EDITORIAL Y UN FEMICIDIO CADA 72 HORAS

Carbón: energía del pasado
Resulta un sinsentido asignar partidas para sueldos de funcionarios y sostener viejos sistemas que el mundo está reemplazando en defensa del ambiente
El presidente Javier Milei designó al ingeniero Thierry Decoud interventor en la empresa estatal Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). Estará al frente del complejo que comprende la mina subterránea, una planta depuradora, la Central Termoeléctrica Río Turbio, el ramal ferroportuario y el puerto en Punta Loyola. Sería una de las tantas empresas estatales por privatizar por la actual gestión de gobierno. Según trascendió, Decoud ya habría informado a la línea gerencial de la empresa que no hay dinero para garantizar su operatividad.
Los números que arroja el complejo con base en Santa Cruz resultarían escandalosos para cualquier contador: la facturación no alcanza para pagar el 10% de los salarios de sus 2400 empleados. Los ingresos genuinos de YCRT no llegan a cubrir el 1% del presupuesto.
Vale recordar que cuando faltaban menos de diez días para finalizar la gestión, el gobierno precedente publicó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el Boletín Oficial, firmado por Alberto Fernández y todos sus ministros, en el cual ampliaba las partidas presupuestarias para distintas empresas públicas, entre ellas YCRT, con un incremento de 8000 millones de pesos. Es un monto descabellado si además se considera que se trata de una fuente de energía que en el mundo se está abandonando por ser altamente contaminante. Solo en remuneraciones, la compañía genera un gasto de unos 45 millones de dólares.
El proyecto nunca resultó viable, porque la eficiencia del carbón es mala. Tras décadas de actividad extractiva, nunca se consolidó, en particular en un país que tiene gas abundante. Es por eso que resultaría mucho más eficiente destinar recursos a la energía eólica, por caso, con alguna reconversión de los trabajadores de la zona a alguna actividad rentable, ya fuera una inversión minera, turismo, pesca, petróleo o construcción, entre otras. Seguir invirtiendo dinero en la explotación de carbón en pleno siglo XXI es realmente un anacronismo.
Históricamente, la producción de carbón no creció lo suficiente para sostener la enorme planta de energía que se construyó cerca de la boca de pozo. La vía férrea que une la mina con Río Gallegos, puesta en funcionamiento como parte de un también absurdo proyecto turístico – y que solo operó el día de la inauguración–, podía eventualmente transportar carbón importado, pea un altísimo costo. Cuando estas dificultades se volvieron palmarias, se modificó la usina eléctrica para quemar gas, pero también resultaba carísimo y requería de más inversiones para concretarse.
Probablemente, YCRT sea uno de los casos más demostrativos del carácter estructuralmente corrupto del kirchnerismo. Constituye uno de los ejemplos más patentes de irracionalidad ideológica convenientemente dirigida a invertir enormes esfuerzos en proyectos inviables.
En la actualidad, si bien el carbón sigue ocupando una porción importante en la generación de electricidad en muchas partes del mundo, es el principal combustible a ser reemplazado por otras fuentes de energía. La razón fundamental es la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases que provocan el fenómeno del calentamiento global.
Seguir promoviendo la explotación a gran escala del carbón en la Argentina es un grave error. Resulta insólito entonces que, al mismo tiempo que debemos contribuir a bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, alguien continúe con la peregrina idea de seguir apostando al carbón para generar energía.
En tiempos de transición energética, los países están viendo cómo cierran las centrales que utilizan carbón, no cómo las inauguran. Asignar partidas para sueldos de funcionarios y sostener viejas estructuras es un sinsentido.
En tiempos de transición energética, los países están viendo cómo cierran las centrales que utilizan carbón, no cómo las inauguran

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Un femicidio cada 72 horas

Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y ONU Mujeres asegura que 89.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2022 en el mundo, la cifra anual más alta de las dos últimas décadas. El 55% de estos asesinatos (48.800) fueron cometidos por parejas o familiares. Es decir, cada día en el mundo 133 mujeres y niñas son asesinadas por alguien de su propia familia. El informe señaló que las consecuencias de las crisis económicas, los conflictos armados y el cambio climático exacerbaron la vulnerabilidad de mujeres y niñas.
En la Argentina, según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, durante 2023 se cometieron un total de 322 femicidios en distintos puntos del país, entre ellos, 30 vinculados, lo que implicó un aumento de 80 casos en comparación con 2022 y un salto del 33% anual.
En la mayoría de los crímenes, se utilizaron armas de fuego, y en segundo lugar, armas blancas. Cabe también señalar que un informe de Amnistía Internacional señala que una de cada tres mujeres sufrió violencia digital mediante publicaciones en redes sociales.
Los datos de la Defensoría indicaron que casi el 60% de las víctimas fueron asesinadas en su domicilio, en su trabajo o en la vivienda que compartían con el femicida; en un 74% de los casos se comprobó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario. En cuanto al rango etario, la franja de 31 a 50 años se verificó en 125 casos.
Una de las caras más dramáticas de esta realidad son los niños que pierden a sus madres asesinadas.
Precisamente, el informe señaló que este fue el caso de 191 niños, incluso con algunos de ellos como víctimas colaterales por haber sido testigos presenciales de tremendos hechos.
Como indica la experiencia, el comportamiento del femicida suele anunciarse reiterada y anticipadamente. Los mecanismos de prevención fallan demasiadas veces y las víctimas, muchas que ya habían sido atacadas anteriormente, encuentran inevitablemente la muerte. El 19% de las víctimas, de hecho, habían realizado al menos una denuncia por violencia de género antes de protagonizar el femicidio.
La violencia contra las mujeres está reconocida como una violaro ción de los derechos humanos en muchos acuerdos y tratados internacionales, regionales y compromisos nacionales que deberían servir como herramienta y garantía real para trabajar en la debida prevención de estos crímenes. Sin embargo, las violaciones, abusos y acosos sexuales, la violencia doméstica, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la violencia en situaciones de conflicto armado, el embarazo producto de una violación y otras muchas prácticas persisten e incluso se extienden bajo la más absoluta impunidad.
El gobierno de Javier Milei reemplazó al ideologizado Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad por una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
Prevenir no es una opción, es una obligación de las autoridades y de la sociedad misma, que no debería ser indiferente ante una mujer en riesgo de ser violentada o, como lamentablemente sucede, de ser asesinada. Se requiere, en consecuencia, un compromiso de tolerancia cero a la violencia contra la mujer. Ni un femicidio más debe ser el objetivo.

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