CONFLICTO POLÍTICO

El futuro del titular de la Anses, en medio de una trama de internas
Milei está furioso con los votos contrarios a la “Ley de bases” y amaga con echar a los funcionarios cordobeses del gabinete; Pettovello quiere retener a Giordano y viajó a Roma; la postura de Caputo
Maia JastreblanskyEl titular de la Anses, Osvaldo Giordano
El futuro del titular de la Anses, Osvaldo Giordano, inauguró una trama de tensión en el Gobierno que podría sumar un capítulo clave en Roma. El funcionario, un cordobés del riñón del exgobernador Juan Schiaretti, quedó atrapado en el fuego cruzado entre la Casa Rosada y los gobernadores debido a sus vínculos personales. Su pareja, la diputada por Córdoba Alejandra Torres (Hacemos Coalición Federal), votó en contra de varios incisos de la “Ley de bases” el pasado martes. Por propiedad transitiva, a los ojos de Javier Milei, Giordano quedó en el bando de los “traidores”.
Varios en el Gobierno observan que la salida de Giordano del organismo previsional maduró fuertemente en las últimas horas. Interpretan que el Presidente, tarde o temprano, va a apartarlo, básicamente porque el miércoles Milei reposteó en la red social X un mensaje que pedía “echar inmediatamente” al funcionario cordobés por los votos de Torres.
En la Casa Rosada dicen que el jefe del Estado está “muy caliente” con la fallida alianza política que los libertarios ensayaron con el polo
Córdoba, que involucró gestos hacia Schiaretti y hacia el gobernador actual, Martín Llaryora. Y deslizan que por eso Giordano está “en la cuerda floja”.
Pero más allá del humor que dejó en Milei la fatídica sesión de la ley ómnibus, en el Gobierno hay intereses contrapuestos. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene bajo su órbita la Anses, defiende fuertemente la permanencia de Giordano, a quien convocó en diciembre por su experiencia en materia previsional. Pettovello viajó ayer a Roma para sumarse a la selecta comitiva que acompañará a Milei al Vaticano (si bien no se sabe quiénes estarán en la audiencia con Francisco). Quienes la conocen descartan que ella –que tiene luz verde para hablar de manera frontal con el Presidente– hará todo lo posible para retener al titular de la Anses.
“Hoy parece que Giordano tiene poca vida en el Gobierno, pero todavía hay que ver si Sandra convence a Javier en Italia”, dijo un colaborador muy al tanto de los pormenores de la situación.
No es la primera vez que Pettovello hace un planteo con respecto a la Anses, uno de los organismos más sensibles y una de las cajas más importantes de Capital Humano y de la administración pública en general. En los días de la transición, ella frenó la designación de Carolina Píparo en ese cargo, luego de que Milei la anunciara en los medios de comunicación. Aquella vez, Pettovello dijo que estaba dispuesta a dar un paso al costado si no se revisaba la decisión de nombrar a Píparo. Y ganó la pulseada.
La ministra está en condiciones de mostrar esa actitud porque tiene cercanía total con Milei y mucho peso en la consideración presidencial.
No es, sin embargo, la única voz que escucha el jefe del Estado. Según distintos colaboradores del Gobierno, el asesor Santiago Caputo (otro actor muy empoderado a la hora de tomar decisiones) es de los que opinan que hay que cortar lazos con los gobernadores. Y que tanto Giordano como los otros dos funcionarios cordobeses que están en el gabinete deberían dejar sus cargos por lo que ocurrió con la ley.
Además de Pettovello, a Italia viajaron –entre ayer y hoy– el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. Se sumarán legisladores muy cercanos a la Iglesia. Francos fue uno de los promotores del acercamiento al peronismo cordobés, para evitar que La Libertad Avanza quedara encerrada en su alianza con Pro.
Dada la sensible coyuntura política, es probable que en esta pulseada el ministro del Interior elija no intervenir.
“Hay que ver qué pasa. Si Pettovello gana, va a ser un mensaje muy fuerte para dentro del Gobierno. Hay que ver qué pasa en Roma”, consideró un libertario que conoce de cerca a todos los actores.
Salidas en suspenso
En el Gobierno todavía no quieren confirmar nada. De hecho, el portavoz Manuel Adorni enfatizó ayer que “el Presidente no evalúa hoy la renuncia de Giordano”. “Las decisiones de gabinete no responden a criterios estrictamente políticos. Cada cargo se evalúa en función de cuestiones de idoneidad”, abundó. Algunos creen que es muy posible que Milei, que es poco tradicional, destrate a un funcionario en la red social X, pero lo sostenga en el cargo. Habrá que ver también qué opinión de sus colaboradores pesa más.
Por lo sucedido con la ley ómnibus, bajo la mira de la Casa Rosada también están el secretario de Transporte, Franco Mogetta (hombre de Schiaretti y exministro del área en Córdoba), y Daniel Tillard, elegido por Milei para dirigir el Banco Nación, que también trabajó en la gestión del exgobernador de la provincia mediterránea.
El caso de Mogetta es muy complejo porque la implementación de la suba en las tarifas del transporte está en un momento clave y con serios inconvenientes. En la Casa Rosada algunos cuestionaron al secretario de Transporte porque lanzó el registro obligatorio de la tarjeta SUBE pero los servidores no estaban preparados.
Ayer se dio otra situación crítica cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, resolvió eliminar el Fondo Compensador del Transporte en un movimiento rupturista con los gobernadores. Las provincias esperaban que Mogetta defendiera sus intereses, pero todo indica que la decisión no pasó por él.
Todo ocurre cuando se espera que finalmente el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, termine de correrse del cargo. Caputo va a absorber su cartera y Transporte va a ser degradada a subsecretaría.
Cualquier cambio que se quiera hacer tiene un desafío adicional, que es buscar un reemplazante. Por eso en Balcarce 50 creen que hay que esperar a las decisiones que se tomen en Roma y en el regreso del Presidente a Buenos Aires

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Del divorcio al blanqueo: los cambios que cayeron con la ley
La vuelta a comisión de la reforma de Milei impidió avanzar con modificaciones que iban a tener efectos concretos en la vida cotidiana

Federico González del Solar
Pese a que desde el Gobierno relativizan la caída en desgracia de la ley ómnibus aduciendo que solo refería a cuestiones de “largo plazo”, la iniciativa del oficialismo contemplaba –aun en su versión más reducida– algunas modificaciones con impacto directo en la vida cotidiana de los argentinos. Su vuelta a comisión obturó la implementación de cambios con efectos concretos.
Dentro de la ambiciosa iniciativa libertaria se encontraba, por caso, el “divorcio exprés”. Este punto allanaba el trámite jurídico permitiendo que la disolución del vínculo entre cónyuges pudiera ser realizada por ellos mismos frente a un órgano administrativo, no judicial. En el capítulo tres del proyecto se incorporaba el siguiente inciso al artículo 435 del Código Civil y Comercial: “Comunicación de la voluntad de disolver el vínculo presentada por los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal, tendrá los mismos efectos que el divorcio”.
Bastaba con que las partes se acercaran al Registro Civil y dieran su consentimiento para ponerle término al matrimonio. Buscaba, en suma, simplificar el divorcio sin la necesidad de que interviniera un letrado o un juez en el proceso.
En una línea similar corrían las modificaciones referidas a las sucesiones. En este caso se introducía la posibilidad de dar inicio al trámite ante un escribano, en lugar de un juez. En caso de que no existiera un testamento –o este fuera por acto público–, el cónyuge del causante y los sucesores podían así evitar la intervención de la Justicia.
Además de agilizar el trámite en caso de existir acuerdo entre las partes, ambas iniciativas perseguían también aliviar la carga sobre la esfera judicial. Estos cambios valieron el “enfático rechazo” del Colegio Público de Abogados porteño.
En materia educativa, el megaproyecto buscaba incluir un examen obligatorio e integrador al término de la secundaria. Sin embargo, la ley no especificaba el fin último de ese examen y si era o no un elemento que condicionaba el ingreso a la universidad.
“El Estado nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan”, dice el texto de la ley. Además, entre otras muchas reformas, la iniciativa determinaba que los alumnos fueran evaluados con una periodicidad no superior a dos años.
Asimismo, el proyecto ómnibus incorporaba una rémora de la pandemia: el régimen del “homeschooling”, el cual habilitaba la posibilidad de realizar estudios a distancia a partir del segundo ciclo de educación primaria. De esta manera, a partir de cuarto grado, los padres podían elegir entre el régimen presencial o un régimen de “estudios a distancia híbridos”.
La letra del texto, que disparó más de un análisis, sostenía: “Los estudios a distancia híbridos como alternativa a la educación presencial a partir del segundo ciclo del nivel primario”.
Bloqueos
A través de un endurecimiento en las penas, el oficialismo apuntaba a mantener las calles liberadas al tránsito vehicular. “A quien impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento”, rezaba el texto, se lo castigaba con hasta tres años y medio de cárcel, una sanción que se estiraba en caso de que el manifestante portara un “arma propia o impropia”. “Un mortero en medio de la plaza es un arma impropia”, aclaró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al ser cuestionada por la medida por la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda-Unidad.
Los reflectores recaían especialmente sobre los “organizadores”, a quienes el texto sancionaba con hasta cinco años de prisión, estuvieran o no presentes en la movilización. Cualquier amenaza o intimidación para inducir la asistencia a una movilización extendía a seis años la pena. En definitiva, un nuevo paquete de sanciones que buscaba desalentar los piquetes y mantener las calles liberadas al tránsito.
Además, se introducía otro articulo en el Código Penal con el fin de sancionar los “bloqueos a empresas”. El artículo sancionaba “a todo aquel que impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio” con penas de hasta seis años de prisión.
En el tramo impositivo, se incluía la eliminación de un gravamen sobre los inmuebles. En el capítulo V, que no sufrió modificaciones con las idas y venidas entre la oposición y el oficialismo, se derogaban artículos de la ley 23.905 que establecían un impuesto que alcanzaba a las propiedades adquiridas antes de 2018. El ITI (impuesto a la transferencia de inmuebles) grava con el 1,5% la venta de todas las propiedades no destinadas a la vivienda compradas antes de enero de 2018.

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