EDITORIAL Y ALQUILERES TEMPORALES

Delitos, a la buena de Dios
La policía está desamparada frente al crimen y el sistema penal y procesal no funciona, causando el dramático estado de inseguridad que hoy padecemos
Isaías José Suárez, de 29 años, el asesino del ingeniero Mariano Barbieri, había sido detenido más de una docena de veces por la policía por haber cometido diversos delitos. Registraba seis condenas en los últimos ocho años: cinco de ellas por robo, una con armas y agravado por la intervención de un menor. Había recibido también una por violencia de género y fue declarado tres veces reincidente. Pero estaba en libertad. Y el 30 del mes último apuñaló con un cuchillo tipo Tramontina al ingeniero Barbieri, padre de un bebé de dos meses, para robarle el celular.
Lamentablemente, no es el único caso. Pasado mañana comenzará el juicio por el homicidio de Andrés Blaquier, el empresario de 62 años asesinado de un balazo en el pecho en octubre de 2022 para robarle la moto cuando circulaba por la Panamericana. Uno de los acusados cumplió 17 años hace apenas dos meses. El otro, en poco más de un mes, será mayor de edad. Ambos tienen antecedentes. Uno se había escapado de un centro de un instituto de menores donde estaba alojado. Previamente, ambos intentaron fugarse durante un traslado en el que provocaron lesiones a los celadores. Pedro Blaquier, hijo de la víctima, convocó a una marcha en coincidencia con el comienzo del juicio, a las 9.30, en la puerta de la sede del juzgado situado en la avenida 12 de Octubre 1475, en Pilar.
El sistema penal y procesal penal no funciona y es el causante del dramático estado de inseguridad que padecemos. Muchas personas pueden recuperarse de una estafa o de un daño patrimonial, pero jamás podrán hacerlo si son víctimas de delitos violentos que ponen en riesgo la vida propia, la de un ser querido o que significan en tantos casos quedar postradas o incapacitadas de por vida.
La policía y las fuerzas de prevención, por efecto de una legislación que no las protege y de la desconsideración de muchos jueces y fiscales acerca de su labor y de los peligros que enfrentan –ya sea por ignorancia o razones ideológicas– tienen hoy más miedo de disparar contra un delincuente que de recibir de este un disparo.
Ha desaparecido en la práctica el arma más eficaz de cualquier política de seguridad: la prevención.
Resulta indispensable devolverle la calle a la policía, que debe actuar juntamente con fiscales disponibles durante las 24 horas. La calle no es neutra. Siempre tiene dueño. Si uno la abandona, otro toma inmediatamente su lugar. El narco, los robos violentos, el hurto de bronces y cables eléctricos y hasta la venta ambulante ilegal, por citar algunas de las actividades prohibidas de la que somos víctimas o testigos diariamente, son consecuencia del abandono de la vía pública por parte de la policía.
Deben regresar los controles. Es un recurso que probadamente hace disminuir el delito. La policía debe poder solicitar, a su solo criterio, la identificación de las personas. Y debe poder retenerlas hasta consultar con el fiscal actuante el procedimiento por seguir, que podría continuar con su retención hasta la constatación de antecedentes y domicilio o la formación de una causa penal si existieran elementos que así lo indiquen. Debe existir un régimen sancionatorio para las faltas al código urbano o delitos correccionales que permitan su sanción inmediata, incluyendo el arresto policial con noticia al fiscal y la prisión dispuesta por este, bajo el concepto de tolerancia cero. Todo ello, con un período previo de concientización de la sociedad sobre el regreso a un sistema basado en privilegiar la seguridad de las personas ante los delitos violentos que pongan en peligro la vida y la salud de los habitantes.
La legislación procesal debe reincorporar la peligrosidad como elemento decisivo para disponer o no una excarcelación. Es necesario asegurar el involucramiento de la Justicia en la seguridad ciudadana, respondiendo ante ella por delitos cometidos por reincidentes excarcelados, pese a evidencias de un comportamiento peligroso para sí y para terceros.
En países con niveles de seguridad aceptables, el cúmulo de antecedentes provoca la presunción de que el individuo vive del delito y, en consecuencia, los agravantes de la ley prevén condenas no inferiores a los 20 años o la prisión perpetua.
Resulta también indispensable actuar decididamente en favor de la niñez y de la adolescencia en riesgo. En los barrios carenciados de los suburbios de las grandes ciudades crece al amparo del completo desinterés del Estado un fenómeno del cual resultan víctimas los más desprotegidos, expuestos a la droga o el reclutamiento por parte de adultos, que va desde la inclusión en el mundo de las drogas y la comisión de delitos hasta su utilización para pedir limosna o revolver la basura.
Bandas de narcotraficantes, secuestradores y maras conviven en un territorio que se dividen a su antojo, impidiendo que la sociedad establezca allí sus medios y sus reglas. Si buceáramos en la infancia de Suárez, habitante del Barrio 31 y cartonero de oficio, o en la de los dos menores acusados del homicidio de Blaquier, no nos extrañaría descubrir una niñez desprotegida, sometida a la violencia, carente de una educación formativa y de programas especiales contra el fenómeno de la marginalidad, que deberían comenzar por la capacitación y valorización de la mujer, la otra gran víctima de ese entorno estancado, como eje para la reconstrucción de la familia, destruida por las condiciones de vida de un ambiente brutal, ilegal y despiadado.
Ha desaparecido en la práctica el arma más eficaz de cualquier política de seguridad: la prevención

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Alquileres temporarios
Según nuestra ley civil los inmuebles que se alquilen amueblados, con fines turísticos o similares, por menos de tres meses, están exceptuados de los plazos mínimos de la locación, hoy de tres años. Estos son utilizados generalmente por extranjeros y turistas y se contratan habitualmente en dólares
Hay quienes hoy pretenden regular estos alquileres temporarios llamados Airbnb, creando registros de locadores, impidiendo la contratación en dólares y fijando sanciones para casos de incumplimiento.
El pretendido argumento para justificar esta desafortunada iniciativa es que compiten con los alquileres de largo plazo y elevan los precios de las locaciones. Comparar al turista extranjero que alquila un departamento por unos pocos días con la enorme cantidad de personas que integran el mercado de locaciones urbanas es otro auténtico disparate. Es francamente paradójico que cuando diversos proyectos de candidatos a regir los destinos del país proponen el dólar como moneda única o el bimonetarismo, se proponga desdolarizar estos alquileres turísticos, que precisamente incorporan dólares al país. Resulta también absurdo que se trate de generar una nueva regulación, con un nuevo registro, para impedir los alquileres turísticos de corto plazo. Medidas de este tipo violentan el derecho de propiedad.
Similares iniciativas en ciudades extranjeras, que solo admitirían la modalidad bread & breakfast (alquilar cuartos en la propia casa) hace sospechar que otros intereses mueven esta innecesaria regulación. El alquiler temporario con fines turísticos suele ser más económico que las tarifas hoteleras, también en dólares, y tal vez sea esta una de las razones de tan extraño intento de regulación.
Los legisladores deberían concentrarse en derogar la actual ley de alquileres, para que el mercado de locaciones vuelva a fluir libremente. Los temporarios no tienen ninguna relación con el mercado locativo en el que inciden ínfimamente. La meta deseable es la desregulación, la libertad de contratación y el respeto a la propiedad, con la mínima intervención del Estado.

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