CORRUPCIÓN EN EL ESTADO

El Gobierno archivó su investigación sobre el reparto de la obra pública
Pese a las denuncias de los cuadernos de las coimas, descartó una cartelización
Hugo Alconada Mon
A cuatro meses del cambio de gobierno, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende del Ministerio de Economía, archivó su investigación por la presunta cartelización de la obra pública. Según argumentó, no encontró evidencias contundentes de arreglos entre las empresas del rubro para repartirse los negocios, según consta en las copias del dictamen y de la resolución, a las que se accedió 
La investigación comenzó en 2018, a partir de las revelaciones de la causa de los cuadernos de las coimas, y expuso un entramado de corrupción que involucró a la cúspide del kirchnerismo y a empresarios, con decenas de arrepentidos y detenidos que deberán afrontar un juicio oral. El expediente debía determinar si, además de los pagos de coimas, las empresas se habían cartelizado para simular que competían. Pero los funcionarios argumentaron que no pudieron probarlo y clausuraron la investigación.
Los funcionarios descartaron que hubiera habido cartelización, pese a los dichos de los arrepentidos
Tras cinco años, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), un organismo que depende del Ministerio de Economía, archivó su investigación por la presunta cartelización de la obra pública. Según argumentó, no encontró evidencias contundentes de arreglos entre las empresas para repartirse los negocios, aunque emitió recomendaciones “procompetitivas” que debería instrumentar una cámara clave del sector, según consta en las copias del dictamen y de la resolución a las que accedió la nacion.
La investigación de la CNDC comenzó en 2018, en las semanas que siguieron al inicio de la pesquisa penal conocida como la “causa de los cuadernos de las coimas”, que expuso un entramado de corrupción que involucró a la cúspide del kirchnerismo y empresarios, con decenas de arrepentidos y detenidos que deberán afrontar un juicio oral.
El expediente administrativo de la CNDC apuntó a un eje distinto del penal. Buscó determinar si, además del presunto pago de sobornos, aportes ilegales de campaña y el trasiego de bolsos repletos de dinero que reconocieron decenas de involucrados en los tribunales de Comodoro Py, las empresas también se habían cartelizado para simular que competían por los contratos de obra pública. Pero no pudo probarlo.
“Esta CNDC entiende que los indicios que se observan [en el sector de la obra pública] van en sentido opuesto a la probabilidad de formación y sostenimiento de un acuerdo de reparto de licitaciones”, concluyeron los vocales Guillermo Pérez Vacchini, Balbina Griffa Díaz y Pablo Lepere, el 30 de junio pasado, lo que refrendó el secretario de Comercio, Matías Tombolini, el 19 de agosto último, es decir, el sábado posterior a las PASO.
Desde la Comisión negaron una motivación política o electoral en la decisión. Indicaron que adoptaron la decisión al filo de la prescripción –fijada en cinco años– y tras analizar las pruebas recolectadas en el expediente, que incluyeron las declaraciones como arrepentidos del expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, del financista Ernesto Clarens –que aportó planillas–, y las testimoniales del titular de la Dirección de Vialidad durante el macrismo, Javier Iguacel, y dos periodistas de
la nacion, entre otras. Wagner, quien presidió la Cámara entre 2004 y 2012 y es dueño de dos constructoras, Esuco y Decavial, se acogió al régimen del “arrepentido” en la causa Cuadernos y relató cómo al menos una docena de empresarios se repartía los contratos: “Se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenía, tratando de priorizar aquellas que menos volumen de trabajo tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos”.
En la misma línea, Clarens confesó en los tribunales cómo funcionaba el mecanismo colusorio desde que se lanzaba la licitación para una obra pública hasta que se cobraban los sobornos; en particular, a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como “la Camarita”, la hermana “menor” de la Cámara de la Construcción
“Lo primero que se hacía era ‘cobrarse el pase’, es decir que si alguno de los que estaban sentados en esa mesa le había dado el pase a otra empresa en una licitación anterior, le pedía a esa empresa que le tocaba por turno que renunciara a esa obra”, detalló Clarens ante la Justicia, y acompañó planillas demostrativas de sus dichos. “Después jugaba su posición en el ranking, hasta que ese grupo de personas reunidas se achicaba y quedaban, a modo de ejemplo, cuatro empresas, ahí volvían a surgir los pases, hasta que surgía el ganador”, precisó. Luego se definían el precio a ofertar y el pago de sobornos. “Posteriormente a la obra podían existir adicionales, sobre los que también había una coima”, abundó.
Iguacel ahondó en la misma senda al declarar ante la CNDC. “Las licitaciones venían predigitadas con quién se iban a realizar o se ponían de acuerdo en quién la ganaba. Las empresas se juntaban en ‘la Camarita’ para repartirse las obras y en un tablero iban poniendo los valores de volúmenes de obras asignados, y a partir de eso peleaban para mantener cada uno su volumen de obra”, sostuvo, aunque luego marcó una línea. “Eso no lo puedo comprobar porque jamás participé, pero era vox populi interno en Vialidad Nacional”.
La CNDC también requirió información al entonces juez federal Claudio Bonadio, a la fiscalía de Carlos Stornelli, a la Oficina Anticorrupción, a Vialidad y a la Inspección General de Justicia –los tres primeros no respondieron o rechazaron responder sus requisitorias–, corrió traslado a todas las empresas y tomó otras medidas de prueba. Hasta que concluyó que no podía probar la cartelización ni verificar los dichos de Wagner, Clarens e Iguacel.
Así, por ejemplo, la Comisión entendió que no podían extraerse conclusiones comprometedoras de los e-mails que habían cruzado Wagner y empresarios como Gabriel Losi, Juan Chediack, Aldo Roggio, Gustavo Weiss y Jorge Terminiello. En esos correos, según la CNDC, sí quedó en evidencia “la existencia de un trato frecuente entre empresas competidoras. Mencionan que ‘aguardan los comentarios de la Mesa para ver cómo seguir’.
También se hace referencia a un ofrecimiento a algunas empresas, del que no hay mayores precisiones, con relación al que hay 12 confirmadas; refieren que quedan 8 lugares y que faltan por contestar más de 25 empresas. [Pero] Esas comunicaciones por si solas no explican la existencia del acuerdo colusorio que se investiga en las actuaciones”, estimó.
“No accedimos a una prueba directa o contundente de cartelización, como la que exige la Justicia, como sí la logramos en sectores que luego sancionamos, como el del cemento, el de la harina o la provisión de oxígeno hospitalario, ni la colusión tampoco surgió del análisis económico y de estructura del mercado que desarrollamos”, indicó una alta fuente de la CNDC a la nacion.
“No observamos un patrón claro de reparto de obras, aunque sí decidimos exigir a la Cámara de Empresas Viales que monte un programa de integridad”.
Para la CNDC, es la segunda vez en menos de veinte años que no logra avanzar sobre el sector. En 2005, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, denunció la cartelización de la obra pública y la Comisión abrió una investigación de mercado, pero concluyó luego que no surgían “elementos objetivos que permitan considerar la existencia de procesos de cartelización de las empresas constructoras en las licitaciones públicas analizadas”. Para entonces, Lavagna ya le había dado un portazo al gobierno de Néstor Kirchner.
“Coimas sin cartel”
A lo largo del dictamen de 568 carillas, los vocales de la CNDC también rechazaron múltiples planteos de las defensas –de nulidad, de prescripción y de confidencialidad, entre otros–-, pero no aludieron a la confesión judicial como “arrepentido”, también en la causa Cuadernos, del otrora secretario de Obras Públicas José López, quien también ahondó sobre el “club” de la obra pública y señaló a otros funcionarios involucrados, como Nelson Periotti, de Vialidad.
En su dictamen, la CNDC tampoco se refirió a la sentencia que en marzo de este año condenó en la causa Vialidad a Cristina Fernández de Kirchner, José López, Lázaro Báez y Nelson Periotti, entre otros exfuncionarios. Ese tribunal consideró probadas una “sistemática competencia aparente y la cartelización empresarial a favor de las firmas comandadas por Báez”, como Austral Construcciones, Sucesión de Adelmo Biancalani, Gotti Hermanos o Kank y Costilla, empresas que fueron investigadas o mencionadas en el expediente de la CNDC.
Ahora, se espera que las empresas que comenzaron a ser notificadas sobre el archivo de las actuaciones de la CNDC presenten copias de esa resolución en varias causas penales, como la de los cuadernos de las coimas o las vinculadas al capítulo argentino del Lava Jato, aun cuando desde la Comisión reafirmaron que eran investigaciones y ámbitos distintos.
“Puede haber coimas sin cartel y cartel sin coimas”, indicó una fuente“Acá [por la CNDC] no investigamos cohecho ni dádivas, sino una posible colusión. Y no se probó”.

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El titular de los peajes durante el kirchnerismo, a un paso del juicio.
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Gentili, exjefe del Occovi; de sus hijos, y de su presunto testaferro; hizo inversiones millonarias en UruguayHugo Alconada MonGustavo Gentili argumentó que su fortuna se explicaba por una herencia familiar
No hay dos sin tres. La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del otrora máximo contralor por el Estado de las concesiones viales durante el kirchnerismo, dos de sus dos hijos y uno de sus presuntos testaferros, por el supuesto lavado de cerca de 1,5 millones de dólares a través de Uruguay. Quedaron así a un paso del juicio oral.
La decisión de la Cámara Federal alcanzó a Gustavo Gentili; a sus hijos Santiago y Federico, y a su presunto alter ego, Ricardo López Naón, quienes participaron en las compras de departamentos en Montevideo con dinero ilícito y afrontan ahora embargos por cientos de millones de pesos, aunque permanecen en libertad mientras continúa el proceso.
Con el voto de Eduardo Farah y Martín Irurzun, la Sala II consideró que existen evidencias suficientes para confirmar el procesamiento del extitular del Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi) tras concluir que “obtuvo fondos procedentes de actividades delictivas de corrupción pública y que, a través de diferentes operatorias y mecanismos, los fue canalizando en el circuito financiero”.
Farah e Irurzun también rechazaron los argumentos defensivos de Santiago y Federico Gentili, hijos del exfuncionario, quienes estimaron que “no podían ser ajenos a las sospechas sobre el carácter de las sumas” de dinero en danza, además de otros factores que los incriminan, por lo que también estarán entre los acusados en la instancia oral.
Sin la firma del camarista Roberto Boico, quien se excusó de intervenir, la Cámara resolvió, sin embargo, revocar el procesamiento de los dos operadores financieros uruguayos que participaron en las maniobras bajo sospecha, Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, tras estimar que no había pruebas para avanzar contra ellos.
“Los elementos reunidos (previamente y ahora) no resultan suficientes para presumir que Ribeiro Ricci y Pérez Montero sospecharon que la operación tenía relación con hechos de corrupción pública en un país donde no residían”, indicaron los camaristas. “Ningún elemento novedoso ha otorgado pruebas incriminantes”, concluyeron.
No es la primera vez que la Sala II decide, incluso en esta misma investigación, a favor de los llamados “facilitadores profesionales”, es decir, abogados, contadores, operadores financieros o gestores societarios, entre otros, que prestan servicios dentro y fuera del país a sospechosos de presuntos actos de corrupción o lavado de activos.
“Al revocar los procesamientos de Eduardo Roca y de Horacio Damián Díaz Siero –recordó la Cámara en su resolución–, se volvió a señalar que para tener corroborados este tipo de cargos es necesario verificar la presencia de dolo, aun a título eventual, y que ello implica que se requiere de acreditaciones concretas de conocimiento y voluntad de intervenir en un hecho típico y antijurídico, de demostraciones adicionales que excedan lo que cabe únicamente al desempeño de un rol funcional”.
Juicio oral y más pruebas
De esta manera, el juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de elevar a juicio oral el tercer tramo de la investigación sobre Gentili, sus hijos y López Naón, en tanto que junto a la Fiscalía Federal que lideraba Federico Delgado, quien falleció la semana pasada, deberá disponer nuevas medidas para evaluar los roles de los financistas uruguayos.
Este tramo de la investigación se centra en la compra de al menos dos departamentos por US$200.000 y US$238.000 en Montevideo y la simulación de un préstamo por US$1 millón, también con escala en Uruguay, mediante una operación que incluyó la compra de la firma Febaro SA, cuyas acciones terminaron en las manos de Gentili y su segunda esposa, Laura Andino, quien también era funcionaria pública.
Al ser indagado, Gentili se negó a declarar. Pero tanto sus hijos como López Naón adujeron que el dinero no provendría de la corrupción, sino que el exfuncionario era un hombre de “medios importantes”. Indicaron que habría heredado 10.000 hectáreas de campo y otras propiedades de un tío.
Sus hijos afirmaron, además, que recibieron los departamentos en Uruguay tras la división de bienes que su padre acordó con su primera esposa –y madre de ambos– al completar el proceso de divorcio. E insistieron en que Gentili tenía un “muy buen pasar económico” porque provenía de una familia “adinerada”, lo que descartaron tanto el juez Casanello como la Cámara Federal.
De este modo, Gentili y López Naón, al igual que Andino y otros acusados –Jorge Pinto, Jorge Donnini, José María Gentili, Miguel Ducoté, César Obliglio y Gustavo González–, deberán afrontar un juicio oral en el que se abordarán las presuntas maniobras delictivas. Además de los departamentos en Uruguay, abarcan ganado y campos, maquinaria agrícola, bonos, dólares y euros, diamantes y rubíes, además de autos antiguos y de colección.
Según reconstruyeron los sabuesos judiciales, el movimiento de dinero fue constante y con un menú amplio de opciones –desde bonos hasta efectivo–, tanto en el país como en Uruguay, sin declararlo jamás ante las autoridades tributarias argentinas. Así quedó reflejado en los mensajes que López Naón intercambió –y que recuperó la Justicia– con alusiones a “la tarasca” y “los alfajores” que llevaban y traían para concretar operaciones comerciales.
En esa línea, López Naón le envió un correo electrónico a un colaborador tras la compra de un departamento en Montevideo en el que evidenció que el supuesto origen lícito de los fondos en danza no era más que una fachada. “Técnicamente es una donación del padre –le confió–, pero no lo podemos decir porque si se escarba, explota todo”

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