Pese al llamado del Gobierno, paran los gremios docentes y se traba el inicio de clases
La convocatoria de Ctera, para el lunes, afecta a la ciudad y a nueve provincias
A pesar de la convocatoria para discutir salarios que hizo el gobierno nacional, el gremio docente Ctera convocó a un paro nacional para el lunes. La decisión del gremio, que conduce la dirigente kirchnerista Sonia Alesso, pone en jaque el comienzo del ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta y San Luis, distritos donde la apertura de las clases está prevista para el lunes. Por su parte, el gobierno de CABA destacó que todas las escuelas estarán abiertas para recibir a los estudiantes y garantizar el inicio.
El Gobierno había intentado aliviar la tensión con los sindicatos con un llamado a la paritaria nacional para el martes, con la expectativa de conseguir que comience el ciclo lectivo. Se especulaba con que esa definición haría que los sindicatos desistieran de las medidas de fuerza. Sin embargo, el gremio resolvió llamar igual a una huelga.
El conflicto entre los gremios docentes y el Gobierno se profundizó ayer, a pesar de la convocatoria para discutir salarios que la administración nacional cursó a los sindicatos para el próximo martes. La Ctera, que reúne a los gremios de maestros, lanzó un paro con movilización para el lunes, el día en que está previsto el comienzo de clases en diez provincias.
En un congreso extraordinario, la Ctera definió ayer la medida de fuerza, en reclamo de “paritaria nacional docente, aumento salarial, pago del Fonid [Fondo Nacional de Incentivo Docente], fondo compensador [de desigualdades salariales] y fondo para comedores escolares”, según especificó la organización gremial.
La decisión de la Ctera, que conduce Sonia Alesso, pone en jaque el comienzo del ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta y San Luis, distritos en los que la apertura de las clases está prevista para el lunes. Alesso afirmó al canal C5N que “los docentes, además de no cobrar el Fonid, no van a percibir la quinta hora, con lo cual lo que vamos a tener como resultado es que los docentes no solo no cobren más, sino que cobren menos”.
El Ministerio de Educación porteño informó ayer, tras el anuncio del paro docent, que la Ciudad de Buenos Aires “garantiza” el inicio de las clases el lunes próximo y señaló que “las escuelas estarán abiertas para recibir a los estudiantes”.
El Gobierno nacional había intentado aliviar la tensión creciente con los sindicatos docentes con una convocatoria a la paritaria nacional para el próximo martes, con la expectativa de conseguir que comience el ciclo lectivo en la mayoría del país, agendado para la primera semana de marzo. Se especulaba con que esa definición provocaría que los sindicatos desistieran de las medidas de fuerza.
La Ctera resolvió ayer que concurrirá a la reunión del martes convocada por el Gobierno. Lo hará con la exigencia de “transferencia del Fonid, del fondo compensador y de programas educativos a todas las provincias, regulado por las leyes 25.053, 26.075 y 26.206”. También, con el planteo de “exigir la conformación de la mesa paritaria nacional en el marco del artículo 10 de la ley de financiamiento educativo y del decreto reglamentario 47/07”.
El Fonid es un punto central de los reclamos docentes. Es un fondo nacional que conforma entre un 10 y un 15% del total del salario de los maestros. El Gobierno no giró ese monto a las provincias y pretende que sean los gobernadores los que afronten esos pagos.
Servicio esencial
Otra estrategia del Gobierno para intentar bloquear los paros docentes es declarar a la educación “servicio esencial”, para que se ofrezca al menos una prestación mínima los días de huelga.
La confederación docente se volverá a congregar el miércoles, luego de la reunión con el Gobierno (fueron convocados por el secretario de Educación, Carlos Torrendell) “para dar continuidad al plan de lucha, en caso de no tener respuestas a lo reclamado”.
“La lectura que hacemos en el congreso de la Ctera es que es un ajuste brutal”, sostuvo Alesso. “La educación es muy importante para que sea un tema de sumas y restas, para que cierren los números del déficit cero del pago al Fondo Monetario Internacional”, completó.
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Fuertes cruces en el debut de la comisión que debatirá el DNU
El oficialista Pagotto fue elegido presidente; el kirchnerismo impugnó el encuentro; se reunirán la semana próxima
Gustavo Ybarra
Prensa senadoEl plenario de la comisión, ayer, en el Senado
El oficialismo se llevó lo que había ido a buscar y el controvertido decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 de desregulación de la economía recién comenzará a discutirse en el Congreso la semana próxima. Eso fue lo que decidió la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo luego de dos horas de discusión en las que solo se avanzó con la elección como presidente del senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) y la promesa de volver a reunirse el jueves próximo.
La reunión duró poco más de dos horas y arrancó convulsionada por la decisión del kirchnerismo de impugnar la integración de la comisión y acusar al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, de “violar la voluntad popular” por haber designado un diputado menos de los que Unión por la Patria (UP) considera que les corresponden.
No fue el único argumento al que apeló la principal bancada de oposición. En un desfile de discursos en el que se repetían los mismos argumentos, los legisladores kirchneristas calificaron la decisión de constituir la bicameral de una maniobra dilatoria del oficialismo en complicidad con los bloques dialoguistas. En ese sentido, Unión por la Patria sostuvo que ya están vencidos todos los plazos para discutir el decreto de Milei en la comisión y volvió a la carga con su intención de rechazarlo en el recinto de ambas cámaras parlamentarias. La misma postura sostuvieron los diputados de la izquierda trotskista.
En una acción coordinada por los jefes de bloque José Mayans (Senado) y Germán Martínez (Diputados), los legisladores kirchneristas comenzaron con sus cuestionamientos antes de que se pudieran votar las autoridades. La comisión llevaba más de dos años sin actividad por decisión de la exvicepresidenta Cristina Kirchner.
La estrategia de empantanar el debate que aplicó Unión por la Patria quedó clara desde el inicio mismo de la reunión, cuando la diputada Carolina Gaillard (Entre Ríos) se paró y, a los gritos y fuera de micrófono, comenzó a impugnar la validez del encuentro. En ese momento, el senador prooficialista Juan Carlos Romero (Salta-Cambio Federal) había pedido la palabra para proponer los candidatos a conducir la comisión.
Cuando le dieron la palabra, Gaillard denunció “la demora de 74 días en constituir la comisión” y “el no respeto de la proporcionalidad de representantes en la Cámara de Diputados” por la decisión de Menem de nombrar a tres legisladores y no los cuatro reclamados por Unión por la Patria.
“Se están violando la Constitución por no haberla constituido (a la comisión) a tiempo y la voluntad popular al no respetar la proporcionalidad. Hacemos reserva por escrito”, manifestó a los gritos Gaillard mientras dejaba una nota con la posición de su sector sobre la mesa de reunión. La diputada entrerriana es la misma que presidió el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que impulsó el kirchnerismo durante gran parte del año pasado.
Los siguieron, repitiendo las mismas imputaciones y con similares argumentos, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), y los diputados Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley. A pesar de no integrar la comisión, también hablaron los jefes de bloque de ambas cámaras, Mayans y Martínez.
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo está integrada por 16 miembros, ocho por cada cámara, y según la ley que reglamentó el control de los decretos de necesidad y urgencia tiene un plazo de 10 días hábiles para tratar un DNU desde el momento en que es comunicado por el Poder Ejecutivo al Congreso.
En el caso del decreto 70/23, ese período concluyó el 19 de enero último. Una vez superado ese umbral, tanto la legislación reglamentaria como la Constitución habilitan el debate en los recintos de ambas cámaras sin necesidad de un dictamen de la bicameral.
Sesión preparatoria
Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel intentará hoy volver a reunir la mayoría que le permita retener el control de áreas claves en el manejo del Senado, durante una sesión preparatoria que fue convocada desde las 10.
Entre las decisiones del congreso sindical, la Ctera incluyó reivindicaciones que exceden lo estrictamente educativo, como “repudiar la persecución política y el protocolo de [la ministra de Seguridad] Patricia Bullrich” y “exigir el desprocesamiento de los luchadores populares”.
El oficialismo se llevó lo que había ido a buscar y el controvertido decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 de desregulación de la economía recién comenzará a discutirse en el Congreso la semana próxima. Eso fue lo que decidió la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo luego de dos horas de discusión en las que solo se avanzó con la elección como presidente del senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) y la promesa de volver a reunirse el jueves próximo.
La reunión duró poco más de dos horas y arrancó convulsionada por la decisión del kirchnerismo de impugnar la integración de la comisión y acusar al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, de “violar la voluntad popular” por haber designado un diputado menos de los que Unión por la Patria (UP) considera que les corresponden.
No fue el único argumento al que apeló la principal bancada de oposición. En un desfile de discursos en el que se repetían los mismos argumentos, los legisladores kirchneristas calificaron la decisión de constituir la bicameral de una maniobra dilatoria del oficialismo en complicidad con los bloques dialoguistas. En ese sentido, Unión por la Patria sostuvo que ya están vencidos todos los plazos para discutir el decreto de Milei en la comisión y volvió a la carga con su intención de rechazarlo en el recinto de ambas cámaras parlamentarias. La misma postura sostuvieron los diputados de la izquierda trotskista.
En una acción coordinada por los jefes de bloque José Mayans (Senado) y Germán Martínez (Diputados), los legisladores kirchneristas comenzaron con sus cuestionamientos antes de que se pudieran votar las autoridades. La comisión llevaba más de dos años sin actividad por decisión de la exvicepresidenta Cristina Kirchner.
La estrategia de empantanar el debate que aplicó Unión por la Patria quedó clara desde el inicio mismo de la reunión, cuando la diputada Carolina Gaillard (Entre Ríos) se paró y, a los gritos y fuera de micrófono, comenzó a impugnar la validez del encuentro. En ese momento, el senador prooficialista Juan Carlos Romero (Salta-Cambio Federal) había pedido la palabra para proponer los candidatos a conducir la comisión.
Cuando le dieron la palabra, Gaillard denunció “la demora de 74 días en constituir la comisión” y “el no respeto de la proporcionalidad de representantes en la Cámara de Diputados” por la decisión de Menem de nombrar a tres legisladores y no los cuatro reclamados por Unión por la Patria.
“Se están violando la Constitución por no haberla constituido (a la comisión) a tiempo y la voluntad popular al no respetar la proporcionalidad. Hacemos reserva por escrito”, manifestó a los gritos Gaillard mientras dejaba una nota con la posición de su sector sobre la mesa de reunión. La diputada entrerriana es la misma que presidió el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que impulsó el kirchnerismo durante gran parte del año pasado.
Los siguieron, repitiendo las mismas imputaciones y con similares argumentos, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), y los diputados Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley. A pesar de no integrar la comisión, también hablaron los jefes de bloque de ambas cámaras, Mayans y Martínez.
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo está integrada por 16 miembros, ocho por cada cámara, y según la ley que reglamentó el control de los decretos de necesidad y urgencia tiene un plazo de 10 días hábiles para tratar un DNU desde el momento en que es comunicado por el Poder Ejecutivo al Congreso.
En el caso del decreto 70/23, ese período concluyó el 19 de enero último. Una vez superado ese umbral, tanto la legislación reglamentaria como la Constitución habilitan el debate en los recintos de ambas cámaras sin necesidad de un dictamen de la bicameral.
Sesión preparatoria
Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel intentará hoy volver a reunir la mayoría que le permita retener el control de áreas claves en el manejo del Senado, durante una sesión preparatoria que fue convocada desde las 10.
Entre las decisiones del congreso sindical, la Ctera incluyó reivindicaciones que exceden lo estrictamente educativo, como “repudiar la persecución política y el protocolo de [la ministra de Seguridad] Patricia Bullrich” y “exigir el desprocesamiento de los luchadores populares”.
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