AL MARGEN DE LA SEMANA Y EXPROPIACIÓN ...OTRAS PORQUERÍAS KKKK

El incendiario que se dedica a vender matafuegos
Néstor O. Scibona nestorscibona@gmail.com
La campaña electoral de Unión por la Patria (UP), en su desesperada búsqueda de rescatar votos perdidos, no deja de aportar diariamente ingredientes cada vez más disparatados a la incertidumbre política y económica argentina. Todos ellos encajan perfectamente con el nombre de dos columnas semanales emblemáticas de la nacion: “De no creer”, de Carlos Reymundo Roberts, y –hace dos décadas–“circo criollo”, del recordado Daniel Della Costa.
Cuando faltan 35 días para la primera vuelta del 22 de octubre, el panorama político del oficialismo resulta francamente insólito. Sin Alberto Fernández ni Cristina Kirchner en el centro de la escena, ambos delegaron en Sergio Massa el virtual manejo de la “chequera” del Estado al solo efecto de poner más pesos devaluados en los bolsillos de la gente y captar votos focalizados en distintos segmentos, con el apoyo interesado del sindicalismo peronista y los movimientos sociales oficialistas.
Con su habitual elocuencia, el economista Miguel Ángel Broda calificó como “piromaníaco” a Massa. El problema es que como ministro le echa más combustible a la inflación con mayor gasto público, déficit fiscal, emisión de pesos, créditos subsidiados, endeudamiento del Tesoro a tasas de interés altas o indexadas y menor recaudación tributaria a futuro. Y como candidato busca aliviar –muy selectiva o parcialmente– sus efectos, cuando el daño sobre el poder adquisitivo ya está hecho. Algo así como usar un lanzallamas y dedicarse después a vender matafuegos, aunque su stock sea insuficiente.
Una muestra son las medidas impositivas adoptadas en vísperas de la difusión del índice de inflación récord de agosto (12,4% mensual y 124,4% interanual) –la mayor en 31 años–, disparada por el salto de 22% en el tipo de cambio oficial dispuesto un día después de las PASO y aislado de cualquier atisbo de plan económico, que no impidió que la brecha cambiaria se mantuviera por encima de 100%. El inmediato impacto sobre los precios –principalmente en alimentos– obligó al ministro a correr detrás de la inflación, con la reedición del “plan platita” (bonos de suma fija a asalariados y jubilados) para sostener artificialmente el consumo. Pero también con un componente de inflación reprimida (congelamiento del dólar oficial, precios de combustibles, tarifas de electricidad para niveles bajos y medios y de transporte en el AMBA hasta fin de octubre), que se hará sentir tras las elecciones.
De ahí que las estimaciones privadas ya apunten a una inflación interanual de 160/180% para fin de año. Y que la sorpresiva difusión de un índice semanal de precios, alternativo al del Indec, por parte del Ministerio de Economía complique aún más las expectativas; sobre todo, por las discrepancias oficiales. Esta misma semana el viceministro Gabriel Rubinstein abrió el paraguas al anticipar un “efecto arrastre” de la devaluación sobre el IPC de septiembre y el presidente del BCRA, Miguel Pesce, sostuvo que hay una desaceleración desde el pico de la tercera semana de agosto que se habría profundizado en lo que va de septiembre, para mantener este mes la tasa de interés de plazos fijos en 9,8% mensual. Una decisión riesgosa si se tiene en cuenta que el 30 de septiembre vence la nueva versión del dólar soja, que permitió al BCRA recuperar reservas e intervenir sobre los dólares financieros, con lo cual los pesos podrían convalidar aumentos de precios en distintos productos o alimentar la demanda del dólar blue en las semanas previas a la elección.
Si alguna vez Massa tuvo la ilusión de emular al sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que pasó de ser ministro de Hacienda a presidente de Brasil durante dos mandatos consecutivos, su gestión a lo largo del último año fue en dirección diametralmente opuesta.
Como ministro, FHC desarrolló y fue el principal comunicador del Plan Real –iniciado durante la presidencia de Itamar Franco–, que posibilitó una drástica reducción de la inflación brasileña, que de 43,1% mensual durante el primer semestre de 1994 cayó a 3,1% en el segundo y a 1,7% en 1995. Este programa tuvo grandes similitudes con el de la convertibilidad de la era Menem-cavallo. El éxito para erradicar la hiperinflación le permitió acceder a la presidencia en el período 1995-1999, durante el cual incluyó la reforma del Estado, con la privatización de empresas públicas en sectores deficitarios; la profesionalización de la administración pública y una ley de responsabilidad fiscal que se cumplió al pie de la letra, al punto de lograr superávit primarios que permitieron sortear varios shocks externos. También repuntó la inversión extranjera directa (IED), principalmente en la industria automotriz con la radicación varias fábricas y el aumento de la producción, con lo cual se aceleró el crecimiento del PBI, y reducir los índices de pobreza, aunque sin lograr superar el crónico déficit energético, mientras la política del Banco Central de Brasil fue mantener altas tasas de interés. En enero de 1999, tras la reelección de Cardoso, el BCB decidió abandonar el tipo de cambio fijo de 1 a 1 entre el real y el dólar, para pasar a un régimen de flotación que implicó una devaluación de 40%. Cuando en 2022 Lula ganó las elecciones, mantuvo sin variantes la política económica de FHC durante sus primeros tres años de mandato.
Massa, en cambio, asumió el Ministerio de Economía en agosto de 2022 sin un plan, con el condicionamiento político del kirchnerismo de no corregir el atraso cambiario con una devaluación y la promesa –incumplida– de bajar la inflación de este año a 3% mensual y 60% interanual, a través de acuerdos de precios a cambio de permisos de importación mientras se desplomaban las reservas del BCRA.
Con la grave sequía de 2023, que redujo los ingresos por exportaciones agropecuarias en US$20.000 millones, cualquier gobierno hubiera subido el tipo de cambio para estimular las ventas externas y desalentar importaciones a fin de preservar las reservas. Pero al tratarse de un año electoral, esa política fue reemplazada con sucesivos parches que se tradujeron en 20 tipos de cambio diferenciales que no disiparon las expectativas de devaluación frente a una fuerte emisión inflacionaria de pesos y ensancharon la brecha cambiaria.
También las últimas medidas para atenuar el impacto de la inflación de tres dígitos sobre los asalariados formales están en las antípodas de una reforma tributaria para que la economía vuelva a crecer.
La suba de 170% en el piso no imponible de Ganancias (a través de mayores deducciones) para asalariados registrados –con apoyo de la CGT y los gremios estatales– hará que a partir de octubre solo paguen el impuesto quienes perciban sueldos brutos superiores a $1,9 millón mensuales. Se trata de 90.000 personas, que entrarían en la cancha de River. El único consuelo es que abarcará a jubilados de privilegio, como Cristina Kirchner, que percibe alrededor de $9 millones.
Pero quedan afuera los trabajadores autónomos en blanco (unos 400.000) que, según el tributarista César Litvin siguen manteniendo una situación de desigualdad ante la ley, ya que con un mínimo no imponible de $220.000 mensuales (solteros) y $268.000 (casados con dos hijos), pagarán 35% de Ganancias mientras quienes perciben $1.500.000 estarán exentos.
Y para mayores distorsiones, esta exención no sólo reduce la coparticipación de Ganancias a las provincias, sino que se proyecta compensarla con una suba del impuesto a las empresas que desalentará la inversión privada, imprescindible para el crecimiento económico. Habría que modificar la ley de Etiquetado Frontal, para incluir la oblea “Exceso de impuestos” en todos los productos de consumo durable y no durable.

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Expropiación de YPF: la Argentina deberá pagar US$16.100 millones
La jueza de Nueva York, Loretta Preska, definió que el país deberá abonar US$14.385 millones al fondo Burford Capital y US$1714 millones a Eton Capital por la decisión tomada en 2012 por Cristina Kirchner y Axel Kicillof; a partir de ahora, el Estado podrá apelar
Sofía Diamante
A partir de ahora, la Argentina puede apelar el fallo.
La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, publicó la sentencia final del juicio por la expropiación de YPF. Hasta ahora, la magistrada había difundido dos fallos que en el derecho estadounidense se llaman de “opinión y orden”, pero faltaba la sentencia final con el monto definitivo con el que el Estado argentino deberá indemnizar a los fondos Burford e Eton Park. Finalmente, la jueza confirmó que la Argentina deberá pagar casi US$16.100 millones. A partir de ahora, el país puede apelar el fallo.
Preska publicó su primer fallo de “opinión y orden” a fines de marzo pasado, cuando determinó que el Estado argentino debía pagar una indemnización por la expropiación del 51% de las acciones de YPF y donde eximía de responsabilidades a la petrolera.
El segundo fallo lo publicó la semana pasada. Allí determinó que la fecha de expropiación fue el 16 de abril de 2012, cuando el Estado decretó la intervención en la empresa, y que la tasa de interés acumulada del pago de la indemnización iba a ser del 8% anual en dólares. A raíz de estos datos, se confirmó la fórmula para calcular el monto de la indemnización.
Para que la Argentina pueda apelar, la sentencia debía ser la final. “En el historial de fallos de Preska, la jueza da una opinión y una orden y pide que los demandados y los demandantes se junten a escribir la sentencia final. Durante esta semana vimos que los fondos y el Estado argentino no se pusieron de acuerdo y cada uno mandó su interpretación de lo que debería ser la sentencia. Por lo tanto, se esperaba que Preska tomara esas dos interpretaciones y publicara la sentencia, como hizo [ayer]”, explicó Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior.
El Estado argentino pagará US$14.385 millones al fondo Burford Capital (US$7533 millones de daños y US$6852 millones de pago de intereses acumulados entre el 3 de mayo de 2012 y el 15 de septiembre de 2023) y US$1714 millones a Eton Capital (US$897,7 millones de daños y US$816,6 millones de intereses). Asimismo, a medida que la Argentina no pague la indemnización, tendrá que pagar una tasa variable del mercado estadounidense que ajusta de manera semanal. Actualmente, se encuentra en 5,42% anual.
El Estado argentino ya dijo que apelará el fallo, al igual que harán los fondos sobre el fallo que eximió de responsabilidades a YPF. Una vez hecha la apelación, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito se tomará entre nueve y 12 meses para decidir si acepta el juicio. Es la anteúltima instancia antes de apelar a la Corte Suprema.
La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, publicó la sentencia final del juicio por la expropiación de YPF
Al momento de la estatización, Eton Park era accionista de YPF. La petrolera cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen –que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF– entraron en quiebra.
Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar en Bolsa. Según el artículo 7º del estatuto, cuando un inversor compra más del 15% de las acciones, debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.
En su momento, la Argentina no hizo la OPA y el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, que era interventor en YPF, dijo en el Congreso, antes de votarse la ley de expropiación: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”.
Tanto los demandantes como la jueza Preska citaron esa frase para justificar los alegatos y el fallo. “La República obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’“, dijo la magistrada, en el fallo de la semana pasada.
Presetación del Plan Estratégico de YPF con Miguel Galuccio , Julio De vido, Axel Kicillof y la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner en el Hotel Sheraton, 5 de junio de 2012
La defensa argentina planteó en todo momento que la Constitución está por encima del estatuto de una empresa y que se rigieron por la ley de Expropiación. Durante el juicio, el Estado también detalló que Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco de España y un 30% de la indemnización que resulte de la sentencia por el derecho a demandar, luego de que las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraran en ese país, donde fueron constituidas.
Las compañías Petersen eran propiedad de la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz, donde trabajó durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, encargado de liderar la defensa jurídica del Estado argentino. Pese a que el expediente de juicio en Nueva York figura que los demandantes son las empresas Petersen, la familia Eskenazi dice que el grupo, con operaciones en el país, “es totalmente ajeno a la demanda”.
Las empresas Petersen habían comprado el 25% de las acciones de YPF a Repsol, el 21 de febrero de 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Primero pagaron US$1100 millones por el 14,9% de las acciones y luego US$2200 millones por el 10,1% restante, según los valores de mercado de ese entonces. Para ello, habían obtenido créditos por parte de un grupo de bancos europeos, que se iban a devolver con las utilidades de las acciones. Cuando la Argentina tomó el control de la firma, se suspendieron el cobro de dividendos y las empresas quebraron.
Carlos Zannini y Axel Kicillof, cuando fueron al Congreso a defender la expropiación
El fondo Eton, por su parte, había comprado el 3,04% de las acciones de YPF en noviembre de 2010 por un total de US$458 millones.
En mayo de 2014, Kicillof arregló una indemnización de US$5000 millones a la petrolera española Repsol por el 51% de las acciones que tenía cuando fueron expropiadas.
La demanda contra YPF y la República Argentina comenzó en abril de 2015. Actualmente, el 100% de YPF vale US$5034 millones, según su cotización en Nueva York. Pero la Argentina deberá pagar el triple de ese valor por la expropiación de 2012.

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Rechazan homologar la propuesta de pago para Vicentin
Lo decidió el juez que sigue el concurso de acreedores; se abrió un inédito proceso Fernando Bertello y José E. Bordón
Luego de más de tres años de tener su concurso de acreedores, el juez Fabián Lorenzini, a cargo del caso Vicentin, rechazó ayer una propuesta de homologación de pago para el cierre del proceso que había solicitado la cerealera. En cambio, ordenó “la apertura del período de concurrencia” según el artículo 48 de la ley de concursos y quiebras. Este artículo es para que un acreedor o interesado externo formule una propuesta superadora y se quede con la compañía mediante lo que se llama cramdown. La medida, que representa algo inédito en el país por la magnitud del caso, será apelada por compañía.
En diciembre de 2019, la cerealera cayó en default y luego, en febrero de 2020, se presentó en concurso de acreedores. Lorenzini tomó el caso y se abrió un período que no estuvo exento de fuertes polémicas, como la fallida expropiación que quiso hacer en junio de ese año el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Esa iniciativa se cayó en medio de banderazos que se realizaron en distintas partes del país.
En su default, de más de US$1500 millones, se vieron afectados bancos internacionales por más de US$500 millones e inclusive, entre otros de los más de 1000 acreedores, el Banco Nación, en su caso por US$300 millones.
Para intentar salir del concurso, la empresa elaboró una propuesta de pago a 12 años para devolver a los acreedores poco más del 30% de la acreencia. En rigor, abonaría al cabo de ese tiempo unos US$520 millones, con unos 300 millones de dólares en los dos primeros años. En tanto, para fortalecer la operación sumó en su estrategia como interesados estratégicos a Viterra Argentina y Bunge, además de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). La decisión del juez es sorpresiva porque la compañía había logrado la cantidad de cápitas (66%) y el capital necesario (71%) justamente para avanzar en la posibilidad del cierre de su concurso. La cerealera adelantó que apelará la medida del juez: “Habiendo tomado conocimiento de la reciente decisión judicial y ejerciendo sus legítimos derechos, Vicentin apelará la resolución por ser manifiestamente arbitraria e infundada, solicitando además la suspensión inmediata de sus efectos para evitar la configuración de perjuicios irremediables”.
Lorenzini indicó que podrían existir puntos de evaluación diferente, ya que al avalar la propuesta de Vicentin los acreedores deberían esperar 12 años para cobrar el saldo de sus créditos. Otro aspecto, explicó, es que “no permite la libre disponibilidad de dichas acciones o títulos de deuda para que sus tenedores obtengan liquidez inmediata en el mercado cambiario o en mercados secundarios, si así lo desean”. Además, “no contempla un plan de reorganización empresaria que disponga con certeza cuál será el destino de las unidades de negocios y los trabajadores de la ciudad de Avellaneda (Santa Fe), durante el plazo de cumplimiento del acuerdo. Esto ya fue materia de requerimientos en fechas 23/11/2021 y 7/12/2021, constituyendo una discriminación negativa en el marco de un plan de empresa que fue solicitado por el juzgado y consentido por la concursada”.
“No organiza un mecanismo legal trazable para la emisión de acciones que serán luego entregadas al fideicomiso e indirectamente titularizadas por los acreedores concurrentes.
De tal suerte, este aspecto esencial de la propuesta no está esclarecido, quedando en un terreno de incertidumbre que el proceso concursal no puede soslayar”, añadió. La resolución del juez no sólo es apelable, sino que hay un período de 10 días para que se presenten los eventuales interesados en el nuevo proceso. Estos deberán adquirir los pliegos que elaborará la sindicatura en cinco días pagando US$100.000. Luego se establecerá un período para el que los interesados hagan una propuesta.
El abogado Gustavo Feldman, de Commodities SA, en conflicto con Vicentin, consideró: “Afortunadamente, para los trabajadores de Vicentin, los acreedores estafados y, en general, para la entretela socioeconómica santafesina y argentina, el juez Lorenzini no tuvo otra alternativa que rechazar la propuesta fraudulenta de Vicentin y abrir la etapa de cramdown”

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