso del impuesto cedular sobre los ingresos (que a fin de 2023 reemplazó a Ganancias) fue fijado por ley en el equivalente a 15 SMVM, quedarán exentos quienes perciban remuneraciones inferiores a $3.042.000 brutos mensuales. Una reversión de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias estaba incluida en un proyecto de ley que corría en paralelo a la ley ómnibus y que fue retirado por el oficialismo cuando se dio de baja el paquete fiscal.
Esta realidad desvela a muchos gobernadores, que pierden ingresos por coparticipación y por el virtual desguace de las transferencias discrecionales del Tesoro con las que varias provincias cubrían los déficits de sus cajas previsionales, abultados por regímenes jubilatorios de privilegio.
Pero el marco de la estanflación para forzar una baja de la inflación en los próximos meses también obliga a Milei a profundizar el ajuste del gasto, ya que la fuerte caída del consumo y la actividad económica, más el desplome de la oferta monetaria y el crédito al sector privado, deteriora la recaudación tributaria. En febrero, los ingresos impositivos vienen retrocediendo 31% (nominal) con respecto a enero, al igual que los aportes a la seguridad social (en total, casi $1 billón menos). Según datos al 19 de este mes publicados en el sitio oficial Presupuesto
Abierto, entre los primeros sobresalen las bajas intermensuales del IVA (-41%); Ganancias (-48%); derechos de exportación (-64%) e importación (-34%), y el impuesto PAIS (-14%).
No obstante, el Presidente se mostró más ortodoxo que el propio FMI en materia fiscal y monetaria cuando recibió esta semana a Gita Gopinath, número dos del organismo, que viajó a Buenos Aires para verificar in situ el alcance de la política macroeconómica en marcha y su sustentabilidad social antes de un nuevo acuerdo. Para reforzar esa imagen, Milei anunció que enviará al Congreso una ley destinada a penalizar el señoreaje (emisión de moneda sin respaldo) para financiar al Tesoro, similar a la que se aplica en Perú desde hace más de 30 años, aunque será posterior al fin del cepo cambiario. También el futuro cierre del Inadi, la auditoría del fondo fiduciario manejado por Juan Grabois y la denuncia penal a los miles de beneficiarios de planes Potenciar Trabajo que en los últimos cuatro años viajaron al exterior, incluso en cruceros turísticos.
La visita de Gopinath se produjo en un momento clave. Aunque tuvo un encuentro con ger ardo martín ez(uocra ), el dirigente más dialoguista de la CGT, coincidió con la semana en la que tanto el kirchnerismo como parte del sindicalismo y la izquierda piquetera se pintaron la cara para resistir las medidas del Gobierno sin plantear a cambio una alternativa viable al plan “no hay plata”. Paradójicamente, los dirigentes sindicales vitalicios y acaudalados que declararon los paros de trenes y hospitales, más la amenaza de Ctera de no iniciar las clases mientras sobrevuela la idea de declarar a la educación como servicio esencial, juegan a favor de Milei y fidelizan a gran parte de sus votantes. Aunque no todos le perdonen exabruptos como calificar al congreso de“nido de ratas” o acusar de traidor a Ricardo López Murphy, uno de los pocos diputados –si no el único– que pueden darse el lujo de viajar en colectivo.

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La Argentina presentó su apelación en el caso YPF
El Gobierno busca revertir el fallo que obliga al Estado a resarcir al fondo Burford con US$16.000 millones

Esteban Lafuente
Para la Argentina, ayer fue día clave en el frente judicial. El Gobierno presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York (Estados Unidos) sus argumentos para iniciar la apelación en el caso por la estatización de YPF, realizada en 2012. Fue con un escrito de 92 páginas elaborado por los abogados del estudio Sullivan & Cromwell, que continúan representando al país, y presentaron la misma línea de argumentos planteada durante el gobierno anterior.
Los dos ejes principales de la estrategia, según se desprende del escrito, apuntan a cuestionar el hecho de que el caso se lleve adelante en la corte de Nueva York, y a revisar el millonario monto de la indemnización establecido en el fallo de primera instancia.
Se trata de una nueva etapa que comienza en este juicio que lleva más de ocho años, y en el cual la Argentina tuvo un fallo en septiembre de 2023, cuando la jueza Loretta Preska, de la corte del Distrito Sur de Nueva
York, dejó firme su sentencia. Allí, determinó que el país no respetó los estatutos de YPF al momento de concretar la expropiación de la empresa, y determinó que deberá resarcir al estudio Burford Capital, el demandante, por una suma que podría llegar a los US$16.000 millones.
Ahora, el documento presentado por los abogados que representan al país pide a la Corte de Apelaciones que se revise el fallo de Preska, y sostiene que la jueza “aplicó erróneamente la legislación pública y privada argentina al respaldar los reclamos de los demandantes”.
“El tribunal otorgó el fallo a favor de los demandantes, interpretando preguntas complejas de la ley argentina y, en su mayoría, estableciendo nueva jurisprudencia argentina a favor de los demandantes en casi todos los aspectos”, agrega el documento, e insiste en que el caso “nunca debería haber llegado a un tribunal de Nueva York”. Sostienen, en cambio, que debió realizarse en el país.
“La estrategia jurídica es prácticamente la misma porque no pueden ser admitidos argumentos nuevos que no se hayan planteado en el pasado”, explicó a la nacion Sebastián Maril, director Regional de Latam Advisors y uno de los mayores expertos en esta causa. “Lo que vi diferente es que el planteo de la Argentina pone énfasis en dos aspectos principales. Uno, que Nueva York no es el fuero apropiado para el caso, que tendría que seguirse en la Argentina, y el segundo es revisar el monto. Plantean que es abultado y excesivo, y explican los argumentos”, agrega el analista.
El siguiente paso del juicio será el 25 de marzo, la fecha límite dispuesta por la Justicia estadounidense para que los demandantes (Burford Capital) realicen su presentación escrita en la que apelan el fallo de primera instancia. En esa instancia, se estima que sus abogados apuntarán no solo contra el Estado argentino, sino también contra YPF, que fue eximida en la sentencia de Preska.
El conflicto judicial se origina por una demanda que en 2015 inició el estudio inglés Burford Capital, luego de adquirir los derechos para litigar contra la Argentina a Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. Son dos firmas con sede en Madrid (España), a través de las cuales la familia Eskenazi (Grupo Petersen) había comprado entre 2008 y 2011 el 25,4% del paquete accionario de YPF a la española Repsol, en una operación también investigada en la Justicia local.
La demanda cuestiona la forma en que la Argentina, con Cristina Kirchner como presidenta y Axel Kicillof como viceministro de Economía, procedió a la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera que estaban en manos de Repsol. Según los demandantes, cuyo argumento fue validado por la jueza Preska, el país no respetó los estatutos de YPF, que establecían que en una operación como la realizada, el comprador (en este caso, el Estado argentino) debía realizar también una oferta pública de adquisición (OPA) a la totalidad de los accionistas minoritarios de la empresa.
Tras el fallo de primera instancia de Preska, el 11 de octubre de 2023 el país había notificado a la jueza que apelaría. La magistrada había dispuesto que el país tenía plazo hasta enero para presentar el “primer escrito” con sus argumentos iniciales en el marco de la apelación.
Pero con el cambio de Gobierno, el equipo de abogados del país solicitó una extensión. “La nueva administración argentina necesita ponerse al día sobre las cuestiones del recurso, comentar el escrito de apertura e instar a los abogados. Debido a la necesidad de esta prórroga, la República no puede cumplir la condición de este Tribunal (de presentar los documentos para apelar) antes del 30 de enero de 2024”, señala el escrito del Gobierno. Ante esa presentación, la Justicia estadounidense decidió fijar la fecha límite para el 22 de febrero.
“Tenemos un problema porque no tenemos el dinero. No tenemos US$16.000 millones; esa es la realidad, pero tenemos la voluntad de pagar”, dijo el presidente Javier Milei en diciembre, en una entrevista conln +. Ayer fue la presentación formal de la nueva estrategia jurídica del equipo de abogados que representa al estado argentino en la causa. Se estima que entre julio y septiembre se realizará la audiencia pública, donde los abogadosde ambas partes se verán cara a cara y deberán responder las preguntas de los jueces de la cámara.

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