EL ANÁLISIS Y PREPAGAS

Un intento monumental de sobornar a la sociedad
La desesperación del kirchnerismo por nombrar jueces pone en duda el optimismo de su candidato

Joaquín Morales SoláSergio Massa
Un alto funcionario le preguntó a un importante dirigente empresarial si la economía llegaría en las actuales condiciones al 10 de diciembre, día en que Alberto Fernández le entregará el gobierno a otro presidente (o presidenta).
El empresario, quien ya le había recitado todos los padecimientos que lo surcan, lo miró fijamente y le respondió, seco: “No, así no llegamos ni al 22 de octubre”. La realidad es más compleja, profunda y vasta que la fotografía de los últimos días. En rigor, el bono por única vez de 60.000 pesos, dividido en dos cuotas, cayó sobre una realidad empresarial más complicada de lo que aparece a primera vista. Nadie del Gobierno negoció con los dueños de las empresas el congelamiento parcial de precios, y nadie tampoco habló con ellos por el virtual cerrojo a las importaciones de insumos, imprescindibles para la industria argentina. Las autorizaciones de esos insumos se producen muy de vez en cuando y para que se concreten en plazos de 180 o 200 días. Un concesionario de autos contó que, luego de que la empresa productora lo notificara de que solo le repondría parte del stock vendido, decidió que solo entregaría los vehículos necesarios para mantener el negocio funcionando. Nada más. No es un caso aislado; la inflación comienza a mezclarse con el desabastecimiento.
El problema con las importaciones de insumos cobra un tamaño difícil de advertir para el ojo común. Pero lo cierto es que hasta junio la deuda comercial (la deuda de los industriales locales con los proveedores de insumos) se acercaba a los 20.000 millones de dólares. El Banco Central argumenta que no tiene dólares para venderles a los hombres de negocios. Muchos proveedores extranjeros notificaron a industriales argentinos que no habrá más entrega de mercadería a clientes locales. Algunas empresas internacionales que tomaron esa decisión son, al mismo tiempo, las casas matrices de las sucursales argentinas que entraron en la lista negra de las ventas. En rigor, los comercios no pueden vender porque no saben a qué precio deberán reponer luego la mercadería, y los industriales no pueden producir porque tampoco saben si contarán luego con los insumos para continuar con la fabricación. El país está entrando, así, a una severa retracción de la actividad económica, porque antes que todos aquellos problemas está la pérdida de noción de los precios relativos como un efecto nocivo de la imparable inflación.
En ese contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa, que es también candidato a presidente, decidió ser generoso metiendo la mano en bolsillos ajenos. Estipuló un bono a cuenta y orden de los dueños privados. A algunos empresarios, el ministro-candidato les prometió que los ayudaría a pagar esa suma fija (a los que tienen menos de 100 empleados), pero nunca les aclaró cuándo les devolvería el dinero, o si será dinero contante y sonante o si se tratará de descuentos en la carga impositiva. Un funcionario con despacho en la Casa de Gobierno le preguntó en las últimas horas a otro empresario si creía que se estaban haciendo bien las cosas. Respuesta: “¿Creés que se puede hacer algo bien cuando el diálogo no existe y nos enteramos por los diarios de las noticias que hacen a nuestro propio flujo de caja?”. El funcionario bajó la vista y no replicó.
Nadie entiende a Sergio Massa. Hace poco aumentó impuestos para obtener una recaudación mayor del 0,8 por ciento del PBI, que es lo que le pedía el Fondo Monetario. Sin embargo, con las decisiones del lunes aumentó los gastos del Estado, que también deberá pagar el bono, en 0,5 por ciento del PBI. Inexplicable. Es cierto que los salarios de los trabajadores fueron destruidos por la devaluación chapucera de Massa tras perder las elecciones primarias, pero es igualmente verdadero que la proliferación de más pesos en la calle solo preanuncia mayores índices inflacionarios. Es la teoría económica correcta, que Alberto Fernández sostenía cuando militaba en la oposición a Cristina Kirchner. ¿Seguirá sosteniendo que la emisión no influye en la inflación, como se le ocurrió después de que se sentó en la poltrona presidencial, o habrá regresado a sus viejas convicciones? En síntesis, el error que cometió Massa cuando decidió aquella devaluación chambona lo están pagando los empresarios y los trabajadores, que ni siquiera sabían con antelación de una nueva depreciación del peso. La otra novedad consistió en que la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, instó a los trabajadores a delatar a los empresarios, a través de un número de teléfono que guardará el anonimato de la fuente, que no hayan cumplido con el pago del bono. Solo en la Cuba de los Castro, en la Venezuela de Maduro o en la Nicaragua de Ortega se recurre con tanto regodeo a la delación de los ciudadanos ante los esbirros del Estado.
Los empresarios señalan con razón que está vigente un sistema de paritarias en la Argentina, en las que sindicatos y organizaciones patronales acuerdan los aumentos salariales. ¿Por qué el Estado debe meterse con sus antojos en medio de esas relaciones? El problema de fondo es que Massa sabe la dimensión de la precaria situación social y laboral y, como candidato, toma decisiones propias de un ministro de Economía. La Justicia Electoral debería limitar los actos de Massa a lo estrictamente transitorio hasta la realización de las elecciones, porque él está siempre predispuesto a confundir el Estado con sus ventajas personales. De hecho, los propios intendentes peronistas del conurbano (debe suceder lo mismo con todos los intendentes del país) están molestos porque las decisiones del ministro de Economía los sorprendieron sin fondos para pagar el bono de la fugaz felicidad massista. El gobierno de Alberto Fernández hizo algo parecido en las elecciones legislativas de 2021, cuando después de la derrota oficialista en las PASO, y antes de las elecciones generales de octubre, aumentó en más del 80 por ciento el gasto público, congeló las tarifas de luz y gas y les mandó más recursos a las empresas estatales. No logró nada entonces, aunque debe reconocerse que hace dos años se usaron solo recursos del Estado. Nadie metió entonces las manos compulsivamente en el bolsillo de nadie; solo cabe recordar que los recursos del Estado son propiedad de los argentinos, colocados de manera transitoria bajo la administración de un gobierno también perecedero. De todos modos, en 2021 el gobierno de Alberto Fernández perdió ante Juntos por el Cambio en las elecciones de octubre por casi 9 puntos porcentuales. Gastó dinero inútilmente. Es muy difícil que alguien que no votó por el Gobierno lo haga después porque el candidato oficialista le dio unos pesos en medio del vendaval inflacionario. Estaríamos ante un monumental soborno social y político.
De todos modos, se trata de una competencia electoral desigual, porque ni Javier Milei ni Patricia Bullrich ni ningún otro candidato presidencial puede repartir dinero con la facilidad con que lo hace Massa. El kirchnerismo es el primero en mostrar la debilidad de una administración aparentemente condenada al fracaso electoral. Además de repartir el dinero de los otros, Alberto Fernández está tratando de que el Senado le apruebe la designación de jueces que no cuentan con la aprobación del Consejo de la Magistratura, según reveló en el periodista Hernán Cappiello. Esa es una decisión claramente ilegal, porque la designación de jueces debe pasar antes por la aprobación del Consejo desde la reforma de la Constitución de 1994. Ya existía antes una lista de 73 abogados propuestos para jueces, la mayoría de los cuales creció bajo la sombra del kirchnerismo. Esos aspirantes a jueces están escondidos detrás de la figura de la jueza Ana María Figueroa, que cumplió los 75 años el 9 de agosto. Figueroa, magistrada de la Cámara de Casación Penal, está todavía en el cargo, a pesar de que existe una jurisprudencia de la Corte Suprema que les ordena a los jueces que a esa edad deben irse a su casa si no cuentan, el día de su cumpleaños, con el acuerdo del Senado por cinco años más. Figueroa no tiene el acuerdo del Senado y probablemente no lo tendrá nunca. El país llegó al absurdo de que la oposición en el Senado debe evitar que el cuerpo se reúna para evadir la treta de Cristina Kirchner, que podría aprovechar cualquier reunión de la cámara para hacer aprobar, con amigos y aliados, una nueva camada de jueces amigos. “El Senado se reunirá solo si se tratara de una reunión extraordinaria para aprobar un solo expediente. Solo en esas circunstancias”, adelantó un líder parlamentario de Juntos por el Cambio.
De cualquier forma, esa desesperación del kirchnerismo es la prueba de que la esperanza de Massa se convierte en pesimismo cuando las cosas se acercan a Cristina Kirchner. Tal vez ella tenga más razón que él, si se tiene en cuenta el escepticismo de aquel dirigente empresarial cuando le preguntaron si la economía llegará en las actuales condiciones hasta el último día de Alberto Fernández. No, respondió seguro, y desde entonces todo el oficialismo se alborotó
Sergio Massa decidió ser generoso metiendo la mano en bolsillos ajenos
La Justicia Electoral debería limitar los actos de Massa, siempre dispuesto a confundir el Estado con sus ventajas personales

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Prepagas: un problema de larga data y una medida “en el peor momento”
Silvia StangEl costo de los insumos, una de las principales preocupaciones del sector
El último día de 2020 fue agitado para los ejecutivos del sector privado de la salud. No por los preparativos para brindar por un año mejor después del que quedó marcado por la pandemia y la cuarentena. En el Boletín Oficial se había publicado, a la madrugada, una resolución del Ministerio de Salud que autorizaba una suba de cuotas de las prepagas. Por la tarde, en un improvisado suplemento, apareció otra resolución, que anuló la de horas antes. El insólito hecho fue parte del capítulo inicial del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner con esta actividad, referido a un viejo y sensible tema: el aumento de los precios.
Se trata de una cuestión siempre candente –más aún en tiempos de alta inflación–, porque nunca llega el debate de fondo por nuevas políticas, que surjan tras una revisión de las regulaciones actuales, tras un análisis de los riesgos del sistema y de las necesidades y demandas de atención sanitaria crecientes que provienen de varios factores, y tras una evaluación de las formas de financiamiento de un modelo que hay quienes califican como “inviable” para el mediano plazo. O, incluso, ya para el corto plazo y el presente, si se tienen en cuenta hechos que afectan a los pacientes, como las demoras en los turnos, causadas, por ejemplo, por la salida de profesionales de las cartillas o por la falta de repuestos para reparar equipos.
Después de aquella marcha y contramarcha, entre 2021 y mediados de 2022 hubo una decena de aumentos autorizados por los funcionarios. A mediados de 2022 y sin información ofrecida a la población por parte del Gobierno, se dispuso un mecanismo de subas de frecuencia predeterminada y con porcentajes definidos según la evolución de un índice de costos.
Hay directivos que se muestran disconformes con la forma en que fue construido el indicador que define los porcentajes de subas. Sin embargo, sí valoran la instrumentación de un sistema que da previsibilidad, y el hecho de que se cumpla, más allá de las apreciaciones del cómo, con lo establecido por la ley de regulación de prepagas, de 2011. Esa ley, según recuerda uno de los referentes, indica nacion que el Gobierno “autorizará el aumento de las cuotas cuando esté fundado en variaciones de la estructura de costos y en un razonable cálculo actuarial de riesgos”.
Esa valoración de la previsibilidad se quebró totalmente el domingo por la noche, cuando el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, anunció, en tono de campaña y en uno de sus videos de la red Instagram, que se suspenderían las subas, por 90 días, para los hogares con ingresos de hasta $2 millones. Eso, dada la significativa aceleración inflacionaria que desató la devaluación oficial del día post-PASO, decidida por el propio funcionario.
“Hay subas de precios de todos los colores; un retraso en los aranceles de las prestaciones; un impacto fuerte de la devaluación reciente en la compra de insumos. Tenemos, además, la aplicación de los últimos tramos de aumento salarial del convenio de Sanidad, y ahora, la obligación de pagar el bono al personal. Y anuncian un congelamiento de cuotas; todo eso junto”, describió a un directivo, para sintetizar por qué cree que la decisión inconsulta de Massa (que, claro, en ningún momento hubiera caído bien) “no podría haber sido más inoportuna”. Además, agregó, “no se puede interrumpir con un decreto el funcionamiento de la ley de prepagas”.
Tras la devaluación del 14 de agosto, varias entidades de prestaciones médicas y de prácticas de diagnóstico advirtieron sobre los incrementos de los valores y sobre las dificultades para conseguir insumos críticos. “Los análisis clínicos se pueden discontinuar por la falta de insumos y reactivos, por la actualización de los precios y por el atraso en la cobranza de las prestaciones”, señaló, por ejemplo, la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos.
Desde la asociación de clínicas y sanatorios Adecra advirtieron también sobre la distancia temporal que hay entre la realización de las prestaciones y los pagos que se reciben por ellas. Los reajustes, además, dependen en muchos casos de las subas de las cuotas de las prepagas, por lo cual la situación se agravaría con el congelamiento.
Las prepagas emitieron, entretanto, sus facturas de septiembre, con un alza (que ya había sido comunicada) de 7,18% o de 5,58%, según se aplique o no un tope.
El índice que define los aumentos tiene cuatro componentes. El primero incluye los costos vinculados con los recursos humanos (se consideran las mejoras salariales surgidas de las paritarias del personal de sanidad de clínicas privadas); el segundo involucra el valor de los medicamentos; el tercero, los precios de los insumos médicos, y el cuarto, denominado “otros insumos y gastos generales”, toma en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec. Cada uno de esos ítems pondera de manera diferente, y el de mayor peso es el de recursos humanos.
Hasta fines de 2022, el esquema funcionó con subas cada dos meses. El cambio a una frecuencia mensual no fue el único que hubo en este 2023. Desde febrero rige un esquema que determina que, si se tiene un ingreso de hasta el equivalente a seis veces el salario mínimo, puede pedirse la aplicación de un tope al porcentaje del alza. Ese techo equivale al 90% de la variación en un mes del índice salarial Ripte.
Desde enero de este año, el índice acumula un 78,1%. Y, para el aumento topeado (el techo rigió en algunos meses, no en todos), el nivel es de 63,8%. Eso incluye la suba ya comunicada para las cuotas de septiembre. En estas últimas horas de agosto, todavía no se conoce la letra de la normativa que formalice los anuncios hechos por Massa.

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