JUSTICIA KK

El oficialismo posterga la remoción de un juez procesado
Walter Bento está acusado de cobrar sobornos; el kirchnerismo pidió más tiempo para estudiar el caso
Paz Rodríguez NiellEl juez Walter Bento fue acusado de liderar una asociación ilícita para recaudar fondos a través de sus medidas judiciales
El Consejo de la Magistratura volvió a postergar ayer, a pedido del kirchnerismo, la votación del dictamen contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, procesado –con procesamiento firme– por haberles cobrado a contrabandistas por sus fallos y de haberse enriquecido de manera ilícita.
Bento es juez penal, pero además es el único juez federal con competencia electoral en la provincia de Mendoza.
Esto significa que este año, a pesar de las denuncias, será el responsable de organizar y controlar los comicios nacionales en la provincia, si es que antes no lo suspende el Consejo de la Magistratura.
El pedido de postergar el tratamiento de su caso lo presentó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade y fue aceptado por los restantes consejeros.
“No hice a tiempo de leer miles y miles de fojas. Me interesa la causa penal y no pude, sinceramente, leerla en profundidad. Por eso estoy pidiendo la postergación”, argumentó Tailhade
El legislador kirchnerista afirmó que el caso de este juez “es de lo más importante que en materia de acusación se ha tratado en los últimos años” en el Consejo.
El consejero y diputado Álvaro González (Pro) dijo que le parecía “absolutamente razonable” tener 15 días más para mirar un expediente tan “complejo y voluminoso”.
Pero Tailhade insistió, además, en la necesidad de “no dejar cabos sueltos” y sugirió, para eso, analizar una serie de planteos de nulidad que acababa de presentar Bento. Ese plan no prosperó.
A instancias del presidente de la Comisión de Acusación, el abogado Miguel Piedecasas (identificado con el radicalismo), las nulidades que pidió Bento ayer fueron rechazadas por mayoría.
“Son absolutamente improcedentes”, dijo el consejero Piedecasas.
La abogada Jimena de la Torre (cercana a Pro) no integra la comisión, pero advirtió que le llamaba la atención la oportunidad de los pedidos de Bento y sugirió que eran parte de una estrategia dilatoria del juez.
Votaron por rechazar estos planteos Piedecasas, Álvaro González y los radicales Roxana Reyes (diputada) y Eduardo Vischi (senador).
Tailhade dijo que esta será la única postergación que pida.
“Calculo que para dentro de 15 días voy a tener todo listo”, manifestó.
Advirtió, no obstante, que veía algunas deficiencias en el dictamen puesto a votación (dictamen que pide enviar a Bento a juicio político).
La comisión volverá a reunirse dentro de dos semanas y el caso Bento volverá a estar en el orden del día.
El Consejo de la Magistratura se reactivó el mes pasado, después de haber estado paralizado desde julio de 2022.
El dictamen contra Bento lo presentó en noviembre de 2022 el entonces consejero Pablo Tonelli (Pro).
Piedecasas informó en la reunión de ayer que él y otros consejeros lo habían “hecho propio”.
Bento evitó la cárcel porque tiene fueros. Su detención se ordenó hace un año y ocho meses.
El juez federal está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita, de haberse enriquecido cobrando por sus fallos y de haber lavado dinero, entre otros delitos.
La denuncia
En su dictamen de acusación, Pablo Tonelli entendió que el juez Bento integró, en el papel de jefe u organizador, una asociación ilícita para recibir dinero a cambio del dictado de resoluciones judiciales favorables a quienes han realizado esos pagos.
El consejero enumeró la compra de autos de alta gama, donaciones de dinero a sus hijos, compra de inmuebles, y además lo acusó de haber sacado un crédito del Banco Nación, omitiendo que era propietario de tres inmuebles.
Asimismo, en cuanto al segundo cargo, Bento está acusado porque con su familia, según la Homeland Security de los Estados Unidos, tiene 221 movimientos migratorios en ese país.
Entre otros destinos visitó Las Vegas, Nevada, donde se lo vio en fotos en una limusina negra, detrás de un bar con copas de champagne o asistiendo a un concierto de Celine Dion.
Las normas prohíben a los jueces “practicar juegos por dinero o frecuentar lugares destinados a ello”.
Los jueces deben guardar “decoro y discreción”, según el reglamento de la Justicia Nacional.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Comienza la apelación de la condena contra Cristina en Vialidad
La condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por corrupción comenzó su proceso de apelación. El expediente llegó a la Cámara de Casación Penal, que notificó ayer a la vicepresidenta de quiénes son los jueces que revisarán el fallo para que ella decida si los recusa o no.
Los magistrados que recibieron el caso integran la Sala IV de la Cámara de Casación. Son Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Se descuenta que Cristina Kirchner recusará a Hornos y a Borinsky, pues les cuestionó en esta causa y en la que fue sobreseída por la firma del memorándum con Irán que hubieran visitado a Mauricio Macri en la Casa de Gobierno o en la quinta de Olivos cuando era presidente de la Nación.
El presidente de la sala, Hornos, informó a los acusados y al fiscal de la radicación del caso Vialidad en su sala y los intimó a que mantuvieran sus recursos de apelación. El fiscal Mario Villar, que actúa ante la Casación, insistirá en el pedido del fiscal Diego Luciani para que Cristina Kirchner sea condenada no solo por fraude, sino también por asociación ilícita. Asimismo, pedirá que se revoquen las absoluciones que beneficiaron a otros imputados. Por otro lado, las defensas de los condenados pedirán que se revise esa sentencia que a fin de 2022 impusieron los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Con esos recursos, Hornos, Carbajo y Borinsky decidirán si mantienen o no la decisión del tribunal oral federal.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA